El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Henry Alexander Mejía, encabezó la inauguración de la tercera edición del curso “Aplicación de las Convenciones Internacionales contra la Corrupción, sus Mecanismos de Seguimiento y otros Estándares Internacionales”.
Este evento, organizado por el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), está dirigido a operadores de justicia involucrados en la aplicación de normativas anticorrupción.
El curso tiene como objetivo fortalecer las capacidades técnicas de los participantes en la implementación de convenciones internacionales contra la corrupción y sus mecanismos de supervisión.
Además, se abordará el funcionamiento del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y la aplicación de las 40 Recomendaciones del GAFI en el combate al lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Durante su intervención, Mejía destacó la relevancia de la ética en la administración pública y citó el derecho a la buena administración, reconocido en la Constitución y en la Ley de Procedimientos Administrativos.
“No puede haber una buena administración si no está regida por principios éticos y las normativas internacionales. Por ello, este tipo de formación es esencial para nuestros servidores públicos”, subrayó.
Por su parte, el presidente del TEG, Néstor Castaneda Soto, enfatizó la importancia de la formación en la prevención de la corrupción.
“Este curso es fundamental para fortalecer nuestras estrategias y políticas en la lucha contra este fenómeno. Es un esfuerzo que responde a las exigencias de las convenciones internacionales y promueve la cooperación interinstitucional”, señaló.
A la inauguración asistieron destacadas autoridades del ámbito judicial y gubernamental, entre ellos el magistrado de la Sala de lo Constitucional, Héctor Nahun Martínez, quien participa como ponente; el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado; y Karina Burgos, asesora jurídica del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y experta titular de El Salvador ante el Comité de Expertos del MESICIC.
También estuvieron presentes miembros del pleno del TEG y representantes de diversas instituciones estatales.
Este curso refuerza el compromiso del Estado con la capacitación continua de los operadores de justicia, asegurando que cuenten con las herramientas necesarias para aplicar las normas internacionales en la lucha contra la corrupción y la promoción de la ética en la gestión pública.

El Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han aprobado un préstamo conjunto de $620 millones para El Salvador, con el objetivo de fortalecer su sistema de salud pública y respaldar reformas esenciales para garantizar la sostenibilidad macroeconómica y fiscal del país.
De este paquete, $120 millones provienen del Banco Mundial y se destinarán a mejorar la infraestructura sanitaria y los servicios médicos en el país durante un período de cinco años.
El proyecto tiene como prioridad la modernización de la infraestructura de salud, la adquisición de nuevos equipos, la expansión de servicios personalizados, la digitalización de los mismos y el fortalecimiento de las redes de salud.
En palabras de Carine Clert, gerente de país del Banco Mundial para El Salvador y Costa Rica, este financiamiento representa «una oportunidad única para transformar el sistema de salud en El Salvador». La ejecución del proyecto se llevará a cabo en colaboración estrecha con el Ministerio de Salud.
Por otro lado, el BID ha aprobado una operación de mayor envergadura, con un monto de $500 millones.
Este financiamiento está diseñado para respaldar las reformas fiscales y económicas que el gobierno salvadoreño necesita implementar, dentro del marco del programa de asistencia del Fondo Monetario Internacional (FMI), que fue aprobado en febrero pasado por un total de $1,400 millones.
El BID destacó que estos fondos otorgarán espacio fiscal al gobierno del presidente Nayib Bukele para continuar con las reformas que buscan incrementar los ingresos tributarios, reducir la deuda pública y fortalecer las reservas internacionales, además de mejorar la gobernanza y la transparencia financiera.
Ambas entidades, el BID y el Banco Mundial, forman parte de un esquema de apoyo conjunto que incluye un desembolso de hasta $3,500 millones para El Salvador, en el marco del programa de asistencia del FMI, que tiene una duración de 40 meses. En este contexto, el gobierno de Bukele se ha comprometido a reducir su intervención en el ecosistema de bitcoin y a implementar un ajuste fiscal equivalente al 3.5 % del Producto Interno Bruto (PIB).
Este ajuste fiscal, que se llevará a cabo en un plazo de tres años, comenzará en 2025 con una reducción de 1.5 %, lo que implicará fuertes recortes en el gasto público y un aumento en la base de contribuyentes.

El Gobierno de El Salvador formalizó un acuerdo con el Instituto Kriete de Ingeniería y Ciencias (Key Institute) para otorgar becas a estudiantes talentosos en áreas de alta tecnología y ciencias. 

Esta colaboración busca impulsar el liderazgo del país en áreas clave como la ingeniería avanzada, la inteligencia artificial y la innovación.

Durante la inauguración del Instituto Key, el presidente Nayib Bukele firmó el convenio que permitirá a jóvenes salvadoreños con alta excelencia académica acceder a formación especializada en ingeniería industrial, robótica, computación, automatización y más. 

El Instituto, que cuenta con el respaldo del Tecnológico de Monterrey, es el primer centro de educación superior en El Salvador enfocado en ingeniería avanzada y la resolución de problemas reales de la sociedad.

El presidente Bukele enfatizó que el objetivo principal de esta alianza es fortalecer el liderazgo mundial de El Salvador en tecnología. 

“Queremos darles todas las oportunidades a los jóvenes para que puedan liderar el futuro en áreas de innovación y creatividad», señaló durante la firma del acuerdo.

Los becados tendrán la oportunidad de desarrollarse en un ambiente académico de excelencia, en el que se fomente el talento y la capacidad de resolver problemas tecnológicos del futuro. 
Además, el fundador del instituto, Roberto Kriete, agradeció públicamente al Gobierno por su apoyo y destacó la importancia de este proyecto para el futuro de la juventud salvadoreña.

«Este es un proyecto que busca transformar El Salvador, no solo con infraestructura, sino con mentes brillantes que puedan cambiar el mundo», expresó Kriete, quien también hizo un llamado a la comunidad empresarial para apoyar el talento joven del país.

El Instituto Key, ubicado en ITCA-Fepade, en Antiguo Cuscatlán, La Libertad Este, cuenta con la colaboración de 18 empresas y el respaldo de 20 donantes, lo que subraya la importancia de esta iniciativa privada-publica para el futuro del país.

La Fiscalía General de la República (FGR) emitió una alerta a la población para evitar caer en estafas realizadas a través de mensajes de texto o aplicaciones de mensajería en teléfonos celulares.
El llamado busca prevenir que ciudadanos sean víctimas de fraudes mediante técnicas de engaño utilizadas por delincuentes.
Las autoridades recomiendan que, si se recibe un mensaje de un número desconocido, se evite realizar las siguientes acciones:

Brindar información personal o sobre familiares.
Acceder a enlaces desconocidos.
Responder encuestas de dudosa procedencia.
Reenviar información sin verificar su origen.
Compartir números de cuentas bancarias.
Realizar transferencias de dinero a desconocidos.

La FGR advierte que los estafadores suelen emplear tácticas persuasivas para obtener datos personales y financieros, poniendo en riesgo la seguridad de los ciudadanos.
Ante cualquier sospecha, se recomienda ignorar el mensaje y denunciarlo a las autoridades competentes.

“¡No sabes quién puede estar del otro lado!”, advirtió la Fiscalía con su mensaje difundido en redes sociales.
En los últimos días, varios ciudadanos han denunciado haber recibidos mensajes de parte de Correos de El Salvador, sin embargo la entidad estatal advirtió que estos son falsos y sólo buscan estafar a los ciudadanos.

Las exportaciones vía aérea registraron un crecimiento interanual del 7.2 % en enero de 2025, de acuerdo con datos de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA).
Según el informe más reciente de la institución, divulgado en febrero, en el primer mes del año se movilizaron 1.4 millones de kilogramos de bienes a través del Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez.
Esta cifra representa un incremento de 99,359 kilogramos en comparación con los 1.3 millones registrados en el mismo periodo de 2024.
El aeropuerto de Ilopango, por su parte, no reportó exportaciones aéreas en enero, concentrando sus operaciones en el transporte de 830 pasajeros y el manejo de 6,188 aeronaves.
Este incremento consolida a enero de 2025 como el mes con mayor volumen de exportaciones aéreas en los últimos cuatro años, desde que en 2021 se registraron 2.2 millones de kilogramos. Posteriormente, los envíos disminuyeron a 1.3 millones en 2022, alcanzaron un millón en 2023 y se recuperaron a 1.3 millones en 2024.

Industria electrónica impulsa envíos

Jorge Arriaza, presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), señaló que el sector electrónico es el principal usuario de la terminal aérea para exportaciones. Sin embargo, destacó que este tipo de envíos suelen ser más costosos en comparación con el transporte marítimo o terrestre.
“Es necesario evaluar si el costo del transporte vía aérea resulta mayor en comparación con las condiciones del puerto, especialmente considerando la saturación en Acajutla”, explicó Arriaza.
Además, indicó que ciertos materiales, como graneles e insumos para la construcción, no pueden ser movilizados por avión.

Importaciones y flujo de pasajeros también al alza
Las importaciones aéreas también mostraron un crecimiento significativo, pasando de 1.1 millones de kilogramos en enero de 2024 a 1.5 millones en 2025, lo que representa un incremento del 29.7 %.
En cuanto al movimiento de pasajeros, CEPA informó que en enero de 2025 se registró un leve aumento del 0.2 %, con 493,677 personas movilizadas frente a las 492,776 del mismo mes del año anterior.
De estos, 206,171 salieron del país, 183,944 ingresaron y 99,443 fueron pasajeros en transbordo.
Además, 4,119 personas fueron catalogadas como en tránsito.

Con información de diario El Mundo