El gobierno de Donald Trump mantiene su postura firme respecto a la deportación de Kilmar Ábrego García, el salvadoreño que, según medios de comunicación estadounidenses, fue deportado erróneamente a El Salvador, donde está encarcelado.
Los abogados del Ejecutivo estadounidense han argumentado que no puede ser obligada una nación extranjera a aceptar la repatriación de una persona, en este caso, Ábrego García.
Este sábado, los representantes legales del gobierno Trump expresaron que una orden judicial no puede forzar a un país a recibir a un individuo, y consideraron «constitucionalmente inaceptable» que una corte federal obligue a repatriar a Ábrego García a Estados Unidos.
El joven, quien fue deportado a El Salvador para cumplir una condena en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), ha estado en el centro de una controversia legal debido a su estatus migratorio.
El gobierno de Estados Unidos había reconocido previamente que la deportación de Ábrego García fue un error, dado que el salvadoreño tiene estatus legal en el país. En respuesta a esta situación, la jueza federal Paula Xinis emitió el viernes pasado una orden que instruye al gobierno estadounidense a «facilitar y concretar» el retorno de Ábrego García.
La jueza calificó de «ilegal» la deportación y otorgó un plazo hasta el lunes 7 de abril a las 11:59 p.m. para que la repatriación se lleve a cabo.
Sin embargo, los abogados del gobierno de Trump sostienen que una orden judicial que exige a un gobierno interactuar de manera específica con otro país es «constitucionalmente intolerable».
Erez Reuveni, abogado del Departamento de Justicia, manifestó su frustración por la situación, subrayando que Ábrego «no debió haber sido deportado» y lamentó la falta de respuestas claras sobre el caso.
Kilmar Ábrego García, de 29 años, llegó a Estados Unidos en 2019 bajo un estatus migratorio protegido, tras argumentar que huía de amenazas de pandillas en El Salvador.
A pesar de su estatus legal, la administración Trump sostiene que Ábrego pertenece a la pandilla MS13, una acusación que ha generado polémica y ha intensificado el debate sobre la legalidad de su deportación.

ECIJA El Salvador, uno de los despachos legales más destacados del país, celebró con gran éxito la inauguración de su nueva sede corporativa, marcando un importante avance en su trayectoria y consolidando su posición como líder en el ámbito legal de la región.
Este importante evento, que refleja su crecimiento sostenido y su firme compromiso con la excelencia, también coincidió con un momento trascendental: la reciente fusión estratégica de ECIJA con LEXARTIS.

Un entorno moderno para impulsar el futuro del Derecho
Las nuevas oficinas están diseñadas con un enfoque vanguardista, brindando un entorno de trabajo moderno y funcional que potenciará aún más la calidad y eficiencia de los servicios legales que ofrece ECIJA El Salvador.
En este espacio innovador, la firma continuará brindando soluciones legales especializadas en áreas clave como derecho corporativo, protección de datos, propiedad intelectual, tecnología y más. Con una visión clara hacia el futuro, ECIJA El Salvador apoya el crecimiento y la transformación digital de sus clientes, tanto en el país como en la región.

Compromiso con la innovación y el crecimiento regional
El evento de inauguración fue presidido por Alfredo Navas Duarte y Francisco Molina, socios directores de ECIJA, quienes destacaron la relevancia de este logro dentro del plan estratégico de expansión de la firma.
Ambos enfatizaron que la fusión con LEXARTIS ha reforzado significativamente su capacidad para ofrecer servicios legales de primer nivel, alineados con las necesidades actuales de un entorno empresarial cada vez más dinámico y globalizado.
Este nuevo capítulo en la historia de ECIJA El Salvador refleja el firme compromiso de la firma con el desarrollo del ecosistema empresarial del país, con un enfoque claro en la innovación y en ofrecer soluciones legales de vanguardia que impulsan el crecimiento sostenible de sus clientes.

Un encuentro de visión global
La inauguración no sólo fue una oportunidad para recorrer las modernas instalaciones, sino también para estrechar lazos dentro de la red global de ECIJA.
El evento contó con la presencia de socios de ECIJA Guatemala, México, Nicaragua y Colombia, quienes participaron activamente en esta celebración, reforzando así la visión de crecimiento regional y consolidando una red de colaboración estratégica en América Latina.
Además, la inauguración fue acompañada por figuras clave del ámbito gubernamental y empresarial, entre ellas la ministra de Economía, María Luisa Hayem, y el ministro de Educación, José Mauricio Pineda, quienes expresaron su apoyo al crecimiento y consolidación de ECIJA en El Salvador.
La presencia de representantes de diversas industrias también subrayó la importancia de este evento para el ecosistema empresarial del país.

ECIJA El Salvador: Un socio estratégico para el éxito legal y empresarial
Con más de 16 años de presencia internacional, ECIJA es una firma legal de renombre, conocida por su enfoque innovador y especializado en diversas ramas del derecho.
En El Salvador, esta se ha consolidado como un referente clave para empresas y particulares, brindando soluciones legales integrales que abarcan desde el derecho corporativo hasta la protección de datos y la propiedad intelectual.
La reciente fusión con LEXARTIS ha permitido a ECIJA El Salvador ofrecer una oferta aún más robusta, consolidando su liderazgo en el mercado y proporcionando a sus clientes soluciones legales a medida, adaptadas a los retos del mundo empresarial actual.

El magistrado de la Sala de lo Constitucional, Héctor Nahun Martínez García, participó en una visita a la Aduana Marítima del Puerto de Acajutla. Esta actividad se enmarca dentro del Diplomado en Anticorrupción Aduanera, que busca fortalecer los conocimientos técnicos y jurídicos en materia aduanera, con un enfoque en la lucha contra la corrupción en este sector.

La jornada estuvo centrada en el análisis de temas como la obligación tributaria aduanera y las implicaciones del comercio exterior. El Diplomado, en el que participan jueces y colaboradores de las jurisdicciones Contencioso Administrativa y Penal, abordó el módulo III, titulado «Obligación Tributaria Aduanera». 

Este módulo permitió a los participantes profundizar en cuestiones esenciales, como los tributos relacionados con las operaciones de comercio internacional, la clasificación arancelaria y el origen de las mercancías.

Como parte de la actividad, los asistentes tuvieron la oportunidad de recorrer las instalaciones del puerto y observar los procesos operativos de carga y descarga de contenedores, lo que les permitió conectar de manera práctica los conocimientos adquiridos con los procesos reales que se desarrollan en el ámbito aduanero.

A esta visita asistieron Berta Nayelly Loya, jefa de la Oficina País de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito; Mylène Paradis, embajadora de Canadá; Benjamín Mayorga, director general de Aduanas; Luis Canto, gerente general de la Unión Portuaria del Pacífico; y Miguel Ángel Calero, presidente del Consejo Nacional de Judicatura, quien estuvo acompañado de los consejales del pleno.

Este tipo de actividades refuerzan la cooperación entre las diversas instituciones involucradas en la gestión aduanera y promueven la integración de esfuerzos en la lucha contra la corrupción en este campo clave para la economía nacional.

Costa Rica busca revitalizar su imagen de país seguro mediante la adopción de estrategias exitosas contra la violencia. Una delegación del gobierno costarricense, encabezada por el ministro de Justicia y Paz, Ronald Campos Valverde, y el viceministro Juan Carlos Arias Agüero, visita El Salvador para estudiar el modelo de seguridad implementado bajo la administración del presidente Nayib Bukele.

Durante su visita a San Salvador, los representantes costarricenses se reunieron con el ministro de Justicia y Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, quien compartió con ellos las experiencias y políticas que han transformado la situación de seguridad en el país centroamericano. 

Entre las principales estrategias destacaron el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, herramientas que han permitido a El Salvador reducir de manera drástica los índices de criminalidad y convertir al país en un referente de seguridad en la región.

“El Salvador es un ejemplo de cómo se pueden recuperar los niveles de seguridad que todos deseamos. Costa Rica también quiere ser un país seguro, un país de paz», comentó Campos Valverde durante una rueda de prensa conjunta con Villatoro. 

El ministro de Justicia y Paz costarricense también destacó el interés de su gobierno por utilizar los recursos necesarios para erradicar la violencia y enviar a prisión a aquellos que no respetan la ley.

En cuanto a las experiencias compartidas, Villatoro enfatizó que las políticas de seguridad de El Salvador se basan en datos y resultados concretos, no solo en discursos. 

«Es un honor poder compartir nuestra experiencia con Costa Rica, un país que siempre fue un referente de paz y seguridad, y ahora también enfrenta los retos de la violencia», expresó Villatoro.

Costa Rica afronta un problema de inseguridad sin precedentes, con la violencia criminal marcada por el narcotráfico.

Una jueza federal de Maryland, Estados Unidos, emitió una orden que obliga al gobierno de Estados Unidos a repatriar a Kilmar Ábrego García, un salvadoreño que fue deportado por error por la administración de Donald Trump y que permanece encarcelado en una prisión de máxima seguridad. La decisión establece que Ábrego García debe ser devuelto a Estados Unidos antes de las 11:59 p.m. del 7 de abril.

Ábrego García, de 29 años, fue arrestado el pasado 12 de marzo en el estacionamiento de una tienda Ikea en Maryland, a solo menos de dos kilómetros de su hogar, mientras su hijo autista de 5 años lo esperaba en el vehículo. 

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, se limitó a responder en su popular cuenta de X con un “gif” de un conejo asombrado ante la noticia.

La jueza Paula Xinis, quien dictó la sentencia, calificó la deportación como un «acto ilegal» y cuestionó las razones por las cuales se había tomado la decisión de enviarlo a El Salvador.

En 2019, un juez de inmigración había otorgado a Ábrego García una protección que impedía su deportación a su país de origen, debido a las amenazas de pandilleros que enfrentaba en El Salvador. Además, desde entonces había recibido un permiso de trabajo emitido por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. 

A pesar de esa protección, Ábrego fue deportado y enviado al Centro de Confinamiento para Terroristas (Cecot), una prisión de alta seguridad en El Salvador, conocida por las graves violaciones a los derechos humanos que ocurren en su interior.

La jueza Xinis expresó su preocupación por las condiciones en esa prisión, indicando que era inaceptable que Ábrego García hubiera sido enviado allí. La magistrada también enfatizó que la deportación había sido irregular, a pesar de que el gobierno de Trump había reconocido públicamente que se trató de un «error administrativo».

Este caso ha generado un amplio rechazo en Estados Unidos, especialmente entre los defensores de los derechos de los inmigrantes, quienes consideran que el gobierno está cometiendo injusticias contra personas con permisos legales para residir en el país. A pesar de los intentos de la Casa Blanca de vincular a Ábrego García con la pandilla MS-13, su familia y abogados han negado estas acusaciones, alegando que se basan en una declaración de un informante confidencial sin pruebas concretas. Además, los abogados insisten en que Ábrego nunca ha vivido en Nueva York, como afirman algunos funcionarios.

Los abogados de Ábrego García, en sus presentaciones ante los tribunales, subrayaron que el gobierno de Estados Unidos debe corregir su error, advirtiendo que si no lo hace, las órdenes de los tribunales de inmigración perderían validez. 

Simón Sandoval-Moshenberg, abogado de la defensa, destacó que el gobierno de Estados Unidos ha estado pagando al gobierno salvadoreño para mantener a Ábrego García encarcelado, lo que plantea la posibilidad de que su repatriación pueda llevarse a cabo rápidamente. Según Sandoval-Moshenberg, Estados Unidos tiene la capacidad de solicitar el regreso de Ábrego García de manera efectiva, basándose en acuerdos previos para corregir errores de deportación

Una jueza federal de Maryland, Estados Unidos, emitió una orden que obliga al gobierno de Estados Unidos a repatriar a Kilmar Ábrego García, un salvadoreño que fue deportado por error por la administración de Donald Trump y que permanece encarcelado en una prisión de máxima seguridad. La decisión establece que Ábrego García debe ser devuelto a Estados Unidos antes de las 11:59 p.m. del 7 de abril.

Ábrego García, de 29 años, fue arrestado el pasado 12 de marzo en el estacionamiento de una tienda Ikea en Maryland, a solo menos de dos kilómetros de su hogar, mientras su hijo autista de 5 años lo esperaba en el vehículo. 

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, se limitó a responder en su popular cuenta de X con un “gif” de un conejo asombrado ante la noticia.

La jueza Paula Xinis, quien dictó la sentencia, calificó la deportación como un «acto ilegal» y cuestionó las razones por las cuales se había tomado la decisión de enviarlo a El Salvador.

En 2019, un juez de inmigración había otorgado a Ábrego García una protección que impedía su deportación a su país de origen, debido a las amenazas de pandilleros que enfrentaba en El Salvador. Además, desde entonces había recibido un permiso de trabajo emitido por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. 

A pesar de esa protección, Ábrego fue deportado y enviado al Centro de Confinamiento para Terroristas (Cecot), una prisión de alta seguridad en El Salvador, conocida por las graves violaciones a los derechos humanos que ocurren en su interior.

La jueza Xinis expresó su preocupación por las condiciones en esa prisión, indicando que era inaceptable que Ábrego García hubiera sido enviado allí. La magistrada también enfatizó que la deportación había sido irregular, a pesar de que el gobierno de Trump había reconocido públicamente que se trató de un «error administrativo».

Este caso ha generado un amplio rechazo en Estados Unidos, especialmente entre los defensores de los derechos de los inmigrantes, quienes consideran que el gobierno está cometiendo injusticias contra personas con permisos legales para residir en el país. A pesar de los intentos de la Casa Blanca de vincular a Ábrego García con la pandilla MS-13, su familia y abogados han negado estas acusaciones, alegando que se basan en una declaración de un informante confidencial sin pruebas concretas. Además, los abogados insisten en que Ábrego nunca ha vivido en Nueva York, como afirman algunos funcionarios.

Los abogados de Ábrego García, en sus presentaciones ante los tribunales, subrayaron que el gobierno de Estados Unidos debe corregir su error, advirtiendo que si no lo hace, las órdenes de los tribunales de inmigración perderían validez. 

Simón Sandoval-Moshenberg, abogado de la defensa, destacó que el gobierno de Estados Unidos ha estado pagando al gobierno salvadoreño para mantener a Ábrego García encarcelado, lo que plantea la posibilidad de que su repatriación pueda llevarse a cabo rápidamente. Según Sandoval-Moshenberg, Estados Unidos tiene la capacidad de solicitar el regreso de Ábrego García de manera efectiva, basándose en acuerdos previos para corregir errores de deportación.