A partir del 1 de octubre, al menos 160 abogados de la Procuraduría General de la República (PGR) deberán presentar su renuncia, en un recorte que afecta significativamente a la Unidad de Defensa Pública Penal.

Estos profesionales, quienes actúan como defensores públicos y han estado brindando apoyo a personas capturadas en el marco del régimen de excepción, son parte de un despido más amplio que afectará a un total de 400 trabajadores de la institución.
Según estimaciones internas, alrededor del 40% de los empleados despedidos pertenecen a la mencionada unidad, que cuenta con 19 sedes a nivel nacional.

La memoria de labores de la PGR del periodo 2023-2024 indica que la institución cuenta actualmente con 1,611 servidores públicos, de los cuales 1,517 están bajo la Ley de Salario y 73 son contratados por servicios profesionales.
El informe revela que el 67% de las atenciones de la Unidad de Defensa Pública Penal se dirigió a procesos penales comunes, mientras que el 27.9% se concentró en delitos relacionados con el crimen organizado.

Desde el 27 de marzo de 2022 hasta el 30 de septiembre de 2023, estos defensores han gestionado la defensa técnica de 60,237 personas capturadas, lo que equivale a un promedio de 219 casos por abogado, sin contar otros delitos no relacionados con el régimen de excepción.
Organizaciones de derechos humanos han manifestado su preocupación por las implicaciones de estos despidos en los juicios sumarios programados para iniciar en 2025.

Movimientos relacionados a seguimiento de procesos judiciales enmarcados en el régimen de excepción han externado su preocupación, porque muchos de los cesados son defensores de los casos que les ocupan.
Las organizaciones civiles exigen una revisión de esta situación para garantizar el derecho a una defensa adecuada para los acusados.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) recordó la importancia del pago de la cuota alimentaria, un compromiso legal que ha cobrado importancia y relevancia social, por estar vinculado al bienestar de miles de menores de edad y otros dependientes económicos.
Por medio de un mensaje difundido en sus redes sociales, la CSJ dijo que “la cuota alimenticia es una responsabilidad que debe pagar el padre o madre que no convive con sus hijos. Su incumplimiento es castigado con una pena de uno a tres años de prisión”.

Esta responsabilidad puede iniciar desde el embarazo y exigir al padre de la criatura el derecho a la alimentación durante el tiempo de gestación y los tres meses siguientes al parto.
“En la audiencia conciliatoria coordinada por la Procuraduría General de la República (PGR), se fija la cuota y se define si se realizará por medio de depósito personal o descuento en planilla. En el caso de que sea trabajador informal, la PGR solicita el informe de los ingresos que el obligado o la obligada reciba”, agregó.

Este recordatorio es parte de una serie de mensajes que la CSJ emite con la intención de mantener “vigente” información que atañe a procesos legales, pero que son de importancia para la sociedad en general.

La cuota alimenticia es una obligación legal que recae principalmente sobre los padres y su incumplimiento tiene implicaciones legales, económicas y sociales, y está consagrado en diferentes cuerpos de ley y la Constitución de la República.
En 2015, el gobierno implementó reformas clave que agilizan los procesos judiciales para la reclamación de alimentos y endurecen las sanciones contra quienes incumplen sus obligaciones.

Las estadísticas del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) que las demandas por pensión alimenticia han crecido considerablemente en la última década.
Según informes judiciales recientes, más de 50,000 demandas de alimentos fueron presentadas sólo en 2022.
Un informe de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) destacó que en 2021 cerca del 60% de los casos de demandas por alimentos estaban relacionados con menores de edad que no recibían ningún tipo de soporte financiero por parte del progenitor no custodio. La situación económica, el desempleo y la informalidad laboral agravan la capacidad de algunos padres para cumplir con esta obligación.

El Órgano Judicial y la Fiscalía General de la República (FGR) juegan un rol fundamental en el proceso de exigencia y ejecución de las cuotas alimenticias.
El Juzgado de Familia es la instancia encargada de dictaminar el monto de la pensión alimenticia y garantizar su cumplimiento a través de sentencias y medidas cautelares.

Magistrados y jueces de diferentes instancias participaron de las capacitaciones “Efectos y la prueba del derecho salvadoreño en España” y “Permiso de estudios para extranjeros en España», impartida por el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) de El Salvador.

“Los temas abordados son de gran importancia para la comunidad jurídica y para el entendimiento de cómo aplicar el derecho salvadoreño en España, así como los procesos para obtener permisos de estudio en ese país, especialmente para miembros de la carrera judicial salvadoreña”, informó el CNJ.

De acuerdo a los organizadores, las ponencias “brindan valiosa información y herramientas para enfrentar los desafíos en el ámbito legal internacional”.
El Consejo Nacional de la Judicatura es una institución clave en el sistema judicial del país, encargada de la selección, evaluación y formación de jueces, magistrados y otros operadores de justicia.
Su importancia radica en garantizar la independencia judicial y la transparencia en los procesos de selección de funcionarios judiciales, contribuyendo así a fortalecer el Estado de Derecho. Además, el CNJ es responsable de supervisar el desempeño de los jueces, promoviendo altos estándares éticos y profesionales.

En el ámbito de la capacitación, el CNJ ofrece programas de formación continua para abogados y profesionales del derecho en el país.
A través de cursos, talleres y diplomados, el CNJ busca actualizar y perfeccionar los conocimientos de los abogados salvadoreños, con el fin de mejorar la calidad de la práctica legal y fomentar una cultura de respeto a los derechos humanos y las leyes.
Esta labor es fundamental para asegurar que el sistema judicial sea eficaz, justo y accesible para toda la población.

El nuevo sistema de fotomultas en El Salvador se encuentra en su etapa final de implementación y está a pocos días de comenzar a operar oficialmente. Este mecanismo, impulsado por el Viceministerio de Transporte (VMT), tiene como objetivo mejorar la seguridad vial en el país mediante la automatización de la vigilancia del tráfico.

El vice ministro de transporte, Nelson reyes, explicó esta mañana en una entrevista en el programa frente a frente de TCS, que el sistema de fotomultas ya se encuentra funcional en varias arterias principales de la capital y otras zonas de alta circulación, y será activado oficialmente en los próximos días, permitiendo a las autoridades monitorear y sancionar a conductores que incumplan con los límites de velocidad y otras normativas de tránsito.

La implementación de este sistema es parte de un plan más amplio para modernizar la infraestructura vial y reducir los accidentes de tráfico, que han incrementado de manera significativa en los últimos años. Según el VMT, se espera que las fotomultas no solo contribuyan a la disminución de infracciones, sino también a la creación de una cultura de respeto a las leyes de tránsito.

Además, el sistema está diseñado para garantizar la transparencia y precisión en la emisión de multas, utilizando tecnología avanzada para capturar las imágenes de los vehículos infractores. Las sanciones serán automáticamente enviadas a los conductores a través de medios electrónicos, lo que también permitirá una mayor eficiencia en el cobro de las multas.

Empresarios del sector transporte y movilidad han expresado su interés en el sistema, destacando que puede generar un impacto positivo en la circulación y la seguridad vial, especialmente en áreas comerciales y de alta actividad empresarial. Asimismo, algunos expertos señalan que la correcta aplicación de las fotomultas puede contribuir a mejorar la percepción de seguridad en el país, un factor clave para atraer nuevas inversiones. El gobierno ha reiterado que el sistema de fotomultas será aplicado de manera rigurosa, pero también justa, en un esfuerzo por fomentar el respeto a las normas de tránsito y reducir los accidentes que tanto afectan a la población y a la productividad nacional.

La Alcaldía Municipal de San Salvador Oeste ha emitido una nueva «Ordenanza Transitoria de Dispensa Tributaria para la Exoneración de los Intereses y Multas por Mora Producto de las Tasas Municipales».

Esta medida tiene como objetivo brindar alivio a los contribuyentes morosos y fomentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, ofreciendo la exoneración de intereses y multas generadas por la mora en el pago de tasas municipales.

Los contribuyentes que se encuentren en situación de mora con las tasas municipales de los distritos de Apopa y Nejapa podrán acogerse a esta dispensa tributaria. Esta ordenanza permite a las personas naturales y jurídicas solventar su situación tributaria mediante el pago de sus deudas con una exoneración total de los recargos por intereses moratorios y las multas generadas. La ordenanza estará vigente por un período de 60 días calendario.

Los contribuyentes podrán pagar su deuda en un plan de pago con un mínimo del 30% del monto total, en hasta ocho cuotas, siempre y cuando cada cuota no sea inferior a 20 dólares. Aquellos que puedan pagar la totalidad de la deuda también podrán beneficiarse de esta medida.

Existen ciertas excepciones a la exoneración, como multas impuestas por el Cuerpo de Agentes Metropolitanos y aquellos casos que ya se encuentren firmes en proceso judicial. Las multas relacionadas con la reclasificación de actividad económica también están excluidas de este beneficio.