El Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) invita a estudiantes y profesionales del derecho a participar en el Concurso de Oralidad 2025, una competencia interuniversitaria que busca fortalecer las habilidades de litigación oral con técnicas efectivas para argumentar con seguridad y precisión.
Las inscripciones cierran este lunes, por lo que el CNJ insta a los interesados a no quedarse fuera de esta oportunidad de aprendizaje y desarrollo profesional.
La Escuela de Capacitación Judicial “Dr. Arturo Zeledón Castrillo” ha diseñado un plan de preparación estructurado en cuatro pasos clave para construir una estrategia oral efectiva:

Análisis del caso: Estudio detallado de los hechos, pruebas y argumentos posibles, investigación de jurisprudencia y normativa aplicable, e identificación de fortalezas y debilidades del caso.
Definición de la estrategia: Determinación del argumento principal, preparación de argumentos claros y convincentes, y respaldo con hechos y pruebas.

Uso de la prueba: Organización lógica de la presentación de pruebas, preparación de preguntas para testigos y anticipación de posibles objeciones.
Evitar la improvisación y fortalecer la contraargumentación: Mantener una escucha activa, conocer los tipos de preguntas objetables y su fundamento correcto, e identificar aspectos favorables en la producción de la prueba testimonial.

El Concurso de Oralidad 2025, en su XVIII edición, tiene como lema “Construyendo el futuro de la justicia” y se perfila como una plataforma esencial para el desarrollo de las competencias necesarias en los juicios orales. La organización enfatiza que la práctica y la preparación son claves para el éxito en el litigio oral.

Los interesados pueden obtener más información a través de los canales oficiales del CNJ y de la Escuela de Capacitación Judicial.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció que su gobierno continuará y aumentará las deportaciones de supuestos miembros de las pandillas MS-13 y Tren de Aragua hacia El Salvador, en el marco de una política de seguridad que ha generado polémica dentro y fuera del país.

En la más reciente operación, 17 personas identificadas como integrantes de estas organizaciones criminales fueron expulsadas a territorio salvadoreño. “Anoche, en una exitosa operación antiterrorista con nuestros aliados en El Salvador, el ejército de Estados Unidos transfirió a un grupo de 17 criminales violentos de las organizaciones Tren de Aragua y MS-13, incluidos asesinos y violadores”, afirmó Rubio en una publicación en la red social X.

El funcionario defendió la medida como una acción para “proteger a la población estadounidense” y respaldó la reciente designación de estas estructuras criminales como Organizaciones Terroristas Extranjeras por parte del presidente Donald Trump. “Estos criminales ya no aterrorizarán a nuestras comunidades y ciudadanos”, agregó.

Cooperación con El Salvador y reacción internacional

Las deportaciones forman parte de una operación conjunta con el gobierno de Nayib Bukele, centrada en la lucha contra el crimen transnacional. 

En este contexto, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, visitó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, donde están siendo recluidos los deportados.

Durante su visita, Noem advirtió que quienes cometan delitos en EE.UU. enfrentarán consecuencias inmediatas. 

“Si cometes un crimen, esta es la consecuencia que puedes enfrentar”, señaló. 

Asimismo, elogió la cooperación con el gobierno de Bukele, destacando los esfuerzos conjuntos para combatir el crimen organizado y la migración irregular.

El anuncio ha generado críticas de organizaciones de derechos humanos, que cuestionan la falta de transparencia en los procesos de deportación y advierten sobre posibles violaciones a los derechos de los expulsados. 

Especial preocupación han expresado por los ciudadanos venezolanos deportados, quienes supuestamente integraban el Tren de Aragua.

A pesar de las controversias, la administración Trump sostiene que estas medidas son esenciales para garantizar la seguridad nacional y continuar con su política de mano dura contra el crimen organizado.

A partir del 1 de abril, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) pondrá en funcionamiento una nueva plataforma digital para la consulta de edictos judiciales, dirigida a la ciudadanía y a las partes procesales en casos de crimen organizado.

Con esta herramienta, la CSJ busca fortalecer el acceso a la información y agilizar los procesos judiciales en los tribunales especializados. 

La iniciativa se enmarca en el cumplimiento del Acuerdo No 3-P, aprobado el 25 de febrero de 2025.

La plataforma, denominada “Edictos Judiciales – El Salvador”, permitirá consultar de manera ágil y segura los edictos emitidos por estos tribunales. 

Según la Corte, su implementación responde a lo establecido en el artículo 163 del Código Procesal Penal, el cual faculta el uso de medios digitales para la publicación de resoluciones cuando se desconoce el paradero de la persona a notificar.

Con este paso, la CSJ reafirma su compromiso con la modernización del sistema judicial, promoviendo mayor transparencia y eficiencia en los procesos relacionados con el crimen organizado.

En un evento solemne celebrado en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), cerca de un centenar de nuevos abogados fueron juramentados por el presidente del máximo tribunal, Henry Alexander Mejía. La ceremonia, correspondiente al mes de marzo, marcó el inicio oficial de la carrera profesional de los graduados.
Durante su discurso, Mejía destacó el esfuerzo y dedicación de los nuevos profesionales del derecho, resaltando el respaldo de sus familias en el proceso.
“Hoy se concreta todo el esfuerzo que han realizado a lo largo de su formación universitaria», expresó.
Además, hizo un llamado a la ética y responsabilidad en el ejercicio de la abogacía.
“La CSJ no solo juramenta y autoriza, sino que también sanciona. Es fundamental que devuelvan la credibilidad a la sociedad a través del ejercicio profesional con rectitud», enfatizó, destacando la importancia de la justicia, la seguridad jurídica y la paz social en el país.

Como parte del acto, los abogados recibieron el Manual para la Prevención de Lavado de Activos, con el objetivo de fortalecer su conocimiento en la materia y cumplir con sus responsabilidades legales. También se les proporcionó información sobre el proceso de registro ante la Unidad de Investigación Financiera.
La ceremonia contó con la presencia de destacados miembros de la CSJ, entre ellos, el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo, José Ernesto Clímaco Valiente, y el jefe de la Sección de Investigación Profesional, Rubén Atilio Meléndez.

El concejo municipal de La Libertad Este dejó sin efecto dos reformas a la «Ordenanza reguladora de tasas por servicios municipales de Antiguo Cuscatlán», aprobadas en julio y octubre de 2024.
Estas modificaciones buscaban aplicar un esquema único de cobros en todos los distritos del municipio, pero fueron revertidas por no alcanzar los resultados esperados.
Desde el 1 de mayo de 2024, La Libertad Este está conformado por los distritos de Antiguo Cuscatlán, Nuevo Cuscatlán, San José Villanueva, Huizúcar y Zaragoza, tras la reducción de 262 municipios a 44 por decisión de la Asamblea Legislativa y el Gobierno.
En diciembre del mismo año, el concejo municipal resolvió extender las tasas de Antiguo Cuscatlán al resto de distritos.
Sin embargo, el 3 de marzo de 2025, el concejo determinó que la aplicación de esta medida no era efectiva debido a diferencias en la información catastral y la base tributaria de los distritos.
Ante esta situación, el gobierno municipal decidió mantener las ordenanzas previas de cada distrito hasta que se diseñe una nueva normativa que responda a sus características particulares.
El decreto que anula la homologación fue aprobado el 3 de marzo, publicado en el Diario Oficial el 25 de marzo y entrará en vigencia el 2 de abril.
Este documento lleva la firma de la alcaldesa de La Libertad Este, Milagro Navas, junto con otros miembros del concejo municipal.
A pesar de esta derogatoria, la decisión no afecta la reforma a la ordenanza de convivencia del municipio, que estableció aumentos en las multas.
Las reformas anuladas

1. Reforma del 29 de octubre de 2024: Derogaba disposiciones contrarias a la ordenanza de Antiguo Cuscatlán y eliminaba ordenanzas previas en San José Villanueva, Zaragoza y Huizúcar, excepto en los cobros no mencionados en la normativa de Antiguo Cuscatlán.
2. Reforma del 19 de julio de 2024: Integraba los decretos de tasas de Nuevo Cuscatlán, Zaragoza, San José Villanueva y Huizúcar en la ordenanza de Antiguo Cuscatlán.