LOS CICLOS DE GOBIERNO Y LA COOPTACIÓN DEL ESTADO – EDICIÓN # 88

Por: Mónica Larín, Coordinadora de la Licenciatura en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Francisco Gavidia. 

El periodo de transición de gobierno siempre ha sido un momento de crisis dentro del Órgano Ejecutivo. La reconfiguración, fusión, traslado de unidades en el ejecutivo conlleva a un cambio en el tamaño del Estado. Lamentablemente este es un comportamiento normalizado por la sociedad salvadoreña, por lo que no resulta extraño que a partir de los resultados de las elecciones presidenciales del pasado febrero, los cambios no se hayan hecho esperar.

La práctica de asegurar la continuidad de ciertas personas en el Estado, bajo plazas de ley de salarios entre diciembre de 2018 y febrero de 2019, no hace más que demostrar la necesidad absoluta de realizar un replanteamiento de la Ley de Servicio Civil, que responde más bien a una sociedad de mediados del siglo XX bajo las premisas del estado benefactor presente en la región latinoamericana.

Como un ejemplo claro, en el periodo 2009-2018, el tamaño del servicio civil del Órgano Ejecutivo ha tenido un aumento acumulado, con más de 41 mil plazas a tiempo completo. Sin embargo, este aumento en plazas no reporta un aumento significativo en la eficiencia de los servicios que presta el ejecutivo, lo que genera dudas acerca de las causas que originan este crecimiento y los intereses a los que responde.

Los datos subsiguientes fueron tomados del portal de transparencia activa y transparencia fiscal para ejemplificar el crecimiento de las plazas en el Órgano Ejecutivo. De las 109,507 plazas vigentes y funcionales actualmente, el 96.2% (105,304) se encuentra bajo el régimen de Ley de Salario y 3.8% (4,203) bajo la modalidad de contratos. Si desglosamos lo anterior, durante el periodo 2009-2018 la cantidad de plazas por ley de salario ha aumentado en un poco más de 41,500 plazas, dicho aumento equivale al 65.15%; mientras que, las plazas bajo régimen de contrato, han disminuido significativamente en 79.2%, pasando de 20,201 a 4,203.

Pese a tan importantes cifras, es necesario hacer una salvedad, y es que la Ley del Servicio Civil excluye formar parte del mismo las personas bajo contrato, a los que se refiere el art. 83 de las disposiciones generales de presupuestos.

Por tanto, en el 2018, el servicio civil del órgano ejecutivo salvadoreño registra 105,304 empleados que devengan conjuntamente $933 millones; es decir, más del doble de lo registrado en el 2009 ($439.5 millones).

De manera conjunta, el Ramo de Justicia y Seguridad Pública; el de Educación y el de Salud, concentran el 76.8% (31,896) del total de plazas bajo régimen de ley de salario que se han creado durante los años 2009 y 2018. De manera similar, a estos tres ramos les corresponde un monto de $382.7 millones (77.6%del total).

En cuanto al Ramos de Relaciones Exteriores, resulta ser un caso bastante llamativo, ya que pasó de tener 397 plazas por ley de salario en el 2009 a 686 en el 2018; sin embargo, el monto destinado al pago de las mismas experimentó una reducción de $20,345, ubicándose actualmente en $9,525,830.

Es importante destacar, que si analizamos las cifras monetarias correspondientes a las variaciones de plazas dentro del ejecutivo para el periodo 2009-2018, en términos promedio, cada plaza por ley de salario le correspondería un salario anual y mensual de $11,878.5 y $989.90, respectivamente.

Haciendo un análisis de este aumento en las plazas por ley de salarios nos encontramos con temas como la necesidad de un fortalecimiento institucional como causa principal. Esto obedece al planteamiento generado desde los dos últimos Planes Quinquenales de Desarrollo.

El fortalecimiento institucional no ha permeado en el desempeño de funciones de los empleados. Pese a que hay un compromiso en las instituciones por la mejora continua, esta se ha visto obstaculizada en el momento de implementar mecanismos y herramientas para medir el desempeño.

Por tanto, es necesario repensar estas nuevas realidades e intentar incorporar de manera inmediata la noción de competencias en el servicio civil salvadoreño lo cual generará la coherencia necesaria que promoverá la mejora continua en la Administración Pública.

En última instancia, es necesaria la modernización del Estado, cuestión que no contraviene la expansión del Estado.  La eficiencia estará ligada a la actuación de los empleados, y la modernización es una de las principales ramas. Esto contribuye a reducción del tamaño del servicio civil en el órgano ejecutivo y a una mayor eficacia.