Los fraudes digitales con deepfakes registran un crecimiento acelerado en varios mercados del mundo. Ante este escenario, la plataforma de verificación Sumsub presentó Adaptive Deepfake Detector, una nueva herramienta diseñada para detectar amenazas generadas con inteligencia artificial en tiempo real.

La empresa informó que las soluciones tradicionales de detección ya no responden con eficacia al aumento de fraudes sofisticados. Por ello, desarrolló un modelo basado en machine learning que aprende de forma continua y actualiza sus capacidades automáticamente.

Según datos de Sumsub, en 2025 los ataques multietapa crecieron 180 % y representaron el 28 % de todos los fraudes detectados por la plataforma a nivel global.

Además, el último Reporte de Fraude de Identidad de la compañía reveló que en México los fraudes digitales con deepfakes aumentaron más de 484 % entre 2024 y 2025.

Nuev detector busca frenar deepfakes avanzados

La compañía explicó que las herramientas offline presentan vulnerabilidades durante los periodos entre actualizaciones. En muchos casos, esos procesos tardan semanas o meses, lo que permite que nuevas amenazas evadan los sistemas de seguridad.

Adaptive Deepfake Detector busca reducir ese riesgo mediante aprendizaje continuo en línea. El sistema analiza señales de fraude en tiempo real y ajusta automáticamente sus parámetros de detección.

De acuerdo con Sumsub, esta tecnología puede adaptarse a nuevos patrones de fraude en cuestión de horas.

“En 2026, el panorama de amenazas ha evolucionado, exigiendo que los equipos de gestión de riesgos respondan con modelos de prevención de fraude de nueva generación”, señaló Javier Herrera Zumztein, Gerente de Preventa de Monitoreo de Transacciones en América de Sumsub.

El directivo agregó que los deepfakes actuales ya no pueden identificarse únicamente con observación humana, por lo que las decisiones deben apoyarse en análisis automatizados y múltiples señales digitales.

Cómo funciona la nueva herramienta de detección de fraude

La nueva solución integra distintos niveles de verificación para identificar actividades sospechosas. El sistema recopila información desde varias fuentes y cruza datos en tiempo real.

Entre los elementos que analiza destacan:

• Documentos de identidad.
• Geolocalización.
• Dirección IP.
• Señales del dispositivo.
• Datos biométricos faciales.
• Pruebas de vida.
• Redes de usuarios vinculados a actividades fraudulentas.

Además, el modelo incorpora de inmediato nuevos tipos de deepfakes y métodos de inyección detectados durante las operaciones.

La empresa aseguró que el detector ajusta sus criterios de decisión de manera dinámica, lo que permite alcanzar niveles de precisión cercanos al 100%.

Empresas refuerzan prevención de fraude digital

El crecimiento de fraudes con inteligencia artificial ha obligado a empresas tecnológicas y plataformas digitales a fortalecer sus sistemas de prevención.

Sumsub indicó que los equipos de riesgo ya no solo analizan imágenes, audios o videos falsos. Ahora también revisan el contexto completo de cada sesión digital para detectar patrones sospechosos.

“Cuando el costo del error es demasiado alto, un enfoque integral frente al creciente fraude impulsado por IA es la respuesta que necesitamos”, afirmó Herrera Zumztein.

Sumsub opera como una plataforma de verificación de identidad y prevención de fraude digital para empresas globales. Su tecnología permite realizar monitoreo continuo y procesos de cumplimiento automatizados.

La Asamblea Legislativa prevé ratificar este jueves varias reformas constitucionales en materia electoral. Los cambios incluyen representación directa para la diáspora salvadoreña y modificaciones en la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

La Comisión Política aprobó los dictámenes el martes. Las iniciativas reforman los artículos 79 y 208 de la Constitución. Además, las propuestas avanzaron la semana pasada con 57 votos del oficialismo y partidos aliados.

Diputados para salvadoreños en el exterior

Una de las reformas crea una circunscripción electoral para los salvadoreños residentes en el extranjero. Con este cambio, la diáspora podrá elegir al menos dos diputados dentro de los 60 escaños de la Asamblea Legislativa.

Según datos del TSE citados por el Parlamento, el padrón electoral en el exterior incluye a 960,928 salvadoreños. Sin embargo, la diáspora total ronda los 3 millones de personas.

Actualmente, los votos emitidos desde el extranjero se contabilizan en el departamento de San Salvador. No obstante, la reforma permitirá que los salvadoreños en el exterior tengan representantes propios y participación directa en el órgano legislativo.

Sectores cuestionan impacto electoral de la reforma

La propuesta ha generado críticas de distintos sectores. Entre ellos figura Acción Ciudadana, que considera que la medida podría influir en los resultados de las elecciones de 2027.

Pese a los cuestionamientos, el oficialismo sostiene que la reforma busca ampliar la representación política de la diáspora salvadoreña y fortalecer la participación electoral fuera del país.

Cambios en la elección de magistrados del TSE

La segunda reforma modifica el artículo 208 de la Constitución. El cambio elimina la facultad de los partidos políticos para proponer ternas de candidatos a magistrados del TSE.

En sustitución, una comisión legislativa realizará un proceso público de evaluación. Luego propondrá perfiles al pleno legislativo bajo criterios de meritocracia y sin cuotas partidarias.

Mientras tanto, los otros dos magistrados continuarán siendo elegidos a partir de propuestas presentadas por la Corte Suprema de Justicia.

El juicio masivo contra cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS-13) en El Salvador expuso nuevos detalles sobre la estructura financiera de la pandilla. Durante la séptima jornada de la audiencia, la Fiscalía General de la República presentó audios que evidencian un plan para recolectar más de $500,000 en 2016.

Los audios forman parte de un total de 125 escuchas telefónicas incorporadas como prueba en el proceso. En estas grabaciones, pandilleros coordinan la recolección de dinero para comprar armas, munición y vehículos.

En una de las conversaciones, un pandillero identificado como “El Infierno”, quien se encontraba en prisión, consulta sobre el avance de la recolección. Otro miembro en libertad le responde que ya habían reunido más de medio millón de dólares.

Pandilla buscaba armas más baratas y mayor capacidad de fuego

Pandilla buscaba armas más baratas y mayor capacidad de fuego
Según el audio, los pandilleros evaluaron precios de armas en distintos mercados. El objetivo era reducir costos y aumentar la cantidad de armamento disponible.
El interlocutor explicó que podían adquirir armas a un costo aproximado de $1,200 cada una. Con ese monto, estimaban comprar hasta 494 armas, conocidas como “juguetes” en su lenguaje interno.

Además, el plan incluía la compra de munición y armas de grueso calibre. También contemplaban la adquisición de vehículos para movilizar a los miembros de la estructura criminal.

MS-13 se preparaba para una posible confrontación

Los audios también reflejan que la pandilla anticipaba un conflicto con el Barrio 18. En las conversaciones, los miembros de la MS-13 mencionan que sus rivales ya contaban con entrenamiento y armamento.

Uno de los pandilleros advirtió que el grupo contrario tenía fusiles y otros recursos. Ante esto, insistió en que la MS-13 debía prepararse para una posible guerra.

El fiscal adjunto contra el crimen organizado, Max Muñoz, confirmó que el objetivo era financiar una ofensiva. Según explicó, la pandilla buscaba fortalecerse ante un escenario de confrontación.

Contexto legal impulsó la reorganización de la pandilla

La Fiscalía señaló que estos planes surgieron tras cambios legales en el sistema penitenciario. El 1 de abril de 2016, la Asamblea Legislativa aprobó el decreto 321, que estableció medidas extraordinarias en centros penales

Estas disposiciones incluyeron encierro permanente, bloqueo de señales telefónicas y restricciones a las comunicaciones. También limitaron la participación de reos en audiencias judiciales.

De acuerdo con los audios, los pandilleros interpretaron estas medidas como el fin de cualquier negociación. Por ello, aceleraron sus planes de financiamiento y reorganización.

Juicio masivo avanza contra 486 cabecillas de la MS-13

El proceso judicial se desarrolla en el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado. En el juicio enfrentan cargos 486 presuntos cabecillas de la MS-13, incluidos 22 ranfleros, considerados líderes de la estructura.

La Fiscalía les imputa más de 47,000 delitos. Entre estos figuran homicidios cometidos entre 2012 y 2022. También incluyen los 86 asesinatos que derivaron en la implementación del régimen de excepción.
El juicio masivo continúa en fase probatoria. Las autoridades prevén seguir presentando evidencia en las próximas jornadas para sustentar las acusaciones contra la estructura criminal.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, nombró como nuevo fiscal general del país a Gabriel Estuardo García Luna. El funcionario asumirá el cargo el 17 de mayo por un periodo de cuatro años.

Arévalo informó que el nuevo fiscal trabajará con independencia. Además, aseguró que su gestión se enfocará en la justicia objetiva.

Salida de Consuelo Porras

La designación ocurre ante la salida de Consuelo Porras, quien buscaba un tercer mandato. Sin embargo, una comisión la excluyó del listado final de aspirantes

Porras enfrenta sanciones de Estados Unidos, la Unión Europea y otros países. Las medidas responden a señalamientos por corrupción y acciones contra la democracia.

Durante su gestión, la fiscal abrió procesos contra exfiscales, jueces, periodistas y líderes sociales. Muchos de ellos salieron al exilio.

Perfil del nuevo fiscal

García Luna cuenta con más de 20 años de experiencia en el sistema judicial. Ha trabajado como juez penal y magistrado regional.

También integró una junta de disciplina judicial. Además, ejerce como catedrático universitario en el área de derecho.

El nuevo fiscal posee una maestría en derecho penal. Su trayectoria lo posiciona dentro del ámbito de la justicia guatemalteca.

Ell gobierno sostiene que el nuevo fiscal general de Guatemala deberá fortalecer la independencia judicial. Así, el país inicia una nueva etapa en el Ministerio Público.

Un tribunal contra el crimen organizado dictó condena a expolicías en El Salvador con penas de hasta 540 años de prisión. Los procesados integraban una banda dedicada a homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.

El fallo lo emitió el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador. La resolución incluye a 11 personas, entre expolicías, exsoldados y civiles.

El tribunal encontró responsabilidad penal en múltiples delitos. Entre ellos destacan homicidio agravado y robo agravado en perjuicio de particulares y empresas.

Principales condenas por homicidio agravado y robo

El tribunal condenó a Roberto Carlos García Martínez a 540 años de prisión. Además, sentenció a Francisco Eduardo Ramírez Vicente a 216 años.

Ambos lideraban la estructura criminal. Las autoridades los vinculan directamente con varios hechos delictivos.

Por su parte, los otros nueve implicados recibieron penas entre cinco y 173 años. Todos enfrentaron cargos por los mismos delitos.

Casos probados durante el juicio

Durante el proceso, el tribunal analizó 11 casos de homicidio agravado. También evaluó 21 casos de robo agravado.

Las investigaciones establecieron que las víctimas eran atacadas durante asaltos. En varios casos, los agresores cometieron homicidios cuando las personas se resistían.

Estructura operaba a nivel nacional

Según el fallo, la banda operaba en distintas zonas del país. Sin embargo, registró mayor actividad en Chalatenango, Nueva Concepción y San Miguel.

Además, los imputados atacaban cooperativas y negocios. Entre los objetivos figuraban empresas de venta de motocicletas.

Los civiles dentro de la estructura proporcionaban información. Con ello, facilitaban los robos y ubicaban a las víctimas.

Uso de experiencia institucional para delinquir

El tribunal determinó que algunos integrantes aprovecharon su experiencia como agentes de seguridad. Esto les permitió ejecutar los delitos con mayor planificación.

El juez calificó los hechos como graves. También señaló que las acciones afectaron la seguridad pública.