Ayer, el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador condenó al expresidente Mauricio Funes a ocho años de cárcel por el delito de casos especiales de lavado de dinero y activos.

Según la sentencia se demostró que Funes favoreció a una empresa guatemalteca en la adjudicación de la construcción del puente San Isidro sobre el río Lempa.

La investigación reveló que, a cambio de adjudicar el contrato a la empresa constructora, Mauricio Funes recibió una avioneta como dádiva. Este acto de corrupción y el subsecuente lavado de dinero fueron elementos clave en el juicio que llevaron a la condena del exmandatario.

El Tribunal, además de dictar la condena, emitió una nueva orden de captura para que Funes Cartagena sea puesto a disposición de la justicia salvadoreña y cumpla su pena en un centro carcelario del país.

Con 57 votos a favor, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron la reforma a la Ley del Presupuesto de la Nación 2024, otorgando fondos al Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT) para financiar el pago de derecho de vía de proyectos próximos a ejecutarse.

En la sesión plenaria número ocho, se determinó brindar $53.9 millones provenientes del Fondo General al MOPT, destinados a la intervención de caminos rurales.

Esta asignación de fondos responde a las previsiones del Ministerio de Hacienda sobre excedentes de ingresos en concepto de Impuestos a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, superando las estimaciones programadas hasta junio de 2024. Los proyectos del MOPT están diseñados para mejorar la infraestructura y la conectividad vial, beneficiando a la población mediante el fomento de actividades comerciales y el acceso a servicios esenciales y centros de producción.

La parlamentaria Johana Hernández explicó que los fondos se utilizarán para la compra del derecho vial sobre la calle del distrito de San Agustín hacia Berlín, en Usulután. El parlamentario William Soriano destacó que los proyectos del MOPT en La Unión reducirán la vulnerabilidad del territorio ante el cambio climático.

La Asamblea Legislativa aprobó ampliar el periodo de Óscar López Jerez como presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de la Sala de lo Constitucional hasta el 23 de septiembre de este año.

Las funciones de López Jerez culminan el próximo 30 de junio, según el decreto 80 aprobado el pasado 30 de junio de 2021. El 24 de septiembre de 2015, el jurista fue electo como magistrado de la CSJ. Luego, el 1 de mayo de 2021 llegó a la presidencia de la Corte luego de que la Asamblea Legislativa así lo aprobara y su trabajo culminó el 30 de junio de 2021.

Tras esto, en esa misma fecha los parlamentarios lo eligieron nuevamente como presidente de la CSJ, Órgano Judicial y de la Sala de lo Constitucional desde el 1 de julio de 2021 hasta el 30 de junio de 2024.

Según la Asamblea, la decisión de extender el mandato de López Jerez se basa en el desempeño que ha demostrado durante su gestión. Bajo su liderazgo, la CSJ ha avanzado en diversas áreas críticas para el sistema judicial salvadoreño.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha resuelto denegar la solicitud de audiencia pública presentada para el seguimiento del cumplimiento de la sentencia dictada en el proceso de inconstitucionalidad acumulado bajo las referencias 33-2016 y 195-2016.

Este caso fue promovido por Carlos Armando Avelar Orellana (Karla Avelar Orellana), Rubidia Jeannette Hernández Hernández, y otros, quienes cuestionaron la constitucionalidad de diversos artículos de la Ley del Nombre de la Persona Natural (LNPN).

En una sentencia emitida el 18 de febrero de 2022, la Sala de lo Constitucional declaró la inconstitucionalidad parcial del artículo 23 de la LNPN, debido a la falta de regulación que permite a las personas cambiar su nombre conforme a su identidad de género. Esta omisión fue considerada una violación de los derechos constitucionales de igualdad y no discriminación. La sentencia ordenó a la Asamblea Legislativa reformar la LNPN en un plazo de un año, mandato que no ha sido cumplido.

El 22 de mayo de 2023, Carlos Antonio Solís Guevara, Bianca Gabriela Rodríguez Figueroa, Josselyn Vanessa Barahona Escobar (Gabriel Benjamín Barahona Escobar), Karla Xiomara Navas Salas (Joshua Alejandro Navas Salas), Elsy Margarita Rodríguez Hernández (Luka Santiago Rodríguez Hernández), Carlos Alberto Gómez (Maia Sofía Gómez), Henri Paúl Fino Solórzano, Héctor Josué Carrillo Portillo y Kerlin Yanet Belloso Martínez presentaron una solicitud para la realización de una audiencia de seguimiento. El objetivo era asegurar el cumplimiento de la sentencia de 2022 que ordenaba la reforma de la LNPN.

La Corte Suprema de Justicia, en resolución firmada el 3 de junio de 2024, decidió rechazar la solicitud de audiencia pública. La resolución se fundamenta en que los solicitantes no cumplen con los requisitos necesarios para intervenir en el proceso de inconstitucionalidad. La Corte enfatizó su rol como entidad independiente y destacó que los debates políticos y legislativos deben ser manejados en la Asamblea Legislativa.

La Sala de lo Constitucional subrayó que, conforme a su competencia, tiene la facultad de supervisar la ejecución de sus sentencias. Sin embargo, dicho seguimiento debe ser iniciado de oficio o a petición de las partes directamente involucradas en el proceso original de inconstitucionalidad.

Anderson Reinoza, analista de EXOR Estructuradores Financieros, explica cómo una decisión imprudente puede ocasionar pérdidas y desempleo, afectando a millones de personas y provocando una recesión global.

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