Con 57 votos a favor y solo uno en contra, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este jueves dos reformas a la ley que regula los servicios de información sobre el historial de crédito, habilitando a las agencias crediticias para usar servicios de almacenamiento en la nube, tanto dentro como fuera del país.

Las modificaciones legales permitirán a Equifax, TransUnion e Infored alojar los datos en servidores externos, siempre que cumplan con los lineamientos de ciberseguridad y protección de datos que establecerá el Banco Central de Reserva (BCR).

La primera enmienda, incorporada en el artículo 17 literal “n”, autoriza expresamente el uso de la nube para almacenamiento. Mientras tanto, el artículo 19 literal “h”, que prohíbe compartir información sin consentimiento, fue modificado para incluir una excepción vinculada al nuevo literal.

La diputada Dania González, del partido oficialista Nuevas Ideas, defendió la reforma asegurando que no compromete la seguridad de los datos: “La información de los salvadoreños seguirá contando con todas las garantías de protección”. 

Agregó que esta medida amplía las posibilidades de respaldo más allá del territorio nacional.

Por su parte, la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, fue la única en oponerse a la reforma. Expresó dudas sobre si el uso de la nube será obligatorio para las agencias, señalando falta de claridad al respecto. González replicó que estas inquietudes pudieron haberse resuelto si se hubiera participado activamente en la comisión legislativa correspondiente.

El uso de almacenamiento en la nube ha ganado terreno en el país. En julio de 2024 se inauguró DataTrust, el primer centro de datos con certificación en El Salvador, que implicó una inversión de 30 millones de dólares

El Caucus de El Salvador del Congreso de los Estados Unidos confirmó a través de sus redes sociales que una delegación de legisladores estadounidenses viajará próximamente al país centroamericano. La visita tiene como objetivo fortalecer los lazos bilaterales entre ambas naciones.

“Nos complace anunciar que el Caucus regresará al hermoso país de El Salvador. Estamos orgullosos de haber contribuido a cimentar esta relación y pronto estaremos allí para celebrar sus logros”, publicó el grupo legislativo en la red social X (antes Twitter).

La presidenta del Caucus, la congresista republicana por Florida Ana Paulina Luna, informó que la comitiva será recibida por el presidente Nayib Bukele el próximo 8 de mayo, en una audiencia programada para las 6:00 de la tarde.

Luna ya había adelantado esta visita en febrero, durante una entrevista en el programa del excongresista Matt Gaetz en One America News Network.

Gaetz, quien fue uno de los impulsores del Caucus antes de retirarse del Congreso tras no conseguir la nominación como fiscal general de Estados Unidos, preguntó a Luna sobre la propuesta del expresidente Donald Trump de trasladar a presos violentos desde Estados Unidos a cárceles salvadoreñas.

En esa ocasión, la congresista expresó su apoyo a la idea y mencionó que el encuentro con Bukele podría ocurrir en marzo, aunque luego fue reprogramado para mayo.
Hasta el momento, no se ha confirmado la lista completa de legisladores que participarán en el viaje.

El Caucus de El Salvador fue constituido en julio de 2024 con un enfoque bipartidista, y está integrado por representantes tanto republicanos como demócratas. Entre sus miembros figuran María Elvira Salazar (FL), Vicente González (TX), Andy Biggs (AZ), Dan Bishop (NC), Alex Mooney (MD), Lauren Boebert (CO), Lou Correa (CA), Eli Crane (AZ), Ralph Norman (SC), Mike Collins (GA), Scott Perry (PA) y Cory Mills (FL), además de la propia Luna.

Cabe recordar que el grupo fue conformado tras la participación de Gaetz en la ceremonia de investidura de Bukele en junio de 2024. Posteriormente, el 5 de agosto, el Caucus solicitó a la administración de Joe Biden reducir el nivel de alerta de viaje hacia El Salvador, proponiendo cambiarla del Nivel 3 (reconsidere viajar) al Nivel 1 (tome precauciones normales).

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha vuelto a colocarse en el centro del debate regional al plantear oficialmente una propuesta de intercambio de prisioneros al gobierno de Venezuela, liderado por Nicolás Maduro. La iniciativa, que ha generado reacciones encontradas, busca repatriar a más de 250 venezolanos detenidos en el país centroamericano a cambio de un número similar de presos políticos actualmente encarcelados en Venezuela.

La propuesta fue dada a conocer por el propio mandatario salvadoreño a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), donde también compartió el documento oficial remitido por la Cancillería salvadoreña al Ejecutivo venezolano. En la carta, fechada el 22 de abril en Antiguo Cuscatlán y con número de referencia MRREE/0091/2025, se establece la voluntad de El Salvador de facilitar la repatriación de 252 ciudadanos venezolanos detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).

De acuerdo con las autoridades salvadoreñas, los detenidos están bajo custodia por su presunta relación con el grupo criminal transnacional conocido como “Tren de Aragua”, y habrían llegado al país como parte de recientes deportaciones desde Estados Unidos.

La propuesta incluye además la liberación de otros 50 reclusos de distintas nacionalidades como parte de una “operación humanitaria de mayor alcance”, según detalla el documento.

La reacción de Maduro, quien no ha aceptado hasta ahora el ofrecimiento, fue criticada duramente por Bukele. “¿Le pareció justo un intercambio de 30 por 1, pero rechaza ahora una propuesta equitativa de 1 por 1?”, cuestionó el presidente salvadoreño en alusión al canje previo entre el empresario colombiano Alex Saab y 30 opositores presos en Venezuela.

Bukele también puso en duda la sinceridad del gobierno venezolano en cuanto al interés por sus ciudadanos detenidos en El Salvador. “¿Fue un simple espectáculo mediático la recepción en Miraflores a los familiares de los detenidos?”, preguntó.

Hasta el momento, el gobierno de Venezuela no ha emitido una respuesta oficial sobre la propuesta salvadoreña. El gobierno de Bukele, por su parte, reiteró su disposición a establecer los mecanismos técnicos necesarios para concretar el intercambio, si Caracas decide aceptarlo.

La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó este martes un dictamen favorable que permitirá incorporar $24 millones al presupuesto general de 2025, destinados a dar inicio al Programa Integral de Seguridad Hídrica en la cuenca del río Lempa. Esta inversión representa el primer desembolso de un compromiso financiero más amplio que se extenderá durante dos décadas.

Los fondos provienen del Acuerdo de Fondeo para Conservación, una iniciativa respaldada por organismos internacionales y estructurada en torno a un fideicomiso dedicado a la restauración y protección del afluente más importante de El Salvador.

Desembolso inicial y plan de largo plazo
El monto aprobado corresponde a un único pago de $24 millones, distribuidos en dos fases: $12 millones en abril y otros $12 millones en octubre de 2025. A partir de 2026 y hasta 2044, el gobierno realizará transferencias semestrales promedio de $17.5 millones, todas en concepto de conservación ambiental.

Los recursos serán canalizados a través del Fondo Fiduciario para la Conservación y Restauración del Río Lempa, con el objetivo de fortalecer la infraestructura hídrica, preservar los ecosistemas y garantizar el acceso sostenible al agua para futuras generaciones.

Recursos provienen de manejo de deuda
Julio Darío Alemán, jefe del Departamento de Gestión de la Deuda del Ministerio de Hacienda, explicó que este primer aporte fue posible gracias a ahorros generados por operaciones de manejo de pasivos durante 2024, lo que permitió activar el compromiso del Ejecutivo con el fideicomiso ambiental.

Este esfuerzo se enmarca en una autorización otorgada en mayo de 2024, cuando la Asamblea Legislativa habilitó al Ejecutivo a gestionar títulos valores por hasta $1,500 millones.

De ese monto, $1,000 millones fueron proporcionados por JPMorgan Chase Bank como nueva deuda, respaldada por la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo (DFC) de Estados Unidos, y con garantía de la Cooperación Andina de Fomento (CAF).

Próximo paso: aprobación en el pleno
La incorporación presupuestaria de los primeros $24 millones deberá ser ratificada en la sesión plenaria del próximo 24 de abril. De ser aprobada, marcará el inicio de una inversión histórica para la seguridad hídrica y ambiental del país, con el río Lempa como eje central de la estrategia de conservación a largo plazo.

Este programa busca, además, generar beneficios sociales y económicos en las comunidades que dependen del río, considerado vital para el abastecimiento de agua, la agricultura y la biodiversidad en gran parte del territorio salvadoreño.

En una acción poco común, cuatro congresistas demócratas de Estados Unidos aterrizaron este lunes en El Salvador para exigir el regreso a casa de Kilmar Ábrego García, un migrante salvadoreño que fue deportado pese a contar con protección legal contra la expulsión.

Los representantes Maxwell Frost (Florida), Robert García (California), Yassamin Ansari (Arizona) y Maxine Dexter (Oregón) afirmaron que su visita busca facilitar el retorno de Ábrego García, actualmente detenido en una prisión salvadoreña, y enviar un mensaje claro a la administración Trump: el debido proceso no es opcional.

“Donald Trump y su administración están ejecutando un programa de secuestro financiado por el gobierno, arrestando ilegalmente, encarcelando y deportando a personas inocentes con cero debido proceso”, denunció el congresista Frost a través de un comunicado.

Un error que llegó hasta la Corte Suprema
Kilmar Ábrego García, de 29 años, fue deportado el 15 de marzo pese a contar con una orden judicial que bloqueaba su expulsión. El joven migró a Estados Unidos desde El Salvador a los 16 años huyendo de la violencia de pandillas, y según sus abogados, nunca ha sido acusado ni condenado por delito alguno.
La Corte Suprema de Estados Unidos intervino en el caso y ordenó su retorno, luego de que el propio gobierno estadounidense reconociera que su deportación fue el resultado de un error administrativo. Sin embargo, desde entonces, las autoridades de la administración Trump han desafiado la decisión del máximo tribunal.
El Departamento de Seguridad Nacional ha sostenido que Ábrego García tiene vínculos con la pandilla MS-13, una acusación basada en una “fuente confidencial” y que ha sido desmentida por sus defensores legales.

Tensiones entre poderes y discursos contrapuestos
Desde la Casa Blanca, la portavoz Karoline Leavitt rechazó las acusaciones de deportación ilegal y defendió la postura oficial.

“No cometimos un error. Siempre hemos sostenido que se trataba de un individuo que debía ser deportado de nuestro país”, aseguró este lunes en una entrevista con Fox News.

El caso ha generado una fuerte tensión entre el poder ejecutivo y el judicial, mientras el Congreso demócrata intenta ejercer presión política y mediática para hacer cumplir la sentencia de la Corte Suprema.

Una visita con eco político
La semana pasada, el senador Chris Van Hollen, del estado de Maryland —donde residía Ábrego García—, también viajó a El Salvador y logró reunirse con el joven salvadoreño, pidiendo su liberación inmediata.
La visita de los congresistas ocurre en un contexto político delicado en Estados Unidos donde las políticas migratorias de la administración Trump han vuelto a colocarse en el centro del debate público. El caso de Ábrego se ha convertido en un símbolo del riesgo de errores graves en el sistema de deportaciones y del impacto de las decisiones ejecutivas en la vida de miles de migrantes.