El alcalde de San Salvador Centro, Mario Durán, anunció este lunes la intención de su administración de homologar las tasas municipales, convirtiéndose en el primer municipio del país en implementar esta medida.

La iniciativa surge tras la aprobación de la Ley Especial de Transición para la Reestructuración Municipal, que otorga a los alcaldes un plazo de 2 años para completar la reestructuración de las comunas.

Durán subrayó la importancia de ser “muy responsables” en este proceso, con el objetivo de “no dañar a ningún sector de la población”.

Sin embargo, no proporcionó detalles sobre si la homologación implicará aumentos o disminuciones en las tasas para los diferentes distritos que componen el municipio capitalino.
“Esperamos ser la primera alcaldía que homologue todo el tema de leyes en un solo municipio”, declaró el alcalde a medios de comunicación.

A pesar de que la nueva ley permite la homologación de tasas e impuestos, Durán reconoció que han enfrentado retrasos debido a la falta de normativas en distritos como Mejicanos, donde no existían tributos específicos para locales comerciales, como restaurantes y bares.

“Es un trabajo bastante titánico, considerando que San Salvador Centro es el municipio más grande del país”, añadió.

San Salvador Centro está compuesto por los distritos de Mejicanos, San Salvador, Ayutuxtepeque, Ciudad Delgado y Cuscatancingo. Este cambio se implementó tras los resultados electorales del 3 de marzo de 2024, luego de que la Asamblea Legislativa aprobara la Ley de Reestructuración Municipal en 2023.

El 24 de diciembre de este año entrará en vigor la Ley del Registro del Estado Familiar, que centraliza la inscripción de nacimientos, defunciones, matrimonios y otros actos jurídicos, que fue publicada en el Diario Oficial el 24 de septiembre.

El Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) contará con 18 meses, hasta junio de 2026, para realizar los ajustes técnicos y financieros necesarios para su implementación completa.

Con esta ley, sólo 44 registradores del estado familiar estarán autorizados para llevar a cabo las inscripciones civiles en El Salvador.

Esta decisión responde a una recomendación del presidente Nayib Bukele, quien enfatizó la necesidad de una mayor regulación en el proceso.
La normativa también establece que las alcaldías deberán invertir en medidas de ciberseguridad para proteger el nuevo sistema.

Cada municipio tendrá un único Registro del Estado Familiar, dirigido por un registrador que debe ser abogado, aunque podrá contar con personal adicional.

Además, la ley amplía el plazo para inscribir defunciones de 15 a 45 días. Introduce cambios en la inscripción de divorcios, que serán sustituidos por la figura de la cancelación de matrimonio, y establece un formulario único de solicitud.

También se implementarán inscripciones de oficio en casos donde los hospitales no reporten nacimientos.
Respecto a los nacimientos, los padres deberán informar al registrador del municipio correspondiente dentro de los 45 días hábiles siguientes al evento.

Los hospitales están obligados a registrar el nacimiento en un plazo no mayor a 6 días hábiles y, de no hacerlo, se enfrentarán a una multa de $25.

Si los padres no realizan el informe, se llevará a cabo un registro de oficio a través del Sistema Nacional Integrado de Salud. La inscripción deberá incluir el Número Único de Identificación (NUI), el nombre y sexo del recién nacido, así como información de los padres.

En un esfuerzo por promover la cultura de paz y la resolución de conflictos en la sociedad, la Institución Procuraduría General de la República (PGR) atendió desde enero hasta agosto de este año a 38,500 ciudadanos para la resolución de problemas legales por medio de la mediación de conflictos.

Según cifras oficiales, el equipo de profesionales de la institución ofrece soluciones efectivas para problemas familiares, vecinales y comunitarios, contribuyendo así a una convivencia más armónica. De acuerdo a la PGR, esto demuestra su compromiso con la comunidad y la efectividad de sus métodos.

“Somos la Institución rectora de la mediación en el país con soluciones reales a problemas familiares, vecinales, comunitarios, entre otros. Tenemos un equipo de profesionales que están dispuestos a ayudarte a encontrar una solución pacífica a los conflictos”, dijo la institución.

Hasta la fecha, se han acreditado 347 profesionales en mediación en todo el país, quienes están listos para brindar apoyo y orientación a quienes lo necesiten. La Institución invita a los ciudadanos a visitar la Unidad de Mediación en la Procuraduría General de la República (PGR) más cercana a su domicilio, donde podrán acceder a estos servicios de manera gratuita.

La mediación se presenta como una alternativa ágil y accesible para aquellos que buscan resolver disputas sin recurrir a procesos judiciales largos y complicados. Con la mediación se busca no sólo resolver conflictos, sino también fomentar un enfoque preventivo que permita a las comunidades convivir en un ambiente de paz y respeto mutuo.

El Centro Nacional de Registros (CNR) reporta un notable aumento en la creación de nuevas empresas en El Salvador durante este año. Desde el 1 de enero hasta el 2 de octubre de 2024, se registraron 4,412 nuevas empresas, lo que representa un incremento del 34.6 % en comparación con el mismo período de 2023, cuando se registraron 3,277.

Los sectores más destacados entre las nuevas inscripciones son el comercial y de servicios.
La ministra de Economía, María Luisa Hayem, destacó que este crecimiento refleja un entorno de negocios favorable, impulsado por un marco de seguridad jurídica y social que atrae inversiones.

“El Salvador está abierto a los negocios y ha establecido las bases necesarias para que empresas de todos los tamaños y sectores puedan operar de manera ágil y eficiente», afirmó Hayem.

Además, mencionó la expansión de empresas ya establecidas en el país, como Bimbo, Telus y Teleperformance, subrayando la importancia de la descentralización de inversiones en regiones anteriormente desatendidas. “Estamos viendo un aumento de inversiones en departamentos que antes fueron olvidados, especialmente a lo largo de nuestra costa», añadió.

En otro ámbito, el CNR informó que hasta el 2 de octubre, se inscribieron 1,441 Sociedades de Acciones Simplificadas (SAS), de las cuales el 40 % se constituyó en línea. Esta modalidad, que permite la formalización de negocios con un capital mínimo de $1 y el uso de firma electrónica, facilita el acceso al registro empresarial.

Interés creciente entre niños y jóvenes en la creación de contenido

El CNR también ha observado un creciente interés entre niños y jóvenes en la presentación de obras creativas.
La institución destacó que este segmento de la población está pasando de ser sólo consumidores a convertirse en creadores de contenido.

En los últimos meses, ha aumentado significativamente el número de solicitudes de este grupo, abarcando diversas manifestaciones artísticas, como poemarios, historietas, personajes animados y videojuegos.

Estas iniciativas forman parte de la industria creativa, un sector que juega un papel cada vez más relevante en las economías tanto nacionales como internacionales.

En El Salvador, un total de 22 padres de familia enfrentan deudas acumuladas que superan los $139,000 debido a su negativa a pagar las cuotas alimentarias establecidas por la Procuraduría General de la República (PGR).

Esta situación se ha agravado por el recargo adicional por mora que se ha acumulado a lo largo de los años, con algunos casos que datan de hace más de dos décadas.

Uno de los casos más destacados es el de un padre que no ha cumplido con sus obligaciones alimentarias durante 23 años, acumulando una deuda de $21,268.12.

Este asunto fue llevado a instancias judiciales, donde un juez ordenó la conciliación entre las partes y determinó que el padre debe realizar pagos mensuales de $1,000 para saldar su deuda.

Según datos de los Centros Judiciales de El Salvador, entre el 15 de abril y el 10 de octubre de este año, se han procesado 21 casos de incumplimiento en los tribunales. El 70% de estos progenitores ha tenido que pasar a la fase de instrucción debido a la falta de acuerdos con las madres demandantes para regularizar sus deudas.

En otro caso, un padre adeuda $10,760 a su hija desde 2010, tras la fijación de una cuota mensual de $60 por parte de la PGR. Al no llegar a una conciliación durante la audiencia inicial, el Juzgado Cuarto de Paz de Soyapango decidió llevar el caso a la fase de instrucción y le impuso la prohibición de salir del país.

Asimismo, un hombre de 43 años enfrenta una deuda de $10,500 por cuotas alimentarias no pagadas desde 2016.
El Juzgado Primero de Paz de Soyapango le impuso restricciones de viaje y la prohibición de obtener licencia de conducir o inscribir vehículos a su nombre hasta que salde su deuda.

En otro incidente, una madre de tres hijos logró una resolución a su favor en 2016 para recibir $105 mensuales por parte de su expareja. Sin embargo, tras el incumplimiento de pagos, el padre acumuló una mora de $9,550. Después de que se descontaran $2,730 por el tiempo que tuvo bajo su cuidado a dos de sus hijos, el caso fue trasladado al Juzgado Segundo de Paz de Santa Ana, donde también se declaró la falta de acuerdo entre las partes, llevando el caso a la fase de instrucción.