La Asamblea Legislativa aprobó una reforma a la Ley Contra el Crimen Organizado que otorga a los tribunales especializados en delitos de crimen organizado la responsabilidad de supervisar el cumplimiento de las penas impuestas.
Esta medida busca regular la autoridad judicial competente para controlar la fase de ejecución de las penas en los casos de delitos relacionados con el crimen organizado.
El cambio específico a la ley establece que los tribunales y cámaras contra el crimen organizado se encargarán de garantizar el estricto cumplimiento de las normas relacionadas con la ejecución de las penas, de acuerdo con las atribuciones que también corresponden a los jueces de vigilancia penitenciaria y de ejecución de la pena, tal como lo establece la Ley Penitenciaria.
La reforma fue incorporada en el artículo 3 de la ley con un nuevo inciso que resalta la responsabilidad de los tribunales especializados en esta materia.
Además, se introdujo un artículo transitorio que especifica que los jueces de vigilancia penitenciaria y de ejecución de la pena que actualmente estén encargados de la supervisión de las penas impuestas por delitos bajo la Ley Contra el Crimen Organizado continuarán con el control hasta su cumplimiento total. Esta disposición busca asegurar que no haya interrupciones en la ejecución de las penas ya en curso.
El dictamen fue emitido por la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia y avalado por mayoría en la plenaria del martes 1 de abril.
La reforma, se explicó, responde a la necesidad de mantener la continuidad en la supervisión de las penas, evitando conflictos de competencia judicial. Asimismo, resalta la importancia de contar con herramientas jurídicas adecuadas para enfrentar los retos del enjuiciamiento de personas vinculadas a estructuras criminales organizadas.
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, explicó en su momento que los jueces especializados tienen la capacidad de manejar los casos relacionados con el crimen organizado de manera más eficiente.

La Asamblea Legislativa aprobó este martes, con 57 votos de la bancada de Nuevas Ideas y sus aliados, el “Informe sobre la cuenta del último presupuesto y estado demostrativo de la situación del Tesoro Público y del patrimonio fiscal de 2024”, un documento que el Ministerio de Hacienda debía presentar conforme al artículo 168 de la Constitución de la República.

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, se pronunció en contra del informe, mientras que los legisladores de Alianza Republicana Nacionalista (Arena) optaron por la abstención.

Según el informe, las 140 instituciones del Estado habían proyectado un total de $17,650.9 millones en ingresos, pero sólo se recaudaron $16,678 millones, lo que representa un cumplimiento del 94.4%. 

En cuanto a los egresos, de los $17,650.9 millones presupuestados, se ejecutaron $15,379.4 millones, equivalente a un 87.1% de lo previsto.

El documento también revela que el Estado, incluyendo al gobierno central, las descentralizadas no empresariales y las empresas públicas, posee activos por un total de $25,056.2 millones, cifra que contempla tanto el patrimonio estatal como los pasivos, es decir, las deudas.

Entre los detalles que se incluyen en el informe, se destacan los siguientes gastos:

• El Gobierno Central destinó $2,695 millones a remuneraciones, ejecutando $2,685 millones. De esta cantidad, $1,718 millones estaban destinados a remuneraciones permanentes, con una ejecución de $1,715 millones.
• El sistema penitenciario ejecutó $165.4 millones, cantidad cercana a la prevista.
• En pasajes y viáticos se gastaron $14.1 millones, por debajo de los $15.1 millones que se habían programado.
• La Corte Suprema de Justicia asignó $38.4 millones a infraestructura, pero solo ejecutó $22.3 millones.
• La Secretaría de Innovación de la Presidencia proyectó $37.2 millones, de los cuales se ejecutaron $14.7 millones.

El artículo 168 de la Constitución establece que el presidente de la República debe presentar, dentro de los dos meses siguientes al cierre de cada año, un informe sobre la labor de la Administración Pública durante el período. 

Además, el ministro de Hacienda tiene la obligación de presentar la cuenta general del último presupuesto y el estado financiero del Tesoro Público y el patrimonio fiscal en los tres meses siguientes al cierre del ejercicio fiscal. 

La Constitución también advierte que el incumplimiento de estas obligaciones provocará la destitución automática del ministro responsable, quien deberá ser reemplazado por el presidente.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto recibir el próximo mes en la Casa Blanca a su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, según fuentes cercanas a la administración estadounidense.
La reunión se enmarca en una agenda centrada en cooperación en materia migratoria y de seguridad.
Uno de los temas clave en la relación entre ambos países ha sido el reciente acuerdo mediante el cual El Salvador aceptó recibir a 234 presuntos miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua, deportados desde Estados Unidos. A cambio, Washington se comprometió a pagar 20,000 dólares anuales por cada detenido, lo que representaría un desembolso de 6 millones de dólares en un año, con opción de renovar el convenio.
Estos fondos contribuirían a los costos del sistema penitenciario salvadoreño, que requiere aproximadamente 200 millones de dólares anuales para su funcionamiento.
Sin embargo, el acuerdo ha generado controversia. Organizaciones de derechos humanos han manifestado su preocupación por posibles violaciones a los derechos de los deportados y por las condiciones en las cárceles salvadoreñas.
Además, su legalidad ha sido cuestionada luego de que un juez federal en Washington ordenara una suspensión temporal de las deportaciones, argumentando que la medida iba en contra de una resolución judicial previa.
La visita de Bukele marcaría un hito en la diplomacia regional, ya que sería el primer mandatario del hemisferio occidental en ser recibido por Trump en esta etapa de su gobierno, lo que subraya la relevancia de la relación bilateral en temas de migración y seguridad.

La Asamblea Legislativa de El Salvador, a través de la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión, aprobó este viernes un dictamen favorable para reformar la normativa que regula el historial crediticio de los ciudadanos. Con esta reforma, las agencias que manejan esta información podrán transferirla a empresas especializadas en almacenamiento en la nube sin necesidad del consentimiento de los usuarios.
Si bien la nueva disposición no obliga a las agencias a utilizar la nube, sí les otorga la facultad de contratar este servicio con proveedores externos.
Tanto el Banco Central de Reserva (BCR) como la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) han asegurado que cualquier empresa que almacene estos datos deberá garantizar la confidencialidad y contar con mecanismos de ciberseguridad adecuados.
El dictamen fue aprobado sin modificaciones en una breve reunión, después de la lectura de este.
La superintendente adjunta de bancos, aseguradoras y otras entidades financieras, Daysi Mineros, sugirió a los diputados, en días anteriores, que el uso de la nube debía ser transparente para los usuarios.
La diputada González recordó que en 2021 se realizó otra reforma a la misma normativa, la cual permitió a la SSF fiscalizar a las agencias de información sin previo aviso y estableció que la falta de pago de membresías de tarjetas de crédito sin saldo de capital o interés vencido no se considerara un dato negativo en el historial crediticio.
Por su parte, la diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, sugirió que se analizaran las garantías de seguridad en la contratación de las empresas que resguardarán la información crediticia de los salvadoreños.
La aprobación de esta reforma abre la puerta a un nuevo modelo de almacenamiento de datos crediticios en El Salvador, con beneficios potenciales en eficiencia y acceso, pero también con cuestionamientos sobre la protección de la privacidad de los ciudadanos.

La Asamblea Legislativa aprobó este martes una nueva extensión del régimen de excepción, que llegará a su tercer año el próximo 27 de marzo.
Con esta 36ª prórroga, el gobierno mantiene la suspensión de derechos constitucionales por 30 días más, desde el 7 de marzo hasta el 5 de abril de 2025.
El régimen, implementado desde 2022 como parte de la estrategia de seguridad del gobierno, ha resultado en la captura de más de 85,000 personas según informes oficiales.
Según la Constitución de El Salvador, los derechos restringidos bajo esta medida incluyen el derecho a ser informado sobre la causa de detención, la limitación del tiempo máximo de arresto a 72 horas y la privacidad de las telecomunicaciones.
El Ejecutivo argumentó que la medida sigue siendo necesaria para frenar la evolución de estrategias adoptadas por grupos criminales.
Entre las amenazas detectadas, según el gobierno, está el reclutamiento de menores en instituciones educativas y el cambio de apariencia de los pandilleros para evitar ser identificados.

Durante la sesión legislativa, la diputada Evelyn Merlos, del partido oficialista Nuevas Ideas, explicó que la prórroga mantiene la suspensión de tres derechos constitucionales clave.
Estos incluyen el derecho a conocer los motivos de la detención y a contar con un defensor, el límite de detención sin presentar cargos y la restricción en la privacidad de las telecomunicaciones.
Fueron 57 votos a favor por parte de Nuevas Ideas, el Partido de Concertación Nacional (PCN) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC). Mientras tanto, los diputados de Arena se abstuvieron y la legisladora de Vamos votó en contra.