La Asamblea Legislativa aprobó una reforma que transfiere funciones, bienes y procesos relacionados con electricidad desde la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) hacia la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM).

El cambio fue avalado con 57 votos. La medida modifica las leyes de creación de la SIGET y de la DGEHM

La decisión establece un periodo de transición de seis meses para ejecutar el traslado institucional.

Además, la superintendencia deberá entregar expedientes, registros, información, bienes y activos vinculados con el área eléctrica.

Dentro de ese plazo también cambiará la administración del Registro de Electricidad, donde se inscriben concesiones, cancelaciones y otros procesos del sector.

Entidad asumirá decisiones técnicas y regulatorias

La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas asumirá atribuciones que actualmente están bajo responsabilidad de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones.

Entre las nuevas funciones figuran la emisión de normas y estándares técnicos, así como la aprobación de cargos, tarifas y tasas establecidas en las leyes del sector eléctrico.

La entidad también tendrá facultades relacionadas con incentivos fiscales para energías renovables y concesiones para generación eléctrica.

Por otra parte, la reforma deja a criterio de la Dirección decidir el traslado del personal o la terminación de contratos.

Procesos administrativos cambiarán de institución

La reforma establece diferencias entre los procesos administrativos y los casos judiciales actualmente abiertos.

Los procesos judiciales donde participe la Superintendencia continuarán bajo esa institución hasta que concluyan.

Sin embargo, los procedimientos administrativos en trámite pasarán a la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas.

Además, la nueva autoridad podrá suspender plazos durante el proceso de traslado. No obstante, esa suspensión no podrá superar los seis meses.

La encargada de negocios de Estados Unidos en El Salvador, Naomi Fellows, afirmó que la relación bilateral entre ambos países se mantiene activa en áreas económicas, políticas y de seguridad.

En declaraciones públicas, señaló que los vínculos entre Estados Unidos y El Salvador abarcan distintos niveles de cooperación. Además, destacó el componente social como uno de los elementos centrales de la relación.

La diplomática subrayó que ambos gobiernos continúan trabajando en temas compartidos dentro de la agenda regional.

Inversión y comercio destacan en la cooperación económica

Fellows indicó que Estados Unidos mantiene el interés en ampliar las oportunidades de inversión en El Salvador.

Según explicó, el país centroamericano puede integrarse en diferentes etapas de las cadenas de suministro globales. Este punto, dijo, representa una oportunidad para fortalecer el comercio y la cooperación económica.

Además, señaló que Estados Unidos busca trabajar con socios cercanos para garantizar la estabilidad de sus cadenas productivas.

En ese contexto, afirmó que El Salvador se encuentra en una posición estratégica dentro de la región.

Migración irregular concentra parte de la agenda conjunta

La funcionaria estadounidense señaló que la migración irregular sigue siendo un tema prioritario en la relación bilateral.

Indicó que la cooperación entre ambos países se extiende también a esfuerzos regionales en el hemisferio occidental.

Fellows advirtió sobre los riesgos de las rutas migratorias irregulares y mencionó que estos recorridos representan peligro para las personas que los utilizan.

También relacionó la reducción de estos flujos con el fortalecimiento de oportunidades económicas en los países de origen.

Según afirmó, la generación de condiciones de empleo e inversión resulta clave para reducir la migración.

Proceso diplomático y actividades bilaterales continúan en desarrollo

La encargada de negocios también se refirió al proceso de nominación de Mark Abreu como próximo embajador estadounidense en el país.

Explicó que la designación aún depende de la confirmación del Senado de Estados Unidos.

Mientras tanto, la misión diplomática mantiene sus funciones habituales y prepara la transición hacia una nueva representación formal.

Fellows agregó que la cooperación entre ambos países también incluye acciones en temas transfronterizos y de seguridad regional.

Además, destacó que Estados Unidos mantiene actividades culturales y conmemorativas en el marco de su relación con El Salvador.

La diplomática costarricense Lina Ajoy fue elegida como nueva secretaria general del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), el principal organismo de cooperación política y económica de la región.

Con esta designación, Ajoy se convertirá en la primera mujer en dirigir la institución desde su creación. Asumirá el cargo el próximo 9 de agosto para el período 2026-2030.

La elección se realizó durante una reunión extraordinaria virtual de jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros del organismo regional.

La Cancillería de Costa Rica confirmó el nombramiento y expresó su confianza en que la nueva titular impulse una gestión eficaz, transparente y alineada con las prioridades de Centroamérica.

Amplia trayectoria en el servicio diplomático

Ajoy cuenta con 27 años de experiencia en la carrera diplomática costarricense. Además, es abogada, notaria y posee formación en mediación y cooperación internacional.

Su experiencia más reciente fue como embajadora de Costa Rica en El Salvador. Desde ese cargo también representó a su país ante el Sistema de la Integración Centroamericana y ante Belice.

Asimismo, ocupó puestos de dirección dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica, entre ellos la Dirección General del Servicio Exterior y áreas relacionadas con política exterior y cooperación internacional.

Designación se produjo durante reunión regional

La votación contó con la participación de representantes de los países miembros del organismo.

En la reunión estuvieron presentes los presidentes de Guatemala, Honduras y República Dominicana, así como altos funcionarios de Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Belice y Panamá.

Ajoy integraba una terna presentada por el Gobierno costarricense para optar al cargo. Finalmente, obtuvo el respaldo de los gobiernos participantes y fue seleccionada para liderar la secretaría general.

Nombramiento pone fin a un prolongado período de vacancia

La secretaría general del organismo permanecía vacante desde noviembre de 2023, cuando el abogado nicaragüense Werner Vargas dejó el puesto antes de concluir su mandato.

La ausencia de una autoridad titular generó un proceso de negociaciones entre los países miembros para alcanzar un consenso sobre la nueva conducción institucional.

Las autoridades costarricenses señalaron que la elección permitirá garantizar la continuidad administrativa y política del sistema regional en beneficio de la población centroamericana.

Reclamo de Nicaragua marcó el proceso de selección

Semanas antes de la elección, el Gobierno de Nicaragua sostuvo que le correspondía ocupar la secretaría general del organismo regional.

Managua recordó que había presentado tres ternas con nueve candidatos para asumir el cargo. Sin embargo, aseguró que las propuestas fueron rechazadas en diferentes momentos.

El Ejecutivo nicaragüense afirmó que esas decisiones constituyeron un bloqueo contra sus aspirantes. Pese a ese reclamo, los países miembros avanzaron con el proceso y eligieron a Lina Ajoy como máxima autoridad administrativa del Sistema de la Integración Centroamericana.

El Salvador respaldó una declaración conjunta emitida por los países integrantes de Escudo de las Américas, en la que expresaron apoyo al Gobierno de Bolivia y rechazaron los intentos de desestabilización denunciados por ese bloque regional.

El pronunciamiento fue suscrito por los gobiernos de Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago.

Según el documento, los países firmantes denunciaron los continuos intentos de derrocar al presidente boliviano Rodrigo Paz, a quien reconocieron como el mandatario legítimamente elegido por la mayoría de los votantes.

Posición salvadoreña dentro del bloque regional

Con su adhesión a la declaración, El Salvador se alineó con otros gobiernos de la región que manifestaron respaldo a la continuidad institucional y al respeto de los resultados electorales en Bolivia.

Los firmantes sostuvieron que la voluntad popular expresada en las urnas debe prevalecer frente a cualquier acción que busque alterar el orden democrático. Además, señalaron que la estabilidad política es un elemento clave para el desarrollo y la gobernabilidad.

Pronunciamiento sobre el suministro de bienes esenciales

La declaración también expresó apoyo al Gobierno boliviano ante acciones que, según el texto, dificultan la distribución de alimentos, medicinas y otros suministros considerados vitales para la población.

Los países integrantes de Escudo de las Américas afirmaron que esos obstáculos afectan directamente a los ciudadanos y complican la atención de necesidades básicas en distintas zonas del país.

Acusaciones contra grupos vinculados al crimen transnacional

Asimismo, el documento señaló que algunas protestas reciben financiamiento procedente del narcotráfico y de redes de crimen transnacional. Los gobiernos firmantes afirmaron que quienes participen en esas actividades deben responder ante la justicia.

No obstante, la declaración no incluyó detalles sobre investigaciones específicas ni identificó a personas o grupos concretos relacionados con esas acusaciones.

Exhortan a utilizar mecanismos de diálogo

Finalmente, los países firmantes hicieron un llamado a los sectores que mantienen reclamos legítimos para que participen en procesos de diálogo con las autoridades bolivianas.

La declaración sostiene que las diferencias políticas deben resolverse mediante mecanismos democráticos y rechaza cualquier acción orientada a sustituir la decisión tomada por los ciudadanos en las elecciones.

La aprobación ciudadana del presidente Nayib Bukele alcanzó el 85.5 % en mayo de 2026, según una encuesta divulgada por LPG Datos, la unidad de investigación social de La Prensa Gráfica. Aunque el respaldo continúa en niveles elevados, el resultado se ubicó por debajo del 91.9 % registrado en enero de este año.

El estudio también identificó cambios en las prioridades de los salvadoreños. Mientras la seguridad sigue siendo el aspecto mejor valorado de la gestión presidencial, la economía gana peso entre las preocupaciones de la población.

Resultados mantienen niveles superiores a mediciones históricas

De acuerdo con la encuesta, el 49.5 % de los consultados dijo aprobar mucho la labor del mandatario y el 36 % afirmó aprobarla algo. En contraste, el 10.9 % expresó desaprobación y el 3.6 % no respondió.

La medición ubica la valoración de Bukele por encima de los niveles reportados por anteriores presidentes salvadoreños durante períodos similares de gobierno.

Además, el 26.3 % de los entrevistados manifestó que no identifica fracasos relevantes en la actual administración.

Avances en seguridad continúan liderando las menciones

La reducción de la violencia y las acciones contra las pandillas se mantienen como los logros más señalados por la ciudadanía.

El 55.6 % destacó mejoras en la seguridad en general. Asimismo, el 20.7 % mencionó el combate a las pandillas y el 5.9 % resaltó los esfuerzos contra la delincuencia.

Por otra parte, el 86.5 % consideró que el Gobierno contribuye a resolver los problemas relacionados con la seguridad pública.

Indicadores económicos muestran señales de mayor exigencia ciudadana

Las principales observaciones críticas se concentraron en temas económicos. El 15.8 % señaló la falta de mejoras en la economía, mientras que otros encuestados mencionaron el empleo y el costo de la vida.

Además, la percepción sobre el cumplimiento de promesas mostró variaciones. El 46.6 % considera que el presidente cumple sus compromisos, mientras que el 38.9 % cree que los cumple parcialmente.

La encuesta se realizó entre el 15 y el 23 de mayo de 2026 mediante 1,200 entrevistas telefónicas a adultos residentes en El Salvador. El estudio tiene un margen de error de ±2.8 % y un nivel de confianza del 95 %.