Escrito por: Claudia Espinoza

Los desaparecidos en El Salvador durante los últimos cinco años sobrepasan los 8 mil según la PNC y 17 mil según la FGR. Las autoridades aseguran que el poco presupuesto y la falta de personal capacitado complica la búsqueda. Mientras tanto, las familias viven con la esperanza de encontrar a sus seres queridos.

“Yo sé dónde está enterrada esa muchachita a la que andan buscando. Solo lo sé yo y mi sobrina, porque a ella la chava que llevó a la niña a los pandilleros no aguantó guardarse el secreto y lloró y le contó. Es algo duro porque la fosa está cerca de donde vive la mamá, pero no podemos decir nada porque nos matarán a las tres. Cabal allí por la lomita está y jamás podrán encontrarla”.

Doña Josefa* cuenta esto con una mezcla de tristeza e indignación. Lamenta no poder decir a la madre de esta muchacha dónde está el cuerpo de su hija y ella sabe lo que se siente en esas situaciones, pues hace poco su sobrino desapareció. Daría cualquier cosa porque le dijeran dónde está, pero sabe que eso nunca pasará porque las personas que lo saben están en la misma condición que ella, con miedo a hablar y ser asesinadas por ello.

La familia López que reside en las afueras de San Salvador piensa lo mismo. Ellos son vecinos de una fosa clandestina y saben que cada cierto tiempo los mareros van a dejar cuerpos allí.

Esta familia de seis miembros, entre ellos tres niñas, saben que no pueden decir nada porque si llega la Fiscalía General de la República (FGR) o la Policía Nacional Civil (PNC) a buscar esa fosa es seguro que los matarán, aunque ellos no hayan sido los que hayan alertado de la situación. Ellos rezan porque nunca se encuentre el lugar.

Afortunadamente estas personas, por así decirlo, solo son testigos de un hoyo que está cerca y que tiene cuerpos desde hace años. No tienen ningún familiar desaparecido.

La mamá de Rubén* dice saber dónde está enterrado su hijo. Cuando se enteró que su hijo había desaparecido con un bolsón y un par de zapatos, ella no podía creer que ya no regresaría. Tenía 17 años.

Su nuera es la última persona que vio a Rubén. El día que desapareció ella lo fue a dejar a un muro cerca de la casa de la señora, de allí no lo volvió a ver.

A la semana le hablaron por teléfono pidiéndole $500 para que lo depositara en un banco ubicado sobre la Alameda Juan Pablo II. Al hacer el depósito liberarían a Rubén. Ella es vendedora ambulante, no gana más de $5 diarios. Sabía que no podía reunir ese dinero.

“Cuando me llamaron, en mi angustia les dije que me pasaran a mi hijo porque quería escucharlo. Pero ellos no quisieron. Les dije que en ese momento no ganaba mucho y que si me hacía el favor de darme a mi hijo, porque ¿cómo conseguía ese dinero el mismo día? Y me dijeron que si no entregaba ese dinero, sin cabeza iba a amanecer mi hijo”, contó ella.

Le rebajaron la cantidad a $300 pero no podía reunirlos y en su desesperación fue a hablar con el palabrero de la comunidad. No quiso rebajarle. Otro marero le dijo que su hijo de seguro ya estaba muerto y le advirtieron que si llamaba a la policía la iban a matar a ella y a su familia. Rubén tiene un hermano de 16 años y otro de ocho años.

Ya pasaron tres años de ese suceso y la mamá de Rubén asegura que su hijo está enterrado detrás de la colonia donde vive. Cerca del muro donde fue visto por última vez. Ella quiere ir a desenterrarlo pero sabe que la matarán junto a sus hijos. “Aunque sea los huesitos que encuentre. Mi hermana me dice que no voy a aguantar cuando lo encuentre y lo vea… Yo le digo que sí, porque lo importante es encontrarlo. Yo de madre, no voy a perder la esperanza”. En su rostro se ve una sonrisa cada vez que habla de su hijo, quizás es lo mejor, reír en vez de llorar.

Así como la situación de la mamá de Rubén, la niña Josefa y la familia López, hay cientos en El Salvador que solo pueden ver, oír y callar porque de lo contrario serán ellos los enterrados y jamás serán encontrados.

La situación en El Salvador en el tema de desaparecidos ha empeorado. No es que nunca haya existido el fenómeno, más bien ha aumentado drásticamente. La FGR y la PNC, instituciones encargadas de buscar y entregar los cuerpos a las familias dolientes, no saben cómo manejar la desaparición de personas. En los últimos cinco años ya llevan entre 10 mil y 15 mil  desaparecidos. La cantidad depende de a qué institución se le pregunte.

Para encontrar a una persona desaparecida, los familiares acuden a la fiscalía, a la policía o a otra institución en la cual confían ya sea la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDHH) o el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA).

Según testimonios de madres y esposas que han sufrido la desaparición de su hijo o esposo, de nada sirve ir a la FGR o a la PNC pues nunca hay avances.

Doña Leonor*, quien reportó como desaparecida a su hija hace dos años, manifiesta que de nada sirvió ir a la FGR a denunciar la desaparición de su hija un día que se dirigía al trabajo y nunca llegó a su destino.

El fiscal del caso no mostró mayor preocupación o intención de buscar a su hija de 19 años que dejó a una niña de 6 meses. Solo que ha dicho que no hay mayores pistas, que el investigador asignado no ha hallado nada.

Ya son 25 meses que ella va frecuentemente a hablar con el fiscal y este siempre le dice lo mismo, que si no lleva nuevas pistas no podrán avanzar.

Desde enero hasta mayo de 2018 han desaparecido en El Salvador 228 personas según la PNC y 424 han sido privados de libertad, según la FGR.

Solicitamos las estadísticas de personas desaparecidas reportadas en la Policía Nacional Civil y las desaparecidos en la Fiscalía General de la República. Es de aclarar que la FGR enlista a los desaparecidos en secuestro, desaparición forzada y privados de libertad.

Según los datos obtenidos de la PNC, desde el 2014 hasta mayo del 2018, hay 8 mil 352 desaparecidos. Los datos de la Fiscalía muestran cifras mucho más altas, en el mismo periodo tienen registrados a 17 mil 185 personas con el delito de privación de libertad, desaparición forzada y  secuestro. De estos, solo privados de libertad son 17 mil 038.

Para este reportaje utilizaremos la última tipología ya que es la que representa la mayoría de casos.

En algo que sí concuerdan las estadísticas de la FGR y la PNC es que los mismos municipios San Salvador y Soyapango son los que más desaparecidos reportan.

Comparando los datos de ambas instituciones, hay una disparidad de números. Hay  8, 686 personas que están en la lista de la FGR y no en las estadísticas de la PNC. ¿Qué sucede con esos 8 mil nombres que no tiene la PNC?

Intentamos contactarnos con la Unidad de Personas Desaparecidas de la Policía pero nunca nos brindaron la entrevista.

Tanteando a buscar

Guadalupe de Echeverría es jefa de la Unidad Antipandillas de la FGR y está a cargo de investigaciones mediáticas como la exagente del GRP, Carla Ayala, y la periodista de La Prensa Gráfica, Karla Turcios. Sabe que las estadísticas con la PNC son diferentes y que se necesita datos estadísticos homologados para que coincidan. También que las unidades encargadas de buscar a un desaparecido no están unidas como debería ser y esto afecta en el sistema de conteo de casos y depuración.

Según el proyecto explicado por la fiscal, uno de los principales objetivos del proyecto es unificar criterios de clasificación, por medio de una plataforma donde tendrán acceso la FGR, la PNC y Medicina Legal.

La FGR no cuenta con un protocolo de búsqueda cuando se reporta una persona desaparecida. Pero aseguran que actúan de inmediato, que no hay que esperar 24 horas para comenzar a buscar a una persona con reporte de desaparición.

Un factor clave en la desaparición de una persona son las pistas que tendrá su familiar al momento de interponer la denuncia. Para la fiscal Guadalupe de Echeverría, muchas investigaciones no avanzan porque no hay mayores detalles de la persona desaparecida.

La fiscalía tampoco tiene un departamento específico para la búsqueda de personas. Del presupuesto que reciben, dedican 38 millones a la Unidad de Defensa de los Intereses de la Sociedad, que es esa área en donde está incluida la búsqueda de personas.

Cada año ha ido incrementado. De los 25 millones en el 2013  han pasado a los 38 millones de dólares en el último año.

Desaparecidos en el departamento de San Salvador

Privados de libertad en el departamento de San Salvador

El proyecto de la FGR

La fiscal Guadalupe de Echeverría mencionó que se está trabajando en un proyecto interinstitucional integrado por la PNC, la FGR, Medicina Legal, la PDDH y la CSJ, el cual pretende mejorar el sistema de búsqueda de desaparecidos, para “fortalecer las oficinas fiscales en todos los departamentos y a todas las unidades de investigación de la Policía Nacional Civil, para que este mecanismo urgente de búsqueda sea a nivel general con personas capacitadas”.

El proyecto es a través de un cooperante internacional que está apoyando con tecnologías, herramientas que ayudarán a mejorar los procesos de búsqueda. Calcula que están por la mitad del proceso y que esperan que en seis meses se estarían viendo los primeros avances.

“Lo que se va buscando con este proyecto obviamente es estandarizar, unificar los criterios de investigación. También crear mecanismos urgentes de búsqueda. Que se active todo el sistema con efecto de poder indagar qué se ha hecho con la víctima”, declaró la fiscal.

La fiscal manifiesta que este mecanismo de búsqueda implica activar todo el aparato del sistema de investigación incluso los mismos tribunales, pedir un registro de allanamiento y también se contempla el tema de las compañías telefónicas, en el cual tienen que agilizar las entregas de las bitácoras.

Dice que están iniciando el proyecto desde el enfoque del aviso de la denuncia, de todos los elementos que debe tener el expediente fiscal. Dicha iniciativa irá orientada a compartir información entre las instituciones encargadas, ya que a veces no se homologan los datos que tiene Medicina Legal, FGR y PNC.

Solo la PNC cuenta con una Unidad de Personas Desaparecidas y el nuevo proyecto ayudará a fortalecer todas las unidades de investigación de las  oficinas fiscales en todos los departamentos.

Mecanismo de búsqueda

Cuando Roberto llegó a denunciar la desaparición de su hermana, de acuerdo a lo que el fiscal del caso le explicó,  la FGR se basó en la extracción de la llamada telefónica y todo lo que se obtiene a través de un aparato telefónico, como el mapeo de antenas en los lugares. También analizó el tema de videos forenses de cámaras obtenidas del 911. Cámaras ubicadas de las alcaldías municipales y de la empresa privada, también el uso del GPS que ha servido para localizar el teléfono a través de las coordenadas.

Por medio de la bitácoras de llamadas, a Roberto pudieron decirle dónde fue la última vez que su teléfono mostró dar señal. Hasta ahí ha llegado los avances para dar con el paradero de su hermana. Nada más le han comunicado.  

Pero, ¿quiénes se encargan de buscar a las personas desaparecidas? La FGR no tiene a fiscales especializados en búsqueda de personas desaparecidas.

Tal como lo aclara la fiscal Echeverría, “el fin jurídico del afectado es la vida física y como las privaciones de libertad, desaparición forzada y secuestro van relacionadas a ello, estos delitos los conocen las 19  Unidades de Vida de todas las oficinas fiscales a nivel nacional. Si son menores de edad es la Unidad especializada en la mujer y el menor”. Además, tienen el programa “Ángel Desaparecido”, que son para buscar a menores de edad.

Sobre el fin jurídico, la FGR se refiere los tipos de delitos que se cometen a las personas desaparecidas. A estos casos les deben poner un nombre conforme vaya avanzando la investigación. En el Código Penal están delitos por los cuales se pueden condenar a personas que ayudaron a desaparecer a una víctima y así ser condenados.  

En la FGR los delitos que más se cometen contra los desaparecidos son:

“Lo que se va buscando con este proyecto obviamente es estandarizar, unificar los criterios de investigación. También crear mecanismos urgentes de búsqueda. Que se active todo el sistema con efecto de poder indagar qué se ha hecho con la víctima”

El instructivo que prioriza búsquedas

En los últimos años las personas que recién se enteran que tienen a un familiar desaparecido  piden ayuda en las redes sociales. Es una fotografía de la persona desaparecida acompañada de la información más importante: nombre completo, edad, vestimenta de ese día, y un número al cuál se pueden comunicar por cualquier información.

Las desapariciones ya tienen años de estar sucediendo pero en los últimos dos años han tenido mayor relevancia y esto ha sido por el poder del internet. Padres y amigos preocupados publican y todos comienzan a compartir. Personas que ni siquiera son amigos cercanos ayudan a que todos vean la publicación.

Hay publicaciones que han sido compartidas más de 2 mil veces y se han visto en Estados Unidos y Canadá. Es el apoyo de los salvadoreños que saben la realidad que se vive en el país.  Gente que apoya la esperanza del familiar que está herido por la desaparición de alguien cercano.

Muchos de estos casos han sido de vital apoyo ya sea para encontrar a la persona o para presionar a las autoridades.

Pero como en todos los casos, hay prioridades. Y esto tiene un instructivo. La Policía Nacional Civil tiene el Instructivo de Investigaciones de Personas Desaparecidas y Extraviadas que fue aprobado en 2012. En dicho documento, hay personas que importan más que investigar que otras. Los casos que son prioritarios e importantes son cuando desaparece un funcionario, autoridad pública, extranjeros con misión diplomática, policías y militares. Ya bajando de rango se encuentran están los demás.

También está la categoría “caso importante” que es el caso que causa alarma o conmoción nacional. El que se refuerza con la presión mediática. En los últimos meses esto ha servido mucho para los casos de feminicidios. Tal es el caso de Karla Turcios o el de Jocelyn Abarca. Al final, es la Dirección de la PNC la que decide si el caso causa la suficiente conmoción social para ser retomado por la unidad especial de investigación.

Es de recalcar que estos casos también han tenido un “boom” porque se ha encontrado el cuerpo y de allí ha encontrado al culpable. Sin ello, la FGR y PNC se hubieran quedado estancados como lo hacen en los otros miles de casos de desaparecidos que tiene El Salvador.  

Ya bajando de categoría están los otros casos que no mucho importan. Los que no son personas importantes, no los buscan o no hacen el mayor esfuerzo. Esos casos, los que en realidad se cuentan por miles. Los casos que de resolverse daría otra percepción de la FGR y PNC. Esos casos que tienen llenas las estadísticas de la PNC y más aún las estadísticas de la FGR.

Uno de miles de casos es el de Guadalupe. Su esposo desapareció hace 4 meses. Él iba rumbo a otro departamento a hacer un viaje privado y jamás regresó. Hasta la fecha la fiscalía no ha resuelto. Lo único que le han dicho es que según las antenas de la señal de su celular terminaron en el lugar hacia donde se dirigía.

Aparte que costó que le asignaran un fiscal, después de dos meses no había mayores avances. Además, por el lugar donde desapareció la víctima, la delegación fiscal le remitió el caso a otra delegación. Esto sucedió en tres meses. Al cuarto mes el expediente de su esposo estaba en la delegación correcta y recién le han informado que al fin tendrá un investigador de la PNC.

El fiscal al cargo le ha manifestado que no pueden hacer más. Que solo saber que su esposo se metió con la mujer de un preso no es suficiente para indagar. Que necesita más datos, el nombre de la mujer y su dirección. Ella solo sabe su primer nombre y que anda huyendo porque la amenazaron de muerte.

El fiscal le ha pedido datos, ella no los puede averiguar porque es peligroso. Se molesta porque dice que ese es trabajo de ellos, “ellos que averigüen, yo no puedo andar haciendo su trabajo. Ya les di el número de ella para que le hablen y le pregunten dónde pudieron haber enterrado a mi esposo. Yo sé que él hizo algo que no tuvo que haber hecho y que ella sabe qué le pasó. Solo quiero enterrarlo y que su madre llore en su tumba”.

Ana se molesta pues se queja que no le han dado la importancia que merece. Se queja que otros casos sí los has resuelto. Que no confía en ellos pero que no puede ser más.  Sabe que si sale a buscar a su esposo a lugares desconocidos, su vida puede correr peligro.

Le han contado que cerca del lugar donde desapareció su pareja hay una fosa clandestina. Ella quiere llegar a escarbar y encontrar al hombre que ha amado toda la vida, pero es imposible.   

Documentos sobre casos de desapariciones en El Salvador (IDHUCA)

Privados de libertad = desplazamiento forzado

Arnau Baulenas, coordinador del Equipo de Procesos de Justicia del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), considera que entre el 60% – 70% de los casos  que el IDHUCA atiende por personas desaparecidas tienen relación con la privación de libertad.

“Muchos de los casos donde hay una privación de libertad viene un tema de desplazamiento forzado y por lo tanto como Idhuca estamos acompañando a la población, ya sea en reubicación interna en el territorio o salir del país”, manifestó.

Para Baulenas, no hay un protocolo de actuación en estos casos. Han notado que cuando hay una persona desaparecida existe una disparidad policial sobre el cómo actuar, algunos dicen que hay que esperar 72 horas para interponer la denuncia, otros no lo dicen. “También se ve una falta de recursos técnicos y científicos en la búsqueda de estas personas. Yo creo que aún estamos a años luz de poder establecer una red para intentar unir los puntos. Esta falta de protocolo, de rigor en este tipo de investigaciones es lo que causa mayor sufrimiento para las víctimas”, afirmó.

Cuando un caso de privación de libertad llega al IDHUCA, el comité valora si es admitida dicha solicitud, si esta aplica a los parámetros que tiene como instituto. Si el caso aplica se procede a dar un acompañamiento legal y psicosocial, “siempre se da este acompañamiento psicosocial porque entendemos que es muy difícil trabajar estos casos si las personas no están tranquilas y estabilizadas emocionalmente. En los casos de privación de libertad es bien complicado, porque al final nosotros no tenemos la capacidad de ir al terreno e investigar y por tanto esto requiere más de un tema psicosocial”, finaliza.

Así como Baulenas, hay otros expertos que opinan que la FGR tiene que mejorar en la búsqueda de desaparecidos. Que los pandilleros no temen matar y enterrar ya que no serán detenidos. A pesar de ello, ya hay casos de condena de hasta 288 años por matar y enterrar a personas.

A pesar que los pandilleros usan tácticas para perder pistas, siempre hay alguien que habla y alguien que encuentra…

Espere la segunda de entrega de este reportaje:

Los desaparecidos que no cuadran – Parte II.  La versión de quiénes los buscan.

“También se ve una falta de recursos técnicos y científicos en la búsqueda de estas personas. Yo creo que aún estamos a años luz de poder establecer una red para intentar unir los puntos. Esta falta de protocolo, de rigor en este tipo de investigaciones es lo que causa mayor sufrimiento para las víctimas”

*Los nombres han sido sustituidos por seguridad de las fuentes. A la PNC se le solicitó de nuevo los datos,  pero esta vez por tipología y municipio así como los proporcionó la FGR. Cuando los enviaron, ya había finalizado el reporteo de esta investigación.  Los datos que enviaron no concordaban con los datos que brindaron anteriormente, que son los que están en este reportaje. De 8, 352 desaparecidos de los primeros datos que facilitó la PNC, luego se hicieron 16, 978 desaparecidos. ¿De dónde salieron esos 6,794 que antes no estaban?