Ayer, un grupo de ciudadanos presentó una demanda ante la Corte Suprema de Justicia contra la Asamblea Legislativa (2021-2024) por la aprobación de una reforma al artículo 248 de la Constitución, el cual regula el procedimiento de reforma constitucional.

Se argumenta que la reforma se aprobó sin cumplir con los procedimientos constitucionales y sin informar adecuadamente a la población.

Uno de los límites establecidos en el artículo 248 es que cualquier reforma debe ser aprobada por dos legislaturas distintas, permitiendo que la ciudadanía exprese su apoyo o rechazo mediante el voto. Sin embargo, esta reforma se aprobó sin cumplir con dicho requisito, apenas dos días antes de que se juramentara a la nueva Asamblea. Los demandantes señalan que este proceso apresurado impidió que los ciudadanos tuvieran tiempo para entender las implicaciones de la reforma.

Además, acusan que no se siguió el procedimiento establecido, ya que no hubo debate ni discusión en comisiones legislativas. La reforma se aprobó utilizando fraudulentamente la «dispensa de trámite», un mecanismo que, según la Sala de lo Constitucional, debe ser discutido en el pleno legislativo y justificado por una urgencia real para la población, urgencia que, según los demandantes, no existía en este caso.

Permitir que esta reforma siga adelante, argumentan, sentaría un peligroso precedente: los diputados podrían reformar la Constitución sin la participación ciudadana, acumulando poder de manera antidemocrática y potencialmente limitando derechos constitucionales.

Los ciudadanos que presentaron la demanda advierten que El Salvador está en riesgo de instalar un sistema autoritario, en el cual los límites y controles constitucionales se rompen, permitiendo que la Constitución sea usada para legalizar acciones que violen los derechos de la población.

La demanda presentada ante la Sala de lo Constitucional pide tres medidas:

1. Una medida cautelar urgente que deje sin efecto la reforma.
2. Un informe detallado sobre el accionar inconstitucional de la Asamblea.
3. Declarar la inconstitucionalidad de la reforma por falta de justificación y debate.

La Dirección para la Prevención del Lavado de Dinero y Activos, Financiamiento del Terrorismo y Anticorrupción de la Corte Suprema de Justicia ha emitido una segunda convocatoria para evaluar a los abogados y notarios sobre su nivel de conocimiento en el cumplimiento de obligaciones relacionadas con la prevención del lavado de dinero y activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.

El cuestionario, que consta de 30 preguntas divididas en cuatro secciones, abarca desde datos generales hasta políticas de prevención. Los participantes pueden acceder al cuestionario y completarlo a través del Sistema de Expediente Electrónico Único de Abogados antes del miércoles 15 de mayo de 2024.

Al finalizar la encuesta, se solicita a los participantes aceptar una declaración jurada, un proceso que se realiza en línea para asegurar la autenticidad y veracidad de las respuestas.

La Corte Suprema de Justicia resalta la importancia de esta evaluación en el contexto actual, subrayando que la prevención del lavado de dinero y otros delitos financieros es esencial para mantener la integridad del sistema legal y financiero del país.

Los magistrados Héctor Nahun Martínez, de la Sala de lo Constitucional, y Alejandro Antonio Quinteros, presidente de la Sala de lo Penal, miembros de la Comisión de Prevención contra el Lavado de Dinero y Activos de la CSJ, encabezaron la inauguración del «Programa de Formación para la Prevención de Lavado de Dinero y Activos Virtuales, Financiamiento del Terrorismo y Anticorrupción», en colaboración con el gobierno de Canadá y la UNODC.

El objetivo principal del programa es especializar a los participantes en la normativa nacional e internacional relacionada con los delitos de lavado de dinero y activos, corrupción judicial y financiamiento del terrorismo, mediante el análisis de casos prácticos y otros elementos.

El magistrado Héctor Nahun Martínez, coordinador de la Comisión, instó a los participantes a aprovechar la oportunidad de avanzar en la administración de justicia. La encargada de negocios de la Embajada de Canadá, Amelie Geoffroy, resaltó la importancia de esta iniciativa en la lucha contra el crimen organizado y la financiación ilícita.

El presidente de la Sala de lo Penal, Alejandro Quinteros, destacó la responsabilidad de fortalecer las competencias en este ámbito, mientras que Alba Andrade, responsable de Proyecto Regional de UNODC, subrayó el apoyo ofrecido por la organización y el gobierno de Canadá en este programa.

El proceso formativo, dirigido a jueces, secretarios y colaboradores judiciales de diversos juzgados a nivel nacional, está organizado por el Área de Capacitación Judicial de la Unidad Técnica Central y constará de nueve sesiones, iniciando con la especialista Telma Flores. La inauguración contó con la presencia de Roberto Antonio Martínez, director de Talento Humano Institucional, y otros invitados.

La Fiscalía General de la República ha presentado un segundo paquete de solicitudes para agrupar en una sola causa a 1,739 imputados miembros de la pandilla MS-13, vinculados a diferentes clicas. Los requerimientos se han presentado en los tribunales contra el crimen organizado en San Salvador, Santa Ana y San Miguel.

En San Salvador, las solicitudes se dirigen contra 637 pandilleros pertenecientes a diversas clicas que operaban en distintas zonas. Entre ellos se encuentran miembros de las clicas Santomas Locos Salvatruchos, Alaska Criminal Locos Salvatruchos, Delicias Buenos Criminales Locos Salvatruchos, City Paradise Locos Salvatruchos, Centrales Locos Salvatruchos y Altos Crazy Locos Salvatruchos.

En la zona Paracentral, se busca agrupar a 61 imputados de la clica Centrales Locos Salvatruchos del Programa La Paz, que operaba en San Francisco Chinameca, La Paz. En la zona oriental, se presentaron solicitudes contra 287 pandilleros, destacando la clica Mirada Loca y la clica Molino Locos Salvatruchos.

En la zona occidental, se pide el agrupamiento de 110 imputados de la clica Novena Locos Salvatruchos. Mientras que en la zona central, se requiere agrupar a 644 pandilleros de diversas clicas como Porteños Locos Salvatruchos, Kaskajeras Locos Salvatruchos, Villa Madrid Locos Salvatruchos y Cinco Cedros Locos Salvatruchos.

Todos los pandilleros serán procesados en una sola causa por agrupaciones ilícitas, conforme al Decreto Legislativo No 803 sobre el Régimen de Excepción.

En una sesión conjunta entre la Corte Suprema de Justicia y la Misión Internacional de Justicia, se presentaron los resultados y la proyección de trabajo para el periodo 2023-2024, centrados en el proyecto de fortalecimiento del sistema judicial para abordar la violencia contra mujeres, niñez y adolescencia.

La magistrada de la Sala de lo Constitucional, Elsy Dueñas Lovos, destacó la importancia de los programas promovidos por la Misión Internacional de Justicia, señalando su contribución a las personas más vulnerables del país.

Por su parte, Marla González, directora país de la Misión Internacional de Justicia, resaltó el privilegio de trabajar de cerca con las dependencias de la CSJ para abordar las necesidades identificadas a nivel territorial y del equipo judicial.

Durante la presentación, se compartieron los resultados del diagnóstico de conocimientos, actitudes y prácticas con perspectiva de género en funcionarios judiciales. Esto condujo al diseño de un plan formativo dirigido a reforzar las competencias técnicas en la atención a víctimas de violencia.

Además, se destacó el acompañamiento proporcionado al Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales para potenciar sus capacidades a través de programas formativos.

La Corte Suprema de Justicia y la Misión Internacional de Justicia reafirmaron su compromiso de continuar trabajando juntas para identificar oportunidades de mejora en beneficio de los actores del sistema de justicia.

En la sesión también estuvieron presentes Vanesa Leiva, directora de Atención Integral a las Mujeres y Acceso a la Justicia, Benjamín Chicas, jefe de la Unidad Coordinadora del SNFJ, y representantes de la Misión Internacional de Justicia.