Certificación Antisoborno y Gestión Pública: Obligación Legal e Integridad Institucional

“La integridad no debe entenderse como una exigencia externa, sino como un componente esencial de la buena administración.”

La entrada en vigor de la Ley de Compras Públicas (LCP), el 11 de marzo de 2023, introdujo un cambio relevante en la gestión del sistema de contratación pública salvadoreño. Por primera vez, la normativa incorpora una obligación explícita para las instituciones de tramitar; obtener y mantener, la certificación y acreditación de la norma antisoborno, conforme a los estándares internacionales de gestión de la calidad.

Esta exigencia, prevista en el artículo 16 de la LCP y desarrollada en el artículo 10 de su Reglamento (RLCP), incorpora prácticas que fortalecen el control interno, la transparencia y la rendición de cuentas. Con ello, se promueve un enfoque preventivo frente a los riesgos de soborno y se favorece una administración más técnica y trazable, alineada con buenas prácticas de integridad y compliance público —entendido como el cumplimiento normativo en el sector estatal.

Plazo para la obtención de la certificación: un mandato legal

El artículo 16 de la LCP dispone que las instituciones públicas designadas por el RLCP deberán obtener la certificación antisoborno en un plazo de tres años a partir de la entrada en vigencia de esa ley, es decir, la fecha límite es en marzo de 2026.

Este plazo debe entenderse como una etapa de ajuste organizacional, que involucra a distintas áreas – planificación, adquisiciones, control interno y cumplimiento normativo, entre otras, sin importar su ubicación funcional ni jerárquica.

El objetivo es construir una estructura de gestión coherente, donde las decisiones estén documentadas, se minimicen los riesgos de conflicto de interés y exista trazabilidad en cada fase de los procesos. En este contexto, la coordinación y el monitoreo de los responsables para asegurar la correcta aplicación de las políticas institucionales de integridad adquieren especial relevancia y requieren el involucramiento activo de toda la organización.

La Norma ISO 37001: referente técnico para la gestión de riesgos

Las instituciones podrán dar cumplimiento a lo establecido en la LCP por medio de la implementación de la norma ISO 37001, la cual surge como respuesta internacional a la necesidad de estandarizar los mecanismos de prevención del soborno en las organizaciones, públicas y privadas.

Su valor no radica únicamente en la certificación, sino en su metodología de gestión de riesgos, entre sus componentes destacan:

• Compromiso de la alta dirección y fomento de la cultura de integridad.

• Identificación y evaluación de riesgos de soborno.

• Controles financieros y no financieros.

• Debida diligencia en proveedores y socios estratégicos.

• Canales de denuncia, revisión y mejora continua.

Adoptar estos principios no solo cumple con la LCP, sino que mejora la eficiencia operativa y reduce las vulnerabilidades administrativas.

Un nuevo enfoque para las compras públicas

Aunque la norma impacta en toda la organización, el presente análisis se centra en las compras públicas, por ser uno de los pilares del gasto estatal. De su correcta gestión depende no solo la eficiencia en la ejecución presupuestaria, sino también la confianza ciudadana en la administración.

La LCP plantea dentro de sus principios el de racionalidad del gasto público, bajo un modelo donde la gestión por resultados se articula con la gestión por integridad.

Cada fase del ciclo de contratación pública —planificación, selección del contratista, contratación, seguimiento y liquidación— debe analizarse desde la perspectiva de los riesgos asociados a cada etapa e incorporar, en función de ellos, criterios de control y trazabilidad. Esto implica que los equipos de compra documenten sus decisiones, apliquen criterios objetivos y prevengan riesgos de incumplimiento o conflicto de interés.

En este contexto, los sistemas de gestión antisoborno, más allá de las formalidades contractuales, se consolidan como herramientas de apoyo técnico para fortalecer la integridad en los procesos.

Cumplimiento, trazabilidad y responsabilidad institucional

Lo esencial no es la acreditación final, sino el proceso que conduce a ella: identificar riesgos, fortalecer controles y documentar decisiones.

Aplicar estos principios genera resultados inmediatos:

• Procedimientos más previsibles y auditables.

• Menor discrecionalidad administrativa.

• Mayor coherencia entre planificación, ejecución y control.

Así, la trazabilidad y la documentación dejan de ser requisitos burocráticos para convertirse en indicadores de calidad institucional y de cumplimiento eficaz de la ley.

Integridad con relación a los proveedores

Es importante destacar que el artículo 27 de la LCP amplía las obligaciones de integridad hacia los proveedores de servicios de auditoría externa, quienes deberán obtener y mantener, la respectiva certificación y acreditación internacional y/o de la norma antisoborno, de conformidad a los estándares internacionales de gestión de la calidad existentes, señalando que las Instituciones podrán contratar auditores externos que no cuenten con la certificación antes mencionada, siempre y cuando contraten a un especialista con experiencia en compras en la Administración Pública que se denominará “contralor” cuya función será verificar que los procesos de compras del año a auditar se hayan desarrollado conforme a lo establecido en la referida Ley.

Con ello, la ley establece una cadena de responsabilidad compartida, donde la transparencia alcanza tanto a quienes contratan como a quienes auditan.

Integridad como criterio de gestión

La gestión por integridad no debe verse como un elemento ajeno a la eficiencia, sino como una condición para alcanzarla.

Las instituciones que gestionan con base en controles claros, procesos documentados y comunicación transparente optimizan recursos y fortalecen su legitimidad.

En la práctica, la integridad se traduce en procedimientos más ágiles, decisiones más fundamentadas y resultados verificables.

Desafíos y oportunidades

La adopción de un enfoque de gestión basado en la integridad conlleva retos prácticos:

• Capacitación técnica especializada en gestión de riesgos y cumplimiento.

• Revisión y documentación de procesos internos.

• Disponibilidad de recursos para auditorías y controles eficaces.

Abordar estos aspectos de manera estratégica no solo permite superar las limitaciones operativas, sino también reforzar la transparencia institucional y consolidar una cultura de integridad sostenible.

Conclusión

La aplicación de los principios de gestión antisoborno no transforma a la administración por decreto, sino mediante la mejora continua, la capacitación del personal y la coherencia de las decisiones.

La Ley de Compras Públicas abre la posibilidad de fortalecer el sistema de adquisiciones del Estado desde una perspectiva técnica, operativa y ética. La integridad no debe entenderse como una exigencia externa, sino como un componente esencial de la buena administración.

El cumplimiento, la trazabilidad y la rendición de cuentas no solo previenen riesgos: mejoran la calidad del gasto, promueven la confianza ciudadana y elevan un desempeño institucional transparente y eficaz.