El partido ARENA presentó este viernes una nueva terna de candidatos a magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) ante la Asamblea Legislativa. Esta decisión se produce tras el rechazo de una propuesta inicial, que fue cuestionada por el diputado de Nuevas Ideas, Caleb Navarro, el 10 de septiembre, quien solicitó que el dictamen favorable sobre los candidatos fuera regresado a estudio por no cumplir con los requisitos necesarios.

«En cumplimiento de nuestras responsabilidades constitucionales, hemos presentado una nueva terna de candidatos para la elección de magistrados del TSE», informó ARENA a través de un comunicado de prensa, señalando que esta medida fue necesaria debido al rechazo sin explicaciones del Órgano Legislativo.

Los candidatos propuestos por ARENA son Cecilia María Marroquín Cortez, Máximo Alberto Saldívar Calderón y Julio César Deras Oliva como magistrados propietarios, mientras que María Ofelia Landaverde Dubón, Irvin Antonio Castillo López y Elmo Atilio Pereira Quintanilla se postulan como magistrados suplentes.

La diputada Marcela Villatoro destacó que la terna presentada incluye profesionales competentes, sin vínculos partidarios, comprometidos a actuar con independencia y a respetar la Constitución y las leyes del país

Del “estrellato” en las redes sociales en El Salvador, Gerardo Quijada Orellana, popularmente conocido como “Mr. Miyagi”, ha pasado a ser el “reo del momento”, tras ser condenado a poco más de 6 años de prisión por una trama que montó para estafar a propietarios de inmuebles que él rentaba y que dejaba de pagar.

Los allanamientos en los talleres de vehículo GQ Racing Sports continúan este viernes, después que las autoridades irrumpieran, la noche del jueves, en las viviendas del Quijada y en las de sus hijos y algunos colaboradores, quienes tendrían participación en la “red de estafadores” a ser testaferros.

La Fiscalía General y la Policía Nacional Civil (PNC) registraban este 20 de septiembre la sucursal del taller ubicada en el Paseo Escalón de San Salvador.
El ministro de Gobernación, Gustavo Villatoro, destacó que “la cultura del más vivo que muchos intentan seguir es insostenible; son lobos con piel de oveja que creen poder eludir la ley, pero nosotros siempre estamos un paso adelante”.

Los allanamientos del jueves se desarrollaron en diversas propiedades en Santa Tecla, La Libertad, y la colonia San Francisco, en San Salvador.
Se investiga que Quijada Orellana lideraba una estructura que arrendaba locales en áreas de alta demanda, pagando algunos meses y posteriormente evadiendo el pago. Cuando los propietarios intentaban contactar a la sociedad, esta ya no existía, apareciendo con un nuevo representante legal.

Las víctimas, al intentar recuperar sus pérdidas, se encontraron con la dilatación de procesos judiciales, gracias a los abogados contratados por Quijada Orellana, quienes obstaculizaron la justicia.
Los imputados, entre los que se incluyen familiares y representantes legales de la red de estafa, enfrentan cargos por estafa agravada, amenazas, cohecho y agrupaciones ilícitas.

“Mr. Miyagi” cobró notoriedad por el florecimiento de sus talleres y porque era habitual que externara su opinión en redes sociales sobre diferentes temas, pero en cada abordaje buscaba polémica contra sus críticos o los arrendantes de los locales que ocupaba, a quienes acusaba de aumentos indebidos de los cánones y hasta los acusaba de valerse de artilugios para afectarlo.

Con el ruido que provocaba, lograba muchas interacciones y sus contenidos eran replicados con comentarios a favor y en contra.

El próximo lunes 23 de septiembre es la fecha límite para que la Asamblea Legislativa elija a 5 magistrados propietarios de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador.

Este proceso es crucial, ya que de la lista de 30 candidatos se seleccionarán siete magistrados propietarios, sin incluir a los suplentes.

El periodo de los actuales magistrados propietarios de la CSJ, electos el 24 de septiembre de 2015, finaliza el 24 de este mes. Entre ellos, destaca Óscar López Jerez, quien busca la reelección.
Además, se contemplan dos magistraturas adicionales para sustituir a Miguel Ángel Flores Durel, fallecido en julio de 2023, y Enrique Portillo Peña, quien renunció en noviembre de 2022.

Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa, ha señalado que la Comisión Política ha emitido un dictamen favorable tras un mes de entrevistas a los 30 candidatos. Sin embargo, hasta el martes, aún no había una decisión final. “Tenemos hasta el lunes 23 para elegir a los siete magistrados que conformarán la próxima CSJ”, enfatizó Castro.

Villatoro, única diputada de oposición en la Comisión Política, ha subrayado la importancia de esta elección para el fortalecimiento de la democracia en el país.
En sus redes sociales, ha compartido información sobre los candidatos, instando a los ciudadanos a revisar sus hojas de vida para asegurar una elección informada y responsable.

A partir del 1 de octubre, al menos 160 abogados de la Procuraduría General de la República (PGR) deberán presentar su renuncia, en un recorte que afecta significativamente a la Unidad de Defensa Pública Penal.

Estos profesionales, quienes actúan como defensores públicos y han estado brindando apoyo a personas capturadas en el marco del régimen de excepción, son parte de un despido más amplio que afectará a un total de 400 trabajadores de la institución.
Según estimaciones internas, alrededor del 40% de los empleados despedidos pertenecen a la mencionada unidad, que cuenta con 19 sedes a nivel nacional.

La memoria de labores de la PGR del periodo 2023-2024 indica que la institución cuenta actualmente con 1,611 servidores públicos, de los cuales 1,517 están bajo la Ley de Salario y 73 son contratados por servicios profesionales.
El informe revela que el 67% de las atenciones de la Unidad de Defensa Pública Penal se dirigió a procesos penales comunes, mientras que el 27.9% se concentró en delitos relacionados con el crimen organizado.

Desde el 27 de marzo de 2022 hasta el 30 de septiembre de 2023, estos defensores han gestionado la defensa técnica de 60,237 personas capturadas, lo que equivale a un promedio de 219 casos por abogado, sin contar otros delitos no relacionados con el régimen de excepción.
Organizaciones de derechos humanos han manifestado su preocupación por las implicaciones de estos despidos en los juicios sumarios programados para iniciar en 2025.

Movimientos relacionados a seguimiento de procesos judiciales enmarcados en el régimen de excepción han externado su preocupación, porque muchos de los cesados son defensores de los casos que les ocupan.
Las organizaciones civiles exigen una revisión de esta situación para garantizar el derecho a una defensa adecuada para los acusados.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió una aclaración sobre la Ley de la Carrera Docente, confirmando que el acoso sexual y los actos que atenten contra la libertad sexual de compañeros de trabajo, alumnos, padres y otros miembros de la comunidad educativa constituyen causal de despido, siempre y cuando exista una sentencia condenatoria definitiva.

En su resolución, la Sala precisó que, aunque anteriormente se había declarado la inconstitucionalidad del artículo 61 número 1 de la Ley de la Carrera Docente, que establecía el despido por reincidencia en faltas graves o menores, la referencia al acoso sexual no fue eliminada.

La aclaración surge en respuesta a las dudas planteadas por la Junta de la Carrera Docente en el proceso 18-2019, iniciado por Victoria Elvira Solano Rivera, quien cuestionaba la constitucionalidad de las disposiciones relacionadas con la reincidencia en faltas.

La Sala de lo Constitucional enfatizó que, a pesar de haber declarado inconstitucional la disposición sobre reincidencia en faltas, no se ha afectado la referencia a actos de acoso sexual o contra la libertad sexual, los cuales siguen siendo causales válidos para el despido de docentes.
Esta aclaración subraya la importancia de mantener mecanismos efectivos para abordar el acoso en el ámbito educativo.

En su resolución, emitida el 26 de agosto de 2024, la Sala también abordó el tema del acoso laboral en general, subrayando la responsabilidad del Estado en prevenir y eliminar estas conductas.
Citando el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el tribunal destacó que el acoso, tanto físico como psicológico, en el entorno laboral viola principios constitucionales fundamentales como la igualdad y el derecho a una vida libre de violencia.

La Sala advirtió que el acoso puede manifestarse de diversas formas, incluyendo violencia física, psicológica, patrimonial, simbólica y sexual, y puede ocurrir tanto en entornos virtuales como presenciales.
Además, se mencionaron ejemplos de acoso moral, tales como humillación, aislamiento y reducción de reputación profesional.

El tribunal concluyó que la violencia y el acoso constituyen causales válidos para la terminación del contrato de trabajo, y que tanto el Estado como las empresas tienen el deber de implementar medidas efectivas para prevenir y erradicar estas conductas en todos los sectores, tanto públicos como privados.