La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este martes la 53a. prórroga del régimen de excepción, con 57 votos a favor (de 60 posibles), por lo que las medidas extraordinarias continuarán vigentes del 30 de julio al 28 de agosto de 2026.

La iniciativa recibió el respaldo de la bancada oficialista y sus aliados. La diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, votó en contra, mientras que los legisladores del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) no participaron en la sesión.

Según la solicitud enviada por el Ejecutivo y firmada por el secretario de Asuntos Jurídicos de la Presidencia, Adolfo Muñoz, la extensión permitirá mantener las operaciones de seguridad contra las pandillas y otras estructuras criminales.

La prórroga mantiene suspendidas tres garantías constitucionales: el derecho de las personas detenidas a ser informadas de las razones de su captura y a contar con asistencia legal inmediata, el límite de 72 horas para la detención administrativa y la inviolabilidad de la correspondencia y las telecomunicaciones.

Gobierno informa sobre capturas y reclutamiento de menores

En el documento, el Gobierno reportó 92,740 capturas desde el inicio del régimen de excepción en marzo de 2022, lo que representa 260 detenciones más que las informadas un mes antes.

Además, afirmó que las autoridades han identificado casos de menores de edad involucrados en el reclutamiento de otros jóvenes para integrarlos a pandillas, así como en delitos relacionados con armas de fuego y drogas. También señaló que han recopilado evidencia digital que, según el Ejecutivo, demuestra la continuidad de mecanismos de coordinación entre organizaciones criminales.

Mientras el Gobierno sostiene que el régimen ha contribuido a la reducción de los homicidios y asegura haber acumulado 1,275 días sin asesinatos durante la actual administración, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos mantienen denuncias por presuntas capturas arbitrarias, malos tratos y muertes de personas bajo custodia estatal.

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este lunes una nueva prórroga para la vigencia de las placas vehiculares con formato 2011, por lo que más de 2 millones de matrículas seguirán siendo válidas hasta el 31 de agosto de 2027. La medida busca evitar el impacto económico de una renovación inmediata y dar más tiempo a las autoridades para preparar un nuevo sistema de identificación vehicular.

La reforma recibió 59 votos de los diputados presentes y modifica una disposición transitoria de la Ley de Derechos Fiscales por la Circulación de Vehículos.

Según el dictamen aprobado, la extensión permitirá realizar una evaluación técnica, financiera y logística del proceso antes de emitir las nuevas placas. El documento también señala que esta planificación contribuirá a optimizar recursos y facilitar la modernización del sistema de identificación de vehículos.

Durante el estudio de la iniciativa en la comisión legislativa de infraestructura, el viceministro de Transporte, Nelson Reyes, explicó que el Gobierno necesita tiempo para desarrollar un modelo que incorpore tecnologías y medidas de seguridad que no existían cuando las placas actuales fueron emitidas en 2011.

Además, sostuvo que la prórroga representa un alivio económico para los propietarios de vehículos, ya que evita el costo de una sustitución inmediata de las matrículas.

La vigencia de este formato debía finalizar originalmente en 2017. Sin embargo, el Congreso ha aprobado varias ampliaciones en los últimos años. Primero extendió el plazo hasta diciembre de 2021. Posteriormente, lo prorrogó hasta abril de 2024 debido al impacto económico de la pandemia de covid-19.

Después, los legisladores aprobaron nuevas extensiones hasta agosto de 2025 y, más tarde, hasta el 31 de agosto de 2026.

Con la decisión adoptada este lunes, las placas de formato 2011 permanecerán vigentes un año adicional, mientras el Gobierno concluye los estudios técnicos y financieros que definirán la futura renovación del parque nacional de matrículas.

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El Gobierno de El Salvador presentó ante la Asamblea Legislativa una propuesta para extender hasta el 31 de agosto de 2027 la vigencia de las placas vehiculares con formato 2011. La iniciativa busca evitar que más de dos millones de propietarios deban asumir este año el costo del cambio de matrículas y, al mismo tiempo, dar más tiempo para implementar un nuevo modelo con mayores medidas de seguridad.

El viceministro de Transporte, Nelson Reyes, explicó la propuesta durante una sesión de la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial del Congreso salvadoreño. Según indicó, la medida tendría beneficios económicos para los conductores y facilitaría la incorporación de nuevas tecnologías en las futuras placas.

La propuesta busca evitar gastos para los propietarios

Durante su comparecencia, Reyes afirmó que la prórroga responde al objetivo de reducir la carga económica para la población.

El funcionario señaló que, si la iniciativa es aprobada, los propietarios no tendrán que realizar un gasto imprevisto por el cambio obligatorio de placas durante este año.

Además, explicó que la extensión aplicaría tanto a los vehículos que ya circulan en el país como a los que sean incorporados al parque vehicular durante el período de vigencia de la prórroga.

Autoridades preparan un nuevo modelo con mayor seguridad

El viceministro indicó que el plazo adicional permitirá desarrollar una renovación física de las matrículas con elementos tecnológicos y sistemas de seguridad de última generación.

Las autoridades no detallaron las características del nuevo formato, pero señalaron que el tiempo adicional facilitará la transición hacia un sistema actualizado.

Más de dos millones de vehículos serían beneficiados

El Observatorio Nacional de Seguridad Vial registra 2,108,298 vehículos en circulación en El Salvador. Por ello, cualquier decisión sobre las placas tiene impacto directo en más de dos millones de propietarios.

Actualmente, ninguna placa debe renovarse de forma obligatoria. La normativa vigente mantiene la validez de las matrículas con formato 2011 hasta el 31 de agosto de 2026.

La nueva iniciativa legislativa plantea extender ese plazo un año más, hasta el 31 de agosto de 2027.

Las matrículas de 2011 han recibido varias extensiones

La Ley de Derechos Fiscales por la Circulación de Vehículos establece que las placas tienen una vigencia ordinaria de cinco años. Bajo esa disposición, el formato 2011 debía reemplazarse originalmente en 2017.

Sin embargo, la Asamblea Legislativa aprobó sucesivas prórrogas. Primero extendió la vigencia hasta diciembre de 2021. Después la amplió hasta abril de 2024, luego hasta agosto de 2025 y, finalmente, hasta agosto de 2026.

Si la Asamblea Legislativa aprueba la nueva reforma, las placas actuales permanecerán vigentes hasta el 31 de agosto de 2027, mientras el Gobierno prepara la futura sustitución con un nuevo diseño y mayores estándares de seguridad.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe este jueves 16 de julio al mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington. La reunión está programada para las 9:00 de la mañana, hora de El Salvador.

El encuentro se celebrará pocos días después de que el partido oficialista salvadoreño, Nuevas Ideas, proclamara a Bukele como candidato presidencial para las elecciones previstas para febrero de 2027. Con esa postulación, el gobernante buscará un tercer mandato consecutivo.

Además, esta será la segunda reunión oficial entre Trump y Bukele en la Casa Blanca. El primer encuentro tuvo lugar en abril de 2025 y estuvo centrado en seguridad, migración y cooperación entre Estados Unidos y El Salvador.

Los mandatarios mantienen contacto desde inicios de 2026

Ambos líderes también coincidieron el 5 de febrero de 2026 durante el 74.º Desayuno Nacional de Oración, celebrado en Washington. En ese evento participaron dirigentes políticos, líderes religiosos y representantes de distintos sectores de la sociedad estadounidense.

Durante esa actividad, Trump calificó a Bukele como “un gran líder” y lo señaló como uno de los principales aliados de Estados Unidos en América Latina. Por su parte, el presidente salvadoreño presentó los resultados de la estrategia de seguridad impulsada por su Gobierno para reducir la violencia de las pandillas.

La agenda apunta a fortalecer la relación bilateral

La administración de Trump considera a Bukele un aliado estratégico en la región. Por ello, la reunión de este jueves se desarrollará en un contexto de cooperación entre ambos gobiernos.

Entre los asuntos que se perfilan para la agenda figuran la seguridad, la migración, el combate al crimen organizado y otros mecanismos de cooperación bilateral. Estos temas han ocupado un lugar central en la relación entre Estados Unidos y El Salvador durante los encuentros previos entre ambos mandatarios.

La Asamblea Legislativa aprobó una reforma que transfiere funciones, bienes y procesos relacionados con electricidad desde la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) hacia la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM).

El cambio fue avalado con 57 votos. La medida modifica las leyes de creación de la SIGET y de la DGEHM

La decisión establece un periodo de transición de seis meses para ejecutar el traslado institucional.

Además, la superintendencia deberá entregar expedientes, registros, información, bienes y activos vinculados con el área eléctrica.

Dentro de ese plazo también cambiará la administración del Registro de Electricidad, donde se inscriben concesiones, cancelaciones y otros procesos del sector.

Entidad asumirá decisiones técnicas y regulatorias

La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas asumirá atribuciones que actualmente están bajo responsabilidad de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones.

Entre las nuevas funciones figuran la emisión de normas y estándares técnicos, así como la aprobación de cargos, tarifas y tasas establecidas en las leyes del sector eléctrico.

La entidad también tendrá facultades relacionadas con incentivos fiscales para energías renovables y concesiones para generación eléctrica.

Por otra parte, la reforma deja a criterio de la Dirección decidir el traslado del personal o la terminación de contratos.

Procesos administrativos cambiarán de institución

La reforma establece diferencias entre los procesos administrativos y los casos judiciales actualmente abiertos.

Los procesos judiciales donde participe la Superintendencia continuarán bajo esa institución hasta que concluyan.

Sin embargo, los procedimientos administrativos en trámite pasarán a la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas.

Además, la nueva autoridad podrá suspender plazos durante el proceso de traslado. No obstante, esa suspensión no podrá superar los seis meses.