El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador convocó oficialmente a las elecciones de 2027, que incluirán presidenciales, legislativas y municipales.

El organismo electoral fijó para el 28 de febrero de 2027 la jornada de votación. Los salvadoreños elegirán presidente y vicepresidente, 60 diputados y los integrantes de 44 concejos municipales.

La convocatoria abre también el período para registrar las candidaturas. Desde este 1 de octubre podrán solicitar su inscripción los candidatos a la Presidencia, Vicepresidencia y Asamblea Legislativa.

Para los concejos municipales, el plazo comenzará el 9 de noviembre. Todas las solicitudes deberán presentarse ante el Tribunal Supremo Electoral.

El padrón supera los seis millones de electores

La autoridad electoral reporta un registro de 6,214,399 ciudadanos. El padrón incluye a los salvadoreños habilitados para votar dentro y fuera del país.

El proceso también contempla el voto de los salvadoreños residentes en el extranjero. El Tribunal Supremo Electoral mantiene una planificación específica para esa modalidad.

La elección presidencial se incorpora al mismo proceso

Los comicios de 2027 serán los primeros bajo la reforma constitucional aprobada en 2025. La modificación incorporó la elección presidencial a la misma jornada legislativa y municipal.

La modificación también amplió el período presidencial a seis años y eliminó la segunda vuelta electoral. Además, estableció la posibilidad de reelección presidencial.

La disposición transitoria adelantó a 2027 el final del actual período presidencial, que originalmente terminaba en 2029.

Partidos ya definieron sus candidaturas

Los partidos Nuevas Ideas, FMLN, Arena, PCN, FPS, Vamos, PDC, Gana y Fuerza Solidaria realizaron sus procesos internos para escoger candidatos.

Ahora comienza la fase formal de inscripción ante la autoridad electoral. La campaña presidencial podrá desarrollarse entre el 27 de octubre de 2026 y el 24 de febrero de 2027.

El Tribunal Supremo Electoral también prepara el voto en el exterior y las estructuras electorales necesarias para la jornada de febrero.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, sancionó el Decreto 22-2026, que suspende temporalmente el IVA y el impuesto a la distribución de combustibles.

La medida entra en vigor este 30 de septiembre y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.

La exención podría reducir hasta US$1.22 por galón la gasolina superior. Para la regular, la reducción llegaría a unos US$1.18.

En el caso del diésel y gas oil, la rebaja estimada alcanza unos US$0.82 por galón.

Estas cifras corresponden a la suma de los impuestos eliminados temporalmente. Sin embargo, el precio final también dependerá de las condiciones del mercado y del traslado completo del beneficio.

La ley obliga a los expendedores a trasladar íntegramente la exención al consumidor. Además, las facturas electrónicas deberán mostrar el beneficio aplicado por galón.

Habrá controles sobre los precios

El Ministerio de Energía y Minas supervisará el cumplimiento de la medida junto con la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor y la Superintendencia de Administración Tributaria.

Los expendedores deberán reportar diariamente sus precios. Además, las autoridades podrán aplicar sanciones cuando no trasladen la rebaja correspondiente.

La normativa también prohíbe temporalmente exportar, reexportar o extraer los combustibles incluidos en la exención.

El beneficio termina en diciembre

La exención fue aprobada por el Congreso el 22 de septiembre con 148 votos. La norma establece que los impuestos volverán a aplicarse desde el 1 de enero de 2027.

El impacto fiscal estimado alcanza Q3,318.4 millones, equivalentes a unos US$431.4 millones. Ese monto corresponde a los ingresos tributarios que dejaría de recibir el Estado durante la vigencia de la medida.

El sistema judicial de El Salvador concluyó una formación especializada sobre valoración de pruebas con enfoque de derechos humanos para mejorar la atención de casos de violencia contra mujeres.

La capacitación se desarrolló durante seis jornadas y reunió a jueces, colaboradores judiciales y personal del Instituto de Medicina Legal.

También participaron profesionales de equipos multidisciplinarios que atienden a mujeres en distintas zonas del país.

La actividad abordó criterios técnicos para valorar pruebas testimoniales y periciales especializadas. Además, incluyó análisis sobre la respuesta judicial en contextos de desigualdad y discriminación.

La Dirección de Atención Integral a las Mujeres y Acceso a la Justicia impulsó el proceso de formación.

El objetivo es mejorar la valoración de pruebas

Durante las jornadas, los participantes intercambiaron experiencias y revisaron criterios para fortalecer las decisiones judiciales.

La formación también buscó mejorar la respuesta de las jurisdicciones especializadas en violencia contra las mujeres, familia y paz.

El magistrado de la Sala de lo Constitucional Luis Javier Suárez Magaña destacó la importancia de aplicar los conocimientos adquiridos en las resoluciones judiciales.

Según el funcionario, las decisiones deben contar con fundamentos jurídicos y evitar prejuicios y estereotipos.

Cooperación internacional respaldó el proceso

En la actividad participaron representantes de la Dirección de Atención Integral a las Mujeres y de Canadá.

También asistió Ximena Díaz, coordinadora de proyectos de Abogados Sin Fronteras Canadá.

Al cierre del proceso, Díaz recibió un diploma de reconocimiento por el apoyo de esa organización a la capacitación.

La iniciativa forma parte de los esfuerzos para fortalecer las capacidades técnicas de funcionarios judiciales y especialistas que intervienen en casos relacionados con mujeres.

Las pequeñas y medianas empresas de América Latina y el Caribe aceleraron la adopción de pagos digitales. Aun así, el fraude sigue como principal obstáculo.

El 97% de las pymes de la región ya acepta pagos digitales, según el Estudio Mastercard 2026. El dato muestra que la adopción dejó de ser el principal desafío.

Sin embargo, la seguridad mantiene un peso importante en las decisiones empresariales. El 51% de las pymes considera el fraude y los ciberataques como la principal barrera para ampliar el uso de estas herramientas.

La seguridad pasa al centro de la estrategia

El estudio señala que el sector de pagos avanza hacia sistemas capaces de detectar riesgos antes de completar una operación.

Para 2026, Mastercard identificó una mayor aplicación de la inteligencia artificial en la prevención del fraude. Estas tecnologías buscan validar usuarios legítimos y detectar operaciones sospechosas con menor intervención manual.

Además, el análisis apunta a una transición desde defensas reactivas hacia mecanismos de verificación más anticipados. La inteligencia basada en datos tendrá un papel central en ese proceso.

Pagos instantáneos y nuevas experiencias

El crecimiento de los pagos digitales también está acompañado por una mayor expansión de los pagos instantáneos. Las soluciones omnicanal y los monederos digitales forman parte de esta transformación.

A la vez, las empresas buscan integrar diferentes canales para ofrecer procesos de compra más uniformes. Esta tendencia alcanza tanto a pequeños negocios como a grandes comercios.

El estudio también identifica el avance de las superaplicaciones y las finanzas integradas. Estas herramientas combinan servicios financieros con otras funciones dentro de una misma experiencia digital.

La inteligencia artificial amplía su alcance

La inteligencia artificial tiene además un papel en el comercio automatizado y en la gestión de transacciones.

Según estudio, los agentes de inteligencia artificial podrán participar en procesos comerciales. Por ello, los sistemas de pago deberán identificar tanto a personas como a agentes autorizados.

El uso de datos también permitirá anticipar necesidades de los consumidores y personalizar experiencias. A la vez, las empresas deberán mantener infraestructuras capaces de responder ante un entorno digital más complejo.

El escenario de 2026 combina mayor adopción digital con nuevas exigencias de seguridad. Para las pymes, el reto pasa ahora por ampliar estas herramientas sin aumentar su exposición al fraude.

El presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Sergio Díaz-Granados, se reunió este lunes con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para revisar la cooperación iniciada en 2022.

Durante el encuentro, ambos analizaron los proyectos desarrollados y acordaron profundizar el apoyo financiero en educación, salud, desarrollo aeronáutico y recuperación de espacios públicos.

Díaz-Granados señaló que CAF busca movilizar recursos propios y de socios estratégicos para respaldar nuevas inversiones en infraestructura y servicios.

El aeropuerto concentra una parte de la inversión

Como parte de su agenda, el presidente ejecutivo de CAF recorrió las obras del Aeropuerto Internacional del Pacífico, en la zona oriental de El Salvador.

El proyecto forma parte del programa “El Salvador Vuela”, que cuenta con un financiamiento de $320 millones de CAF.

La iniciativa contempla además la modernización de aeropuertos de menor tamaño y el fortalecimiento institucional del sector aeronáutico.

Según CAF, el programa busca mejorar la conectividad aérea, reducir costos y tiempos de viaje e impulsar el turismo y la competitividad.

También incluye medidas para fortalecer la capacidad de respuesta del sistema aeroportuario ante desastres naturales.

Educación suma $400 millones desde 2022

La agenda incluyó además una visita a la Escuela OEI, en Santa Tecla, junto con la ministra de Educación, Karla Trigueros.

CAF ha aprobado desde 2022 créditos por $400 millones para apoyar la modernización del sistema educativo salvadoreño.

Los recursos financian infraestructura física y digital, tecnología, formación docente y acciones para reducir la brecha digital.

El banco también prevé mantener el financiamiento y la asistencia técnica para ampliar estas iniciativas dentro del sistema educativo.

La visita de Díaz-Granados se produce en el marco de una relación que CAF y el Gobierno salvadoreño han ampliado desde la incorporación del país al banco en 2022.