El Tribunal de Ética Gubernamental llevó a cabo este viernes la primera jornada del módulo V del Diplomado en Prevención y Combate Sistémico de la Corrupción en El Salvador.
Este módulo es coordinado y facilitado por la Fiscalía General de la República.

La sesión contó con la participación destacada de la Dra. Cristina San Juan, especialista en Anticorrupción e Integridad Judicial para el Hub Regional Anticorrupción en Latinoamérica y El Caribe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, así como de la Dra. Sandra Luz Chicas, magistrada de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. Ambas expertas abordaron temas relacionados con los delitos de corrupción y estrategias probatorias en la lucha contra este flagelo.

La capacitación judicial es fundamental para combatir la corrupción en El Salvador, ya que fortalece las capacidades de los magistrados y fiscales en la identificación, investigación y enjuiciamiento de delitos relacionados con este fenómeno.

Al mejorar el conocimiento sobre normas anticorrupción y técnicas probatorias, se fomenta una justicia más efectiva y transparente, lo que a su vez contribuye a la confianza pública en las instituciones y promueve un entorno más justo y equitativo.

Esta formación es clave para garantizar que el sistema judicial pueda responder adecuadamente a los desafíos que plantea la corrupción y para sentar las bases de una sociedad más responsable y un gobierno apegado a la ética.

La justicia argentina emitió un fallo sin precedentes que ordena el bloqueo de todos los dominios relacionados con Magis TV, uno de los servicios de televisión por internet ilegal más grandes del mundo.
El juez Esteban Rossignoli, a cargo del Juzgado N°4 de San Isidro, también exigió a Google que desinstale la aplicación en dispositivos con sistema operativo Android en el país.

Este fallo se enmarca dentro de la Operación 404, una investigación contra la piratería audiovisual que se originó en Brasil, con la colaboración de entidades de Argentina, Perú, Reino Unido y Estados Unidos.
La operación se centró en desarticular redes de comercialización de TV Boxes en Buenos Aires y Misiones, que transmitían señales de TV por cable de forma ilegal con la aplicación Magis TV preinstalada.

La fiscalía de Cibercrimen en la Unidad Especializada en Ciberdelitos (UFEIC) llevó a cabo la investigación con el objetivo de desmantelar la red de piratería audiovisual más grande de la región y confiscar dispositivos que operaban con aplicativos ilegales.
Se realizaron varios allanamientos que resultaron en la detención de cinco personas en Argentina y Brasil.
Asimismo, se bloquearon 675 sitios web y 14 aplicaciones ilegales de streaming y música, según el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública brasileño.

Magis TV, que ha acumulado 55 millones de visitas en los últimos seis meses en varios países de Latinoamérica, ofrece contenido televisivo en directo sin los derechos correspondientes, lo que representa un riesgo significativo para sus usuarios al exponerlos a virus y estafas.

Las fuerzas de seguridad argentinas también allanaron locales vinculados a la venta de TV Boxes, así como domicilios relacionados con otros servicios de IPTV ilegales, como “Mospy TV” y “Federico TV”.

La Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa ha dado su visto bueno a un dictamen que propone la emisión de “Disposiciones Especiales para la Promoción y el Otorgamiento de Incentivos Fiscales para el Fomento del Desarrollo de Proyectos Inmobiliarios en Altura”. Esta medida contempla la exención del Impuesto sobre la Renta para nuevos edificios que cuenten con 35 pisos o más.

Durante la sesión del viernes, el director de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS), Luis Rodríguez, destacó que la exención se aplicará por un periodo de 15 años, iniciando desde el primer año de reporte de utilidades. Rodríguez enfatizó la importancia de estos desarrollos, que buscan fomentar tanto la vivienda como espacios para actividades económicas y turísticas.

El dictamen establece que los edificios elegibles deberán medir 35 pisos desde el nivel de la calle, categorizándolos como rascacielos. Según Rodríguez, estos proyectos permitirán una optimización significativa del uso del suelo, ya que, en promedio, una torre de 35 niveles puede albergar 200 unidades habitacionales en una superficie mucho menor que la necesaria para viviendas tradicionales.

Rodríguez también mencionó que la construcción de rascacielos contribuiría a una mayor eficiencia energética, reducción del tráfico y mejora en el acceso a servicios, lo que impactaría positivamente en la calidad de vida urbana. Además, subrayó que este tipo de edificaciones pueden integrar usos mixtos, incluyendo comercio, oficinas y áreas hoteleras.

La diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, planteó la necesidad de incluir un incentivo para la vivienda social en el decreto. Sugirió que, tras tres años de utilidades, los inversionistas deberían comprometerse a desarrollar proyectos habitacionales asequibles. Sin embargo, esta propuesta no contó con el respaldo de los diputados de Nuevas Ideas y fue descartada del proyecto final, lo que genera preocupaciones sobre el impacto de estos desarrollos en el acceso a vivienda para sectores menos favorecidos.

Un alarmante informe de la organización «Acción Ciudadana» señala que, en un periodo de 12 años, el 90% de los casos iniciados por la Fiscalía General de la República (FGR) han quedado sin resolución judicial. La investigación, titulada “Factores que incidieron en su desempeño” y presentada este viernes, abarca desde 2012 hasta 2023.

Según el estudio, de un total de 1,004,433 casos iniciados por la FGR, 577,811 no fueron judicializados.
De los 426,622 casos que sí llegaron a la etapa judicial, solo 88,339 resultaron en sentencias condenatorias, lo que representa un escaso 8.8%.
“Esto genera un promedio de impunidad del 90%”, afirma el reporte.

A pesar de un notable aumento en el presupuesto de la FGR en los últimos años, la organización destaca que esto no ha llevado a un incremento en la judicialización de casos ni a una disminución de los niveles de impunidad. En el periodo más efectivo, entre 2018 y 2019, el porcentaje de casos con condena alcanzó el 13%, mientras que entre 2012 y 2015 fue de solo 6%.

En 2014, la impunidad alcanzó un 94%, cifra que se ha mantenido en un 90% hasta 2023.
El informe también revela que el presupuesto de la FGR ha aumentado en $85 millones entre 2014 y 2023, sin que este incremento haya contribuido a mejorar los índices de resolución de casos. Cada fiscal se enfrenta en promedio a 137 casos, aunque la cifra exacta de fiscales en la FGR no está disponible debido a que los datos son confidenciales.

Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, subrayó que estos resultados presentan “los retos” que deberá enfrentar el nuevo titular de la FGR, quien asumirá el cargo en enero de 2025.
Actualmente, el fiscal general es Rodolfo Delgado, en funciones desde el 1 de mayo de 2021, tras la destitución de Raúl Melara por parte de la Asamblea.

En un paso hacia la consolidación del Estado de Derecho en El Salvador, se concluyó el curso “Sistema anticorrupción: un enfoque internacional”, destinado a jueces de paz, de instrucción y magistrados de cámaras de las zonas central y paracentral del país.

Esta formación se enfocó en capacitar a los magistrados en los mecanismos anticorrupción alineados con los estándares internacionales, resaltando la necesidad de un sistema judicial robusto y comprometido con la integridad.

La corrupción es un fenómeno que erosiona la confianza en las instituciones y limita el ejercicio pleno de los derechos humanos.
Combatirla no sólo es esencial para mejorar la administración de justicia, sino que también es fundamental para el fortalecimiento de la democracia en El Salvador.

Un sistema judicial libre de corrupción es la base para garantizar el respeto a los derechos de todos los ciudadanos y fomentar un entorno donde el estado de derecho prevalezca, propiciando un desarrollo social y económico sostenible.

Con este tipo de iniciativas, El Salvador avanza hacia la construcción de un futuro más transparente y equitativo.