Legal
Corte Suprema prepara el uso de inteligencia artificial en la función judicial con enfoque en derechos humanos
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador impulsa la formación sobre el uso ético de la inteligencia artificial en la función judicial.
La iniciativa busca preparar a jueces, fiscales y otros operadores para utilizar estas herramientas sin afectar derechos fundamentales ni el debido proceso.
Formación para enfrentar nuevos retos tecnológicos
La Sala de lo Penal organizó un seminario-taller sobre inteligencia artificial tradicional y generativa. La Cooperación Alemana para el Desarrollo apoyó la actividad.
El presidente de la Sala de lo Penal, Alejandro Antonio Quinteros Espinoza, inauguró el encuentro. Durante su intervención, destacó la necesidad de aplicar criterios responsables en el uso de estas tecnologías.
Además, el taller aborda los riesgos que puede generar la inteligencia artificial dentro de los procesos judiciales. Entre ellos figuran los prejuicios, las desigualdades y los estereotipos.
La decisión judicial seguirá bajo control humano
La capacitación busca fortalecer las capacidades de los operadores de justicia. El objetivo incluye evitar que las herramientas tecnológicas sustituyan el razonamiento judicial.
Asimismo, la actividad plantea criterios para proteger la dignidad humana durante el uso de sistemas de inteligencia artificial.
Los participantes también analizan aspectos relacionados con la protección y gobernabilidad de los datos. A esto se suman requisitos de seguridad y confiabilidad.
Participan jueces y otros operadores de justicia
En el seminario participaron magistrados de la Sala de lo Penal, colaboradores jurídicos y jueces. También asistieron fiscales, defensores públicos y otros integrantes del sector justicia.
La formación académica estuvo a cargo de una especialista argentina en inteligencia artificial y función judicial.
Con este espacio, la Corte Suprema busca ampliar el conocimiento sobre el uso responsable de la tecnología. Además, plantea incorporar herramientas digitales bajo criterios compatibles con los derechos humanos y las garantías judiciales.
