La Fiscalía General de la República ha acusado a Catalino Miranda, José Braulio Miranda, Adalberto Antonio Miranda y Josué Adalberto Segovia por los delitos de falsedad material y uso y tenencia de documentos falsos.

Según la investigación fiscal, los acusados, socios de una cooperativa de autobuses, obtuvieron un préstamo de 1,800,000 dólares utilizando dos inmuebles y 78 autobuses como garantía. Posteriormente, falsificaron documentos para simular la cancelación de la hipoteca, liberando los bienes sin haber saldado la deuda real.

La víctima del fraude declaró que la deuda no había sido liquidada, lo que generó perjuicio y malestar. Los hechos ocurrieron en el año 2021 y han sido investigados por las autoridades correspondientes.

En la audiencia inicial, el Juzgado 6° de Paz de San Salvador ordenó la instrucción formal y dictó detención provisional para los cuatro imputados: Catalino Miranda, José Braulio Miranda, Josué Adalberto Segovia y Adalberto Antonio Miranda.

En la segunda reunión de seguimiento con jueces de paz de occidente, se presentó el informe estadístico del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales (SNFJ) correspondiente al periodo de enero a mayo de 2024. Este informe detalla un total de 4,796 actividades realizadas a nivel nacional, reflejando la labor conjunta entre facilitadores judiciales y los juzgados correspondientes.

Durante este semestre, los facilitadores judiciales coordinaron con los juzgados domiciliarios para llevar a cabo diversas acciones, incluyendo 2,549 asesorías legales, 818 charlas informativas, 501 gestiones administrativas, 409 acompañamientos judiciales, 231 mediaciones de conflictos, 202 trámites judiciales dirigidos y 86 casos remitidos a instancias superiores. Estas actividades no solo facilitan el acceso a la justicia, sino que también promueven una cultura de paz y resolución alternativa de conflictos en las comunidades atendidas.

Elsy Dueñas Lovos, magistrada de la Sala de lo Constitucional y coordinadora de la Comisión de Seguimiento del SNFJ, elogió el impacto y la eficiencia del trabajo realizado, destacando el compromiso y la dedicación de los facilitadores judiciales en beneficio de las comunidades locales. Actualmente, el SNFJ está activo en 89 distritos del país y cuenta con el apoyo voluntario de 678 facilitadores judiciales.

Además del informe estadístico, el evento también incluyó el desarrollo de un proceso formativo sobre «Derechos Humanos de vivienda, tierra y propiedad en el contexto del desplazamiento forzado», organizado en colaboración con el Consejo Noruego para Refugiados. Este taller buscó fortalecer las capacidades técnicas de los funcionarios judiciales y fomentar un enfoque más integral en la resolución de conflictos legales.

La reunión contó con la participación de Sandra Lorena Recinos Calles, coordinadora del Programa de Información, Orientación y Asistencia Legal (ICLA), y Mónica Sales, oficial del mismo programa, quienes enfatizaron la importancia de integrar los derechos humanos en las decisiones judiciales para garantizar una justicia equitativa y accesible para todos los ciudadanos.

Leonardo Alejandro Gallegos, abogado de la República, ha presentado una demanda de inconstitucionalidad parcial contra la Ley Penal Juvenil, específicamente contra el artículo 8, literal g, que introduce la pena de prisión para menores. La demanda fue interpuesta ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

Gallegos argumenta que la inclusión de la pena de prisión en la Ley Penal Juvenil, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 342 el 30 de marzo de 2022, contraviene el artículo 35 inciso 2° de la Constitución, que establece un régimen jurídico especial para menores en conflicto con la ley penal.

Según el demandante, esta disposición vulnera el «Principio de Especialidad de la Justicia Penal Juvenil», que requiere un tratamiento diferenciado y específico para niños, niñas y adolescentes, en función de su edad y desarrollo.

El abogado expone que la medida de prisión equipara las sanciones aplicables a menores con las del régimen penal para adultos, lo cual no solo transgrede principios constitucionales, sino también estándares internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Americana de Derechos Humanos. Estos tratados enfatizan la necesidad de un enfoque rehabilitador y especializado para menores en conflicto con la ley.

Gallegos solicita que la Sala de lo Constitucional declare la inconstitucionalidad del artículo impugnado y restablezca un marco jurídico que garantice el respeto a los derechos fundamentales de los menores, ajustándose a los principios y compromisos internacionales asumidos por el Estado.

La Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (FEDAES) entregó el jueves pasado al Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) la lista y la documentación de los 15 candidatos del gremio que aspiran a ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El listado fue recibido por José Edenilson Nuila, secretario ejecutivo del CNJ. Ahora, el Consejo deberá depurar su propia lista, actualmente compuesta por 48 precandidatos, reduciéndola a 15. Estos se unirán a los 15 candidatos de la Fedaes para la tercera y última etapa del proceso: la escogitación final por parte de los diputados de la Asamblea Legislativa.

Lista de los 15 Abogados Electos por Fedaes:

1. Santos Guerra Grijalba.
2. Juana Jeaneth Corvera de Meléndez.
3. Raymundo Alirio Carballo Mejía.
4. Miguel Angel Umaña Argueta.
5. Joaquín Osmar Vallejos Díaz.
6. José Antonio Martínez.
7. Alexander Efraín Ticas Navarro.
8. José Mauricio Cardoza Hernández.
9. Martha Alicia Ochoa Aragón.
10. Claus Arthur Flores Acosta.
11. Karen Yasmín Hernández Salmerón.
12. Ramón Narciso Granados Zelaya.
13. Jesús Ulises García.
14. Marta María Iglesias Majano.
15. Reina Maribel Sigarán de Lemus.

Estos 15 abogados fueron seleccionados a través de las elecciones celebradas el sábado 22 de junio entre los abogados empadronados en la Fedaes. Ellos competirán por una de las magistraturas disponibles en la Corte Suprema de Justicia, junto a otros 15 abogados que serán seleccionados por el CNJ.

Ayer, el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador condenó al expresidente Mauricio Funes a ocho años de cárcel por el delito de casos especiales de lavado de dinero y activos.

Según la sentencia se demostró que Funes favoreció a una empresa guatemalteca en la adjudicación de la construcción del puente San Isidro sobre el río Lempa.

La investigación reveló que, a cambio de adjudicar el contrato a la empresa constructora, Mauricio Funes recibió una avioneta como dádiva. Este acto de corrupción y el subsecuente lavado de dinero fueron elementos clave en el juicio que llevaron a la condena del exmandatario.

El Tribunal, además de dictar la condena, emitió una nueva orden de captura para que Funes Cartagena sea puesto a disposición de la justicia salvadoreña y cumpla su pena en un centro carcelario del país.