La Federación de Asociaciones de Abogados (Fedaes) presentó a 21 precandidatos que competirán por integrar el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) para el período 2026-2031.

El CNJ es la institución encargada de evaluar, capacitar y proponer jueces y magistrados en el país. De sus siete integrantes, tres deben representar al gremio de abogados.

La Federación deberá presentar tres ternas de miembros propietarios y tres de suplentes, para un total de 18 nombres que serán definidos mediante votación secreta e igualitaria.

Aspirantes inician campaña antes de la jornada electoral

Los candidatos pertenecen a cuatro asociaciones de abogados y podrán realizar campaña desde el 30 de junio hasta el 9 de julio.

El presidente de la Federación, Rey Joaquín Nóchez Peña, señaló que la cantidad de inscritos superó las expectativas iniciales.

Además, indicó que el proceso refleja participación dentro del gremio y afirmó que los candidatos ya pueden solicitar apoyo para la elección.

Las votaciones se realizarán el 11 de julio desde las 8:00 de la mañana en los centros judiciales habilitados en cada departamento del país.

Integrantes actuales buscan mantener espacios dentro del organismo

Entre los participantes aparecen tres integrantes actuales del Consejo Nacional de la Judicatura.

Los abogados Santos Guerra Grijalba, Doris Deysi Castillo de Escobar y Alcides Salvador Funes Teos buscan continuar dentro de la institución.

Funes intenta alcanzar un cuarto período consecutivo y señaló que su experiencia administrativa constituye uno de sus principales argumentos.

Modificación técnica cambia el orden de la papeleta

El comité electoral informó además sobre un cambio en la organización de la papeleta.

Los nombres de los aspirantes aparecerán según el orden de inscripción y no en orden alfabético.

La reforma recibió aprobación por mayoría dentro de la directiva de la Federación y será aplicada durante la elección de este año.

La Corte Suprema de Justicia presentó los resultados de la evaluación del Programa Educativo para el Fortalecimiento en Derechos Humanos y Masculinidades para una Vida Libre de Violencia y Discriminación, una iniciativa implementada desde 2022 dentro de procesos judiciales.

Las autoridades informaron que la evaluación permitirá actualizar contenidos y herramientas metodológicas para fortalecer la aplicación del programa y ampliar su impacto.

Hasta la fecha, el proyecto ha brindado atención a más de 3,500 hombres vinculados a procesos judiciales. El programa desarrolla procesos pedagógicos y seguimiento para promover reflexión, responsabilidad y cambios de conducta.

Herramientas educativas buscan reducir nuevas conductas violentas

Las autoridades explicaron que el programa busca prevenir nuevas manifestaciones de violencia mediante procesos educativos y acompañamiento especializado.

Además, la metodología incluye espacios orientados a identificar conductas y promover cambios personales durante el desarrollo de los procesos judiciales.

Jornada reunió a representantes del sistema judicial salvadoreño

La presentación contó con la participación de magistrados de distintas salas de la Corte Suprema de Justicia.

Entre los asistentes estuvieron magistrados de las áreas Constitucional, Penal y Contencioso Administrativo, quienes conocieron los resultados y alcances de la evaluación.

Organismos internacionales participan en el fortalecimiento del proyecto

La iniciativa fue desarrollada por la Dirección de Atención Integral a las Mujeres a través de equipos multidisciplinarios especializados.

Asimismo, el programa recibió apoyo de la Misión Internacional de Justicia y de la Federación Luterana Mundial para impulsar su ejecución y fortalecimiento institucional.

El proceso para integrar el Consejo Nacional de la Judicatura de El Salvador avanzó con la elección de una terna de candidatos provenientes del sector de abogados docentes de universidades privadas. La selección definió tres aspirantes a miembros propietarios y un candidato suplente para el período 2026-2031.

La Asamblea Legislativa deberá elegir de entre estos a uno de los siete integrantes propietarios que conformarán el organismo responsable de proponer candidatos a jueces y magistrados del sistema judicial salvadoreño.

La terna quedó integrada por Verónica Lisseth González Penado, César Edgardo Castaneda y William Rafael Rebollo como aspirantes propietarios. Además, Óscar Antonio Canales Cisco fue seleccionado como candidato suplente.

La votación mostró diferencias amplias entre los participantes

Los resultados reflejaron distintos niveles de respaldo entre los aspirantes.

Según los datos disponibles, Verónica González obtuvo 82 votos. William Rafael Rebollo recibió 38 votos y César Edgardo Castaneda alcanzó 32 apoyos.

Por otra parte, Óscar Antonio Canales Cisco sumó 30 votos y quedó como aspirante suplente.

El sector registró únicamente cuatro candidatos. Por esa razón, el proceso no logró completar dos espacios destinados a suplencias.

Los antecedentes profesionales marcan el perfil de cada aspirante

Los candidatos presentan trayectorias distintas dentro del ámbito académico y judicial.

Verónica González forma parte del actual Consejo Nacional de la Judicatura para el período 2021-2026. También trabajó como secretaria judicial y especialista en derecho laboral.

Según su presentación profesional, posee dos maestrías y nueve estudios de posgrado.

William Rafael Rebollo ejerce como decano de una facultad de ciencias jurídicas y trabaja como consultor en gestión de proyectos. 

César Edgardo Castaneda trabaja actualmente como jefe de unidad dentro del mismo Consejo Nacional de la Judicatura.

Mientras tanto, Óscar Antonio Canales Cisco ocupa un cargo como magistrado suplente de la Corte Suprema de Justicia y cuenta con experiencia académica y judicial.

El organismo tiene influencia directa sobre futuros nombramientos

El Consejo Nacional de la Judicatura desempeña una función clave dentro del sistema judicial salvadoreño.

La institución propone candidatos para magistrados de la Corte Suprema de Justicia, magistrados de cámaras de segunda instancia y jueces de distintos niveles.

Además, la Asamblea Legislativa elige y puede destituir a sus integrantes mediante una votación calificada.

La etapa actual representa un paso más dentro de un proceso que definirá la futura integración de una institución con influencia directa sobre la selección de funcionarios judiciales del país.

Magistrados judiciales de El Salvador y Perú concluyeron una pasantía internacional centrada en la extinción de dominio, tras tres días de intercambio técnico y académico entre representantes de ambos sistemas judiciales.

La actividad reunió a integrantes de la Corte Suprema de Justicia salvadoreña y del Poder Judicial del Perú. Además, la jornada permitió compartir experiencias sobre la aplicación de mecanismos legales para recuperar bienes vinculados a actividades ilícitas.

Las instituciones desarrollaron la actividad como parte de sus programas de cooperación y fortalecimiento judicial.

Espacios académicos abordaron retos jurídicos y criterios de aplicación

El Centro Judicial Integrado de Santa Tecla acogió uno de los encuentros principales de la agenda. En ese espacio, especialistas analizaron temas relacionados con los desafíos de aplicar la extinción de dominio.

Durante el conversatorio, el presidente de la Cámara Primera contra el Crimen Organizado explicó aspectos vinculados con los estándares probatorios y otros elementos técnicos de esta herramienta jurídica.

Además, los participantes intercambiaron criterios y experiencias sobre procesos implementados en sus respectivos países.

Intercambio de experiencias fortaleció vínculos institucionales

Las jornadas permitieron ampliar la cooperación entre autoridades judiciales salvadoreñas y peruanas. Asimismo, los participantes compartieron prácticas y conocimientos sobre procesos judiciales especializados.

Este tipo de actividades busca fortalecer capacidades institucionales y generar espacios de formación conjunta entre sistemas de justicia.

Además, los encuentros permiten conocer distintos enfoques sobre herramientas legales aplicadas en la región.

Magistrados dirigieron las actividades de formación

La agenda académica estuvo dirigida por el magistrado de la Sala de lo Constitucional, Ramón Iván García, y por el presidente de la Sala de lo Penal, Alejandro Antonio Quinteros Espinoza.

Las autoridades coordinaron las actividades desarrolladas durante los tres días de trabajo y acompañaron las sesiones de intercambio entre los participantes.

La Corte Suprema de Justicia de El Salvador puso en marcha el plan piloto de un nuevo sistema tecnológico para fortalecer la atención judicial a víctimas de violencia intrafamiliar.

La institución activó el Sistema de Gestión de Casos de Violencia Intrafamiliar, conocido como SIGEVI, en 13 sedes judiciales del país. La medida busca mejorar el acceso a la justicia y reforzar la protección de personas afectadas por este tipo de hechos.

El nuevo mecanismo incorpora herramientas para agilizar procesos y mejorar el seguimiento de los casos atendidos por las autoridades judiciales.

Herramienta incorpora evaluación para identificar situaciones de riesgo

El sistema incluye una metodología de valoración de riesgo y una actualización del formulario utilizado para presentar denuncias.

La Corte indicó que estos cambios permitirán fortalecer la recopilación de información y facilitar el seguimiento de cada caso.

Además, las autoridades esperan mejorar la capacidad de respuesta y la atención a las personas que buscan protección judicial.

Implementación alcanza tribunales en cuatro departamentos

El plan piloto beneficiará a usuarios de juzgados especializados y otras sedes judiciales ubicadas en Santa Ana, San Salvador, San Miguel y La Libertad.

La implementación incluye Juzgados Especializados de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres, además de Juzgados de Paz y de Familia.

Las autoridades esperan ampliar el alcance de la herramienta según los resultados obtenidos durante esta fase inicial.

Personal judicial recibió preparación para el uso de la plataforma

Como parte del proceso, equipos técnicos desarrollaron capacitaciones dirigidas a operadores de justicia y personal especializado.

La Dirección de Desarrollo Tecnológico e Información impartió las jornadas para facilitar el uso del nuevo sistema.

Además, la Dirección de Atención Integral a las Mujeres y Acceso a la Justicia impulsó el proyecto con apoyo de la Misión Internacional de Justicia.

Durante las actividades participaron representantes institucionales y personal de atención integral a víctimas.