La Asamblea Legislativa eligió y juramentó este jueves a los 14 integrantes del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) para el período 2026-2031.

La elección incluye a siete consejeros propietarios y siete suplentes. El nuevo período comenzará el 22 de septiembre de 2026 y finalizará el 21 de septiembre de 2031.

El CNJ es la institución encargada de participar en la selección de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de jueces, entre otras funciones relacionadas con la carrera judicial.

La votación recibió 59 votos

La Asamblea aprobó el dictamen con 59 votos a favor. La votación contó con el respaldo de diputados de Nuevas Ideas, el Partido de Concertación Nacional, el Partido Demócrata Cristiano y Alianza Republicana Nacionalista.

La diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, votó en contra del dictamen.

La propuesta de los 14 integrantes se presentó poco antes de las 5:00 de la tarde. Después, el pleno realizó votaciones nominales y públicas para definir a los nuevos consejeros.

La votación de los propietarios y suplentes concluyó durante la tarde. Luego, el presidente de la Asamblea Legislativa tomó el juramento a los funcionarios electos.

La ceremonia comenzó con los consejeros suplentes y continuó con los propietarios. El proceso terminó a las 6:57 de la tarde.

Siete propietarios asumirán el nuevo período

Los consejeros propietarios representan a distintos sectores vinculados con el sistema de justicia salvadoreño.

Por el sector de abogados fueron elegidos Santos Guerra Grijalba, Magdaleno de Jesús Novelo Rodríguez y Alexander Efraín Ticas Navarro.

Guerra Grijalba ya ocupa un cargo como consejero propietario del Consejo Nacional de la Judicatura. Novelo Rodríguez trabaja en una Cámara de Familia y ha ejercido como juez suplente.

Ticas Navarro se desempeña como asesor de la Corte de Cuentas.

Por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de El Salvador fue elegido Luis Alonso Ramírez Menéndez, quien también integra actualmente el Consejo Nacional de la Judicatura.

Verónica Lisseth González Penado fue electa por el sector de las facultades de Derecho de universidades privadas. También ejerce actualmente como consejera propietaria.

Miguel Ángel Calero Ángel representará al sector del Ministerio Público. Calero Ángel es consejero propietario y actualmente preside el Consejo Nacional de la Judicatura.

Por el sector de jueces y magistrados fue elegido Omar Alexander Hernández, magistrado de la Cámara Primera contra el Crimen Organizado.

Siete suplentes completan la nueva integración

El grupo de consejeros suplentes también quedó distribuido entre los siete sectores que participan en la integración del Consejo Nacional de la Judicatura.

Por el sector de abogados fueron elegidos Eduardo Antonio Pérez Hernández, Alba Geraldina Paredes de Bonifacio y Manuel Alexander Guevara Hernández.

Pérez Hernández es jefe de la Unidad de Notificaciones de la Corte de Cuentas. Paredes de Bonifacio trabaja en esa institución.

Guevara Hernández ocupa el cargo de director de Transparencia de la Corte de Cuentas.

Elías Alexander Mejía Merlos fue elegido por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de El Salvador. Es docente universitario y asesor de empresas privadas.

María Francesca Leiva Rodríguez representará al sector de las facultades de Derecho de universidades privadas. Leiva Rodríguez es docente universitaria.

Por el sector del Ministerio Público fue elegida Jennifer Isa Mansell García de Vásquez, jefa de una unidad fiscal en Santa Tecla.

Nelly Edith Pozas Henríquez fue seleccionada por el sector de jueces y magistrados. Actualmente es magistrada de la Cámara Segunda de lo Laboral.

El nuevo consejo asumirá el 22 de septiembre

Los 14 funcionarios asumirán formalmente sus cargos el 22 de septiembre de 2026. Su gestión se extenderá durante cinco años, hasta el 21 de septiembre de 2031.

La nueva integración tendrá entre sus responsabilidades la participación en los procesos relacionados con la selección de candidatos para cargos judiciales, de acuerdo con las atribuciones establecidas para la institución.

La Fiscalía General de la República reportó la desarticulación de una banda dedicada al fraude electrónico y al robo de identidad.

La institución, junto con la Policía Nacional Civil, capturó a varios sospechosos vinculados con una red de estafas informáticas.

Según la investigación, los acusados engañaban a comerciantes y residentes mediante falsas encuestas. A cambio de responderlas, ofrecían pagos de entre $20 y $25.

Usaban los datos para abrir cuentas digitales

Los investigadores sostienen que la banda utilizaba los datos personales y fotografías obtenidos mediante las encuestas.

Con esa información, los sospechosos abrían cuentas bancarias digitales a nombre de las víctimas.

Posteriormente, utilizaban esas cuentas para movilizar dinero obtenido mediante estafas realizadas por WhatsApp.

Las autoridades estiman que la red abrió al menos 22 cuentas digitales entre enero y marzo de 2026.

La operación permitió identificar distintos roles dentro de la estructura investigada.

Fiscalía identifica a los princiales capturados

Entre los detenidos figura Rodolfo Giovanni de León Rivas, señalado como el principal cabecilla de la organización.

Según la Fiscalía, De León Rivas coordinaba las operaciones de la red.

También capturaron a Leonardo Eduardo Castillo González, a quien atribuyen la administración de las cuentas digitales.

Además, las autoridades lo señalan como responsable de retirar dinero de los cajeros automáticos.

Allanamientos dejan celulares y equipo informático incautado

Los agentes realizaron allanamientos en Apopa, Ciudad Delgado y San Martín.

Durante los procedimientos, las autoridades incautaron dinero en efectivo, teléfonos celulares y equipo informático.

Estos objetos quedaron bajo custodia como parte de las investigaciones sobre el fraude electrónico y el uso de identidades ajenas.

La Fiscalía indicó que las capturas forman parte de las acciones contra estructuras dedicadas a las estafas informáticas y el movimiento de dinero ilícito.

La Asamblea Legislativa salvadoreña aprobó este jueves, con 57 votos, una reforma que elimina para las empresas privadas la obligación de nombrar un delegado de protección de datos personales.

La reforma modifica la Ley para la Protección de Datos Personales y traslada a cada empresa las funciones que antes correspondían al delegado.

Así, las compañías deberán atender directamente las solicitudes relacionadas con los derechos ARCO-POL. Estos incluyen acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad, olvido y limitación.

Empresas asumirán la intención de solicitudes

Con el cambio, las solicitudes ya no tendrán que dirigirse a un delegado. Cada sujeto obligado deberá recibirlas y responderlas en un plazo de 20 días hábiles.

También asumirá tareas como certificar rectificaciones, notificar transferencias de información y resolver solicitudes.

El diputado Walter Coto, de Nuevas Ideas, defendió la eliminación de la obligación. Señaló que el cargo representaba un costo adicional para pequeños empresarios.

Por su parte, la diputada Claudia Ortiz cuestionó durante la sesión cómo podrán garantizarse los derechos de los ciudadanos sin esa figura.

El sector público mantendrá la figura

La reforma establece una diferencia entre empresas privadas e instituciones públicas.

Las entidades estatales deberán nombrar un delegado de protección de datos. La ley permite que esa función recaiga en el mismo oficial de información.

Además, la reforma permite que el director de protección de datos de la Agencia de Ciberseguridad del Estado sea nombrado por el presidente.

El funcionario ocupará el cargo durante tres años.

El cambio ocurre tras nuevas reglas de cumplimiento

La derogatoria llega días después de que la Agencia de Ciberseguridad del Estado dejara sin efecto el plazo para comunicar los nombramientos.

Ese plazo vencía el 16 de septiembre. Sin embargo, la agencia aclaró que la obligación legal de contar con delegados seguía vigente antes de la reforma.

Los lineamientos publicados en agosto establecían requisitos para el perfil, nombramiento y certificación de estos funcionarios.

Ahora, con la reforma aprobada por la Asamblea, las empresas privadas dejan de tener esa obligación expresa dentro de la Ley para la Protección de Datos Personales.

El sector privado de El Salvador propuso que una eventual reforma de la jornada laboral sea opcional y se adapte a las necesidades de cada actividad económica.

La propuesta fue presentada este jueves ante la comisión técnica creada por el Consejo Superior del Trabajo para estudiar posibles cambios.

La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) planteó nueve puntos de coincidencia durante la reunión.

Empresas piden adaptar horarios a cada actividad

El presidente de la ANEP, José Luis Saca, explicó que las industrias tienen características y necesidades diferentes.

Por ello, el sector privado considera que una misma jornada no puede aplicarse de forma uniforme a todas las empresas.

La propuesta también plantea tomar en cuenta las condiciones laborales y el bienestar de los trabajadores.

Saca señaló que cualquier modificación debe buscar beneficios para los distintos sectores productivos.

Gobierno analiza jornadas de cuatro días

El ministro de Trabajo, Rolando Castro, dijo que la comisión estudia varias opciones para reorganizar la jornada semanal.

Entre las propuestas que han cobrado fuerza figura una jornada de cuatro días, con 11 horas diarias.

También analiza un esquema de 10 horas diarias de lunes a jueves y cuatro horas el viernes.

Según Castro, este último modelo permitiría trasladar parte de la jornada habitual del sábado hacia otros días.

El funcionario afirmó que todas las alternativas continúan sobre la mesa.

La decisión dependería de empresas y trabajadores

Castro respaldó el planteamiento empresarial de establecer un sistema opcional.

Explicó que la decisión debería considerar las condiciones de cada empleador y la voluntad del trabajador.

También mencionó casos de empleados con enfermedades o circunstancias personales que podrían influir en su decisión.

La comisión técnica comenzó sus trabajos el 20 de agosto de 2026. Desde entonces, ha recibido aportes de académicos, organizaciones religiosas y organismos internacionales.

Este viernes está previsto que el sector laboral presente formalmente su propuesta ante la comisión.

La Asamblea Legislativa avanzó hacia la disolución de la Unidad Técnica Ejecutiva (UTE) del sector justicia. El Gobierno sostiene que la institución ya no cumple una función necesaria.

La Comisión de Seguridad aprobó el dictamen para cerrar la UTE y la Comisión Coordinadora del Sector Justicia. El proyecto plantea concluir la liquidación el 31 de diciembre de 2026.

Sin embargo, el argumento oficial abre un debate sobre qué funciones desaparecerán y cuáles simplemente cambiarán de responsable.

El gobierno cuestiona resultados

El ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, afirmó que no tiene evidencia de que el programa de protección de víctimas y testigos haya funcionado.

También cuestionó el modelo penal vigente desde 1998 y atribuyó a ese sistema parte de las fallas históricas en la protección de víctimas.

Ese planteamiento contrasta con las funciones legales de la UTE. La institución recibe solicitudes de protección, evalúa casos y define medidas para víctimas y testigos.

Además, coordina estas acciones con la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General. También administra recursos destinados a determinadas medidas de protección.

La protección continuará, pero bajo otra estructura

El proyecto no elimina el programa de protección. Traslada su administración al Ministerio de Seguridad Pública y Justicia.

La cartera deberá incorporar los recursos necesarios para mantener las medidas y coordinar su ejecución. Por tanto, el cambio supone una reorganización institucional, no la desaparición de esa función.

Villatoro plantea redefinir el programa y adaptarlo al modelo de seguridad actual. No obstante, su principal argumento contra la UTE se apoya en la falta de evidencia sobre sus resultados.

El proyecto tampoco presenta en la información legislativa disponible una evaluación detallada que permita medir esos resultados antes del cierre.

El ahorro y las indemnizaciones también forman parte del cambio

La UTE cuenta con 43 empleados. El personal que no continúe en el Ministerio recibirá indemnizaciones bajo límites establecidos en el proyecto.

La propuesta fija hasta 24 salarios para quienes ganen entre $408.80 y $900. Para salarios de $901 o más, establece un máximo de 12 remuneraciones.

Los pagos se realizarían durante los primeros tres meses de 2027. Mientras tanto, la institución deberá completar inventarios, archivos, bienes y obligaciones pendientes.

La discusión, por tanto, no se limita al costo de mantener la UTE. También implica determinar si la nueva estructura conservará las capacidades técnicas acumuladas durante años y cómo medirá sus resultados.