El Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) llevó a cabo una jornada académica enfocada en el estudio y análisis de la Observación General 24 (2019) y su relación con la Observación General 10 (2007) del Comité de los Derechos del Niño, en un esfuerzo por actualizar y profundizar el conocimiento en torno a los derechos de la niñez en el contexto de la justicia penal.

La actividad, dirigida a secretarios, colaboradores de la Sala de lo Penal y miembros de equipos multidisciplinarios, tuvo como objetivo analizar las diferencias y las implicaciones de estas observaciones, fundamentales para garantizar la protección de los derechos de los menores en el sistema de justicia. 

La jornada permitió un intercambio enriquecedor de ideas, en el que se discutieron los cambios significativos desde la emisión de la Observación General 10 en 2007, en particular los avances derivados de las normas internacionales y regionales, así como la evolución de la jurisprudencia del Comité.

Uno de los aspectos centrales de la actividad fue el análisis de la Observación General N.º 24 (2019), la cual pone un énfasis particular en los derechos de los niños involucrados en el sistema de justicia juvenil. 

La Observación N.º 24 proporciona directrices clave sobre cómo los sistemas judiciales deben abordar la situación de los niños que son reclutados por grupos armados, así como aquellos involucrados en sistemas de justicia no estatal.

A través de estas orientaciones, se busca asegurar que los menores no sean objeto de violaciones de derechos humanos y reciban un trato adecuado, acorde con su condición de vulnerabilidad.

El CNJ destaca que estas jornadas académicas son parte de un esfuerzo continuo por fortalecer la formación de los operadores de justicia, promoviendo una mayor comprensión de los estándares internacionales en la protección de los derechos de la niñez. 

Con ello, se busca asegurar que el sistema judicial pueda responder de manera más efectiva y humanitaria frente a las situaciones que afectan a los menores en conflicto con la ley.

Este tipo de actividades refuerzan el compromiso del Consejo Nacional de la Judicatura con la protección de los derechos fundamentales de los niños y la mejora constante del sistema de justicia penal, alineándose con los principios establecidos por organismos internacionales y con los estándares nacionales en materia de derechos humanos.

En el contexto del Diplomado en Derecho Administrativo, el Consejo Nacional de la Judicatura llevó a cabo el segundo módulo titulado “Práctica Procesal de lo Contencioso Administrativo”, el cual se presentó como una valiosa oportunidad de capacitación para jueces de primera instancia y jueces de paz. 

Este módulo se enfocó en el análisis detallado de los componentes de los procesos contencioso-administrativos, permitiendo a los participantes profundizar en aspectos clave que inciden directamente en la toma de decisiones judiciales.

El espacio formativo brindó a los asistentes herramientas actualizadas que son fundamentales para el ejercicio de su función en la administración pública, particularmente en el ámbito del Derecho Procesal Administrativo. Este enfoque práctico y detallado permite que los jueces mejoren su capacidad de interpretación y aplicación de las leyes en casos relacionados con la administración pública.

Una de las principales metas del curso fue fortalecer la correcta aplicación de la nueva Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y sus decretos complementarios, un marco normativo que ha sufrido modificaciones recientes. De esta manera, se pretende garantizar una mayor coherencia y efectividad en las resoluciones judiciales, optimizando el acceso a la justicia en el ámbito administrativo.

El Consejo Nacional de la Judicatura sigue apostando por la formación continua de los operadores de justicia, con el objetivo de que se mantengan a la vanguardia en cuanto a los cambios legislativos y las mejores prácticas judiciales. 

Este tipo de actividades contribuye significativamente al fortalecimiento del Estado de Derecho y a la eficiencia del sistema judicial en su conjunto.

El sistema de fotomultas, que se esperaba poner en marcha esta semana y que se viene anunciando desde septiembre, tendrá que seguir esperando debido a que aún se encuentran trabajando en un paquete de reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Así lo informó el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez.

Rodríguez explicó que, aunque ya se han realizado todas las pruebas necesarias en el bulevar Monseñor Romero, el sistema aún no está activo. 

“Queremos asegurarnos de informar adecuadamente a toda la población salvadoreña antes de su puesta en marcha. Estamos trabajando en reformas que enviaremos pronto a la Asamblea Legislativa”, dijo el ministro en una entrevista televisiva.

Uno de los puntos clave de las reformas es el uso de la tecnología, como el sistema de fotomultas. Rodríguez señaló que el objetivo es evitar posibles quejas o confusiones entre los ciudadanos. 

“El sistema identificará la placa del vehículo, y la multa será asignada al propietario. Estamos ajustando detalles para garantizar que no haya inconvenientes y que todo quede claro para la población”, destacó.

En cuanto a los avances del sistema, el ministro aseguró que ya está listo para ser implementado en diversas arterias clave, como la autopista al aeropuerto internacional, la carretera al Puerto de La Libertad, y el bulevar Los Héroes, entre otras. 

“Las señalizaciones horizontales y verticales ya están siendo instaladas en lugares como la Manuel Enrique Araujo y el Paseo General Escalón”, detalló.

Aunque el sistema ya funciona internamente en áreas clave como la capital, San Miguel, Santa Ana y Sonsonate, el gobierno tiene previsto implementarlo por etapas. 

“Comenzaremos con el bulevar Monseñor Romero para que la población pueda familiarizarse con el funcionamiento del sistema, y luego avanzaremos hacia Comalapa, la carretera al Puerto de La Libertad y otras vías importantes”, explicó Rodríguez.

El ministro señaló que, una vez enviadas y aprobadas las reformas en la Asamblea Legislativa, se podrá proceder con la activación total del sistema de fotomultas en el país.

El procurador general, René Escobar, sostuvo una reunión con Guillermo García, director de Whole Child International-El Salvador, para analizar y fortalecer las acciones conjuntas en favor de la niñez y adolescencia usuaria de los servicios de la institución.

Durante el encuentro, Escobar destacó el compromiso de la procuraduría con la mejora continua de los servicios que se brindan a esta población vulnerable, enfatizando el esfuerzo por establecer alianzas estratégicas que contribuyan a la garantía y protección de los derechos de los menores.

“Como Procuraduría General, estamos comprometidos con la mejora continua y con el fortalecimiento de alianzas que nos permitan beneficiar a esta población, así como velar por la garantía de sus derechos”, informó la institución.

Por su parte, Guillermo García expresó el interés de Whole Child International-El Salvador de continuar trabajando en conjunto con la PGR, asegurando que la colaboración entre ambas entidades es esencial para avanzar en la protección y bienestar de los niños, niñas y adolescentes que más lo necesitan en el país.

Esta ONG busca mejorar la calidad de vida de los niños en situación de abandono, abuso o institucionalización. Su objetivo es elevar la calidad de cuidado infantil en todo el mundo. Se enfoca en las causas específicas que dañan a los niños, como la baja calidad de atención y la falta de relaciones de cuidado estables, nutritivas y de alta calidad.

La Procuraduría General de la República emitió un recordatorio a todas las personas obligadas al pago de pensiones alimenticias sobre los plazos establecidos para la remisión de los pagos adicionales correspondientes a los “aguinaldos” de diciembre.

De acuerdo con el Decreto Legislativo número 140 de 1997, reformado en el año 2000, todos los responsables del pago de cuotas alimenticias deben realizar un pago adicional durante el mes de diciembre.

Este “aguinaldo” tiene características específicas dependiendo del tipo de ingreso de quien realiza el pago.

Para los asalariados, el pago adicional corresponde al 30% de su compensación económica o aguinaldo. Lo mismo aplica para aquellos que entregan personalmente o mediante depósito las cuotas alimenticias.

En el caso de las personas no asalariadas, el pago adicional debe ser equivalente al monto de la cuota alimenticia mensual que ya se haya establecido a favor de sus hijos o hijas.

Plazo para el pago y consecuencias legales

El plazo para la remisión de estos pagos adicionales es hasta el 1 de diciembre de 2024. La PGR advirtió que el incumplimiento de esta obligación puede generar responsabilidades legales tanto en el ámbito del Código de Familia como del Código Penal, lo que podría acarrear consecuencias jurídicas para quienes no cumplan con el pago en tiempo y forma.

Las instituciones públicas, autónomas, municipalidades, empresas privadas y personas naturales que están obligadas a realizar estos pagos deberán cumplir con esta normativa para evitar sanciones.

Atención al público y horarios de atención

Para facilitar el cumplimiento de esta obligación, la PGR ha dispuesto un horario de atención especial en sus Unidades de Control de Fondos de Terceros, que estarán abiertas de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, sin interrupción al mediodía.

Además, las unidades también estarán abiertas los sábados 30 de noviembre, y los 14 y 21 de diciembre de 2024, en horario de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, para atender a los pagadores de las cuotas alimenticias.