El Gobierno solicitó este martes a la Asamblea Legislativa aprobar una reforma constitucional para permitir la cadena perpetua en El Salvador contra personas condenadas por homicidio, violación y terrorismo.

El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, presentó una pieza de correspondencia que propone modificar el artículo 27 de la Constitución. La iniciativa busca habilitar penas perpetuas exclusivamente para responsables de esos delitos graves.

Según explicó el funcionario, la propuesta responde a una petición directa del presidente Nayib Bukele. Además, incluye reformas complementarias al Código Penal y a otras leyes para ajustar el marco jurídico vigente.

Reforma constitucional para permitir cadena perpetua

La propuesta plantea modificar el inciso segundo del artículo 27 de la Constitución. Actualmente, la legislación salvadoreña prohíbe las penas perpetuas.

Con el cambio, el Gobierno pretende permitir la cadena perpetua únicamente para homicidas, violadores y terroristas. Asimismo, el Ejecutivo prevé reformas en la Ley Penal Juvenil, la Ley contra Actos de Terrorismo y otras normas relacionadas.

De acuerdo con Villatoro, el gabinete de Seguridad y la Fiscalía analizaron previamente los comportamientos de homicidios y delitos sexuales antes de presentar la iniciativa.

Argumentos del Ejecutivo sobre seguridad

Durante la presentación, Villatoro afirmó que el Ejecutivo busca fortalecer el sistema penal frente a delitos graves. También señaló que el Gobierno mantiene su estrategia de seguridad contra estructuras criminales.

El ministro aseguró que la reforma pretende reforzar la protección de la población. Según sus declaraciones, el país aspira a eliminar la presencia de homicidas y violadores en las comunidades.

Asimismo, sostuvo que la medida forma parte de una revisión del sistema de justicia penal y de las leyes vinculadas a la seguridad pública.

Asamblea Legislativa analizaría la propuesta

El presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, Ernesto Castro, confirmó que el órgano legislativo recibió la iniciativa de reforma constitucional.

Castro indicó que la Asamblea podría conocer la propuesta durante la sesión plenaria del mismo día. Para presentar formalmente la pieza se requieren al menos diez firmas de diputados.

Posteriormente, la Comisión Política analizará la reforma para su eventual ratificación. Además, el Legislativo prevé convocar al Gabinete de Seguridad para explicar los fundamentos de la propuesta y las reformas legales asociadas.

Mientras tanto, la sesión plenaria continúa en desarrollo y la iniciativa aún no ha sido ingresada formalmente al pleno.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador declaró improcedente una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 46 de la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones.

Cuatro ciudadanos solicitaron al tribunal que invalidara la norma, al considerar que permite la grabación unilateral de llamadas telefónicas y que esto vulnera derechos constitucionales como el honor y la intimidad.

Sin embargo, los magistrados concluyeron que la solicitud no cumplía con los requisitos necesarios para abrir un proceso de control constitucional.

La resolución

La decisión quedó registrada en la resolución 57-2025, firmada por los magistrados Henry Alexander Mejía, Luis Suárez Magaña, Elsy Dueñas, Héctor Nahum Martínez y Ramón Iván García.

El tribunal emitió el fallo el 13 de marzo de 2026.

Según el documento, la demanda carecía de un contraste normativo debidamente argumentado, requisito indispensable para analizar una posible inconstitucionalidad.

Los magistrados indicaron que los demandantes no explicaron con claridad cómo la norma impugnada vulnera los derechos al honor o a la intimidad personal.

Qué establece el artículo cuestionado

El recurso buscaba invalidar el artículo 46 de la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones.

Esta disposición establece que la grabación de telecomunicaciones autorizada por uno de los participantes de la comunicación no se considera una intervención ilegal.

Además, la ley señala que esas grabaciones pueden utilizarse como prueba en procesos judiciales, siempre que cumplan con las reglas generales de valoración de prueba.

Argumentos presentados por los demandantes

Los ciudadanos argumentaron que el artículo vulnera el artículo 2 de la Constitución, que reconoce el derecho al honor y a la intimidad personal.

También afirmaron que la grabación unilateral de llamadas podría facilitar abusos o manipulaciones que afecten estos derechos.

No obstante, la Sala concluyó que la demanda no explicó de forma concreta cómo la norma produce esas supuestas vulneraciones.

El artículo 46 de la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones se mantiene vigente y sin cambios.

La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla declaró la existencia de enriquecimiento ilícito del exdiputado y exalcalde de Santa Tecla, Roberto d’Aubuisson Munguía, y de su grupo familiar.

La resolución concluyó que los demandados no justificaron legalmente el origen de varios fondos patrimoniales detectados durante el proceso judicial.

Según el fallo, el incremento patrimonial ocurrió mientras d’Aubuisson ejerció cargos públicos. Primero fue diputado propietario por el departamento de La Libertad entre 2012 y 2015.

Posteriormente, el tribunal analizó su gestión como alcalde de Santa Tecla durante dos períodos consecutivos, entre 2015 y 2018 y entre 2018 y 2021.

En ambos casos ocupó el cargo bajo la bandera de Alianza Republicana Nacionalista.

Tribunal ordena devolver casi un millón de dólares

La resolución judicial establece que el monto total a restituir al Estado asciende a $990,396.99, correspondiente al incremento patrimonial que no pudo justificarse.

El tribunal ordenó que d’Aubuisson reintegre $450,729.39.

Además, su cónyuge Jacqueline López de d’Aubuisson deberá devolver $511,247.73.

Asimismo, la sentencia establece que Johana d’Aubuisson López deberá reintegrar $12,939.87. Por su parte, José Roberto d’Aubuisson López deberá devolver $15,480.

Análisis de pruebas financieras y patrimoniales

La Cámara Ambiental indicó que la decisión se basó en la valoración de diversas pruebas presentadas durante el proceso.

Entre ellas figuran pericias financieras, registros patrimoniales y otros documentos analizados por el tribunal.

Tras revisar ese material probatorio, la instancia judicial confirmó la responsabilidad civil del grupo familiar por el incremento patrimonial no justificado.

Inhabilitación para ejercer cargos públicos

Además de la devolución del dinero, el tribunal impuso una sanción adicional al exfuncionario.

La sentencia ordena la inhabilitación de José Roberto d’Aubuisson Munguía para ejercer cargos públicos durante diez años.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador emitió una resolución que fija criterios éticos y legales para el uso de la inteligencia artificial generativa en instituciones públicas y en el sistema judicial.

La decisión se adoptó el 13 de marzo de 2026 dentro del proceso de inconstitucionalidad 57-2025. El caso surgió después de que ciudadanos utilizaron inteligencia artificial para redactar una demanda.

Ante esa situación, el tribunal analizó el alcance del uso de esta tecnología. Además, explicó qué se entiende por inteligencia artificial, cuáles son sus tipos y cómo funciona.

Análisis de la relación entre inteligencia artificial y derechos fundamentales

Durante el proceso, la Sala revisó normas nacionales e internacionales sobre el desarrollo y uso de inteligencia artificial.

El tribunal también examinó cómo estas herramientas interactúan con los derechos fundamentales de las personas.

Según la resolución, la inteligencia artificial puede ofrecer beneficios en la gestión pública. Sin embargo, también puede generar riesgos si no existen controles adecuados.

Por ello, la Sala subrayó la necesidad de aplicar criterios éticos y jurídicos en su implementación.

Uso de inteligencia artificial en la administración pública

La resolución indicó que la inteligencia artificial puede agilizar trámites, mejorar la eficiencia institucional y apoyar la gestión pública.

No obstante, el tribunal advirtió que el uso de sistemas automatizados debe evitar riesgos como la discriminación algorítmica causada por sesgos en los sistemas.

Por esa razón, las instituciones deben aplicar controles que garanticen transparencia y respeto a los derechos ciudadanos.

Límites al uso de IA en la administración de justicia

En el ámbito judicial, la Sala señaló que toda persona tiene derecho a un juez humano y a un procurador humano.

Por lo tanto, el uso de inteligencia artificial en tribunales debe mantenerse bajo supervisión humana obligatoria.

El tribunal estableció varios principios para el uso responsable de esta tecnología. Entre ellos destacan transparencia, responsabilidad, privacidad, control humano y prevención de riesgos.

Además, incluyó criterios de igualdad, verificación, ética, buenas prácticas y adaptación constante.

Con esta resolución, la Sala busca equilibrar el avance tecnológico con las obligaciones del Estado y la protección de los derechos de los ciudadanos.

La Corporación de Exportadores de El Salvador firmó un convenio de cooperación con la Dirección General de Aduanas de El Salvador para fortalecer el Programa Operador Económico Autorizado (OEA-SV).

El acuerdo busca mejorar la seguridad de la cadena logística y facilitar el comercio exterior en El Salvador. Además, promueve una mayor coordinación entre el sector exportador y las autoridades aduaneras.

Según ambas instituciones, el convenio permitirá impulsar acciones conjuntas para ampliar la participación de empresas en este esquema de certificación internacional.

Programa OEA busca fortalecer la cadena logística

El programa Operador Económico Autorizado promueve estándares de seguridad y cumplimiento en las operaciones de comercio internacional.

Las empresas certificadas acceden a procesos logísticos más ágiles y seguros. Además, el sistema facilita el intercambio comercial con otros países.

Durante la firma, la presidenta de COEXPORT, Silvia Cuéllar, destacó que la alianza fortalece el vínculo entre el sector público y el privado.

También señaló que el acuerdo fomenta la adopción de estándares internacionales, lo que permite a las empresas mejorar sus procesos logísticos y aumentar su competitividad en mercados internacionales.

Aduanas busca modernizar la gestión del comercio

Por su parte, el director general de Aduanas, Benjamín Mayorga, afirmó que el convenio representa un paso estratégico para consolidar una aduana moderna y eficiente.

El funcionario explicó que el acuerdo impulsará capacitaciones, difusión del programa e intercambio de información entre las instituciones.

Además, indicó que estas acciones buscan aumentar el número de empresas salvadoreñas certificadas en el esquema OEA.

Mayorga también señaló que la cooperación con el sector exportador permitirá avanzar hacia una gestión aduanera basada en la confianza, la seguridad logística y la facilitación del comercio exterior.