La capacitación en Jurisprudencia Constitucional Relevante sobre Justicia Penal Juvenil, desarrollada por el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) finalizó este viernes, brindando herramientas fundamentales a magistrados y jueces para la correcta aplicación del derecho en casos que involucran a menores en conflicto con la ley penal.
Este espacio formativo estuvo dirigido a magistrados de Cámara de Segunda Instancia con competencia en materia penal, jueces de Sentencia e Instrucción, así como a integrantes de judicaturas especializadas en Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres, Menores, Crimen Organizado, Primera Instancia con competencia mixta y de paz.
Durante el curso, los participantes profundizaron en la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y su aplicabilidad en el marco de los estándares internacionales de derechos humanos relacionados con la niñez y adolescencia en conflicto con la ley penal.
Además, se abordó la jurisprudencia específica para adolescentes infractores, reafirmando el principio de especialidad en la conformación de los sistemas penales juveniles.
La iniciativa, según el CNJ, busca fortalecer el sistema judicial mediante el conocimiento y aplicación de normativas que garanticen un trato adecuado y especializado para los menores en situación de conflicto con la ley.

Las autoridades salvadoreñas han incautado un total de 9.2 toneladas de droga en lo que va del 2025, como parte de su estrategia para combatir el narcotráfico en la región. Desde marzo de 2024 hasta la fecha, los decomisos ascienden a 25.9 toneladas, con un valor estimado de $647.7 millones, según informó el ministro de la Defensa Nacional, Francis Merino Monrroy.

La más reciente incautación ocurrió el 11 de marzo, cuando fuerzas de seguridad interceptaron una embarcación a 600 millas náuticas (1,111 kilómetros) al suroeste de la Bocana El Cordoncillo, Estero de Jaltepeque. 

En la nave se encontraron 1.5 toneladas de cocaína, valoradas en $37.5 millones, y se detuvo a tres narcotraficantes de nacionalidad ecuatoriana.

El ministro Merino Monrroy destacó que estos resultados posicionan a El Salvador como un referente en la lucha contra el tráfico de drogas en la región.

Desde 2019, 58.7 toneladas incautadas

Desde el inicio de la gestión del presidente Nayib Bukele en 2019, El Salvador ha decomisado un total de 58.7 toneladas de droga, con un valor estimado de $1,363.7 millones. 

El cargamento de droga incautado el 11 de marzo pasado, fue entregado hoy a las autoridades por parte de la Marina Nacional.

En el último año, la Procuraduría General de la República (PGR) ha logrado resolver más de 17 mil 500 casos a través del proceso de mediación, una alternativa que se ha consolidado como una solución rápida y gratuita para resolver conflictos sin necesidad de recurrir a largos y costosos procesos judiciales.

La mediación es un mecanismo extrajudicial que promueve la comunicación y el entendimiento entre las partes en conflicto, facilitando la negociación y la búsqueda de acuerdos beneficiosos para ambos lados. En lugar de que un juez imponga una resolución, el proceso está diseñado para que las personas involucradas puedan encontrar una solución por medio del diálogo, con la asistencia de un mediador profesional.

¿Cómo funciona la mediación en la PGR?

El proceso de mediación en la PGR sigue una serie de principios y etapas que aseguran su efectividad y confiabilidad. A continuación, se detallan algunos de los aspectos clave de este servicio:

Intervención de un mediador capacitado: Un mediador especializado se encarga de guiar a las partes en conflicto hacia una solución negociada, sin tomar partido ni emitir juicios sobre quién tiene la razón. Su objetivo es facilitar el diálogo y la comprensión mutua entre los involucrados.

Proceso de resolución no impositivo: A diferencia de otros mecanismos legales, en la mediación no se impone una decisión a las partes. El mediador se limita a facilitar la conversación y la búsqueda de soluciones, dejando que las personas en conflicto lleguen a un acuerdo por sí mismas.

Rapidez y eficiencia: El proceso es sencillo, oral, y se lleva a cabo en un tiempo relativamente corto, lo que permite resolver disputas de manera ágil sin la necesidad de acudir a procedimientos judiciales largos y costosos.

Confidencialidad: Todo lo discutido en una sesión de mediación se mantiene en estricta confidencialidad, lo que brinda a los participantes un entorno seguro para expresar sus opiniones y negociar una solución.

Expedientes y convocatorias eficaces: Por cada solicitud de mediación, se abre un expediente para asegurar el seguimiento adecuado del caso. Las convocatorias se realizan mediante los medios más eficaces para garantizar que las partes puedan participar de manera oportuna.

Con un número creciente de mediaciones resueltas cada año, la PGR reafirma su compromiso con la promoción de la paz social y la resolución pacífica de disputas. Este modelo ha demostrado ser no solo eficiente, sino también accesible para todos los ciudadanos, ya que se trata de un servicio gratuito.

El director de Asuntos Económicos de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Waldo Jiménez, analizó el crecimiento del sector de microfinanzas y las oportunidades económicas para las pequeñas y medianas empresas (pymes) en El Salvador.
Jiménez destacó que el sector de microfinanzas ha crecido significativamente en el último periodo, lo que ha permitido un mayor acceso a crédito para emprendedores y pequeñas empresas.
Sin embargo, advirtió que las necesidades de las pymes siguen siendo mucho mayores y requieren estrategias adicionales para su desarrollo.

Identificación de oportunidades en un entorno económico desafiante
El representante de ANEP destacó la importancia de identificar oportunidades en medio de las dificultades económicas y comerciales a nivel internacional.
“Para las empresas en El Salvador y en Centroamérica también hay que identificar oportunidades, porque, hay una frase popular: ‘De perdida ganada’. Entonces tenemos que encontrar cuáles son las oportunidades, porque El Salvador es una economía pequeña que no va a poder cambiar lo que está sucediendo en el entorno internacional”, explicó Jiménez.
Uno de los temas que preocupa al sector empresarial es la situación de los aranceles en Estados Unidos, un factor clave en el comercio exterior salvadoreño.
Ante esto, el director de Asuntos Económicos de ANEP insistió en la necesidad de adaptar estrategias que permitan a las empresas salvadoreñas mantener su competitividad.

ENADE 2025: Claves para el crecimiento empresarial
Jiménez también adelantó que en la próxima edición del Encuentro Nacional de la Empresa Privada (ENADE) 2025, el 31 de marzo, se abordará el tema del aprovechamiento de oportunidades por parte de las empresas salvadoreñas.
Este evento reunirá a actores clave del sector económico y empresarial para analizar estrategias que permitan impulsar el desarrollo y la inversión en el país.
Con estos análisis, dijo, la ANEP busca contribuir a la identificación de soluciones para el sector productivo de El Salvador, en un contexto económico desafiante pero con potencial de crecimiento.

El Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) invita a la comunidad jurídica, funcionariado judicial y operadores del sector justicia de Centroamérica y El Caribe a participar en la videoconferencia “La inteligencia artificial en decisiones de la administración pública y su control judicial: Experiencia española y su posible proyección en Centroamérica y El Caribe». 

Este evento, que se desarrollará el 18 de marzo de 10:00 de la mañana al mediodía, brindará un análisis sobre la regulación del uso de la inteligencia artificial en la Administración Pública, con especial referencia a la experiencia española.

El ponente será Armando Enrique Mena Castro, doctor en Derecho con especialidad en Derecho Administrativo por la Universidad de Deusto, Bilbao, y especialista en inteligencia artificial por la Universidad de Castilla-La Mancha, España. 

Su trayectoria académica y profesional permitirá ofrecer un enfoque profundo sobre cómo las nuevas tecnologías pueden transformar la toma de decisiones en el ámbito público y su posible aplicación en la región centroamericana y caribeña.

La inteligencia artificial y su impacto en el ámbito jurídico

El uso de la inteligencia artificial en el ámbito jurídico tiene el potencial de agilizar procesos, mejorar la eficiencia en la toma de decisiones y optimizar la gestión de casos judiciales. 

Desde la automatización de procedimientos administrativos hasta el análisis predictivo en litigios, la IA puede ser una herramienta clave para modernizar los sistemas de justicia. 

Sin embargo, su implementación también plantea desafíos éticos y jurídicos que requieren un marco regulatorio claro y mecanismos de control efectivos.

En España, la inteligencia artificial ya es parte fundamental de la administración pública, y su regulación es un tema de creciente interés. 

Conocer cómo se está abordando este fenómeno en otros países puede proporcionar valiosas lecciones para su futura aplicación en la región.

Para información sobre la inscripción: https://lc.cx/EAZTC2