La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador impulsa la formación sobre el uso ético de la inteligencia artificial en la función judicial.

La iniciativa busca preparar a jueces, fiscales y otros operadores para utilizar estas herramientas sin afectar derechos fundamentales ni el debido proceso.

Formación para enfrentar nuevos retos tecnológicos

La Sala de lo Penal organizó un seminario-taller sobre inteligencia artificial tradicional y generativa. La Cooperación Alemana para el Desarrollo apoyó la actividad.

El presidente de la Sala de lo Penal, Alejandro Antonio Quinteros Espinoza, inauguró el encuentro. Durante su intervención, destacó la necesidad de aplicar criterios responsables en el uso de estas tecnologías.

Además, el taller aborda los riesgos que puede generar la inteligencia artificial dentro de los procesos judiciales. Entre ellos figuran los prejuicios, las desigualdades y los estereotipos.

La decisión judicial seguirá bajo control humano

La capacitación busca fortalecer las capacidades de los operadores de justicia. El objetivo incluye evitar que las herramientas tecnológicas sustituyan el razonamiento judicial.

Asimismo, la actividad plantea criterios para proteger la dignidad humana durante el uso de sistemas de inteligencia artificial.

Los participantes también analizan aspectos relacionados con la protección y gobernabilidad de los datos. A esto se suman requisitos de seguridad y confiabilidad.

Participan jueces y otros operadores de justicia

En el seminario participaron magistrados de la Sala de lo Penal, colaboradores jurídicos y jueces. También asistieron fiscales, defensores públicos y otros integrantes del sector justicia.

La formación académica estuvo a cargo de una especialista argentina en inteligencia artificial y función judicial.

Con este espacio, la Corte Suprema busca ampliar el conocimiento sobre el uso responsable de la tecnología. Además, plantea incorporar herramientas digitales bajo criterios compatibles con los derechos humanos y las garantías judiciales.

La Procuraduría General de la República (PGR) promueve la mediación como una alternativa para resolver conflictos mediante el diálogo y la búsqueda voluntaria de acuerdos.

La institución destacó el mecanismo el 3 de septiembre, durante la conmemoración del Día Nacional de la Mediación. La campaña busca acercar este recurso a la población y mostrar su utilidad en situaciones cotidianas.

Entre los casos que pueden abordarse mediante mediación figuran problemas de convivencia entre vecinos. También incluye desacuerdos relacionados con mascotas, ruidos excesivos y el uso de espacios comunes.

Una alternativa antes de llegar a los tribunales

La PGR señala que la mediación permite que las personas involucradas participen de manera voluntaria en la búsqueda de una solución.

Los mediadores facilitan el diálogo entre las partes. Su función consiste en ayudar a identificar puntos de acuerdo y promover soluciones aceptadas por quienes participan.

La institución impulsa este mecanismo desde 1999 como una vía pacífica para atender conflictos. Además, lo plantea como una herramienta para promover una cultura de paz.

Los servicios de mediación que ofrece la PGR son gratuitos en sus procuradurías auxiliares, según la información institucional proporcionada.

Los conflictos vecinales también pueden abordarse

La campaña incluye situaciones que pueden afectar la convivencia diaria.

Por ejemplo, la PGR señala que las molestias provocadas por mascotas pueden llevar a desacuerdos entre vecinos. En estos casos, la mediación puede facilitar la búsqueda de soluciones.

El mismo recurso puede utilizarse cuando el ruido afecta el descanso o genera problemas de convivencia. También puede ayudar cuando existen diferencias relacionadas con linderos o espacios compartidos.

La institución pone a disposición el número de CAVAL, 2231-9484, para recibir orientación sobre estos servicios.

El mecanismo cubre distintas áreas

La mediación no se limita a conflictos comunitarios. La PGR también la aplica en asuntos familiares, civiles, patrimoniales, laborales, escolares y sociales.

En materia familiar puede abordar acuerdos sobre cuotas alimenticias, régimen de visitas y cuidado personal.

En el ámbito civil y patrimonial contempla asuntos como deudas, contratos de arrendamiento, pagos pendientes y reclamos relacionados con propiedades.

Asimismo, puede atender desacuerdos entre empleados y empleadores, incluidos acuerdos sobre prestaciones o indemnizaciones.

En entornos educativos también puede intervenir ante determinados desacuerdos y situaciones sociales.

Una estructura especializada coordina los servicios

La Procuraduría Especializada de Mediación y Conciliación fue creada en octubre de 2022. La dependencia coordina y supervisa la planificación técnica de los servicios de mediación de la PGR.

Entre sus funciones figuran la formación del personal, la actualización de procedimientos y la supervisión de las unidades de mediación y conciliación.

La dependencia también trabaja en la acreditación de mediadores y centros externos a la institución.

Actualmente, la PGR registra 158 mediadores internos y 52 externos. Además, cuenta con 11 centros de mediación municipales y uno privado acreditado.

Según los datos institucionales, estos centros realizan aproximadamente 350 audiencias de mediación al año.

La PGR también promueve la mediación virtual

La institución ha incorporado herramientas tecnológicas para ampliar el acceso al servicio. Entre ellas figura la Mediación Virtual, que permite realizar audiencias a distancia.

Esta modalidad busca facilitar la participación de personas que viven fuera de El Salvador o enfrentan dificultades para movilizarse.

De esta forma, la PGR combina los servicios presenciales con mecanismos digitales para ampliar las opciones de solución de conflictos.

La institución sostiene que la mediación permite resolver determinadas diferencias sin recurrir directamente a procesos judiciales. Su promoción forma parte de las acciones destinadas a fortalecer el diálogo y la cultura de paz en El Salvador.

El Órgano Judicial avanza en la digitalización de sus procesos con la capacitación de gerentes, directores y jefaturas sobre el uso de la firma electrónica certificada.

La formación busca facilitar la gestión de documentos administrativos y reducir progresivamente el uso de papel. Además, forma parte de las acciones de modernización impulsadas por la Comisión de Modernización.

La tecnología llegará a los documentos administrativos

La capacitación se centró en el uso de la firma electrónica certificada dentro del Sistema de Gestión de Actividades (SGA).

Con esta herramienta, el Órgano Judicial busca establecer mecanismos para firmar documentos internos de manera digital.

El sistema permitirá reforzar aspectos como la autenticidad, integridad y validez jurídica de los documentos. También facilitará su conservación y resguardo.

La medida contempla a las unidades organizativas que generan documentación administrativa interna dentro de la institución.

El cambio busca reducir el uso de papel

La incorporación de la firma electrónica certificada también apunta a una gestión documental más eficiente.

De esta manera, la institución pretende disminuir la circulación de documentos físicos y agilizar los trámites administrativos.

Además, la digitalización puede facilitar el acceso y conservación de los archivos institucionales. Esto permitirá mantener un mayor control sobre la documentación generada por las distintas áreas.

Los magistrados Luis Javier Suárez Magaña, coordinador de la Comisión de Modernización, y José Ernesto Clímaco Valiente destacaron la importancia de avanzar de forma progresiva en el uso de estas herramientas.

Ambos señalaron que el personal debe familiarizarse con las nuevas metodologías para aprovechar sus beneficios.

La estrategia se extiende al expediente judicial

La firma electrónica certificada forma parte de un proceso más amplio de transformación digital del Órgano Judicial.

La institución también avanza con la implementación del expediente judicial electrónico y con la innovación de otros trámites en línea.

Estas medidas buscan agilizar procesos y ampliar el uso de herramientas digitales dentro de la administración judicial.

Asimismo, la Comisión de Modernización plantea que la tecnología contribuya a mejorar la certeza y seguridad en el manejo de los documentos.

Tres jornadas para preparar al personal

La Dirección de Desarrollo Tecnológico e Informática estuvo a cargo de la capacitación.

El programa se desarrolló durante tres jornadas y estuvo dirigido a responsables de áreas administrativas y jurídicas.

La formación permitirá que las distintas unidades conozcan el funcionamiento de la firma electrónica certificada y su aplicación dentro del sistema institucional.

Con estas acciones, el Órgano Judicial continúa el proceso de modernización de sus servicios y de sus mecanismos internos de gestión documental.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) recordó que los notarios pueden solicitar en línea la constancia de profesional activo. El documento se emite en formato PDF con firma electrónica.

El trámite se realiza mediante el Expediente Electrónico Único de Abogados y Notarios. Para ingresar, los profesionales deben utilizar su usuario y contraseña del Sistema de Notificación Electrónica (SNE).

Estos son los pasos para solicitar el documento

Primero, el notario debe ingresar al expediente electrónico y seleccionar la opción “Servicios en línea”.

Luego, debe elegir “Solicitud de constancia de notario activo/rehabilitado”. El sistema mostrará un formulario con los datos registrados del profesional.

El usuario debe verificar su nombre, DUI, número de Tarjeta de Identificación de la Abogacía y número de acuerdo de notario.

También debe revisar la fecha de autorización. Si encuentra algún error, debe comunicarse con la Corte Suprema de Justicia mediante los canales habilitados.

Después, debe seleccionar “Constancia de Notario Activo” como tipo de documento. Finalmente, debe elegir el proveedor del servicio de firma electrónica.

La constancia llega al sistema de notificaciones

Una vez completado el trámite, la constancia será enviada al Sistema de Notificación Electrónica.

El profesional podrá descargar el documento en formato PDF con firma electrónica. Según la Corte Suprema de Justicia, esta constancia resulta necesaria para gestionar la firma electrónica ante proveedores acreditados.

Además, quienes tengan una suspensión vigente no podrán realizar el trámite.

Corte habilita canales para consultas

La Corte Suprema de Justicia indicó que los notarios pueden resolver dudas mediante el teléfono 2231-8300, en las extensiones 3353 y 3349.

También pueden escribir al correo investigacion.profesional@oj.gob.sv.

Para utilizar el servicio, los profesionales deben contar con una Cuenta Electrónica Única del SNE. De esta forma, pueden acceder al expediente y realizar la solicitud sin acudir presencialmente.

La inteligencia artificial comienza a ocupar un espacio más relevante en la modernización de la justicia salvadoreña. Ahora, incluso los aspirantes al Consejo Nacional de la Judicatura plantean cómo incorporarla sin trasladar las decisiones judiciales a las máquinas.

Al menos 5 de los 12 candidatos a magistrados entrevistados han incluido la IA entre sus propuestas. Sus planteamientos aparecen mientras distintas instituciones avanzan en herramientas digitales para procesar información, gestionar expedientes y apoyar investigaciones.

El cambio tecnológico, por tanto, ya no se limita a digitalizar documentos. El siguiente paso consiste en utilizar sistemas capaces de analizar grandes volúmenes de información y asistir a los funcionarios en tareas específicas.

El sistema judicial entra en una nueva etapa tecnológica

La Fiscalía General de la República ha impulsado una plataforma soberana de inteligencia artificial. La herramienta busca apoyar la gestión de expedientes y el análisis de grandes cantidades de datos.

Además, la Corte Suprema de Justicia ha desarrollado actividades de capacitación sobre tecnologías emergentes y análisis de información.

Estos avances modifican el escenario en el que deberá trabajar el próximo Consejo Nacional de la Judicatura. El organismo tiene entre sus funciones la formación y evaluación de jueces y magistrados.

Por ello, la discusión sobre IA no se reduce a comprar programas o incorporar nuevas plataformas. También implica preparar a los funcionarios para utilizarlas correctamente.

Los aspirantes plantean distintos usos para la IA

Las propuestas conocidas hasta ahora muestran coincidencias, aunque también abren diferentes posibilidades.

Maritza Venancia Zapata Cañas plantea incorporar IA en la capacitación de funcionarios judiciales. Su propuesta prioriza el aprendizaje y los controles para evitar un uso sin supervisión.

Magdaleno de Jesús Novelo Rodríguez identifica otro beneficio: reducir tiempos en la tramitación de procesos. Sin embargo, considera que el análisis jurídico debe continuar bajo responsabilidad del juez.

Karla Cecilia Roque de Rodríguez propone avanzar hacia una transformación digital responsable. Entre los usos posibles menciona el apoyo para consultar jurisprudencia y doctrina.

Alba Geraldina Paredes de Bonifacio plantea crear un Departamento de Investigación e incorporar herramientas de inteligencia artificial. Eduardo Antonio Pérez Hernández también considera necesaria la transformación digital.

En conjunto, las propuestas apuntan hacia un modelo donde la tecnología acelere tareas, pero conserve al funcionario como responsable de las decisiones.

El principal limite está en quién toma la decisión

La discusión adquiere mayor relevancia porque una herramienta de IA puede procesar información rápidamente, pero no asume responsabilidad jurídica.

Ese punto aparece en las propuestas de los aspirantes. También coincide con los criterios establecidos por la Sala de lo Constitucional en marzo de 2026.

La Sala reconoció que la inteligencia artificial puede mejorar la eficiencia de las instituciones. Sin embargo, alertó sobre riesgos como los sesgos algorítmicos y la discriminación.

Además, estableció que las labores judiciales deben contar con controles éticos y legales. La supervisión humana debe acompañar el uso de estas tecnologías.

El criterio también reconoce el derecho de las personas a contar con un juez humano y un procurador humano.

La capacitación será clave para la siguiente etapa

El avance de estas herramientas plantea una nueva exigencia para la formación judicial. Los jueces necesitarán conocer no solo las posibilidades de la IA, sino también sus límites.

Eso incluye identificar errores, detectar información sesgada y comprobar los resultados que produzca un sistema.

También será necesario establecer reglas sobre qué información puede introducirse en estas plataformas. La protección de datos y la confidencialidad de los
expedientes forman parte de ese desafío.

En este escenario, la propuesta de utilizar IA en las capacitaciones adquiere una dimensión más amplia. No se trata únicamente de enseñar a utilizar un programa.

El objetivo sería formar funcionarios capaces de decidir cuándo una herramienta resulta útil y cuándo puede generar riesgos para un proceso.

El debate ya no es si llegará la IA, sino cómo se utilizará

La expansión de herramientas tecnológicas en las instituciones salvadoreñas está llevando la discusión hacia una nueva fase.

La pregunta central para el próximo Consejo Nacional de la Judicatura será cómo integrar estas tecnologías en la administración de justicia sin debilitar las garantías judiciales.

Las propuestas de los candidatos muestran un punto de coincidencia: la IA puede asistir al sistema, pero no reemplazar el criterio humano.

El desafío estará en convertir ese principio en reglas, capacitación y controles concretos. De ello dependerá que la modernización tecnológica avance junto con la responsabilidad de quienes imparten justicia.