La Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió una nueva advertencia dirigida principalmente a los abogados, aunque aplica en términos generales a diferentes profesiones, instándolos a estar atentos a diversas señales de alerta en el ejercicio profesional.

Este llamado busca fortalecer la prevención de actividades ilícitas, como el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

La CSJ señaló que ciertas acciones pueden considerarse atípicas y fuera de lo normal en la práctica legal, y es crucial que los profesionales estén atentos a ellas sean para identificarlas.

Entre las principales señales de alerta destacan:

Factores relacionados con el cliente: Los abogados deben prestar especial atención a las operaciones que no coinciden con la capacidad económica y el perfil del cliente. Esto incluye casos donde los ingresos o la actividad económica del cliente no justifican las transacciones que están realizando.

Factores relacionados con el servicio ofrecido: Se han identificado riesgos en situaciones donde los clientes realizan la compra de bienes inmuebles y efectúan el pago inicial en efectivo. Esta práctica, que puede parecer inusual, debe ser evaluada detenidamente, ya que podría ser indicativa de intentos de ocultar la procedencia de los fondos.

Factores geográficos: La CSJ también advierte sobre el origen de los clientes. Aquellos que provienen de países considerados de alto riesgo deben ser objeto de un escrutinio más riguroso. Las transacciones que involucran a personas de estas naciones pueden estar más propensas a actividades delictivas.

La advertencia de la CSJ insiste en la responsabilidad que tienen los abogados no solo de asesorar a sus clientes, sino también de actuar como guardianes del sistema legal, protegiendo la integridad del mismo al detectar y reportar posibles irregularidades.

El llamado a la vigilancia no es solo una medida preventiva, sino una obligación ética y legal que busca preservar la confianza en el sistema judicial de El Salvador.

La Corte Suprema enfatiza que la colaboración de los abogados es fundamental en la lucha contra la criminalidad organizada y la corrupción.

En un contexto donde la seguridad y la transparencia son prioridades, este recordatorio de la CSJ pone de manifiesto la necesidad de que los profesionales del derecho mantengan altos estándares en su práctica y estén alerta ante cualquier señal que pudiera comprometer la integridad del sistema.

La Corte Suprema de Justicia emitió un mensaje dirigido a los abogados y notarios del país, enfatizando la necesidad de implementar buenas prácticas para evitar su instrumentalización en el delito de lavado de dinero y activos.

Este llamado se enmarca en el contexto de un creciente enfoque en la prevención de actividades ilícitas que socavan la integridad del sistema financiero y legal.

Los abogados y notarios, como profesionales del derecho, desempeñan un papel crucial en la estructura legal del país, pero también pueden ser utilizados, sin saberlo, como herramientas para facilitar el lavado de dinero.

La Corte ha identificado varias prácticas comunes que podrían poner en riesgo la integridad de estos profesionales y, por ende, del sistema judicial.

Una de las formas más alarmantes de instrumentalización es la constitución de sociedades como negocios de fachada. Estos profesionales pueden, mediante sus oficios notariales, crear entidades que sirven únicamente como un vehículo para la entrada de fondos ilegales, ocultando así el verdadero origen del dinero.

Además, la creación de estructuras legales complejas puede dificultar el rastreo de los beneficiarios finales de las transacciones.

Este tipo de maniobras no solo compromete a los abogados y notarios, sino que también representa un desafío significativo para las autoridades en su labor de investigación y prevención del delito.

El asesoramiento legal también puede ser un punto crítico. Si bien es parte de su función ofrecer orientación, algunos abogados podrían inadvertidamente ayudar a sus clientes a llevar a cabo transacciones que aparentan ser legales, pero que en realidad están diseñadas para encubrir actividades ilícitas.

Finalmente, la compra y venta de inmuebles es otro ámbito de riesgo. Los notarios, al llevar a cabo escrituras de compraventa de bienes a precios inusuales, pueden facilitar la legitimación de dinero proveniente de actividades delictivas, lo que refuerza la necesidad de que estos profesionales ejerzan un control riguroso sobre las operaciones que manejan.

La Corte Suprema ha subrayado que la aplicación de buenas prácticas es esencial para mitigar estos riesgos.

Esto incluye la capacitación constante de los profesionales del derecho en materia de prevención del lavado de activos, así como la adopción de medidas que garanticen la transparencia y la legalidad en sus operaciones.

Con este mensaje, la Corte busca no solo proteger a los abogados y notarios de ser cómplices involuntarios en el lavado de dinero, sino también salvaguardar la confianza pública en el sistema judicial y financiero del país.

La prevención del lavado de activos es una responsabilidad compartida que requiere la colaboración de todos los actores involucrados en el ejercicio de la ley.

La Fiscalía General llevó a cabo un operativo en el que capturó a por los menos 11 personas acusados de compartir material pornográfico infantil. Esta acción se enmarca en una alerta regional sobre una red de pedofilia que opera desde África.

Las detenciones fueron realizadas por la Unidad de Atención Especializada para la Mujer, Niñez y Adolescencia, en colaboración con la Policía Nacional Civil. Las detenciones en diferentes localidades del país, incluyendo San Miguel, Cuscatlán, La Paz, La Libertad y San Salvador.

Los capturados son:

• Adonis Adalberto Magaña (San Miguel)
• Jefferson David Blanco Caballero (Cuscatlán)
• Marcos Olayo Cortez Domínguez (La Paz)
• Luis Ernesto González (Cuscatlán)
• Boris David Torres (La Libertad)
• Óscar Ernesto Ayala Martínez (San Salvador)
• Marlon Daniel González Iraheta (La Libertad)
• Jonathan Stanley Quijada (La Libertad)
• Diego Alfonso Martínez (La Libertad)
• Brandon Monge Panameño (San Salvador)
• Kelvin Rafael Paz Hércules (San Salvador)

Durante el operativo, las autoridades decomisaron una cantidad significativa de dispositivos electrónicos, incluyendo celulares, memorias USB, laptops, CPU y tablets, que se utilizarán como parte de la investigación.

Los detenidos enfrentarán cargos por delitos relacionados con la posesión de pornografía infantil a través de tecnologías de comunicación, así como por la adquisición o posesión de material pornográfico que involucra a menores de edad o personas con discapacidad.

Se espera que los detenidos sean presentados ante los juzgados competentes en los próximos días, en un esfuerzo por combatir y erradicar estas prácticas delictivas en el país.

(Entradilla)

El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Dr. Henry Alexander Mejía, sostuvo una reunión de cortesía con Raúl Salazar, coordinador residente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en El Salvador.

Este encuentro, que tuvo lugar en la sede de la Corte, se centró en la reafirmación del compromiso hacia la mejora continua en la administración de justicia en el país y en el fortalecimiento de los lazos de amistad entre ambas instituciones.

Durante la reunión, Mejía y Salazar coincidieron en la importancia de la colaboración internacional en la promoción de un sistema judicial más eficiente y accesible para todos los salvadoreños.

Tanto la CSJ como la ONU buscan fortalecer el estado de derecho y garantizar el acceso a la justicia.

La Fiscalía General de la República (FGR) se sumó al esfuerzo para evitar que personas bajo la influencia de bebidas embriagantes o drogas estén al timón, con un mensaje breve pero fuerte: “El alcohol al conducir solo te traerá problemas, tú decides: tomar o tu libertad”.

Compartido en redes sociales acompañado de una fotografía en la que un policía de tránsito arresta a un conductor temerario, la FGR agrega un hashtag, “ahórrate la pena”.

El Viceministerio de Transporte, por medio de la Policía Nacional Civil (PNC) mantiene una campaña permanente de operativos para detectar motoristas alcoholizados y sacarlos de circulación.

Además, este anuncio se produce en un contexto donde las cifras de arrestos por conducción peligrosa han aumentado notablemente.

El viceministro de Transporte, Nelson Reyes, informó que en lo que va de 2024 se han registrado más de 1,800 detenciones por esta infracción, lo que representa un incremento de 447 casos en comparación con el año anterior.

“Las conductas irresponsables en nuestra cultura vial, como conducir en estado de ebriedad, deben ser atacadas con firmeza. Este año, hemos visto un aumento significativo en las detenciones», afirmó Reyes.

Sólo el pasado fin de semana, el Viceministerio de Transporte (VMT) detuvo a 38 conductores bajo los efectos del alcohol en varios puntos de control establecidos en el país. “Conducir en estado de ebriedad no solo es una infracción, sino un delito tipificado en el Código Penal, que conlleva penas de prisión de cuatro a seis años», dijo el viceministro.

¿Cuáles son las consecuencias de ser conductor peligroso?

Cuando un conductor supera los 100 mg de alcohol en el organismo, por ley es detenido. El nivel se determina en los controles antidopaje por medio de aparatos especiales en los que el motorista sopla una boquilla.

Y más allá del escarnio público de ser exhibido en redes sociales por las autoridades, hay consecuencias legales:

Detención: El conductor puede ser detenido si se determina que su nivel de alcohol en el aire espirado supera el límite antes mencionado.

Sanciones penales: Conducir en estado de ebriedad es considerado un delito, según el Código Penal. Las penas pueden variar de cuatro a seis años de prisión.

Retiro de placas: La PNC procederá al decomiso de las placas del vehículo.

Curso de educación vial: El detenido deberá asistir a un curso de educación vial para recuperar su licencia de conducir.

Multas: Además de las sanciones penales, el conductor puede enfrentar multas económicas.
Antecedentes penales: Una condena puede dejar antecedentes penales, lo que podría afectar futuras oportunidades laborales y otros aspectos de la vida del individuo.