La Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa ha dado su visto bueno a un dictamen que propone la emisión de “Disposiciones Especiales para la Promoción y el Otorgamiento de Incentivos Fiscales para el Fomento del Desarrollo de Proyectos Inmobiliarios en Altura”. Esta medida contempla la exención del Impuesto sobre la Renta para nuevos edificios que cuenten con 35 pisos o más.

Durante la sesión del viernes, el director de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS), Luis Rodríguez, destacó que la exención se aplicará por un periodo de 15 años, iniciando desde el primer año de reporte de utilidades. Rodríguez enfatizó la importancia de estos desarrollos, que buscan fomentar tanto la vivienda como espacios para actividades económicas y turísticas.

El dictamen establece que los edificios elegibles deberán medir 35 pisos desde el nivel de la calle, categorizándolos como rascacielos. Según Rodríguez, estos proyectos permitirán una optimización significativa del uso del suelo, ya que, en promedio, una torre de 35 niveles puede albergar 200 unidades habitacionales en una superficie mucho menor que la necesaria para viviendas tradicionales.

Rodríguez también mencionó que la construcción de rascacielos contribuiría a una mayor eficiencia energética, reducción del tráfico y mejora en el acceso a servicios, lo que impactaría positivamente en la calidad de vida urbana. Además, subrayó que este tipo de edificaciones pueden integrar usos mixtos, incluyendo comercio, oficinas y áreas hoteleras.

La diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, planteó la necesidad de incluir un incentivo para la vivienda social en el decreto. Sugirió que, tras tres años de utilidades, los inversionistas deberían comprometerse a desarrollar proyectos habitacionales asequibles. Sin embargo, esta propuesta no contó con el respaldo de los diputados de Nuevas Ideas y fue descartada del proyecto final, lo que genera preocupaciones sobre el impacto de estos desarrollos en el acceso a vivienda para sectores menos favorecidos.

Un alarmante informe de la organización «Acción Ciudadana» señala que, en un periodo de 12 años, el 90% de los casos iniciados por la Fiscalía General de la República (FGR) han quedado sin resolución judicial. La investigación, titulada “Factores que incidieron en su desempeño” y presentada este viernes, abarca desde 2012 hasta 2023.

Según el estudio, de un total de 1,004,433 casos iniciados por la FGR, 577,811 no fueron judicializados.
De los 426,622 casos que sí llegaron a la etapa judicial, solo 88,339 resultaron en sentencias condenatorias, lo que representa un escaso 8.8%.
“Esto genera un promedio de impunidad del 90%”, afirma el reporte.

A pesar de un notable aumento en el presupuesto de la FGR en los últimos años, la organización destaca que esto no ha llevado a un incremento en la judicialización de casos ni a una disminución de los niveles de impunidad. En el periodo más efectivo, entre 2018 y 2019, el porcentaje de casos con condena alcanzó el 13%, mientras que entre 2012 y 2015 fue de solo 6%.

En 2014, la impunidad alcanzó un 94%, cifra que se ha mantenido en un 90% hasta 2023.
El informe también revela que el presupuesto de la FGR ha aumentado en $85 millones entre 2014 y 2023, sin que este incremento haya contribuido a mejorar los índices de resolución de casos. Cada fiscal se enfrenta en promedio a 137 casos, aunque la cifra exacta de fiscales en la FGR no está disponible debido a que los datos son confidenciales.

Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, subrayó que estos resultados presentan “los retos” que deberá enfrentar el nuevo titular de la FGR, quien asumirá el cargo en enero de 2025.
Actualmente, el fiscal general es Rodolfo Delgado, en funciones desde el 1 de mayo de 2021, tras la destitución de Raúl Melara por parte de la Asamblea.

En un paso hacia la consolidación del Estado de Derecho en El Salvador, se concluyó el curso “Sistema anticorrupción: un enfoque internacional”, destinado a jueces de paz, de instrucción y magistrados de cámaras de las zonas central y paracentral del país.

Esta formación se enfocó en capacitar a los magistrados en los mecanismos anticorrupción alineados con los estándares internacionales, resaltando la necesidad de un sistema judicial robusto y comprometido con la integridad.

La corrupción es un fenómeno que erosiona la confianza en las instituciones y limita el ejercicio pleno de los derechos humanos.
Combatirla no sólo es esencial para mejorar la administración de justicia, sino que también es fundamental para el fortalecimiento de la democracia en El Salvador.

Un sistema judicial libre de corrupción es la base para garantizar el respeto a los derechos de todos los ciudadanos y fomentar un entorno donde el estado de derecho prevalezca, propiciando un desarrollo social y económico sostenible.

Con este tipo de iniciativas, El Salvador avanza hacia la construcción de un futuro más transparente y equitativo.

El partido ARENA presentó este viernes una nueva terna de candidatos a magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) ante la Asamblea Legislativa. Esta decisión se produce tras el rechazo de una propuesta inicial, que fue cuestionada por el diputado de Nuevas Ideas, Caleb Navarro, el 10 de septiembre, quien solicitó que el dictamen favorable sobre los candidatos fuera regresado a estudio por no cumplir con los requisitos necesarios.

«En cumplimiento de nuestras responsabilidades constitucionales, hemos presentado una nueva terna de candidatos para la elección de magistrados del TSE», informó ARENA a través de un comunicado de prensa, señalando que esta medida fue necesaria debido al rechazo sin explicaciones del Órgano Legislativo.

Los candidatos propuestos por ARENA son Cecilia María Marroquín Cortez, Máximo Alberto Saldívar Calderón y Julio César Deras Oliva como magistrados propietarios, mientras que María Ofelia Landaverde Dubón, Irvin Antonio Castillo López y Elmo Atilio Pereira Quintanilla se postulan como magistrados suplentes.

La diputada Marcela Villatoro destacó que la terna presentada incluye profesionales competentes, sin vínculos partidarios, comprometidos a actuar con independencia y a respetar la Constitución y las leyes del país

Del “estrellato” en las redes sociales en El Salvador, Gerardo Quijada Orellana, popularmente conocido como “Mr. Miyagi”, ha pasado a ser el “reo del momento”, tras ser condenado a poco más de 6 años de prisión por una trama que montó para estafar a propietarios de inmuebles que él rentaba y que dejaba de pagar.

Los allanamientos en los talleres de vehículo GQ Racing Sports continúan este viernes, después que las autoridades irrumpieran, la noche del jueves, en las viviendas del Quijada y en las de sus hijos y algunos colaboradores, quienes tendrían participación en la “red de estafadores” a ser testaferros.

La Fiscalía General y la Policía Nacional Civil (PNC) registraban este 20 de septiembre la sucursal del taller ubicada en el Paseo Escalón de San Salvador.
El ministro de Gobernación, Gustavo Villatoro, destacó que “la cultura del más vivo que muchos intentan seguir es insostenible; son lobos con piel de oveja que creen poder eludir la ley, pero nosotros siempre estamos un paso adelante”.

Los allanamientos del jueves se desarrollaron en diversas propiedades en Santa Tecla, La Libertad, y la colonia San Francisco, en San Salvador.
Se investiga que Quijada Orellana lideraba una estructura que arrendaba locales en áreas de alta demanda, pagando algunos meses y posteriormente evadiendo el pago. Cuando los propietarios intentaban contactar a la sociedad, esta ya no existía, apareciendo con un nuevo representante legal.

Las víctimas, al intentar recuperar sus pérdidas, se encontraron con la dilatación de procesos judiciales, gracias a los abogados contratados por Quijada Orellana, quienes obstaculizaron la justicia.
Los imputados, entre los que se incluyen familiares y representantes legales de la red de estafa, enfrentan cargos por estafa agravada, amenazas, cohecho y agrupaciones ilícitas.

“Mr. Miyagi” cobró notoriedad por el florecimiento de sus talleres y porque era habitual que externara su opinión en redes sociales sobre diferentes temas, pero en cada abordaje buscaba polémica contra sus críticos o los arrendantes de los locales que ocupaba, a quienes acusaba de aumentos indebidos de los cánones y hasta los acusaba de valerse de artilugios para afectarlo.

Con el ruido que provocaba, lograba muchas interacciones y sus contenidos eran replicados con comentarios a favor y en contra.