Politica
La Asamblea Legislativa aprueba préstamo de $235 millones para programa de salud inteligente
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La Asamblea Legislativa dio su respaldo al préstamo de $235 millones suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), destinado a financiar el “Programa de Salud Inteligente e Integral”, que tiene como objetivo fortalecer el sistema de salud del país mediante la incorporación de tecnologías avanzadas y la mejora de la infraestructura sanitaria.
El programa, que se desarrollará a lo largo de 5 años, cuenta con un préstamo a 25 años y un período de gracia de 5 años. Este respaldo fue aprobado con un dictamen favorable emitido por la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, que analizó el proyecto y discutió sus detalles con representantes del Ministerio de Hacienda.
Destinos del financiamiento
El préstamo se destinará a diversas áreas estratégicas del sector salud, con el fin de modernizar y optimizar la atención a los ciudadanos. Los fondos se distribuyen de la siguiente manera:
$50 millones para la creación y puesta en marcha del Centro Virtual de Atención, que incluirá servicios como banco de sangre, laboratorio y lavandería, entre otros, con el fin de agilizar y optimizar la gestión de los recursos sanitarios.
$142.35 millones para reforzar la resiliencia sanitaria multinivel y la aplicación de cobertura especializada, lo que permitirá un mejor manejo de emergencias y una atención médica más eficiente a nivel nacional.
$23.80 millones para fortalecer la red de servicios de apoyo, con el objetivo de mejorar la infraestructura y los servicios auxiliares necesarios para la atención sanitaria.
$9.35 millones para el fortalecimiento de las instituciones de salud, mejorando la infraestructura y capacidades operativas de los centros hospitalarios y de salud pública.
$9.50 millones para la administración, evaluación y auditorías del programa, garantizando la transparencia y eficiencia en la ejecución de los recursos.
Infraestructura y remodelación de instalaciones sanitarias
Una de las características destacadas del proyecto es la remodelación de varias infraestructuras clave para el sistema de salud. Estas incluyen:
Remodelación de los laboratorios regionales de Usulután y Santa Rosa de Lima, lo que permitirá mejorar la capacidad de diagnóstico y tratamiento en estas zonas.
Construcción de un hemocentro en el Hospital de Niños Benjamín Bloom, que facilitará la gestión de sangre para los menores.
El Centro de Operaciones de Emergencia en Salud Pública y el Centro Coordinador del Sistema de Emergencias Médicas, que mejorarán la coordinación y respuesta ante emergencias sanitarias.
El almacén central del Ministerio de Salud, lo que optimizará la distribución y almacenamiento de los suministros médicos.
La construcción de un centro de lavado centralizado para el Área Metropolitana de San Salvador, mejorando la logística y eficiencia en el manejo de equipos y material médico.
¿Qué es la salud inteligente?
El concepto de salud inteligente se refiere a la integración de tecnologías avanzadas y sistemas de información en el ámbito sanitario para mejorar la eficiencia, la accesibilidad y la calidad de los servicios de salud. Esto incluye el uso de telemedicina, inteligencia artificial y sistemas de gestión digital de pacientes que permiten una atención más personalizada y eficiente, así como la optimización de los recursos disponibles.
La salud inteligente también aboga por la interconexión de diversos niveles del sistema de salud, lo que favorece la resiliencia sanitaria y la capacidad de respuesta ante emergencias.
Esto puede incluir, por ejemplo, la recopilación y análisis de datos en tiempo real para la toma de decisiones informadas sobre la distribución de recursos, la gestión de enfermedades y la mejora continua de los procesos en los centros de salud.
Con este nuevo programa, El Salvador da un paso importante hacia la modernización de su sistema de salud, con un enfoque integral y tecnológico que promete mejorar la atención a los pacientes y fortalecer la infraestructura sanitaria del país.
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Politica
Asamblea elimina la deuda política con 58 votos y con reforma constitucional exprés
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Con 58 votos a favor, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la eliminación del artículo 210 de la Constitución, suprimiendo así el financiamiento público a los partidos políticos, conocido como “deuda política”.
La medida fue impulsada por el partido oficialista Nuevas Ideas y sus aliados, y se convirtió en la primera reforma constitucional aprobada mediante la nueva vía rápida establecida en enero de este año.
La deuda política es un mecanismo mediante el cual el Estado entrega fondos a los partidos políticos en función de los votos obtenidos en las elecciones. En El Salvador, se asignaban $6.05 por voto en comicios presidenciales, $3.28 en legislativos, $3.30 en Parlamento Centroamericano y $2.45 en municipales.
Este sistema buscaba garantizar la participación equitativa en la contienda electoral, pero ha sido criticado por su impacto en las finanzas públicas y el uso discrecional de los fondos.
Desde la bancada oficialista, el diputado Caleb Navarro calificó la eliminación de la deuda política como un hecho “histórico”, mientras que el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, defendió la medida argumentando que los fondos públicos no deben destinarse a campañas políticas.
Sin embargo, la oposición cuestionó la reforma, señalando que el oficialismo ya había cobrado más de $27 millones en deuda política antes de su eliminación y que ahora pretende concentrar más poder al modificar la Constitución con mayor facilidad.
El debate también incluyó posturas de legisladores como Reinaldo Carballo, del PDC, quien aseguró que su partido nunca recibió deuda política y que ahora los diputados deberán financiar sus campañas con sus propios salarios. Con la eliminación de la deuda política, los partidos deberán buscar nuevas formas de financiamiento, mientras la oposición advierte sobre los riesgos de modificar la Constitución sin amplios consensos.
Politica
Asamblea Legislativa reformará la Constitución este miércoles para eliminar la deuda política a los partidos
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El plato fuerte de la sesión plenaria de este 12 de febrero es la aprobación de una reforma constitucional que eliminará el financiamiento público destinado a los partidos políticos del país.
El presidente de la Asamblea Legislativo, Ernesto Castro, confirmó que la reforma se someterá a votación en la sesión plenaria de hoy.
Debido a la supermayoría oficialista, el cambio constitucional se da por sentado.
Caleb Navarro, subjefe de fracción del partido Nuevas Ideas, dijo el cambio constitucional será posible en una sola votación sin la necesidad de un proceso más largo.
Navarro expresó que, según la reforma al artículo 248 de la Constitución, la actual Asamblea Legislativa está facultada para realizar cambios constitucionales mediante una votación en la que se aprueben tres cuartas partes de los votos, es decir, 45 de los 60 diputados, lo que garantiza el respaldo de Nuevas Ideas y sus aliados, quienes suman 57 votos.
Este proceso de modificación constitucional comenzó con una reforma al artículo 248 aprobada el 29 de enero de 2025, que permite la reforma constitucional en una sola votación si se cuenta con el apoyo necesario. Este cambio en el procedimiento fue acordado en la legislatura anterior y comenzó con un acuerdo de reforma en abril de 2024.
Desde la oposición, representantes como la diputada Marcela Villatoro de Arena han cuestionado el uso de la reforma para eliminar la deuda política, calificándola de un «pretexto» para emprender reformas estructurales a la Constitución.
La reforma constitucional que se aprobará este miércoles sería la primera impulsada por el partido Nuevas Ideas en el marco de un proceso que fue asignado por el presidente Nayib Bukele al vicepresidente Félix Ulloa.
Politica
Presidente de la Sala de lo Penal participa en sesión de la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia
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Alejandro Antonio Quinteros Espinoza, presidente de la Sala de lo Penal, asistió a una reunión con los diputados de la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia de la Asamblea Legislativa para ofrecer su opinión técnica sobre las reformas propuestas a la Ley Penal Juvenil, la Ley contra el Crimen Organizado y la Ley Penitenciaria.
En relación con las reformas a la Ley Penal Juvenil, el magistrado Quinteros destacó la necesidad de un enfoque diferenciado para tratar a los adolescentes involucrados en el crimen organizado, con el fin de prevenir comportamientos criminales en el futuro. También subrayó la importancia de una mayor coherencia con la Ley contra el Crimen Organizado y propuso un control más riguroso en la ejecución de las penas.
Sobre la Ley contra el Crimen Organizado, Quinteros recomendó la asignación de un juez de apoyo por cada Tribunal Especializado en Crimen Organizado, así como la incorporación gradual de otros jueces para vigilar y ejecutar las penas. Además, sugirió especialización en el manejo de medidas para menores de edad y la implementación de evaluaciones periódicas sobre el modelo en curso.
En cuanto a la Ley Penitenciaria, el presidente de la Sala de lo Penal hizo hincapié en la necesidad de establecer mecanismos de coordinación entre jueces especializados e instituciones del sector justicia, lo que garantizaría el cumplimiento de los objetivos de la ejecución penal.
Politica
Asamblea Legislativa elige a Walter Salvador Sosa Funes como nuevo presidente de la Corte de Cuentas
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Tras más de cuatro meses de vacancia, la Asamblea Legislativa eligió a Walter Salvador Sosa Funes como nuevo presidente de la Corte de Cuentas de la República (CCR) para un período que finalizará el 27 de agosto de 2026.
La propuesta de Sosa Funes fue presentada por el diputado Christian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas, y rápidamente obtuvo el respaldo de los diputados Reinaldo Carballo, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), y Rebeca Rodríguez, del Partido de Concertación Nacional (PCN), quienes coincidieron en que el perfil del candidato era el adecuado para el cargo.
La elección fue respaldada por 57 votos a favor de los diputados de Nuevas Ideas y sus aliados. La bancada de Arena se abstuvo de votar, mientras que Vamos se opuso a la elección.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, anunció el resultado de la votación: “Con 57 votos a favor, queda electo como presidente de la Corte de Cuentas de la República el licenciado Walter Salvador Sosa Funes”.
Inmediatamente después de la votación, Sosa Funes fue llamado al pleno y juramentado en su nuevo cargo.
Sosa Funes, quien fue uno de los 11 candidatos entrevistados para el puesto, asumirá la presidencia de la Corte de Cuentas tras el nombramiento de Roxana Soriano de Viaud como presidenta del Tribunal Supremo Electoral.
Su experiencia incluye su labor como juez de paz en Dulce Nombre de María, Chalatenango y jefe ad honorem de la Oficina Regional Paracentral del Ministerio de Trabajo.
En su entrevista ante los diputados de la Comisión Política en noviembre, Sosa Funes se comprometió a “cumplir la Constitución” y a impulsar una serie de reformas dentro de la Corte de Cuentas.
Entre sus propuestas destacan la digitalización de la institución, el fortalecimiento del capital humano para mejorar su funcionamiento, y la consolidación de la Corte como una entidad eficiente y respetable.
En este último punto, mencionó que su objetivo es evitar que la Corte de Cuentas se convierta en «un circo», en referencia a episodios pasados con figuras políticas como la ex vicepresidenta Ana Vilma de Escobar.
Sosa Funes aseguró que trabajará para garantizar que la Corte de Cuentas cumpla con su rol de fiscalización, supervisando las instituciones y municipios, y dando seguimiento a los planes y metas establecidos por la Constitución.
Politica
Endurecen penas para homicidio, robo y otros delitos con reforma al Código Penal
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La Asamblea Legislativa aprobó el 7 de febrero una reforma al Código Penal que endurece las penas de prisión para más de 20 delitos. Con 56 votos a favor, la modificación eleva las condenas para crímenes como homicidio, robo y hurto, además de introducir un nuevo delito relacionado con dilaciones procesales.
Entre los cambios más significativos, la pena por homicidio simple aumenta de 10-20 años a un rango de 25-35 años de prisión, mientras que el homicidio agravado pasa de 30-50 años a un máximo de 60 años en casos específicos, como cuando el crimen es cometido por un funcionario público o con agravantes como alevosía o ensañamiento.
El robo también verá un endurecimiento de las penas: la condena mínima pasa de 6 a 10 años y la máxima de 10 a 20 años, mientras que el robo agravado tendrá penas de 20 a 30 años cuando intervenga un servidor público.
En el caso del hurto, la pena mínima aumenta a 6 años y la máxima a 8 si el valor excede los $22.84 o 200 colones.
Además, la reforma introduce el delito de “dilaciones procesales”, castigando con penas de 4 a 8 años de prisión a funcionarios que retrasen injustificadamente un proceso judicial o a quienes obstruyan deliberadamente el curso normal del mismo a través de recursos reiterativos o litigaciones temerarias.
La modificación también establece la figura de la “excusa absolutoria” en delitos de hurto, permitiendo que el responsable pueda ser eximido de la pena una sola vez si repara integralmente el daño causado.
Otros delitos con penas endurecidas
Privación de libertad: de 3-6 años a 3-8 años de prisión.
Violación: de 6-10 años a 10-16 años.
Violación en menor o incapaz: de 14-20 años a 18-26 años.
Estupro: de 4-10 años a 5-13 años.
Hurto agravado: de 5-8 años a 10-15 años.
Receptación: de 6 meses-2 años a 6-10 años.
Estafa: de 2-5 años a 5-8 años si la defraudación es mayor a $22.84 o 200 colones.
Daños agravados: de 2-4 años a 5-10 años.
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