Informe del GAFILAT señala deficiencias en el cumplimiento técnico de El Salvador

El reciente Informe de Evaluación Mutua sobre el sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT) de El Salvador, elaborado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), presenta un análisis profundo del cumplimiento del país con las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Aunque el informe reconoce avances importantes, también resalta varias deficiencias técnicas que limitan la efectividad del sistema ALA/CFT en áreas clave.

Principales deficiencias identificadas

1. Evaluación de riesgos y enfoque basado en riesgo (Recomendación 1): El informe señala que, aunque El Salvador ha llevado a cabo una Evaluación Nacional de Riesgos (ENR), esta carece de profundidad en áreas críticas como el financiamiento del terrorismo (FT) y los activos digitales, como el Bitcoin. El sector de organizaciones sin fines de lucro (OSFL) fue evaluado con un bajo riesgo inherente, pero algunas organizaciones, como las religiosas, presentan vulnerabilidades debido a la falta de regulación adecuada.
2. Delito de lavado de activos (Recomendación 3): El Salvador ha tipificado el delito de lavado de activos (LA) conforme a las convenciones internacionales de Viena y Palermo. Sin embargo, el país no cuenta con un régimen de responsabilidad penal para las personas jurídicas involucradas en este delito, lo que limita su capacidad para sancionar a empresas implicadas en actividades ilícitas.
3. Decomiso y medidas provisorias (Recomendación 4): El informe revela deficiencias en la legislación penal relacionada con el comiso de bienes de valor equivalente y en los procedimientos para la administración de bienes congelados o incautados. Además, la capacidad de la Fiscalía General de la República (FGR) para valuar bienes susceptibles de decomiso no está claramente definida.
4. Sanciones financieras dirigidas al terrorismo y su financiamiento (Recomendaciones 6 y 7): Aunque existen disposiciones generales, los procedimientos específicos para implementar sanciones financieras no son claros, especialmente en lo relacionado con la Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (RCSNU) 1373. También se identificaron deficiencias en la aplicación de sanciones financieras dirigidas a la proliferación de armas de destrucción masiva (FP), afectando la capacidad del país para cumplir con los requisitos internacionales.
5. Nuevas tecnologías y servicios de activos digitales (Recomendación 15): El informe destaca que la evaluación de riesgos relacionados con las nuevas tecnologías y los proveedores de servicios de activos digitales es insuficiente. La legislación actual no establece medidas claras para identificar y sancionar a quienes operan sin la debida autorización ni supervisión basada en riesgos.
6. Organizaciones sin fines de lucro (Recomendación 8): Las OSFL presentan desafíos significativos. No se ha identificado plenamente el riesgo que algunas entidades terroristas podrían representar para este sector, y no existe un sistema adecuado de monitoreo basado en riesgos que permita sancionar el incumplimiento de las medidas ALA/CFT por parte de estas organizaciones.
7. Transparencia y beneficiario final de personas jurídicas (Recomendaciones 24 y 25): El Salvador no cuenta con un marco legal suficiente para garantizar la transparencia en la identificación de los beneficiarios finales de las personas y estructuras jurídicas, lo que limita la capacidad de las autoridades para rastrear la propiedad y el control de activos utilizados en delitos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

El GAFILAT recomienda que El Salvador refuerce su marco legal y normativo en áreas clave como la responsabilidad penal de las personas jurídicas, la implementación de sanciones financieras dirigidas, la transparencia de los beneficiarios finales y el control sobre las nuevas tecnologías. Además, urge al país a fortalecer su supervisión de organizaciones sin fines de lucro y mejorar los mecanismos para el decomiso de bienes relacionados con el lavado de activos.

El informe subraya la necesidad de una mayor coordinación interinstitucional y una mejora en los mecanismos de supervisión y sanción para aumentar la efectividad del sistema ALA/CFT, contribuyendo así a mitigar los riesgos emergentes en El Salvado