Icefi presenta recomendaciones «para corregir» presupuesto 2022

Esto con el objetivo de corregir las falencias del proyecto de presupuesto y avanzar en una política fiscal que permita fortalecer la democracia y encamine el desarrollo del país el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) presentó el estudio «Análisis y recomendaciones al Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado del Ejercicio Financiero Fiscal 2022 de El Salvador».

El Icefi indicó que las proyecciones de cierre del crecimiento económico para 2021 son mejor de lo esperado. Sin embargo, advirtió que para 2022 se prevé que la economía salvadoreña vuelva a la trampa de bajo crecimiento económico en la que ha estado sumida por más de dos décadas.

Además, mostró su preocupación por que, en el ámbito social, el aumento en la pobreza extrema implica un retroceso de al menos siete años en la lucha contra este flagelo social y, en cuanto a la desigualdad, el retroceso es de seis años. Adicionalmente, los niveles de inseguridad alimentaria alcanzaron a la mitad de la población mientras, consecuentemente, los flujos migratorios son los más altos desde que hay registros.

El Icefi alertó que en el contexto político en el que se discute el proyecto de presupuesto, El Salvador está sufriendo un vertiginoso proceso de concentración de poder y deterioro de la institucionalidad democrática.

El presupuesto de recursos financieros totales para 2022 del Gobierno Central de El Salvador asciende a USD7,967.7 millones, de los cuales USD6,758.7 millones provendrán de ingresos regulares del Estado, mientras que los restantes USD1,209.0 millones corresponderán a endeudamiento bruto; esto significa que, para 2022, El Salvador financiará con deuda el 15.2% de su presupuesto.

En cuanto a la composición de la recaudación para 2022, el 59.9% provendrá de impuestos indirectos, reafirmando la estructura tributaria regresiva que cuenta el país.

Para el Icefi, considerando el escenario macroeconómico y las posibilidades reales de mejorar la recaudación por la vía administrativa, la sobreestimación de ingresos podría rondar los USD490.6 millones adicionales, que si bien es cierto podría devenir de algunos controles sobre aspectos no contenidos en las cuentas nacionales, como control de los flujos ilícitos de capital y combate al contrabando, no hay certeza de que se puedan alcanzar.

Por el lado de los egresos, el proyecto de presupuesto para 2022 del Gobierno Central, excluyendo el monto destinado a las amortizaciones de deuda, contempla la asignación de gastos por USD 6,902.4 millones, 2.4% por debajo del monto estimado por Icefi como cierre para 2021 y 7.0% por debajo del presupuesto vigente para el ejercicio fiscal 2021. 

De esa cuenta, el tamaño del Gobierno Central considerado en el proyecto de presupuesto para 2022 alcanza 25.9% del PIB, por debajo del 27.1% estimado por Icefi para el cierre del ejercicio 2021 y del 30.3% ejecutado en 2020, como consecuencia del impacto de la pandemia y de las decisiones adoptadas por el gobierno.

El Instituto mostró su preocupación por los recortes en programas específicos orientados hacia mujeres y jóvenes, así como la estrategia de erradicación de la pobreza. también la reducción en los recursos para la educación media y superior, así como de la red hospitalaria del país. Además, alertó que nuevamente existen partidas presupuestarias subestimadas, tales como la de devolución de impuestos y el servicio de la deuda, especialmente la interna.

El déficit fiscal, del Sector Público no Financiero (SPNF) incluyendo el costo previsional, si se incorporan los gastos subestimados y se corrige la sobreestimación de ingresos, podría ser de 5.7% del PIB, para 2022. El Icefi estima que en ese escenario la deuda pública superaría el 90.8% del PIB.

Dentro de las recomendaciones que el Icefi realizó destacan que, por el lado de los ingresos, se debe corregir la subestimación de ingresos, con base en el escenario macroeconómico y las expectativas reales del combate a la evasión y otros delitos fiscales. Publicar en el portal de transparencia fiscal el plan antievasión, así como las metas mensuales, especialmente de IVA e ISR. Además, urgió a no aprobar nuevas exenciones, exoneraciones y/o incentivos sin estudios técnicos que demuestren que los beneficios de dichas medidas son más altos que sus costos, aludiendo especialmente al proyecto de Bitcoin City anunciado por el Ejecutivo.

Por el lado del gasto público, deben reducirse los recursos orientados a publicidad, congelar el techo del presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia y el Ministerio de la Defensa. Asimismo, eliminar la partida de primas y gastos de seguros privados y prohibir la contratación de funcionarios ad-honorem, así como regular las escalas salariales de los asesores, para que nadie gane más que el presidente de la República.  Con base en los recursos logrados con estas modificaciones el Instituto recomendó aumentar las asignaciones para los programas orientados a mujeres, jóvenes, estrategia de la erradicación de la pobreza, educación media y educación superior, así como para la infraestructura hospitalaria del país.

El Instituto sugirió la liquidación del Fideicomiso Bitcoin e incorporar esos recursos al financiamiento de la brecha presupuestaria de 2022. También reiteró la urgencia de eliminar la obligatoriedad del uso del bitcóin, garantizar la independencia de poderes y elegir un fiscal independiente, como elementos fundamentales para abrir las puertas de financiamiento internacional que se han cerrado en los últimos meses.

Otra recomendación fue reformar el artículo 14 del anteproyecto de ley del presupuesto para emitir una norma específica que permita el cumplimiento del principio de máxima publicidad de la información financiera dentro del Organismo de Inteligencia del Estado. Asimismo, aprobar un candado para que en el proceso de ejecución del presupuesto no se trasladen recursos al Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (Fopromid), por considerarse un mecanismo con amplia discrecionalidad y opacidad.

Adicionalmente, sugirió agregar un artículo en la aprobación del presupuesto, para que quede establecida la institucionalización de espacios de participación ciudadana en las diferentes etapas del ciclo presupuestario para el presupuesto 2023, siguiendo los estándares internacionales para construir un verdadero presupuesto abierto; y la incorporación de un artículo que indique que el presupuesto de 2023 deberá elaborarse bajo la metodología del presupuesto por resultados y vinculado a un proceso de planificación, de tal forma que los presupuestos públicos sean congruentes con los objetivos y compromisos asumidos en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.

Finalmente, el Icefi indicó que es indispensable establecer una hoja de ruta con medidas de corto, mediano y largo plazo en el país que esté vinculado a metas de desarrollo y al fortalecimiento de la democracia, pues es la única vía para poder garantizar el bienestar de la población y el desarrollo de El Salvador.