Financiamiento informal en El Salvador: la necesidad de reformar la Ley contra la Usura

A más de una década de su aprobación, la Ley contra la Usura en El Salvador enfrenta una paradoja: nació para proteger a los ciudadanos del abuso crediticio, pero terminó empujando a miles de micro y pequeños empresarios hacia el financiamiento informal, donde las tasas de interés alcanzan niveles asfixiantes. Lo que debía ser un escudo se transformó en una barrera que limita el acceso al crédito formal y deja a los sectores más vulnerables a merced de prestamistas sin regulación.

Según estimaciones del Observatorio MYPE, el crédito informal mueve más de US$1,251 millones, equivalentes al 3.6% del PIB, con intereses que pueden ser hasta 20 veces superiores a los legales. Detrás de las cifras hay un fenómeno estructural: una ley que, al imponer topes uniformes, no distingue entre las realidades de un gran banco y las de una microfinanciera que atiende a vendedores ambulantes o emprendedores de subsistencia.

Una ley bien intencionada con efectos regresivos

Cuando la Ley contra la Usura se aprobó en 2013, su objetivo era frenar prácticas abusivas y establecer tasas máximas de interés. Sin embargo, el cálculo de esos topes se hizo tomando como referencia al mercado financiero formal, caracterizado por altos volúmenes de crédito y bajos costos operativos.

Las microfinancieras, que trabajan con préstamos pequeños y de mayor riesgo, quedaron atrapadas entre costos altos y márgenes limitados. Muchas optaron por retirarse de los segmentos más vulnerables, donde el riesgo y la falta de garantías hacen inviable ofrecer crédito con las tasas establecidas.

“Los topes planos terminan siendo injustos porque igualan realidades completamente distintas”, explica Francisco Góchez, investigador del Observatorio MYPE, según una ubicación de País MYPE. “El resultado es que se castiga al pequeño empresario y se premia al crédito de gran escala”.

A eso se suma un vacío de supervisión en el crédito informal, donde operan prestamistas que no reportan a la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) ni a la Defensoría del Consumidor. En ese circuito, los intereses pueden alcanzar el 1,800 % anual, con cobros diarios que asfixian cualquier intento de crecimiento.

Exclusión por diseño

La ley reformada en febrero de 2022 introdujo avances —como la prohibición de cobrar intereses sobre comisiones y penalizaciones por pago anticipado—, pero el problema de fondo persiste: el acceso desigual al crédito.

De acuerdo con el Observatorio MYPE, el 53.5% de los microempresarios vulnerables ya no solicita crédito formal por temor a ser rechazado, mientras que el 52.8% se autoexcluye completamente. Unos 274,435 emprendedores han recurrido a prestamistas informales, sin protección legal ni transparencia.

Las entidades financieras, por su parte, han endurecido sus requisitos. La falta de garantías, estados financieros formales o historial crediticio deja a muchos microempresarios fuera del sistema. El crédito formal se concentra en empresas consolidadas, y el resto debe acudir al mercado gris.

“El sistema terminó castigando al que más necesita ayuda”, señala Góchez. “Si no se reconocen las particularidades del microcrédito, seguiremos viendo una exclusión silenciosa”.

La realidad detrás de las tasas

El costo de originar, monitorear y cobrar un préstamo de $200 es proporcionalmente mucho mayor que el de un crédito de $20,000. Sin embargo, la ley impone la misma tasa máxima para ambos, lo que hace inviable el microcrédito formal.

La consecuencia es un desplazamiento del crédito productivo hacia productos de consumo, como tarjetas personales o préstamos para gasto, que no contribuyen al crecimiento económico. Las microfinancieras que sobrevivieron lo hacen a costa de aumentar los montos mínimos o abandonar las zonas rurales y periurbanas, donde el costo operativo es más alto.

Reformar para incluir, no para desregular

Hablar de reformar la Ley contra la Usura no significa abrir la puerta al abuso, sino diseñar una normativa moderna que combine protección y acceso. Los expertos coinciden en cuatro ejes clave:

Topes diferenciados por segmento y monto. Reconocer que los microcréditos implican costos más altos y deben tener tasas acordes al tamaño y riesgo del préstamo.

Ampliar la oferta formal. Incentivar la creación de productos adaptados a flujos irregulares, con pagos semanales o diarios, períodos de gracia y mecanismos alternativos de evaluación crediticia.

Combatir la usura real. Implementar sistemas de denuncia efectivos, sanciones ejemplares y trazabilidad de cobranzas abusivas en el sector informal.

Transparencia total. Obligar a mostrar el Costo Anual Total (CAT) y ofrecer simuladores que expliquen al cliente cuánto paga y por qué.

“El crédito responsable no significa cobrar menos a cualquier costo, sino hacerlo de manera justa y transparente”, insiste Góchez. “Una ley moderna debe permitir que el microempresario de subsistencia acceda a crédito dentro del radar legal”.

Un llamado a la acción

El costo de no actuar es alto. La rigidez de la ley actual ha generado exclusión financiera, sobreendeudamiento informal y pérdida de oportunidades para miles de emprendedores. El acceso al crédito digno no es solo un tema económico, sino de movilidad social y justicia económica.

Reformar la Ley contra la Usura es una urgencia nacional. Proteger a las MYPE no se trata de imponer límites arbitrarios, sino de entender la diversidad del riesgo y la realidad del microempresario salvadoreño.

Una legislación que no refleje esa complejidad puede terminar reproduciendo el mismo mal que intentó combatir: una usura silenciosa, disfrazada de protección, que sigue cobrando caro el precio de la exclusión.