Tres salvadoreños condenados en EE. UU. por millonario fraude fiscal en sector construcción: implicaciones legales y fiscales

La Corte Federal del Distrito Medio de Florida dictó sentencia contra tres ciudadanos de origen salvadoreño —Eduardo Aníbal Escobar (45 años), Carlos Alberto Rodríguez (36) y Adelmy Tejada (57)— responsables de un sofisticado esquema de evasión fiscal y fraude electrónico que operó durante casi una década en el sector de la construcción.

La estructura delictiva permitió desviar más de 146 millones de dólares a través de pagos encubiertos a trabajadores no registrados, principalmente migrantes en condición irregular, lo que resultó en una evasión fiscal superior a los 36 millones de dólares, además de millonarias pérdidas para aseguradoras que cubren compensaciones laborales.

Los tres acusados se declararon culpables el 3 de abril de este año y fueron condenados a distintas penas: Escobar a 57 meses de prisión, Rodríguez a 40 meses, y Tejada a 18 meses de cárcel seguidos de seis meses de arresto domiciliario. Además, el juez federal Timothy J. Corrigan ordenó la restitución de $36,957,616 al Servicio de Impuestos Internos (IRS) y $397,895 a compañías aseguradoras perjudicadas.

El caso, presentado por la Fiscalía Federal y liderado por los fiscales Arnold B. Corsmeier y Jennifer M. Harrington, puso al descubierto una modalidad de fraude fiscal recurrente en el sector construcción estadounidense: el uso de empresas fachada para emitir certificados de seguro falsos, facilitando contratos para subcontratistas que, en la práctica, operaban con fuerza laboral no registrada.

Entre 2015 y 2024, las compañías T. Escobar Construction y C. Escobar Construction sirvieron como plataforma para emitir certificados que aparentaban el cumplimiento de seguros laborales. A cambio de una comisión del 6 al 8 % del valor de la nómina, los imputados permitían que subcontratistas utilizaran dichos documentos para presentarse como empresas formalmente aseguradas ante contratistas generales. Sin embargo, las pólizas solo cubrían a un número reducido de empleados y una nómina muy por debajo de la real.

Los fondos derivados de estos contratos eran canalizados a cuentas bancarias de las empresas de Escobar y Rodríguez. Luego, los acusados retiraban millones en efectivo para pagar salarios por fuera del sistema formal, eludiendo toda obligación tributaria o de seguridad social.

Desde una perspectiva jurídica, el caso destaca el uso de estructuras societarias aparentemente legítimas para cometer delitos fiscales y laborales. Además, pone en evidencia el riesgo para aseguradoras que, sin el debido control de veracidad en la nómina reportada, terminan expuestas a cubrir a empleados no declarados.

“El éxito de esta operación es una muestra del trabajo interinstitucional entre el IRS, HSI y autoridades locales para perseguir delitos complejos que afectan tanto a trabajadores como al sistema fiscal estadounidense”, declaró Ron Loecker, agente especial del IRS en Tampa.

Por su parte, Tim Hemker, representante de Investigaciones de Seguridad Nacional, subrayó que este tipo de fraudes no solo afectan al erario, sino que distorsionan la libre competencia y generan prácticas empresariales desleales en el sector construcción, con consecuencias directas en los costos de los servicios.

El caso forma parte de una estrategia federal más amplia para detectar empresas ficticias y prácticas de empleo fantasma en el rubro de la construcción. El enfoque interagencial apunta a reforzar la trazabilidad de pagos, la fiscalización de seguros de compensación y el cumplimiento de leyes laborales, en especial cuando se involucran trabajadores migrantes en condiciones vulnerables.

Con información de Diario El Mundo