Los depositantes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria (COSAVI) comenzaron a recibir sus fondos, con un máximo de $30,000, un hecho celebrado por muchos después de meses de incertidumbre. Sin embargo, esta medida no ha apaciguado el descontento generalizado de los afectados, quienes exigen respuestas claras sobre el desfalco de $35 millones y justicia para los responsables.
Mientras algunos afiliados expresaron alivio al recuperar sus ahorros, gracias a la intervención de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), otros cuestionan la lentitud del proceso y el impacto del desfalco en sus vidas.
Según Evelyn Marisol Gracias, titular de la SSF, la devolución es posible gracias a los pagos recibidos por créditos previamente colocados, aunque aclaró que este es un proceso gradual: “La erogación de fondos depende de los ingresos que genera la cooperativa por estos créditos”, afirmó el lunes al anunciar la nueva fase de restituciones que beneficiará al 80.5 % de los depositantes.
Sin embargo, los avances en la devolución no borran el trasfondo del caso.
La Fiscalía General de la República ha iniciado un proceso penal contra 32 personas acusadas de apropiarse ilícitamente de $35 millones.
Según las investigaciones, parte de ese dinero fue transferido ilegalmente a Estados Unidos y Alemania. Este escándalo, que sacudió la confianza en COSAVI, derivó en la captura de varios ejecutivos en marzo del año pasado.

El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, anunció este martes que los conductores que alcancen hasta los 94 kilómetros por hora (km/h), a pesar de un límite reglamentado de 90 km/h, no serán sancionados con las fotomultas.
“Tenemos un margen interno de tolerancia para evitar multas por pequeñas variaciones en la velocidad. Si alguien va a 90 y llega a 93 o 94, no se multará por eso”, explicó Rodríguez durante una entrevista radial.
El anuncio se dio en respuesta a cuestionamientos de los entrevistadores sobre la importancia de no exceder el límite permitido en las carreteras.
Según el ministro, este margen está diseñado para conductores que intentan cumplir con las reglas de velocidad pero que podrían exceder ligeramente debido a circunstancias ocasionales.

Fotomultas arrancan el 9 de enero
El sistema de fotomultas será implementado a partir de las cero horas del jueves 9 de enero en los 7.4 kilómetros del bulevar Monseñor Romero.
Durante una conferencia de prensa, Rodríguez también adelantó que se iniciará un proyecto de iluminación en ese corredor vial para mejorar la seguridad y visibilidad.

El ministro recordó que el bulevar cuenta con diferentes límites de velocidad según el tramo:

90 km/h en la autopista principal.
70 km/h en las incorporaciones.
80 km/h en tramos específicos.
60 km/h al incorporarse al bulevar Los Próceres.
Para facilitar el cumplimiento de las normas, se han instalado 24 señales de velocidad y dos advertencias de reducción de velocidad. Además, se utilizarán pantallas informativas para alertar a los conductores sobre la aplicación del sistema de fotomultas.

El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, enfatizó este martes los avances en la lucha contra el crimen en El Salvador, destacando el papel crucial del régimen de excepción y las detenciones masivas como parte de una estrategia integral de seguridad.
“Lo que está demostrando El Salvador es cómo se hace seguridad pública, pegado al concepto de justicia… algo que muy pocos entienden”, declaró Villatoro durante una entrevista en el programa Frente a Frente.
Desde la implementación del régimen de excepción, El Salvador ha detenido a 84,260 personas vinculadas a actividades delictivas, con más de 8,000 casos aún pendientes de procesamiento judicial.
“Tenemos que levantar esto cuando ya no tengamos un pandillero. Al momento estamos visualizando delincuencia común, que también va a la baja”, aseguró Villatoro, resaltando que el objetivo principal es erradicar por completo las estructuras pandilleriles en el país.

El ministro también recordó cómo este esfuerzo ha cambiado el panorama de seguridad.
“Incluso, para el 2018 que fue el último año completo del FMLN, recibimos una tasa de 53.1 homicidios por cada 100,000 habitantes. Con ese número, éramos el país más violento de América”.

Estrategias para la reducción del crimen
El régimen de excepción se ha acompañado de una reducción significativa en la extorsión y otros delitos.
“Sólo con respecto a la extorsión, hemos tenido una reducción del 48.5 % respecto al 2023, que ya fue baja”, informó Villatoro. Estos avances han sido posibles gracias a la combinación de ajustes legales, el fortalecimiento de las fuerzas del orden y el uso de tecnologías como la plataforma ONI, que permite a los agentes acceder a información clave de manera inmediata.
El ministro también abordó los factores sociales que inciden en el crimen, como la relación entre la intolerancia social y familiar y el consumo de alcohol.
“Eso hace que trabajemos las herramientas que necesitamos para controlar ese tipo de fenómenos”, explicó.
A pesar de los logros, Villatoro reconoció que el reto continúa, especialmente en consolidar un entorno donde los crímenes sean casos aislados y no patrones generalizados.

La Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno aprobó este lunes la ratificación del “Acuerdo sobre Transporte Aéreo” entre El Salvador y Costa Rica, firmado en noviembre de 2024 durante la visita oficial del presidente Nayib Bukele a la nación vecina. 

Este acuerdo, que aún no ha sido hecho público, tiene como objetivo fortalecer la seguridad de las aeronaves civiles y prevenir actos ilícitos que puedan poner en riesgo la seguridad de las mismas, sus tripulaciones y pasajeros, así como las instalaciones de navegación aérea.

El convenio busca, específicamente, prevenir el secuestro de aeronaves y otros actos ilegales que puedan afectar la aviación civil. 

También se enfoca en mejorar la seguridad de los aeropuertos y las instalaciones vinculadas al transporte aéreo en ambos países, además de enfrentar diversas amenazas que afectan este sector estratégico.

El proceso de negociación para este acuerdo comenzó en octubre de 2022, según detalló Eduardo García, director de Relaciones Económicas de la Cancillería de El Salvador. 

García también indicó que el país ha firmado 15 acuerdos de seguridad aérea hasta la fecha, de los cuales 7 han sido formalizados entre 2021 y 2024.

A pesar de que el acuerdo no fue leído en la Comisión, los diputados avalaron su ratificación. 

Esta ratificación se enmarca en un esfuerzo más amplio de El Salvador para fortalecer sus relaciones internacionales en materia de aviación. 

A modo de ejemplo, el acuerdo con Canadá, firmado en octubre de 2018, ya es público y tiene una vigencia similar en cuanto a su propósito de fortalecer la seguridad aérea.

Durante la sesión, Patricia Aguilera Bran, directora de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, informó que en diciembre de 2024 se registró un incremento del 10 % en la cantidad de vuelos de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, con un total de 44,100 operaciones de llegadas, salidas y conexiones. Este aeropuerto, que cuenta con 19 puertas y salas de espera, ha experimentado un crecimiento notable en el tráfico aéreo.

Además, la directora mencionó un aumento del 21 % en la importación y exportación de carga, alcanzando 34.1 millones de kilogramos hasta el 15 de diciembre de 2024. 

También destacó un crecimiento del 25 % en los servicios prestados en el Aeropuerto Internacional de Ilopango, otro de los principales aeropuertos de El Salvador.

Por su parte, Eduardo García recordó que este año se celebran 180 años de relaciones diplomáticas entre El Salvador y Costa Rica, y expresó su preocupación por la recuperación del flujo de turistas en ambos países. A pesar del progreso, destacó que aún no se ha alcanzado el nivel de turistas de 2019, por lo que llamó a seguir promoviendo y creando condiciones que favorezcan la recuperación y el crecimiento del sector turístico en ambos países.

En un esfuerzo por fortalecer su compromiso con la mejora continua, la Procuraduría General de la República (PGR) inició una serie de talleres enfocados al liderazgo y habilidades gerenciales. 

Estos espacios de capacitación, que cuentan con el apoyo técnico de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y Dexis Consulting Group buscan impulsar un cambio organizacional profundo, adaptando a la institución al nuevo modelo de atención multifuncional.

El objetivo de esta iniciativa es claro: maximizar recursos, optimizar los tiempos de atención y elevar la calidad del servicio ofrecido a la población. 

A través de esta modalidad, la PGR se propone establecer un modelo de atención centrado en las personas, priorizando su bienestar y necesidades.

El procurador general, René Escobar, destacó la importancia de esta transformación al afirmar: “la mejora continua implica transformar nuestra institución hacia un modelo de atención centrado en las personas, priorizando la calidad y el cumplimiento de nuestro mandato social”.

Este proceso de transformación organizacional tiene como meta principal garantizar que los servicios ofrecidos por la PGR respondan de manera más efectiva a las expectativas y derechos de los usuarios, consolidando un enfoque de justicia que coloca al ser humano en el centro de todas sus acciones.