La Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio un paso importante hacia la modernización de sus servicios al recibir la certificación de inscripción en el Registro Nacional de Trámites de cinco procedimientos clave.
La entrega de los certificados estuvo a cargo de la directora del Organismo de Mejora Regulatoria (OMR), Mariana Gómez, al presidente de la CSJ, Henry Alexander Mejía.

El objetivo de este reconocimiento es eliminar las barreras burocráticas, optimizar la regulación y agilizar los trámites que la institución ofrece a los ciudadanos.

En su intervención, el presidente de la CSJ resaltó que este logro es fruto de un esfuerzo constante por modernizar los servicios judiciales.

“Con el esfuerzo permanente que ha realizado la institución en el marco del plan de modernización de los servicios, en estos seis meses de mi gestión, estamos alcanzando un momento clave para concretizar los planes de mejora regulatoria y obtener las certificaciones correspondientes”, afirmó.

Los cinco trámites registrados son: la autorización de abogados, la solicitud para la elaboración de sellos de abogado, la autorización de abogados para la función pública en el ejercicio del notariado, la solicitud para la elaboración de sellos de notario y la autorización de las hojas de Libro de Protocolo. Estos procedimientos, al ser certificados, buscan simplificar y agilizar los procesos administrativos dentro del sistema judicial.

La directora del OMR destacó la importancia de avanzar hacia una administración pública más moderna y eficiente. “La Ley de Mejora Regulatoria, el Registro Nacional de Trámites y la Ley de Procedimientos Administrativos son elementos fundamentales en la modernización de la administración pública. Estas herramientas no solo mejoran la eficiencia de los trámites, sino que también contribuyen a la transparencia de la gestión pública y crean un entorno más favorable para los ciudadanos, las empresas y la inversión pública”, aseguró Gómez.

Además, la ceremonia incluyó la entrega simbólica de los certificados a los jefes de las dependencias responsables de los trámites, como Rubén Atilio Meléndez, de la Sección de Investigación Profesional; José Roberto Hernández, de la Sección de Notariado; y Julia El Cid, de la Secretaría General.

Durante el evento también se entregaron diplomas de participación a los asistentes al Taller sobre Mejora Regulatoria, realizado en modalidad virtual durante el período 2024-2025, impartido por el OMR.

El taller, cuyo objetivo fue fortalecer el conocimiento institucional sobre la Ley de Mejora Regulatoria, abordó temas clave como la agenda regulatoria, los planes de mejora, el Registro Nacional de Trámites, la evaluación del impacto regulatorio y la plataforma tecnológica “Sí Mejora”.

La actividad contó con la participación de jefaturas, directores y personal administrativo de la CSJ, así como representantes del OMR, quienes ratificaron su compromiso con el proceso de modernización y eficiencia en el sistema judicial.

El Registro Federal de Estados Unidos publicó el 2 de abril de este año una certificación emitida por el secretario de Estado, Marco Rubio, en la que se reconoce que el gobierno de El Salvador está llevando a cabo esfuerzos significativos en varios frentes para combatir la corrupción y la impunidad, así como para fortalecer el Estado de derecho y la transparencia.
Además, se destaca la protección de los defensores de derechos humanos, periodistas, sindicalistas, partidos de oposición, la sociedad civil y la independencia de los medios de comunicación.
En su informe, Rubio también resaltó que el gobierno salvadoreño está implementando políticas que buscan garantizar la independencia de las instituciones judiciales y electorales, así como mejorar la transparencia en el financiamiento de campañas políticas y partidos.
Asimismo, el secretario de Estado destacó la eficacia en la aplicación de leyes relacionadas con la seguridad, haciendo énfasis en la limitación de la participación de las fuerzas armadas en la seguridad pública, siempre respetando el debido proceso legal.
El documento también menciona que El Salvador ha implementado programas para reducir la violencia contra las mujeres y las niñas, así como políticas destinadas a combatir la pobreza y reformas orientadas a fortalecer el sistema educativo.
En cuanto a la cooperación internacional, Rubio subrayó la colaboración del país centroamericano en la lucha contra el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de personas y en la repatriación de migrantes. Además, destacó la cooperación en políticas de inversión.
La certificación, que se enmarca en el cumplimiento de la Sección 7045 (b) (2) (A) de la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado, es un requisito legal para que Estados Unidos continúe brindando apoyo económico a El Salvador.
Esta normativa condiciona el 60 % de los fondos destinados a la ayuda económica a El Salvador, Guatemala y Honduras a la certificación por parte del secretario de Estado y su reporte al Congreso.
Sin embargo, a pesar de los elogios oficiales, diversos organismos no gubernamentales y movimientos sociales han reportado graves violaciones a los derechos humanos en El Salvador, especialmente durante el régimen de excepción.
A pesar de esto, el gobierno de Estados Unidos continuó su relación con El Salvador, aunque suspendió desde enero de 2025 la ayuda canalizada a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID).
A pesar de esta suspensión, hasta el 7 de marzo de 2025, la USAID había comprometido más de 65 millones de dólares en obligaciones con El Salvador, con desembolsos cercanos a los 42 millones de dólares.
La certificación publicada es solo una parte de un proceso más amplio que incluye un Memorándum de Justificación, que también será enviado al Congreso de Estados Unidos, y refleja el interés de la administración estadounidense en monitorear los avances del gobierno salvadoreño en el cumplimiento de ciertos estándares democráticos y de derechos humanos

Los precios del petróleo continúan su desplome este lunes, alcanzando niveles no vistos desde la pandemia de Covid-19. Este retroceso se debe principalmente al temor de que un freno en el crecimiento económico mundial afecte la demanda de crudo, lo que está generando una presión bajista en los mercados.

A las 4:35 a.m. (hora de El Salvador), el barril de Brent del Mar del Norte, con entrega en junio, perdía un 2.70%, cotizando a 63.81 dólares, después de haber tocado un mínimo de 62.23 dólares, su nivel más bajo desde abril de 2021. Por su parte, el barril de West Texas Intermediate (WTI), referencia estadounidense para entrega en mayo, caía un 2.84%, alcanzando los 60.23 dólares, después de haber tocado los 58.95 dólares, también su precio más bajo desde abril de 2021.

El análisis de DNB atribuye este retroceso a dos factores principales. En primer lugar, el aumento de los aranceles impulsados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que afecta principalmente a países como China (34%) y la Unión Europea (20%), lo que ha reducido las perspectivas de demanda global de petróleo. 

Además, el presidente se mantiene firme en su postura de aplicar tarifas adicionales del 10% a productos provenientes de varios países.

En segundo lugar, la aceleración de la producción por parte de la OPEP+ está contribuyendo a la caída de los precios. Este jueves, el cártel anunció que aumentará la producción de petróleo en 411,000 barriles diarios para mayo de 2025, tres veces más de lo inicialmente previsto. Este aumento podría seguir presionando los precios hacia abajo, a medida que la oferta mundial se incrementa.

En este escenario de incertidumbre económica y tensiones comerciales, los expertos de DNB advierten que un escenario de «guerra comercial» podría resultar en una desaceleración de la demanda mundial de petróleo, estimando una caída de 0.1 millones de barriles diarios por cada reducción de 0.1 puntos porcentuales en el Producto Interno Bruto (PIB). Esto podría generar un impacto negativo en los precios a corto y medio plazo.

Este panorama evidencia cómo los cambios en la política comercial y la producción global de petróleo siguen siendo factores cruciales para la estabilidad de los mercados energéticos.

La dirigencia empresarial salvadoreña tiene altas expectativas sobre el acuerdo alcanzado entre El Salvador y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que podría abrir nuevas puertas para la inversión extranjera en el país. 

Este acuerdo de financiamiento por un total de $1,400 millones fue sellado el pasado 26 de febrero, después de un largo proceso de negociaciones que se extendió por más de cuatro años, marcado por obstáculos como la adopción del bitcoin como moneda de curso legal en 2021.

Con las reformas a la ley del bitcoin y la reciente aprobación de una ley anticorrupción, El Salvador ha asumido compromisos para fortalecer su economía, una medida que, según la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), tiene el potencial de generar un entorno favorable para atraer inversiones.

Waldo Jiménez, director de asuntos económicos de la ANEP, expresó su esperanza de que las decisiones gubernamentales tomadas hasta ahora impacten positivamente en la economía del país. 

En palabras de Jiménez: “Lo que buscamos es que estas decisiones sirvan para que más inversión llegue, lo que a su vez generará más y mejores empleos. El Salvador necesita entre 40,000 y 50,000 nuevos empleos anualmente”.

Uno de los compromisos clave de El Salvador bajo este acuerdo es el fortalecimiento de las finanzas públicas, con medidas orientadas a reducir el déficit fiscal y reformar el sistema de pensiones. En cuanto al cumplimiento de estos compromisos, Jiménez afirmó que la ANEP confía en que el gobierno tiene la capacidad para cumplir con lo pactado, y observan con optimismo el futuro económico del país.

Por otro lado, Jorge Arriaza, presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), se mostró igualmente optimista acerca de los efectos de este acuerdo. Para él, el estrechamiento de la relación con el FMI representa una oportunidad para mejorar la confianza de los inversionistas, al tiempo que facilita el acceso a créditos. Arriaza destacó que el acuerdo subraya avances importantes en la gestión de la deuda pública, lo cual considera un paso positivo para la economía.

“Hay un periodo de 40 meses para trabajar en la deuda, el déficit fiscal y comercial, pero se está avanzando por el camino correcto”, afirmó Arriaza. A pesar de los desafíos, destacó que el sector industrial debe aprovechar este impulso para fortalecer la producción y la exportación.

Visión de futuro, un impacto gradual

Laura Clavijo, directora ejecutiva de investigaciones económicas de Bancolombia, señaló que los efectos de este acuerdo sobre la confianza en el país serán más evidentes a largo plazo. Según Clavijo, el éxito dependerá del cumplimiento riguroso de las políticas de reforma y de la implementación de medidas que fomenten el crecimiento económico sostenido.

«Los países que logran pactar acuerdos con el FMI deben seguir ciertas políticas de reformas a largo plazo para asegurar el crecimiento de sus economías», explicó Clavijo, quien también destacó que el acceso a créditos de organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) son señales positivas que refuerzan la confianza en el país.

La experta agregó que uno de los mayores retos de la región es potenciar el crecimiento económico a mediano plazo, lo cual exige una fuerte inversión en infraestructura y capacitación de la fuerza laboral.

Inyección de $1,000 millones para impulsar la economía

Mientras tanto, en un esfuerzo por dinamizar la economía, el presidente Nayib Bukele anunció que, gracias al acuerdo con el FMI, el gobierno de El Salvador destinará $1,000 millones a la economía local en los próximos días. 

Esta cifra representa alrededor del 2.8% del Producto Interno Bruto (PIB) del país y busca reactivar la actividad económica a corto plazo.

Los fondos se distribuirán principalmente en pagos anticipados a micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), adelantos a proveedores y la amortización de créditos internos. Según el presidente Bukele, esta medida está diseñada para mejorar el flujo de capital en el mercado interno, lo que impulsará tanto el consumo como las ventas en el sector comercial, favoreciendo la recuperación de la economía.

Una de las ventajas de este enfoque, según el mandatario, es que estos recursos provienen de divisas ya disponibles en los mercados internacionales, evitando así la necesidad de emitir más moneda local. 

Con esta inyección de capital, el gobierno salvadoreño espera fortalecer el tejido productivo del país y sentar las bases para un crecimiento económico sostenido en el futuro.

El gobierno de Donald Trump mantiene su postura firme respecto a la deportación de Kilmar Ábrego García, el salvadoreño que, según medios de comunicación estadounidenses, fue deportado erróneamente a El Salvador, donde está encarcelado.
Los abogados del Ejecutivo estadounidense han argumentado que no puede ser obligada una nación extranjera a aceptar la repatriación de una persona, en este caso, Ábrego García.
Este sábado, los representantes legales del gobierno Trump expresaron que una orden judicial no puede forzar a un país a recibir a un individuo, y consideraron «constitucionalmente inaceptable» que una corte federal obligue a repatriar a Ábrego García a Estados Unidos.
El joven, quien fue deportado a El Salvador para cumplir una condena en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), ha estado en el centro de una controversia legal debido a su estatus migratorio.
El gobierno de Estados Unidos había reconocido previamente que la deportación de Ábrego García fue un error, dado que el salvadoreño tiene estatus legal en el país. En respuesta a esta situación, la jueza federal Paula Xinis emitió el viernes pasado una orden que instruye al gobierno estadounidense a «facilitar y concretar» el retorno de Ábrego García.
La jueza calificó de «ilegal» la deportación y otorgó un plazo hasta el lunes 7 de abril a las 11:59 p.m. para que la repatriación se lleve a cabo.
Sin embargo, los abogados del gobierno de Trump sostienen que una orden judicial que exige a un gobierno interactuar de manera específica con otro país es «constitucionalmente intolerable».
Erez Reuveni, abogado del Departamento de Justicia, manifestó su frustración por la situación, subrayando que Ábrego «no debió haber sido deportado» y lamentó la falta de respuestas claras sobre el caso.
Kilmar Ábrego García, de 29 años, llegó a Estados Unidos en 2019 bajo un estatus migratorio protegido, tras argumentar que huía de amenazas de pandillas en El Salvador.
A pesar de su estatus legal, la administración Trump sostiene que Ábrego pertenece a la pandilla MS13, una acusación que ha generado polémica y ha intensificado el debate sobre la legalidad de su deportación.