El Gobierno de El Salvador oficializó la disolución del Instituto de Legalización de la Propiedad (ILP), transfiriendo todas sus funciones al Ministerio de Vivienda. Esta medida busca centralizar los procesos relacionados con la legalización de propiedades para mejorar la coordinación y eficiencia administrativa.
La disolución del ILP fue formalizada mediante el decreto ejecutivo 31 del 17 de diciembre de 2024 y vigente desde el 1 de enero de 2025. La liquidación total del ILP debe completarse antes de marzo de 2025.
Durante este periodo, la institución transferirá al Ministerio de Vivienda todos sus archivos, expedientes, bases de datos, sistemas informáticos, documentos y activos.

Nueva estructura y atribuciones de Vivienda
El Ministerio de Vivienda asume ahora nuevas funciones clave que antes estaban a cargo del ILP:
Garantizar seguridad jurídica sobre la propiedad de la tierra a familias de escasos recursos.
Proveer asistencia técnica a instituciones para la legalización de inmuebles.
Facilitar la regularización de propiedades en tugurios y lotificaciones no autorizadas.
Ejecutar procesos de legalización de derechos de propiedad.
Estas atribuciones fueron aprobadas por el Consejo de Ministros mediante la reforma al Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, el mismo día de la emisión del decreto.

Impacto en el personal y recursos
El ILP contaba con aproximadamente 80 empleados, quienes serán evaluados por el Ministerio de Vivienda para determinar su continuidad según las competencias requeridas.
Los empleados no indispensables recibirán indemnizaciones conforme a la normativa vigente. Además, el patrimonio y los recursos financieros del ILP, que en 2024 ascendieron a $1,545,941, también serán transferidos a Vivienda.

Historia del ILP
Fundado en 1991 como una entidad descentralizada adscrita a la Presidencia de la República, el ILP nació para apoyar en la legalización de propiedades de familias de escasos recursos mediante el programa “El Salvador país de propietarios”.
A lo largo de los años, el ILP fue adquiriendo nuevas facultades, incluyendo la regularización de derechos de propiedad y la calificación de proyectos de interés social. En reformas posteriores, la institución pasó a ser parte del Ministerio de Vivienda.
Durante 2023, el ILP realizó 1,214 escrituraciones individuales, además de brindar servicios de mediciones de inmuebles, elaboración de planos y mantenimiento catastral.
Con la absorción de sus funciones, el Ministerio de Vivienda busca fortalecer los procesos de legalización y regularización de propiedades, beneficiando a más familias y contribuyendo al desarrollo urbano del país.

Con información de Diario El Mundo

Eluzur Rumpler, un ciudadano israelí acusado de someter a sus alumnos a prácticas tortuosas entre 2009 y 2011, permanecerá en prisión preventiva en El Salvador a la espera de ser extraditado a Israel, donde enfrentará cargos por estos delitos. 

La decisión fue tomada por el Juzgado 5° de Paz de San Salvador, según informó la Fiscalía General de El Salvador.

Rumpler, quien era director de una escuela en Israel, está señalado de infligir tormentos físicos y psicológicos a los estudiantes bajo su responsabilidad. Los hechos por los que se le acusa ocurrieron durante su gestión en la institución educativa en los años mencionados.

El fiscal del caso detalló que el Estado de Israel requiere la extradición de Eluzur Rumpler para que enfrente la justicia por los abusos cometidos contra los menores bajo su tutela. La acusación ha causado gran indignación tanto en Israel como en el ámbito internacional.

Por su parte, las autoridades israelíes trabajan en la preparación de la solicitud formal de extradición, que se espera sea presentada en los próximos días.

Mientras tanto, Rumpler continúa bajo custodia en El Salvador, a la espera de que se resuelva su situación legal y se determine si será enviado a Israel para enfrentar los cargos que se le imputan.

En el marco del mes del adulto mayor, celebrado en enero, la Procuraduría General de la República (PGR) recordó que cuenta con servicios especiales y asistencia para este sector vulnerable de la población.
A través de su Unidad de Servicios Itinerantes, la PGR ofrece atención legal gratuita directamente en los hogares de personas mayores o con discapacidad que enfrentan dificultades para desplazarse a alguna de sus 18 sedes distribuidas a nivel nacional.
La PGR es una institución fundamental en la defensa de los derechos e intereses del Estado y de las personas vulnerables.
Desde su creación, ha trabajado en la protección de grupos prioritarios, incluyendo niños, adolescentes, mujeres, pueblos indígenas, personas con discapacidad y adultos mayores. Su función principal es representar legalmente al Estado y brindar asistencia jurídica gratuita a quienes más lo necesitan.
Históricamente, la PGR ha desempeñado un papel clave en la defensa de derechos fundamentales y en la promoción de programas sociales orientados a mejorar la calidad de vida de los sectores más vulnerables. Iniciativas como los Servicios Itinerantes han sido diseñadas para eliminar barreras de acceso a la justicia y garantizar que ningún ciudadano quede excluido de recibir orientación y apoyo legal.
Durante este mes del adulto mayor, la PGR intensifica sus esfuerzos para acercar sus servicios legales a quienes más lo requieren.
La Unidad de Servicios Itinerantes no sólo facilita trámites legales, sino que también ofrece asesoría en temas de derechos patrimoniales, pensiones alimenticias y protección contra abusos o negligencias.

La Ley General de Minería Metálica entró en vigencia el 7 de enero, con lo que está reactivada la exploración, explotación y extracción de metales en el país, tras casi 8 años de prohibición. 

La nueva normativa, sancionada por la a presidencia el 23 de diciembre pasado, derogó la moratoria sobre la minería metálica que había estado vigente desde 2017.

La legislación autoriza la actividad minera en el suelo, subsuelo y el dominio marítimo de El Salvador, sin requerir una concesión aprobada por la Asamblea Legislativa. La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DEHM) será la encargada de regular las operaciones mineras a través de su Dirección de Minas, mientras que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) velarán por la protección de los recursos hídricos y el cumplimiento de las normativas ambientales.

Un aspecto clave de la ley es que establece que solo el Estado podrá realizar la explotación minera, aunque podrá hacerlo a través de sociedades en las que tenga participación accionaria, incluidas las de modalidad de economía mixta. Sin embargo, la legislación no especifica el porcentaje mínimo de participación estatal en estas sociedades.

En cuanto a las restricciones, la ley prohíbe el uso de mercurio en los procesos de extracción, pero no establece limitaciones al uso de cianuro. Además, cualquier otra sustancia química utilizada en la minería deberá ser autorizada por la Dirección de Minas.

Aunque la ley fue sancionada el mismo día de su aprobación por la Asamblea Legislativa, el 23 de diciembre, su publicación en el Diario Oficial se retrasó.

Diversos sectores, especialmente las organizaciones sociales, han manifestado su preocupación sobre las implicaciones de esta nueva legislación, que marca un giro en la política minera del país. 

La reactivación de la minería metálica en El Salvador traerá consigo un nuevo desafío para equilibrar los intereses económicos con la protección del medio ambiente, en un escenario en el que los impactos sociales y ecológicos siguen siendo una preocupación central.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) continúa con su apuesta al rol de los facilitadores judiciales en El Salvador, un servicio que busca acercar la justicia a las comunidades más apartadas del país.
Actualmente, este programa cuenta con 725 facilitadores judiciales distribuidos en 78 municipios de 10 departamentos, abarcando las zonas occidental, central, paracentral y oriental.
Los facilitadores judiciales son líderes comunitarios que actúan como un puente entre la población y el sistema de justicia.
Su principal función es promover la cultura de paz, prevenir conflictos y orientar a las personas sobre los procedimientos legales.

Aunque no tienen la facultad de dictar sentencias ni actuar como abogados, son capacitados por el Organismo Judicial para brindar asesoría básica, resolver disputas menores mediante la mediación y canalizar a las personas hacia las instancias judiciales correspondientes cuando es necesario.
Este servicio se implementa principalmente a través de los Juzgados de Paz, lo que permite que las comunidades urbanas densamente pobladas, las rurales o de difícil acceso puedan recibir orientación legal sin necesidad de trasladarse grandes distancias.
Gracias a la labor de los facilitadores, se fomenta la solución pacífica de conflictos y se fortalece el acceso a la justicia en sectores vulnerables.
La presencia de facilitadores judiciales en distintas regiones del país refleja el compromiso de la Corte Suprema de Justicia con la descentralización de los servicios judiciales y la inclusión social.
Al ofrecer apoyo legal y promover la convivencia pacífica, estos líderes comunitarios contribuyen significativamente a la construcción de una sociedad más justa y equitativa.