La Procuraduría General de la República (PGR) y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) acordaron coordinar acciones para prevenir y mediar conflictos durante los comicios de 2027.

El procurador general, René Escobar, y la presidenta del TSE, Roxana Soriano, firmaron el convenio de cooperación interinstitucional.

El acuerdo permitirá a la Procuraduría General de la República intervenir en la prevención, atención y mediación de controversias electorales.

La PGR acompañará momentos clave del proceso, desde la jornada de votación hasta el procesamiento de los resultados.

También participará durante los escrutinios preliminar y final, según la información divulgada por el TSE.

Escobar confirmó que el convenio incluye la transmisión, procesamiento y escrutinio de los resultados electorales.

Personal especializado recibirá capacitación

El TSE capacitará al personal que la Procuraduría designe para cumplir estas funciones.

Además, el organismo electoral proporcionará herramientas para su formación y acreditación.

El tribunal también ofrecerá apoyo logístico para facilitar la participación de los funcionarios de la PGR.

De esta manera, ambas instituciones buscan establecer mecanismos de coordinación ante posibles disputas durante las elecciones de 2027.

El acuerdo busca prevenir disputas electorales

El convenio contempla la atención de conflictos entre distintos actores del proceso electoral.

Entre ellos figuran partidos políticos, organismos electorales temporales, juntas de vigilancia y ciudadanos.

La presidenta del TSE destacó la prevención y el diálogo como mecanismos para resolver controversias de manera pacífica.

Soriano afirmó que el acuerdo crea un espacio institucional para fortalecer la mediación y el diálogo durante el proceso electoral.

Las instituciones señalaron que ya cuentan con experiencias previas de coordinación en procesos electorales.

El nuevo convenio amplía esa cooperación de cara a las elecciones de 2027 en El Salvador.

Una delegación de expertos de Belice conoció la experiencia de El Salvador en ciencias forenses durante una visita al Instituto de Medicina Legal.

El encuentro forma parte del proceso de diseño de un nuevo complejo para el Servicio Nacional de Ciencias Forenses de Belice.

Durante la jornada, especialistas salvadoreños presentaron los servicios, instalaciones y prácticas que desarrolla la institución.

El proyecto busca ampliar las capacidades forenses

La delegación beliceña recibió información sobre el funcionamiento del Instituto de Medicina Legal y sus áreas especializadas.

El objetivo del intercambio es aportar elementos técnicos para el desarrollo de la nueva infraestructura forense en Belice.

Además, ambas partes identificaron oportunidades para fortalecer la cooperación y la asistencia en ciencias forenses.

Alejandro Antonio Quinteros Espinoza, presidente de la Sala de lo Penal y del Consejo Directivo del instituto, destacó el valor del intercambio.

El funcionario señaló que la institución busca compartir aspectos técnicos de su trabajo y su experiencia en infraestructura especializada.

Expertos presentan seis áreas de trabajo

Las jefaturas técnicas del Instituto de Medicina Legal realizaron presentaciones sobre los servicios periciales que ofrece la institución.

Entre las áreas expuestas figuran Patología Forense, Antropología Forense y Biología Forense.

También presentaron los servicios de Química Forense y Clínica Forense. Además, explicaron el trabajo de Atención a Víctimas y Usuarios.

Estos servicios forman parte del apoyo técnico que el instituto brinda a la administración de justicia.

Cooperación apunta a capacidades médico-legales

Pedro Hernán Martínez Vásquez, director general del instituto, destacó la posibilidad de ampliar la cooperación entre las instituciones.

El funcionario señaló que el intercambio puede generar nuevas oportunidades para desarrollar capacidades médico-legales y forenses.

La visita también permitió conocer aspectos relacionados con infraestructura especializada y organización de servicios periciales.

El Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) y el Organismo de Mejora Regulatoria (OMR) de El Salvador acordaron trabajar de forma conjunta para modernizar procesos y fortalecer la gestión pública.

Ambas instituciones formalizaron la cooperación mediante una Carta de Entendimiento que incluye capacitación, intercambio técnico y desarrollo de herramientas para mejorar los procesos normativos y administrativos.

Capacitación abordará nuevas herramientas de gestión

El acuerdo permitirá que funcionarios y empleados del CNJ reciban formación en áreas vinculadas con la mejora regulatoria.

Entre ellas figura el análisis de impacto regulatorio, una herramienta que permite evaluar los posibles efectos de nuevas normas antes de su aplicación.

También contempla capacitación sobre herramientas tecnológicas y modernización de procesos.

El personal del CNJ y de la Escuela de Capacitación Judicial “Dr. Arturo Zeledón Castrillo” podrá incorporarse a actividades formativas organizadas por el OMR.

También habrá intercambio entre ambas instituciones
La cooperación no se limitará a programas de capacitación. El documento contempla talleres, jornadas técnicas y espacios académicos para compartir experiencias.

Además, ambas entidades podrán intercambiar metodologías, documentación y buenas prácticas relacionadas con sus áreas de trabajo.

El CNJ también facilitará que servidores del OMR participen en las actividades académicas de su Escuela de Capacitación Judicial.

Estas acciones podrán desarrollarse de forma presencial, virtual o híbrida, según la planificación de cada institución.

Acuerdo incorpora herramientas para procesos digitales

La Carta de Entendimiento incluye además proyectos de innovación tecnológica y programas de enseñanza.

Uno de los puntos contempla la acreditación de personal del CNJ para utilizar el sistema “DiagramadorSV”, disponible en la plataforma “SIMEJORA”.

La herramienta forma parte de las iniciativas vinculadas con la modernización de procesos y la gestión regulatoria.

El acuerdo fue firmado por el presidente del CNJ, Miguel Ángel Calero Ángel, y la directora ejecutiva del OMR, Mariana Carolina Gómez Vásquez.
Con este entendimiento, las dos instituciones establecen un marco para desarrollar nuevas actividades técnicas y formativas, de acuerdo con sus planes y recursos disponibles.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador continúa ampliando el Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales con la incorporación de nuevos líderes comunitarios.

Los nuevos miembros fueron juramentados en el distrito de San Matías, La Libertad. Con ellos, el programa supera los 800 integrantes, según la información difundida por el Órgano Judicial.

La iniciativa busca acercar orientación básica y mecanismos de solución de conflictos a comunidades donde opera el servicio.

Líderes comunitarios sirven de enlace con la justicia

Los facilitadores judiciales son líderes comunitarios que colaboran de forma voluntaria con los juzgados de paz.

Su trabajo incluye orientar a los habitantes sobre derechos y deberes. También ofrecen charlas y apoyan la búsqueda de soluciones pacíficas para conflictos comunitarios.

Además, reciben capacitación continua de los jueces de paz de sus localidades. Esa formación incluye leyes básicas, mediación y funcionamiento del servicio.

La Corte Suprema define el programa como un mecanismo para acercar la justicia a comunidades vulnerables y de difícil acceso.

Un modelo que funciona desde hace más de una década

El Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales surgió por iniciativa de la Corte Suprema en 2013. Su implementación comenzó en 2014.

En septiembre de 2014, la Corte aprobó el reglamento que estableció las reglas para su funcionamiento.

Desde entonces, el programa ha crecido mediante su coordinación con los jueces de paz. En 2018, la Corte creó una unidad especializada para coordinar y fortalecer el servicio.

Durante 2025, los facilitadores apoyaron 4,124 actividades en 91 juzgados de paz. Las acciones incluyeron asesorías, acompañamientos, charlas y mecanismos alternos para resolver conflictos.

La expansión continúa mientras la Corte impulsa una iniciativa para establecer un marco legal específico para los facilitadores judiciales.

Las empresas e instituciones en El Salvador obligadas por la Ley para la Protección de Datos Personales a comunicar, a más tardar el 16 de septiembre de 2026, el nombramiento de su delegado de Protección de Datos Personales .

El plazo está próximo a vencer y la figura tiene una función clave: supervisar el manejo de la información personal dentro de las organizaciones y facilitar la comunicación con la Agencia de Ciberseguridad del Estado.

¿Qué es un delegado de protección de datos?

Es la persona encargada de ayudar a una empresa o institución a cumplir las normas sobre el uso y protección de información personal.

En términos sencillos, supervisa cómo una organización recoge, almacena, utiliza y comparte datos de clientes, trabajadores o usuarios.

También atiende las solicitudes de las personas sobre su información. Estas pueden pedir acceso, corrección, cancelación, oposición o limitación del uso de sus datos.

Además, asesora a las distintas áreas de la organización y capacita al personal sobre las reglas de protección de datos.

La obligación abarca a distintos tipos de organizaciones

La normativa aplica a personas naturales y jurídicas, tanto públicas como privadas, que realicen actividades de tratamiento de datos personales.

Por ello, la obligación puede alcanzar a empresas de diferentes tamaños y sectores. También puede incluir comercios electrónicos, clínicas, centros educativos y despachos profesionales.

El punto central es el tratamiento de información personal, ya sea mediante sistemas digitales o de forma manual.

El nombramiento debe comunicarse a la autoridad

La máxima autoridad de cada entidad obligada debe formalizar la designación mediante un acuerdo institucional.

Luego, la organización debe comunicar el nombramiento a la Agencia de Ciberseguridad del Estado.

La documentación correspondiente puede enviarse al correo dpdatos@ace.gob.sv.

El perfil del delegado contempla formación universitaria, preferentemente en áreas jurídicas, tecnológicas o de ciberseguridad.

También requiere experiencia en cumplimiento normativo, gestión de riesgos o seguridad de la información. Además, deberá aprobar el programa oficial de certificación establecido por la autoridad.

La responsabilidad va más allá de designar a una persona

El nombramiento constituye uno de los pasos para cumplir con las obligaciones de protección de datos.

Las organizaciones también deben revisar sus avisos de privacidad y mecanismos de consentimiento. Asimismo, deben establecer procedimientos para atender las solicitudes de los titulares.

También deben evaluar las medidas de seguridad y los contratos con proveedores que manejan información personal.

Los protocolos para responder ante incidentes forman parte de estas tareas. Esto incluye posibles filtraciones, pérdidas o accesos no autorizados.

El incumlimiento contempla sanciones

La Ley para la Protección de Datos Personales establece infracciones leves, graves y muy graves.

Las multas pueden alcanzar hasta 40 salarios mínimos mensuales del sector comercio, según la información proporcionada sobre la normativa.

Además, una gestión deficiente de los datos puede generar problemas para las organizaciones. Entre ellos figuran afectaciones a la confianza de clientes y socios comerciales.

El plazo vence el 16 de septiembre

Con la fecha límite cada vez más cercana, las entidades sujetas a la normativa deben verificar si ya formalizaron el nombramiento y comunicaron la designación.

El 16 de septiembre de 2026 marca el vencimiento del plazo para informar sobre el delegado de Protección de Datos Personales.

La figura busca establecer dentro de cada organización una responsabilidad concreta sobre el tratamiento y protección de la información personal.