La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal) ha unido esfuerzos con el Proyecto Habilidades para el Empleo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la firma DAI para poner en marcha el “Proyecto integral para el desarrollo de habilidades para el empleo en personas en situación de vulnerabilidad».
El acuerdo de subvención que formaliza la colaboración entre las instituciones fue firmado por Carlos Chávez, primer vicepresidente de Camarasal, y Caterina Valero, directora ejecutiva del Proyecto Habilidades para el Empleo.
Carlo Andino, especialista sénior en gestión de proyectos y representante del oficial de acuerdos de USAID, participó como testigo del acto.
El proyecto tiene como objetivo central mejorar el acceso al mercado laboral de aproximadamente 400 jóvenes y personas migrantes retornadas, incluyendo a miembros de la comunidad LGBTIQ+ y personas con discapacidad. A través de programas de formación técnica, pasantías laborales y actividades de orientación profesional, se espera que al menos 200 de los participantes obtengan nuevos empleos o mejoren sus empleos actuales.
De esta manera, también se busca contribuir a la reducción de la migración irregular.
A lo largo de los próximos 18 meses, Camarasal implementará un plan integral basado en cinco componentes fundamentales. Estos incluyen la creación de alianzas estratégicas con el sector privado, formación técnica y en habilidades para la vida y el trabajo, pasantías laborales, inserción laboral y el fortalecimiento del Centro de Formación Empresarial (CFE) de la Cámara.
Este esfuerzo conjunto subraya el compromiso de USAID, DAI y Camarasal con el desarrollo social y económico de El Salvador.
“Con esta iniciativa, buscamos ofrecer a los beneficiarios las herramientas necesarias para desarrollar su potencial, integrarse al mercado laboral de manera efectiva y convertirse en agentes de cambio en sus comunidades. Juntos, seguimos construyendo un país con más oportunidades y menos barreras para quienes más lo necesitan”, expresó Carlos Chávez durante la firma del acuerdo.
El proyecto reafirma la importancia de generar oportunidades laborales inclusivas y sostenibles, especialmente para aquellos que históricamente han enfrentado barreras para acceder al empleo formal.

El mercado de inversiones mexicano se ha sacudido esta semana con una de las caídas empresariales más fuertes de su historia: Ricardo Salinas Pliego perdió en un solo día, el 2 de diciembre anterior, $5,500 millones por el desplome de las acciones de Grupo Elektra. Esa cantidad equivale al 60 % del Presupuesto General de la Nación de El Salvador de 2024.

Con esa cantidad, el gobierno salvadoreño podría haber construido 34 obras similares al periférico Gerardo Barrios, recién inaugurado en San Miguel, y es 4.2 veces el equivalente al acuerdo que el país busca ansiosamente con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La pérdida de Salinas Pliego, propietario además de TV Azteca, entre otras empresas, se debió al desplome en un 70 % de las acciones de Elektra. 

El millonario mexicano está ligado a El Salvador no sólo por haber tenido inversiones y presencia en el país precisamente con su firma “colapsada”, con su banco, Azteca, y su televisora, sino también porque a principios de septiembre pasado, Salinas Pliego lo visitó en un viaje de negocios. 

Este colapso financiero ha dejado al magnate, según la revista mexicana Proceso, fuera de la lista de los 500 hombres más ricos del mundo, cayendo al puesto 848, según el ranking de Forbes. 

La pérdida registrada en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) es histórica y es tema de titulares en diferentes medios del país norteamericano, como El Universal y Expansión mx, y en internacionales como El País de España y la Agencia Bloomberg, entre otros.

La caída de Elektra fue el resultado de una serie de medidas regulatorias y especulaciones que afectaron el valor de sus acciones, las cuales habían sido suspendidas en julio por una orden judicial. 

A pesar de los esfuerzos de los directivos de Grupo Elektra por contener el daño, el mercado reaccionó negativamente a la reactivación de la compraventa de acciones, provocando lo que la empresa calificó como un “daño irreparable”.

Según la versión de Salinas Pliego, la pérdida de valor de las acciones fue el resultado de una campaña de desprestigio orquestada por sus adversarios políticos, quienes, según él, habrían manipulado el mercado en su contra. 

En un mensaje desde su cuenta en redes sociales este miércoles, el empresario acusó directamente a Alfredo Navarrete Martí, jefe de la unidad de Banca, Valores y Ahorro de la Secretaría de Hacienda, de ser el responsable de lo que él calificó como un “desastre” para los pequeños inversionistas.

El futuro de Elektra y el impacto en la riqueza de Salinas Pliego

A pesar del severo golpe financiero, Salinas Pliego se mostró optimista respecto al futuro de su conglomerado. Aseguró que las empresas de Grupo Salinas, incluido Elektra, siguen siendo rentables y que los inversionistas deben mantener sus acciones, ya que los resultados a largo plazo seguirán siendo positivos.

Sin embargo, lo sucedido también plantea preguntas sobre la estabilidad de las empresas del grupo en el mercado bursátil mexicano, así como sobre el impacto de la intervención gubernamental en los mercados financieros. 

Por lo pronto, Ricardo Salinas Pliego, quien alguna vez fue considerado uno de los hombres más ricos de México y del mundo, deberá recuperar su fortuna, mientras enfrenta un panorama económico y político complicado.

El Salvador espera unos 125,000 turistas internacionales entre el 23 de diciembre y el 2 de enero de 2025, de acuerdo a las proyecciones del Ministerio de Turismo.
La ministra del ramo, Morena Valdez, dijo que los viajeros dejarán un impacto económico cercano a los $125 millones en divisas.
Además, se proyecta que alrededor de 1.2 millones de personas visiten las principales atracciones turísticas del país, incluidas las áreas protegidas, las playas y el Centro Histórico de San Salvador, lo que reafirma la importancia de este sector para la economía nacional.
Este desempeño positivo en el sector turístico se debe, en gran medida, al clima de seguridad ciudadana, explicó.
«Este crecimiento no solo beneficia al sector turístico, sino que también lo posiciona como uno de los pilares fundamentales de nuestra economía. Nuestro gran reto ahora es mantener este ritmo de crecimiento sostenido, y esperamos que, al cierre del año, el sector crezca entre un 13 % y 15 % en comparación con 2023», comentó Valdez.

El impacto económico del turismo
Según las proyecciones del Ministerio de Turismo, el país recibirá este año a aproximadamente 3.8 millones de turistas internacionales, quienes generarán un total de $3,800 millones en divisas, basándose en un gasto promedio diario de entre $150 y $200 por persona.
Estos ingresos consolidan al turismo como uno de los sectores de mayor impacto económico en El Salvador, contribuyendo significativamente al empleo, la inversión en infraestructura y el desarrollo de comunidades locales.
El Salvador es el tercer país del mundo con mejor recuperación turística , según el Barómetro de Turismo Internacional de ONU Turismo.

La Procuraduría General de la República (PGR), a través de su Unidad de Atención Especializada para las Mujeres (UIAEM), continúa avanzando en el apoyo a las mujeres que han sufrido violencia en el país. En esta ocasión, la institución organizó un evento para reunir a las mujeres usuarias que forman parte de los 11 Grupos de Autoayuda que se encuentran activos a nivel nacional.

Estos grupos, que son una de las principales herramientas de la PGR para la atención integral de las mujeres, tienen un impacto profundo en sus participantes. El objetivo principal de los Grupos de Autoayuda es fortalecer la autoestima de las mujeres, ayudándolas a superar sus miedos y a romper los ciclos de violencia que muchas veces las atrapan. 

A través de sesiones de apoyo legal y psicosocial, las mujeres reciben el acompañamiento necesario para retomar el control de sus vidas y comenzar a sanar las heridas del abuso.

El trabajo realizado por la UIAEM ha sido clave en la construcción de espacios seguros donde las mujeres pueden compartir sus experiencias, encontrar apoyo en otras personas que han pasado por situaciones similares y, lo más importante, recuperar la confianza en sí mismas. En estos grupos, las mujeres no sólo abordan su recuperación emocional, sino que también tienen la oportunidad de aprender herramientas para mejorar su situación económica y, por ende, su autonomía.

Una de las iniciativas más destacadas dentro de los Grupos de Autoayuda es la organización de los “mercaditos de mujeres emprendedoras”, una actividad que permite a las participantes comercializar productos elaborados por ellas mismas. 

Este espacio, que no sólo promueve el emprendimiento, sino también la cooperación entre las mujeres, se ha convertido en una plataforma fundamental para el empoderamiento económico de las participantes, brindándoles la posibilidad de generar ingresos y, con ello, contribuir a su autonomía.

Este esfuerzo conjunto de la PGR y las mujeres de los Grupos de Autoayuda demuestra cómo el apoyo institucional puede ser un catalizador para el cambio y la reconstrucción de vidas.

Cuando Joe Biden asumió la presidencia de Estados Unidos en 2021, uno de los principios que subrayó en múltiples ocasiones fue su compromiso con la imparcialidad de la justicia. Aseguró que, bajo su mandato, nadie estaría por encima de la ley, incluyendo su propia familia. Sin embargo, al borde de su salida del poder, el presidente rompió con su palabra al conceder un indulto “total e incondicional” a su hijo, Hunter Biden, quien había sido condenado por delitos fiscales y por mentir en un formulario para adquirir un arma. 

Esta decisión ha provocado un aluvión de críticas, tanto desde el interior de su propio partido como desde la oposición republicana, que ya había señalado con insistencia los vínculos sospechosos entre el joven Biden y las empresas extranjeras.

El anuncio fue realizado por la Casa Blanca el domingo por la noche, y detalló que Hunter Biden sería perdonado no sólo por los cargos ya establecidos, sino también por cualquier otro presunto delito cometido entre 2014 y 2024. Este amplio perdón ha sido calificado como uno de los más extensos que se hayan otorgado en la historia reciente de Estados Unidos, y deja claro que cualquier futuro proceso judicial relacionado con su vida personal y profesional está cerrado. 

Biden justificó su decisión alegando que su hijo fue “señalado únicamente por ser mi hijo”, insinuando que las acusaciones contra él fueron instigadas por intereses políticos para dañar su presidencia.

Este giro de Biden ha dejado perplejos a muchos, especialmente cuando el presidente había afirmado en el pasado que no intervendría en los casos judiciales que involucraran a su familia. 

De hecho, en junio de este año, Biden había declarado de manera enfática: “Acato la decisión del jurado. No lo indultaré”. 

Sin embargo, la reciente decisión del mandatario ha dado un giro inesperado, lo que alimenta las críticas sobre el uso del indulto como herramienta política, algo que no es nuevo en la historia de la Casa Blanca, pero que hasta ahora no había llegado tan cerca del núcleo familiar del presidente.

Uno de los argumentos más fuertes utilizados por Biden para justificar el perdón fue el de la politización de la justicia. El presidente alegó que la persecución judicial contra su hijo no fue una cuestión de legalidad, sino de “política cruda”. 

En su comunicado, Biden señaló que los cargos que enfrentaba Hunter surgieron por presiones de sus oponentes políticos en el Congreso, quienes buscaron usar a su hijo como una herramienta para atacarlo. 

Este razonamiento ha sido similar al esgrimido en el pasado por Donald Trump, quien también denunció el uso de la justicia con fines políticos durante su mandato.

Las críticas

Diferentes medios estadounidenses, como Los Angeles Times y The New York Times, y otros importantes de diferentes países, han recogido diferentes reacciones contrarias a la decisión del presidente.

La respuesta republicana no se hizo esperar. Los líderes de la oposición no tardaron en acusar a Biden de hipocresía, argumentando que al indultar a su hijo, el presidente no solo rompió su promesa de no interferir en la justicia, sino que además utilizó el poder presidencial para proteger a su familia de las consecuencias legales. James Comer, presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, fue uno de los primeros en condenar la medida, tachando a Biden de mentiroso y acusando a la Casa Blanca de usar su influencia para evitar que Hunter enfrentara las consecuencias de sus actos.

Dentro del propio partido demócrata también surgieron voces críticas. De acuerdo a la BBC, el gobernador demócrata de Colorado, Jared Polis, expresó su decepción por la decisión de Biden, argumentando que el presidente había puesto los intereses de su familia por encima de los del país. 

“Este es un mal precedente”, afirmó Polis, sugiriendo que este tipo de decisiones podrían ser abusadas por futuros presidentes y empañar la reputación de Biden, especialmente cuando se considera su historial de lucha por la justicia y la transparencia.

Hunter Biden, de 54 años, ha sido una figura controvertida en la política estadounidense desde que su nombre comenzó a asociarse con negocios en Ucrania y China, lo que le valió las constantes acusaciones de corrupción por parte de los republicanos. 

La situación se complicó aún más cuando, en 2018, se descubrió que Hunter había mentido en un formulario para comprar un arma, lo que le habría valido hasta 25 años de prisión. 

Además, su implicación en un caso de evasión fiscal le exponía a una condena de 17 años adicionales. 

El indulto de Biden no solo lo exonera de estos cargos, sino que lo protege de cualquier posible acusación futura durante la próxima década.

Este acto de perdón no es el primero en la historia de Estados Unidos, pero sí es uno de los más llamativos debido a la relación directa entre el presidente y el beneficiario del indulto. Bill Clinton perdonó a su medio hermano Roger Clinton, condenado por posesión de cocaína, y Donald Trump concedió un indulto a su consuegro, Charles Kushner, involucrado en un escándalo de fraude y manipulación de testigos. 

Sin embargo, el indulto de Biden a su hijo ha sido percibido como una decisión que pone en riesgo la integridad del sistema judicial, ya que subraya la fragilidad de las promesas presidenciales de imparcialidad.

Los expertos en derecho constitucional han señalado que el uso de los indultos presidenciales a familiares cercanos podría sentar un peligroso precedente. Aunque el poder de conceder indultos está otorgado por la Constitución, su uso para beneficiar a miembros directos de la familia presidencial podría normalizar el abuso de esta prerrogativa, creando un sistema de “justicia para algunos”. 

Como recordó la historiadora Alexis Coe, la intención de los redactores de la Constitución nunca fue que el indulto se convirtiera en una carta de salida para las familias presidenciales en apuros legales.

En El Salvador también hay indulto 

En la ley salvadoreña, el indulto es una facultad del presidente de la República que le permite perdonar parcial o totalmente la pena impuesta a una persona condenada por un delito, eximiéndola de cumplir la sanción penal. 

La Ley Especial de Ocursos de Gracia es la que rige esta facultad presidencial, además de las amnistías y la conmutación de penas.

El indulto es un perdón o gracia de la condena que impone una sentencia firme ejecutoriada. 

El indulto no puede ser otorgado en ciertos casos, como cuando la persona condenada ha incurrido en delitos de lesa humanidad, genocidio, tortura, desapariciones forzadas o aquellos relacionados con crímenes graves que atentan contra los derechos humanos. Además, la Constitución establece que el indulto debe ser aprobado en los términos y condiciones establecidos por la ley, y su otorgamiento no puede menoscabar el orden público ni las disposiciones constitucionales relacionadas con los derechos fundamentales.

En cuanto al procedimiento, el indulto puede ser solicitado por el condenado o por terceras personas en su nombre, y el Presidente de la República tiene la potestad de concederlo de manera discrecional.