El presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, lamentó la situación de los afectados por el desfalco de la Asociación Cooperativa de Ahorro y crédito Santa Victoria (COSAVI), pero aseguró que el gobierno ya está tomando medidas para abordar el problema.

“El gobierno está trabajando junto con los afectados de COSAVI. De hecho, les está devolviendo de manera escalonada los recursos», afirmó Castro en declaraciones a diario El Mundo y se mostró optimista respecto a las acciones gubernamentales en este caso.

El presidente del Órgano Legislativo subrayó su solidaridad con las víctimas de la estafa, pero insistió en que, por el momento, el gobierno está manejando adecuadamente la situación. “Esperamos que así siga», añadió.

Castro matizó que, si en el futuro las cosas no avanzan como se espera, la Asamblea podría considerar tomar medidas adicionales.
«De no ser así, ahí sí nosotros tomaríamos alguna decisión, pero por el momento vemos que está caminando bien», indicó.

A pesar de la insistencia en la efectividad de las acciones del gobierno, la falta de apoyo a la iniciativa presentada por los afectados ha generado críticas y dudas sobre el compromiso del Legislativo con la recuperación de los fondos.

Castro concluyó afirmando que la bancada ha estado revisando una propuesta y que están pendientes del caso, aunque mantiene su confianza en que el gobierno está tomando las decisiones correctas.

El 3 de septiembre, un grupo de representantes de los miles de afectados por la estafa millonaria en COSAVI llegó a la Asamblea Legislativa con una propuesta para la creación de un fideicomiso que ayude a recuperar sus fondos.

La diputada opositora Marcela Villatoro, del partido ARENA, presentó la iniciativa en pleno, pero no logró obtener el apoyo del partido mayoritario, Nuevas Ideas. El desfalco asciende a $35 millones.

En la sesión plenaria de este miércoles, la Asamblea Legislativa aprobó, con 57 votos a favor y una abstención, un contrato de préstamo por hasta $235 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el desarrollo del Programa de Salud Inteligente e Integral (PROSINT).

Este programa tiene como objetivo mejorar la salud de la población salvadoreña, centrándose en enfermedades crónicas no transmisibles.
El diputado Caleb Navarro presentó el dictamen favorable de la Comisión de Hacienda, destacando que el PROSINT implementará un modelo de atención y gestión integral, tanto física como digital, en la red de salud.

“Con esta aprobación, buscamos beneficios concretos para pacientes que padecen enfermedades como cáncer, diabetes, hipertensión y problemas cardíacos”, afirmó.
El presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, confirmó la aprobación del financiamiento, subrayando su importancia para garantizar la continuidad y eficiencia de los servicios de salud. Se espera que el programa también refuerce la resiliencia y sostenibilidad de la infraestructura hospitalaria.

Distribución de los fondos

De los $235 millones del préstamo, se destinarán $50 millones a un modelo de salud digital, $142.35 millones al fortalecimiento de la resiliencia sanitaria y $23.80 millones para servicios de apoyo y respuesta a emergencias. Además, $9.35 millones se utilizarán para fortalecer instituciones de salud, y $9.5 millones para la administración y auditoría del programa.

El PROSINT también contempla la construcción y remodelación de centros de atención especializados y la realización de encuestas a nivel nacional sobre salud y enfermedades crónicas.

Reforma del presupuesto 2024

En otra votación, la Asamblea aprobó una reforma a la Ley de Presupuesto 2024, asignando $159.97 millones a diversas instituciones gubernamentales, incluyendo la Procuraduría General de la República (PGR) y el Ministerio de Educación.

El dinero destinado a la PGR, que asciende a $2 millones, se usará para fortalecer su capacidad institucional. Por su parte, el Ministerio de Defensa recibirá $68 millones para apoyar operaciones contra grupos terroristas, y el Ministerio de Educación obtendrá $84 millones para modernizar el sistema educativo y reducir la deserción escolar.

El Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Obras Públicas también recibirán fondos, asegurando la tenencia de tierras para familias de escasos recursos y la planificación de obras públicas, respectivamente. Castro destacó que estos recursos provendrán de asignaciones disponibles del ramo de Hacienda y no se utilizarán en lo que queda del ejercicio fiscal.

Con estas iniciativas, la Asamblea busca avanzar en la transformación económica y social del país, mejorando la salud y bienestar de la población.

Los diputados de la comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto acordaron convocar a los titulares de entidades públicas para analizar la asignación de fondos en el proyecto de ley del presupuesto general del Estado y la Ley de Salarios para el ejercicio fiscal 2025.

Durante la sesión, el jefe de la fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, propuso someter a votación la creación de un cronograma para entrevistar a representantes del Ejecutivo, ministros y presidentes de entidades autónomas.

Guevara destacó que la comisión determinará a qué instancias se entrevistará y que también se incluirán ONG que han recibido o recibirán fondos del Estado.

“Es fundamental que pidamos cuentas a algunas ONG que han recibido y van a recibir fondos. Antes esto no se hacía, y desde la legislatura pasada hemos comenzado a implementarlo”, afirmó.

La propuesta fue aprobada por unanimidad, con el respaldo de 10 diputados.
El proyecto de ley del presupuesto general del Estado y la Ley de Salarios, que abarca un total de $9,663 millones, fue presentado ante la Asamblea Legislativa el 30 de septiembre por el ministro de Hacienda, Jerson Posada. Durante la entrega de los documentos, Posada confirmó el anuncio del presidente Nayib Bukele del 15 de septiembre, en el que se garantizaba un presupuesto completamente financiado, es decir, que no se incurrirá en nuevas deudas para el funcionamiento del Estado, ni siquiera para cumplir con las obligaciones financieras existentes.

El proyecto de ley plantea la distribución de recursos priorizando cuatro áreas estratégicas: Educación, con $1,535 millones; Salud, con $1,170 millones; Seguridad, con $589 millones; y Defensa Nacional, con $314 millones.

Una reciente encuesta realizada por CID Gallup revela que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, goza de una aprobación del 89% entre la población, destacando su popularidad al inicio de su segundo mandato, que comenzó el pasado 1 de junio.

Este apoyo abrumador abarca diversos segmentos de la sociedad, evidenciando una amplia aceptación de su gestión.
Los datos de la encuesta, realizada en septiembre de 2024, muestran que la aprobación de Bukele se mantiene alta sin distinción de nivel educativo ni religión.

Entre los encuestados con educación secundaria, el apoyo alcanza un 92%, mientras que los que poseen educación primaria lo respaldan con un 88%.
Por su parte, los ciudadanos con educación superior muestran un apoyo del 87%.

En términos religiosos, los evangélicos manifiestan un apoyo del 92%, y los católicos un 85%.
La encuesta se llevó a cabo mediante entrevistas cara a cara a una muestra de 1,200 personas, con un margen de error de 2.8% y un nivel de confianza del 95%.

Los altos índices de popularidad de Bukele, de 43 años, son atribuibles en gran parte a su efectiva política de seguridad y a su enfoque en la lucha contra las pandillas, lo que ha resonado positivamente en un país que ha lidiado con altos niveles de violencia.

Históricamente, la figura de Bukele ha despertado un fuerte apoyo en Latinoamérica, donde líderes con políticas similares a menudo obtienen respaldo popular en contextos de inseguridad y criminalidad.

Su enfoque radical ha capturado la atención no solo en su país, sino también en la región, donde la seguridad y el orden son prioridades para muchas naciones.

La Asamblea Legislativa aprobó este jueves la elección de diez nuevos magistrados para el Tribunal Supremo Electoral (TSE), logrando 57 votos a favor de un total de 60. Este nuevo equipo, compuesto por cinco magistrados propietarios y cinco suplentes, asumirá funciones hasta el 31 de julio de 2029.

Roxana Seledonia Soriano de Viaud, quien fue presidenta de la Corte de Cuenta de la República, encabezará el órgano electoral. La lista de candidatos fue presentada por el diputado Caleb Navarro, subjefe de la bancada oficialista de Nuevas Ideas.

Sin embargo, la elección de Soriano de Viaud ha generado controversia, ya que su vinculación previa con el partido ha sido objeto de críticas por parte de la oposición.

Hasta la tarde del jueves, no se habían divulgado los nombres de los nuevos magistrados. La diputada Alexia Rivas, al concluir la lectura del dictamen favorable, no ofreció propuestas concretas, aunque subrayó que el proceso en la Comisión Política fue «público y transparente». «Es el pleno quien debe elegir a los mejores perfiles», afirmó Rivas.

En defensa del proceso, Navarro aseguró que se llevó a cabo un análisis detallado de las ternas, garantizando el cumplimiento de lo establecido en la Constitución.

Magistrados Propietarios:

• Roxana Seledonia Soriano de Viaud
• Francisco Rubén Alvarado Fuentes
• Cecilia María Marroquín Castro
• Karla Cecilia Guandique de Miranda
• Sofía Guadalupe Paniagua Meléndez

Magistrados Suplentes:

• Karen Elizabeth González de Girón
• René Amílcar Claros
• Irvin Antonio Castillo López
• Mario Antonio Alas Ramírez
• Francisco Fernando Molina Castro