El Ministerio de Hacienda ya tiene habilitado el proceso para la declaración del Impuesto sobre la Renta (ISR) correspondiente al ejercicio 2024. Los contribuyentes tienen hasta el 30 de abril para cumplir con esta obligación fiscal.
El ISR es una de las principales fuentes de ingresos del Estado y aplica tanto a trabajadores asalariados como a empresas.
La declaración debe realizarse en línea a través del portal de la Dirección General de Impuestos Internos. Aquellos que necesiten asistencia pueden acudir a los centros de atención o comunicarse al 2237-3444.

¿Quiénes deben declarar?
Están obligados a presentar su declaración del ISR las personas naturales con ingresos anuales superiores a $60,000 o aquellas con ingresos menores que tengan saldo a pagar.
También deben hacerlo quienes obtengan rentas superiores a $4,064.00 de fuentes salvadoreñas, los sujetos con contabilidad formal, los que hayan sido objeto de retención del impuesto, quienes declararon el año anterior y los registrados como contribuyentes del IVA, incluso si no percibieron ingresos.

Ingresos a declarar
Deben incluirse todas las ganancias obtenidas por sueldos, actividades comerciales, inversiones o cualquier otra fuente de ingreso.
Deducciones permitidas
Los contribuyentes pueden deducir hasta $800 en gastos médicos y $800 en educación. También aplican deducciones cuando se trata de rentas diversas en negocios.
Conservación de facturas
Para respaldar las deducciones, las facturas deben conservarse. La Ley del Impuesto sobre la Renta establece que las personas naturales deben guardarlas por seis años en el caso de gastos médicos y educativos, mientras que para rentas diversas se recomienda un período de 10 años.
¿Se puede deducir el alquiler de vivienda?
Sólo el arrendamiento de bienes utilizados para generar ingresos gravables es deducible. El alquiler de vivienda para uso personal no aplica como deducción.
Consecuencias de no declarar
Quienes no presenten su declaración pueden enfrentar multas del 40 % sobre el impuesto determinado, con un mínimo de un salario mensual, según el Código Tributario. Además, podrían ser considerados insolventes, lo que limitaría su acceso a ciertos trámites oficiales.

Facilidades de pago
El artículo 74 de la ley permite solicitar plazos para el pago del ISR. Los contribuyentes pueden gestionar estos acuerdos ante la Dirección General de Tesorería a través del portal de declaración. Se puede solicitar pago a plazos hasta por el 90 % del impuesto determinado, salvo para asalariados, quienes pueden diferir el total del monto a pagar.
Con información de diario El Mundo

Autoridades de El Salvador y Guatemala han tenido recientes acercamientos entre para intentar reactivar las adopciones internacionales entre ambos países.
Este diálogo surge con el objetivo de fortalecer los procedimientos existentes y garantizar procesos seguros y transparentes que salvaguarden el bienestar de los niños involucrados.
En el marco de estos esfuerzos, representantes gubernamentales de ambas naciones llevaron a cabo un encuentro en el que se trazaron alianzas y se plantearon acuerdos comunes para facilitar este proceso.
Entre los temas centrales de la discusión estuvo la firma de un memorando de entendimiento, documento clave que formalizaría los compromisos adquiridos en esta iniciativa.
El Consejo Nacional de Adopciones de Guatemala (CNA) ha reiterado su compromiso con la seguridad y eficacia de los procedimientos de adopción, asegurando que cada caso será manejado con el máximo rigor para proteger los derechos de los niños en situación de adopción.
Por su parte, la Procuraduría General de la República de El Salvador ha manifestado su interés en evaluar y desarrollar futuros proyectos en esta materia, posicionando a Guatemala como el primer país en establecer un acercamiento de este tipo con la nación vecina.
El primer encuentro formal entre ambas delegaciones se llevó a cabo el pasado 7 de noviembre de 2024, y se espera que los acuerdos alcanzados sirvan como base para una eventual reapertura de las adopciones internacionales, en beneficio de los niños que esperan una familia adoptiva.

La adopción como mecanismo de protección infantil
La adopción es una institución de protección social tutelada por el Estado, a través de la cual una persona asume como hijo propio al hijo biológico de otra.
En este contexto, el Consejo Nacional de Adopciones de Guatemala es el organismo encargado de supervisar los procesos de restitución de derechos de los menores con sentencia de declaratoria de adoptabilidad y de dar seguimiento a las familias postulantes para la adopción.
El reinicio de las adopciones internacionales podría representar una alternativa viable para ofrecer a muchos niños en situación vulnerable la posibilidad de integrarse a un entorno familiar estable y seguro. No obstante, tanto Guatemala como El Salvador han enfatizado la necesidad de garantizar que cada adopción cumpla con estrictos protocolos legales y éticos, asegurando así la protección integral de la niñez.

La capacitación en Jurisprudencia Constitucional Relevante sobre Justicia Penal Juvenil, desarrollada por el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) finalizó este viernes, brindando herramientas fundamentales a magistrados y jueces para la correcta aplicación del derecho en casos que involucran a menores en conflicto con la ley penal.
Este espacio formativo estuvo dirigido a magistrados de Cámara de Segunda Instancia con competencia en materia penal, jueces de Sentencia e Instrucción, así como a integrantes de judicaturas especializadas en Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres, Menores, Crimen Organizado, Primera Instancia con competencia mixta y de paz.
Durante el curso, los participantes profundizaron en la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y su aplicabilidad en el marco de los estándares internacionales de derechos humanos relacionados con la niñez y adolescencia en conflicto con la ley penal.
Además, se abordó la jurisprudencia específica para adolescentes infractores, reafirmando el principio de especialidad en la conformación de los sistemas penales juveniles.
La iniciativa, según el CNJ, busca fortalecer el sistema judicial mediante el conocimiento y aplicación de normativas que garanticen un trato adecuado y especializado para los menores en situación de conflicto con la ley.

Las autoridades salvadoreñas han incautado un total de 9.2 toneladas de droga en lo que va del 2025, como parte de su estrategia para combatir el narcotráfico en la región. Desde marzo de 2024 hasta la fecha, los decomisos ascienden a 25.9 toneladas, con un valor estimado de $647.7 millones, según informó el ministro de la Defensa Nacional, Francis Merino Monrroy.

La más reciente incautación ocurrió el 11 de marzo, cuando fuerzas de seguridad interceptaron una embarcación a 600 millas náuticas (1,111 kilómetros) al suroeste de la Bocana El Cordoncillo, Estero de Jaltepeque. 

En la nave se encontraron 1.5 toneladas de cocaína, valoradas en $37.5 millones, y se detuvo a tres narcotraficantes de nacionalidad ecuatoriana.

El ministro Merino Monrroy destacó que estos resultados posicionan a El Salvador como un referente en la lucha contra el tráfico de drogas en la región.

Desde 2019, 58.7 toneladas incautadas

Desde el inicio de la gestión del presidente Nayib Bukele en 2019, El Salvador ha decomisado un total de 58.7 toneladas de droga, con un valor estimado de $1,363.7 millones. 

El cargamento de droga incautado el 11 de marzo pasado, fue entregado hoy a las autoridades por parte de la Marina Nacional.

En el último año, la Procuraduría General de la República (PGR) ha logrado resolver más de 17 mil 500 casos a través del proceso de mediación, una alternativa que se ha consolidado como una solución rápida y gratuita para resolver conflictos sin necesidad de recurrir a largos y costosos procesos judiciales.

La mediación es un mecanismo extrajudicial que promueve la comunicación y el entendimiento entre las partes en conflicto, facilitando la negociación y la búsqueda de acuerdos beneficiosos para ambos lados. En lugar de que un juez imponga una resolución, el proceso está diseñado para que las personas involucradas puedan encontrar una solución por medio del diálogo, con la asistencia de un mediador profesional.

¿Cómo funciona la mediación en la PGR?

El proceso de mediación en la PGR sigue una serie de principios y etapas que aseguran su efectividad y confiabilidad. A continuación, se detallan algunos de los aspectos clave de este servicio:

Intervención de un mediador capacitado: Un mediador especializado se encarga de guiar a las partes en conflicto hacia una solución negociada, sin tomar partido ni emitir juicios sobre quién tiene la razón. Su objetivo es facilitar el diálogo y la comprensión mutua entre los involucrados.

Proceso de resolución no impositivo: A diferencia de otros mecanismos legales, en la mediación no se impone una decisión a las partes. El mediador se limita a facilitar la conversación y la búsqueda de soluciones, dejando que las personas en conflicto lleguen a un acuerdo por sí mismas.

Rapidez y eficiencia: El proceso es sencillo, oral, y se lleva a cabo en un tiempo relativamente corto, lo que permite resolver disputas de manera ágil sin la necesidad de acudir a procedimientos judiciales largos y costosos.

Confidencialidad: Todo lo discutido en una sesión de mediación se mantiene en estricta confidencialidad, lo que brinda a los participantes un entorno seguro para expresar sus opiniones y negociar una solución.

Expedientes y convocatorias eficaces: Por cada solicitud de mediación, se abre un expediente para asegurar el seguimiento adecuado del caso. Las convocatorias se realizan mediante los medios más eficaces para garantizar que las partes puedan participar de manera oportuna.

Con un número creciente de mediaciones resueltas cada año, la PGR reafirma su compromiso con la promoción de la paz social y la resolución pacífica de disputas. Este modelo ha demostrado ser no solo eficiente, sino también accesible para todos los ciudadanos, ya que se trata de un servicio gratuito.