Subcomisión sigue las entrevistas a candidatos a magistrados para la CSJ

La Subcomisión para el estudio de candidaturas al cargo de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de la Asamblea Legislativa, continuó el viernes pasado 29 de junio, la fase de entrevistas de los candidatos propuestos por el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) y por la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (FEDAES).

El juez Cuarto de lo Civil y Mercantil de San Salvador, Nelson Palacios Hernández fue el primer entrevistado de la sesión del día viernes, quien al momento de las preguntas introductorias señaló necesidad de crear un Código Judicial, para unificar todas las leyes en materia judicial que establecen procedimientos, derechos y deberes de los jueces. Hasta el momento es el único candidato que ha manifestado que participa para integrar la Sala de lo Civil.

El subjefe de fracción del FMLN, Jorge Schafik Hándal, le preguntó: ¿Cuáles son los criterios para aplicar de manera supletoria el Código Procesal Civil y Mercantil en los procesos constitucionales?

«El problema de este caso que la Ley de Procedimientos Constitucionales aplica supletoriamente esa norma, pero esta fue creada para asuntos patrimoniales. A mi consideración no es la aplicación correcta. Sería necesario otra regulación» manifestó el candidato.

“Las medidas cautelares requieren, en el Código Procesal Civil, el ofrecimiento de una caución. Significa que si se aplicara eso al procedimiento constitucional, el peticionario de una inconstitucionalidad debe ofrecer una caución por los daños y perjuicios que va ocasionar una medida cautelar. Hay algunas decisiones que pueden tener una implicación económica grandísima”, explicó.

Dio un ejemplo y aludió la medida cautelar de la Sala de lo Constitucional para quitar la exclusividad del carril segregado al Sistema Integrado de Transporte (Sitramss). “Pensemos en caso Sitramss: ¿cuánto podría significar para los empresarios la medida cautelar de habilitar por ejemplo el carril segregado. Habían pensado o evaluado la posibilidad de abandonar el proyecto. Algunas de esas decisiones tienen una implicación económica de que quién va a responder”, manifestó.

El diputado José Antonio Almendáriz, del PCN, le preguntó: ¿Cómo debe afrontar los jueces la falta de conocimiento científico, experto o tecnológico requerido para resolver adecuadamente algunos casos? «Ese supuesto no debería de ser, en el sentido que los procesos de selección de jueces se han visto mejorado. Sobre el conocimiento técnico el juez debe apoyarse en el conocimiento de especialistas»

El diputado Mario Tenorio, de GANA, le preguntó: ¿Qué opina sobre el procedimiento sancionatorio contra jueces y magistrados? «La misma naturaleza del Órgano Judicial como un ente especializado, les da la obligación de contar especialista en todas sus ramas. Yo aplaudo la depuración, para evitar tener en lo menor posible jueces con ignorancia en la materia. Pero hay demasiada mora judicial»

El segundo candidato entrevistado fue Carlos Rafael Pineda Melara, quien es el jefe de la Sección de Probidad, que investiga a funcionarios y exfuncionarios por posible enriquecimiento ilícito.

Se mostró a favor de la reserva que la Corte Plena  estableció a las investigaciones del patrimonio de los funcionarios o exfuncionarios, cuando no hay una resolución definitiva o cuando son exonerados por indicios de enriquecimiento ilícito. “Tan solo el hecho que un funcionario ingrese a la lista de los investigados que tiene la Sección de Probidad ya le genera una gran cantidad de inconvenientes hasta en el sistema financiero. Ya la sociedad lo puede tildar que lo estaban investigando por enriquecimiento ilícito y no es cierto”, valoró.

El diputado de Cambio Democrático (CD), Juan José Martel, le preguntó: ¿Cómo garantizamos que un funcionario no solo tiene independencia política sino independencia de grupos de poder económico? “Cuando la persona tiene sus principios bien arraigados, el temor a Dios que es sumamente importante, es difícil que cualquier ente interno o externo pueda llegar a corromper esos principios que están bien fundamentados”, contestó. Martel le dijo que no había logrado entender cuáles eran los parámetros. En este caso, Pineda prefirió pronunciarse por la transparencia y la publicidad: “Toda actuación de los servidores públicos debe estar a la luz de la población”.

El diputado Mario Tenorio, de GANA, le preguntó: ¿Cómo podría mejorarse el trabajo de la Sección de Probidad sin reformas legislativas? y ¿Cuál es su opinión sobre la inconstitucionalidad de la ley?

El diputado independiente  Leonardo Bonilla realizó la pregunta: Sobre el caso de Funes existe una contradicción entre los datos de la Sección de Probidad y la Fiscalía General de la República. ¿Por qué considera que se debe? «En ese caso no contamos con la capacidad, solo dos personas lo analizaron. Se hace notable una gran debilidad de la Sección» respondió el candidato.

El tercer entrevistado de la sesión fue el candidato Jorge Alfonso Quinteros Hernández. Quien es juez Primero de Familia de San Salvador desde 1998. Al momento de valorar el estado del Órgano Judicial criticó la falta de equipo en las sedes judiciales. “He constatado que hay juzgados que no cuentan ni siquiera con una computadora. A esta alturas es inconcebible. Los colegas, abogados en ejercicio deberían poder consultar desde su oficina el estado de los procesos que lleva un juzgado”, señaló.

Agregó que el Órgano Judicial debe apostarle a la austeridad. “Podrían haber recortes en aspectos como viajes al exterior, salvo aquellos que sean imprescindibles, yo no pienso que la Corte debe dejar de asistir a los eventos de Cumbre Judicial o al Consejo de Cortes Supremas de Justicia y del Caribe”, dijo.

Subcomisión Política utilizó una pregunta propuesta por la Iniciativa Social para la Democracia ¿Considera que una interpretación del Art. 33 de la Cn. que restrinja la relación marital únicamente para hombre y mujer así nacidos, vulneraría el art. 3 de Cn. que regula el derecho de igualdad? «Considero que sí, el artículo 3 es bastante claro. Estamos ante un caso relacionado con los derechos humanos».

Un ciudadano que llegó preguntó al candidato: ¿Está de acuerdo con todas las sentencias que ha dado la actual Sala de lo Constitucional? y, en caso de no estar de acuerdo, ¿Cuáles líneas jurisdiccionales para fundamentar su opi­nión? Hernández se negó a responder la interrogante.

Ninguno de los candidatos se había negado a opinar sobre las resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Hernández dijo que había tenido una “premonición” que alguna “pregunta de este tipo” le iban a hacer.

Dijo que previendo esa pregunta, llevaba entre su documentación la Ley Órgánica Judicial. “El artículo 24 de la ley, que los magistrados y jueces en lo referente al ejercicio de la función jurisdiccional son independientes y estarán sometidos únicamente a la Constitución y a las leyes (…) ni censurar públicamente la aplicación o interpretación de las mismas que hubieren hecho en sus fallos otros tribunales, sean inferiores o superiores en el órden jerárquico”, justificó. Razonó que estaba “en el ámbito público” y no “privado” y por lo tanto no podía referirse al trabajo de la Sala.

La última candidata entrevistada fue la actual presidenta de la Sala de lo Civil, María Luz Regalado Orellana. Quien defendió la reserva que la Corte Plena estableció a la información patrimonial de los funcionarios o exfuncionarios cuando no hay una resolución definitiva o quedan exonerados por indicios de enriquecimiento ilícito.

El diputado no partidario Leonardo Bonilla le preguntó: ¿Cuál es la base jurídica, doctrina y jurisprudencia local o internacional en la que usted se basó para votar a favor de que los expedientes de Probidad sean información reservada y no puedan darse a conocer a la sociedad civil?

La candidata dijo que basó su decisión en el artículo 240 de la Constitución. “El artículo refiere a que el contenido de la investigación debe estar reservada. Lo que Corte Plena hizo en ese momento de la cual yo formé parte y di mi voto a favor de la reserva fue precisamente ese porque se estaba dando como demasiada información hacia el público cuando el funcionario, a veces, ni siquiera había sido notificado del resultado de la investigación”. Justificó que la decisión de la reserva se basó en el peligro que podía generarse para los investigados por enriquecimiento ilícito.

“Nos pusimos a pensar en ese momento y le pedimos al oficial de acceso a la información pública que hiciera el estudio, no fue algo que saliera de la nada o que fuera arbitrario. Una de las cosas que se consideraron es que ocurre en un país tan violento como el nuestro en someter al conocimiento público el haber patrimonial de un funcionario y qué ocurre si al final no sale con indicios de enriquecimiento ilícito, lo dejaríamos expuesto”, argumentó.

Esgrimió que la reserva no daña el derecho al acceso a la información pública de la ciudadanía. “Creo que eso no va en contra de la transparencia, porque lo que son los informes de inicio y de cierre del período, esos sí se pueden dar en versión pública y de hecho eso así quedó establecida”, dijo. No mencionó que los casos exonerados son reservados por siete años.

El diputado Mario Tenorio, de GANA, le realizó la pregunta: ¿Cuál es su opinión de la actual distribución de los tribunales en el país? «A mi consideración la creación de juzgados de paz se hizo irreflexivamente. Vemos juzgados de paz son seis casos por año y otros con cientos» contestó la candidata. Agrega la candidata «debemos analizar el trasladar a esos juzgados de paz para apoyar aquellos que tienen sobrecarga laboral.

El diputado Juan José Martel cuestionó al candidato sobre los límites de la discrecional para el juzgador. El candidato responde que las competencias del juzgador se ve limitada por la misma ley.

El diputado Jorge Schafik Hándal comentó que la actual Sala de lo Constitucional ha señalado que luego de las elecciones legislativas la Asamblea Legislativa no puede realizar reformas constitucionales. En relación a esto cuestiona ¿Cuál es su opinión sobre dicha jurisprudencia? La candidata se negó a responder la interrogante, utilizando el mismo argumento que el candidato anterior