La Procuraduría General de la República (PGR) de El Salvador informó que entre octubre de 2023 y septiembre de 2024 brindó un total de 506,656 servicios de atención a mujeres, lo que representa una disminución del 3 % en comparación con el mismo período anterior, cuando se registraron 521,106 atenciones.

De acuerdo con el informe de rendición de cuentas de la institución, el presupuesto asignado en 2024 para atender casos de violencia y discriminación contra las mujeres fue de $1,994,380, monto destinado principalmente al pago de salarios del personal especializado en esta área.

Una parte clave de esta labor se desarrolla en la Unidad Institucional de Atención Especializada para las Mujeres (UIAEM), donde se atendieron 61,029 mujeres. Estas unidades están presentes en las procuradurías auxiliares departamentales y cuentan con tres delegadas especializadas, junto a un equipo compuesto por 35 defensoras públicas especializadas, dos auxiliares jurídicas, 14 psicólogas y siete trabajadoras sociales.

Entre los departamentos con mayor cantidad de atenciones destacan San Salvador, con 14,846 casos; La Libertad Sur, con 6,589; y San Miguel, con 5,872 atenciones registradas.

Además, en coordinación con el programa Ciudad Mujer, se atendieron 10,917 mujeres a través de servicios como formación técnica, emprendimiento, salud sexual y reproductiva, créditos para mujeres y fortalecimiento de la autonomía financiera.

Detalle de servicios prestados

Durante el periodo reportado, la PGR brindó diversos servicios a las mujeres salvadoreñas:

• 170,297 atenciones generales a usuarias de la institución.
• 769 mujeres fueron acreditadas como mediadoras en sus comunidades.
• 40,929 atenciones psicosociales.
• 32,825 mujeres atendidas en el centro de atención virtual.
• 6,055 atenciones en control de fondos a terceros.
• 53,436 mujeres beneficiadas con defensa pública penal.
• 11,280 mujeres recibieron asesoría en derechos patrimoniales.
• 1,280 atenciones relacionadas con desplazamiento forzado interno.
• 66,189 servicios en temas de familia.
• 537 servidoras públicas y 9,694 trabajadoras atendidas en materia laboral.
• 4,490 mujeres recibieron apoyo en ludotecas.
• 6,148 atenciones en mediación y conciliación.
• 26,248 mujeres fueron atendidas en temas vinculados a niñez y adolescencia.
• 335 atenciones relacionadas con penas juveniles.
• 289 mujeres fueron orientadas sobre quejas y denuncias.
• 163 servicios brindados a través de unidades móviles o itinerantes.
• 3,747 trámites notariales realizados para mujeres.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) continúa fortaleciendo la calidad de atención a los usuarios del sistema judicial mediante la entrega de nuevos paquetes de pruebas psicológicas a los profesionales que integran los Centros de Atención Psicosocial (CAPS).

La entrega fue realizada por el Departamento de Coordinación de Equipos Multidisciplinarios, encabezado por Manuel Armando Funes Serrano, quien destacó la importancia de esta actualización en las herramientas utilizadas por los psicólogos.
“Agradecemos el esfuerzo institucional para actualizar los test psicológicos, lo que permitirá a los profesionales obtener mejores resultados en las evaluaciones realizadas a los usuarios”, expresó Funes Serrano.

José Guillermo Mártir Hidalgo, coordinador de Psicología de Equipos Multidisciplinarios, resaltó el impacto positivo de estas nuevas herramientas en la labor diaria de los psicólogos. “Como auxiliares de los jueces, ofrecemos información clave para la toma de decisiones. Gracias a estas pruebas, obtendremos datos más objetivos y precisos para los informes que elaboramos”, comentó Mártir Hidalgo.

El evento incluyó la presentación de una investigación sobre la satisfacción de los usuarios, seguida por un panel de preguntas y respuestas en el que los psicólogos compartieron experiencias y resolvieron dudas.

Las nuevas pruebas psicológicas entregadas son fundamentales para evaluar aspectos esenciales como la personalidad, estabilidad emocional, capacidad de atención y cuidado en niños y adolescentes, y la identificación de problemas conductuales. Estos recursos son clave para la elaboración de dictámenes periciales y otros informes utilizados por los psicólogos en las jurisdicciones de Familia, Niñez y Adolescencia, Tribunales Contra el Crimen Organizado y otros ámbitos judiciales especializados.

Según el Órgano Judicial, este es un esfuerzo que refleja el compromiso de la CSJ por mejorar la eficiencia y la precisión en los procesos judiciales, garantizando que los informes psicológicos sean más objetivos y útiles en la toma de decisiones.

La Corte Suprema de Estados Unidos suspendió temporalmente el plazo de medianoche de este lunes impuesto para repatriar a Kilmar Armando Ábrego García, un hombre de Maryland que fue deportado por error a El Salvador y encarcelado.
La suspensión, solicitada por el presidente Donald Trump, concede más tiempo para que ambas partes presenten sus argumentos.
La decisión fue tomada por el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, quien manejó el caso de emergencia, extendiendo el plazo hasta que se emita una decisión definitiva, lo que se espera en los próximos días.
Ábrego García, ciudadano salvadoreño, fue deportado el 15 de marzo, y actualmente permanece en una prisión de alta seguridad en El Salvador.
La apelación llegó a la Corte Suprema minutos antes de la fecha límite, que obligaba al gobierno de Estados Unidos a devolverlo antes de las 11:59 p.m. del lunes. Los abogados del presidente Trump reconocieron que la deportación fue un error administrativo, pero argumentaron que no era posible traerlo de vuelta debido a que está bajo custodia salvadoreña.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos expresó en su intervención que ordenar la repatriación de Ábrego carece de precedentes y subrayó que la Constitución otorga al presidente la responsabilidad de gestionar la diplomacia exterior y las expulsiones, sin la intervención de los tribunales federales.
A pesar del reconocimiento del error en la deportación, el gobierno estadounidense mantiene que Ábrego debería estar encarcelado, incluso en El Salvador.
El caso ha generado una serie de controversias legales en torno a las políticas de inmigración de la administración Trump, que continúa con una drástica reducción de la inmigración y la deportación de personas, independientemente de su estatus legal en el país.
Este caso es particularmente significativo, ya que es la primera vez que el gobierno de Trump admite un error relacionado con las deportaciones a El Salvador.
El conflicto legal se remonta a hace varios años, cuando Ábrego fue considerado erróneamente miembro de la pandilla MS-13.
A pesar de que la acusación nunca fue corroborada, y de que en 2019 un juez de inmigración le concedió el estatus de protegido, evitando su deportación, Ábrego fue arrestado en marzo de este año, mientras viajaba con su hijo.
El Departamento de Policía del Condado de Prince George había etiquetado a Ábrego como miembro de la pandilla debido a su vestimenta, una acusación que él y sus abogados han desmentido.
En un fallo la semana pasada, la jueza de distrito Paula Xinis calificó la deportación de Ábrego como un “grave error” y un acto “totalmente ilegal”, destacando que el gobierno no tenía justificación para arrestarlo ni para enviarlo a una de las prisiones más peligrosas de El Salvador.
Mientras tanto, el Tribunal de Apelaciones del 4º Circuito rechazó la solicitud del gobierno de levantar la orden de repatriación, destacando que la administración no tenía autoridad para deportar a una persona legalmente residente en el país sin el debido proceso. La jueza Stephanie Thacker, que formó parte de la panel de apelaciones, subrayó que el daño irreparable en este caso es el sufrimiento de Ábrego mientras se encuentra detenido en El Salvador.
La Corte Suprema continúa evaluando el caso y decidirá en los próximos días si se debe permitir su regreso a Estados Unidos o si la deportación será definitiva.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio un paso importante hacia la modernización de sus servicios al recibir la certificación de inscripción en el Registro Nacional de Trámites de cinco procedimientos clave.
La entrega de los certificados estuvo a cargo de la directora del Organismo de Mejora Regulatoria (OMR), Mariana Gómez, al presidente de la CSJ, Henry Alexander Mejía.

El objetivo de este reconocimiento es eliminar las barreras burocráticas, optimizar la regulación y agilizar los trámites que la institución ofrece a los ciudadanos.

En su intervención, el presidente de la CSJ resaltó que este logro es fruto de un esfuerzo constante por modernizar los servicios judiciales.

“Con el esfuerzo permanente que ha realizado la institución en el marco del plan de modernización de los servicios, en estos seis meses de mi gestión, estamos alcanzando un momento clave para concretizar los planes de mejora regulatoria y obtener las certificaciones correspondientes”, afirmó.

Los cinco trámites registrados son: la autorización de abogados, la solicitud para la elaboración de sellos de abogado, la autorización de abogados para la función pública en el ejercicio del notariado, la solicitud para la elaboración de sellos de notario y la autorización de las hojas de Libro de Protocolo. Estos procedimientos, al ser certificados, buscan simplificar y agilizar los procesos administrativos dentro del sistema judicial.

La directora del OMR destacó la importancia de avanzar hacia una administración pública más moderna y eficiente. “La Ley de Mejora Regulatoria, el Registro Nacional de Trámites y la Ley de Procedimientos Administrativos son elementos fundamentales en la modernización de la administración pública. Estas herramientas no solo mejoran la eficiencia de los trámites, sino que también contribuyen a la transparencia de la gestión pública y crean un entorno más favorable para los ciudadanos, las empresas y la inversión pública”, aseguró Gómez.

Además, la ceremonia incluyó la entrega simbólica de los certificados a los jefes de las dependencias responsables de los trámites, como Rubén Atilio Meléndez, de la Sección de Investigación Profesional; José Roberto Hernández, de la Sección de Notariado; y Julia El Cid, de la Secretaría General.

Durante el evento también se entregaron diplomas de participación a los asistentes al Taller sobre Mejora Regulatoria, realizado en modalidad virtual durante el período 2024-2025, impartido por el OMR.

El taller, cuyo objetivo fue fortalecer el conocimiento institucional sobre la Ley de Mejora Regulatoria, abordó temas clave como la agenda regulatoria, los planes de mejora, el Registro Nacional de Trámites, la evaluación del impacto regulatorio y la plataforma tecnológica “Sí Mejora”.

La actividad contó con la participación de jefaturas, directores y personal administrativo de la CSJ, así como representantes del OMR, quienes ratificaron su compromiso con el proceso de modernización y eficiencia en el sistema judicial.

El gobierno de Donald Trump mantiene su postura firme respecto a la deportación de Kilmar Ábrego García, el salvadoreño que, según medios de comunicación estadounidenses, fue deportado erróneamente a El Salvador, donde está encarcelado.
Los abogados del Ejecutivo estadounidense han argumentado que no puede ser obligada una nación extranjera a aceptar la repatriación de una persona, en este caso, Ábrego García.
Este sábado, los representantes legales del gobierno Trump expresaron que una orden judicial no puede forzar a un país a recibir a un individuo, y consideraron «constitucionalmente inaceptable» que una corte federal obligue a repatriar a Ábrego García a Estados Unidos.
El joven, quien fue deportado a El Salvador para cumplir una condena en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), ha estado en el centro de una controversia legal debido a su estatus migratorio.
El gobierno de Estados Unidos había reconocido previamente que la deportación de Ábrego García fue un error, dado que el salvadoreño tiene estatus legal en el país. En respuesta a esta situación, la jueza federal Paula Xinis emitió el viernes pasado una orden que instruye al gobierno estadounidense a «facilitar y concretar» el retorno de Ábrego García.
La jueza calificó de «ilegal» la deportación y otorgó un plazo hasta el lunes 7 de abril a las 11:59 p.m. para que la repatriación se lleve a cabo.
Sin embargo, los abogados del gobierno de Trump sostienen que una orden judicial que exige a un gobierno interactuar de manera específica con otro país es «constitucionalmente intolerable».
Erez Reuveni, abogado del Departamento de Justicia, manifestó su frustración por la situación, subrayando que Ábrego «no debió haber sido deportado» y lamentó la falta de respuestas claras sobre el caso.
Kilmar Ábrego García, de 29 años, llegó a Estados Unidos en 2019 bajo un estatus migratorio protegido, tras argumentar que huía de amenazas de pandillas en El Salvador.
A pesar de su estatus legal, la administración Trump sostiene que Ábrego pertenece a la pandilla MS13, una acusación que ha generado polémica y ha intensificado el debate sobre la legalidad de su deportación.