El voto disidente de la magistrada Paula Patricia Velásquez a favor del acceso a la justicia

La Sala de lo Contencioso Administrativo emitió una resolución con la cual modificó los precedentes existentes y limitó la facultad de individuos de alegar legitimación activa en procesos por intereses difusos por el nombramiento de un funcionario; sin embargo, dicha resolución contó con el voto disidente de la Magistrada Paula Patricia Velásquez.

La Sala resolvió que exclusivamente las entidades públicas con competencia en la materia, y las asociaciones y fundaciones, cuyo fin primordial sea la defensa de los intereses difusos, tienen la legitimación para acceder a la jurisdicción contencioso administrativo con una pretensión amparada en intereses difusos.

La Magistrada analiza que dicha interpretación se limitó a una interpretación gramatical de la normativa, lo cual ignora la evolución y creación del derecho y el reconocimiento de nuevos derechos; puesto que, «la tarea del interprete se reduce a leer los textos y a buscar la intención real o presunta del legislador y un ejercicio excesivo de seguimiento a los precedentes jurisprudenciales, sacrificando los principios generales que inspiran y deben guiar la ciencia del derecho».

Sostiene que el interés legitimo además de ser personal y directo, puede ser colectivo o difuso, «de ello podemos colegir que una persona natural, que estime se ha violentado un interés catalogado como difuso, porque la vulneración o afectación es para una pluralidad de personas que no están determinadas, siendo esta persona una de ellas, puede perfectamente acceder a la jurisdicción contencioso administrativa con su pretensión».

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Tomando de referencia la sentencia de la Sala de lo Constitucional 934-2007, argumenta que permitir solamente una pretensión procesal basada en un interés directo y una afectación personal a los derechos subjetivos, podría constituir una limitación demasiado estricta a la protección jurisdiccional en tanto existen vínculos entre los sujetos y el objeto de decisión que son igualmente merecedores de protección, aunque no formen parte de la esfera particular de los individuos a titulo de derecho.

Señala que ante la presencia de una necesidad, y la falta de medios para satisfacerla, surge el elemento subjetivo de la desprotección o afectación común que impulsa a los sujetos a utilizar los instrumentos legales para ser protegidos en la conservación y defensa del referido interés.

«Y es que. respecto de los intereses difusos no es posible predicar una titularidad exclusiva y excluyente. como adjudicación de derechos ajenos. Obviamente, los intereses difusos no tienen titular, sino que se participa en ellos. La titularidad, como la preexistencia de una situación o acto jurídico que otorga un titulo sobre el objeto de interés, no es importante en el caso de los intereses difusos», señala la Magistrada Paula Patricia.

La Magistrada concluye su voto disidente concluyendo que a pesar que la normativa establece que, para la protección de intereses difusos, quienes tienen la capacidad para impugnar su defensa son las entidades publicas, las asociaciones y fundaciones cuya finalidad principal sea esa; esto no impide en ninguna forma, que un ciudadano pueda reclamar protección jurisdiccional en defensa de un derecho o interés difuso, de conformidad al art. 144 de la Constitución de la Republica.

«La sobrevaloración del método gramatical y la búsqueda de la intención del legislador conducen a menospreciar el método lógico, evolutivo, real y sistemático, y puede violentar el principio de equidad de todo el proceso interpretativo, arrasando los principios jurídicos que inspiran a las instituciones, las realidades sociales, jurídicas, actuales y dinámicas, los aportes de la ciencia y la equidad».

La Magistrada considera que se tuvo que haber realizado una interpretación sistemática, y extraer del texto una interpretación, no de manera aislada, sino integradora con otras normas de mayor jerarquía o bien «garantista, real y actualizada».

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Argumenta que una interpretación apegada al artículo 144 de la Constitución debe velar por el derecho de acceder a la justicia, por el aseverar que solo las entidades publicas, las asociaciones fundaciones cuya finalidad principal sea la defensa de los intereses difusos, tienen la legitimación para comparecer a esta jurisdicción con una petición en ese sentido es tan literalita y taxativa, que violenta el derecho de acceso a la justicia de los ciudadanos.

«En definitiva, mi criterio es que una persona natural tiene la legitimación para acceder a la jurisdicción contencioso administrativa con una pretensión basada en un interés difuso».

Sobre el comentario que realizó Jairzhinho Antonio Cristales Castro, en su escrito solicitando la improponibilidad sobrevenida del proceso «la SCA está abriendo las puertas de par en par, para que cualquier ciudadano se presente a demandar cualquier nombramiento […] lo cual devendría en un dispendio tanto para esa Sala como para el Órgano Ejecutivo, y además restarla gobernabilidad al Gobierno de turno».

La Magistrado respondió «el abrir las puertas de par en par permitiendo que cualquier ciudadano interesado y legitimado haga uso de los mecanismos de control y herramientas legales para exigir que la Administración Publica cumpla con sus obligaciones, no puede, de ningún modo, verse como un dispendio de recursos; mas bien, es parte del trabajo cotidiano de este tribunal».

«Y es que el derecho de acceso a la administración de justicia, se instituye como un verdadero servicio publico y del cual cualquier ciudadano debe tener acceso, lo que implica «abrir las puertas de par en par” para promover el acceso a la justicia, de cara a garantizar los derechos fundamentales de los justiciables», concluye.