La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó con 56 votos a favor la ratificación de un acuerdo con Cuba, cuyo objetivo es permitir que los condenados a prisión cumplan sus penas en sus países de origen.
El acuerdo, firmado el 15 de octubre de 2024, fue suscrito por el viceministro de Justicia y director de Centros Penales, Osiris Luna Meza, en representación de El Salvador, y el embajador de Cuba en el país, Tomás Lorenzo Gómez.
El acuerdo busca facilitar el cumplimiento de las condenas penales en los países de origen de los reos. Esto significa que los salvadoreños condenados en Cuba podrán solicitar cumplir su pena en El Salvador, y viceversa.
El fin principal es ayudar en la rehabilitación de los reclusos, al permitirles estar cerca de su entorno y familia.
Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, El Salvador ya cuenta con acuerdos similares con otros países, como Argentina y Costa Rica, y el tratado con Cuba es de la misma naturaleza.
Sin embargo, se detalló que para evaluar las solicitudes de traslado, será el Ministerio de Justicia, a través de los Centros Penales, quien analice la conducta del reo y el tipo de delito por el que fue condenado.
Este análisis se enviará a las autoridades penitenciarias o judiciales cubanas, quienes decidirán si es viable aceptar al recluso. Además, se consultará con los jueces del sistema penitenciario de El Salvador.
El acuerdo ratificado consta de 3 considerandos y 14 artículos. Según los legisladores que dieron su visto bueno, el tratado busca establecer mecanismos más ágiles y eficientes en el ámbito de la extradición, con el fin de simplificar su tramitación y reducir las dificultades que actualmente existen.

El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene previsto expandir su red diplomática en al menos 16 países para el año 2025, con un enfoque particular en el continente africano, informó la viceministra de esa cartera, Adriana Mira. 

La iniciativa busca fortalecer los lazos internacionales y promover la inversión extranjera, así como aumentar la presencia de productos salvadoreños en mercados globales.

En su intervención ante la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, Mira destacó que una de las principales prioridades es la apertura de una nueva embajada en Egipto. 

Este será el segundo puesto diplomático de El Salvador en África, ya que actualmente el país solo cuenta con una embajada en Marruecos. 

“Ya hemos recibido la anuencia de Egipto y solo falta completar los trámites administrativos para concretar la apertura de la misión», señaló Mira.

El plan de expansión diplomática de El Salvador en África incluye la apertura de relaciones con al menos 16 países, entre ellos la República Centroafricana, Gambia, Madagascar, Nigeria, Botsuana, Camerún, República del Congo, las Islas Comoras y Liberia, entre otros. 

Este esfuerzo responde a la estrategia del gobierno para diversificar sus relaciones internacionales y fortalecer los lazos con mercados emergentes.

Además, la viceministra detalló que, dentro del presupuesto asignado para 2025, se destinarán recursos a la participación de El Salvador en importantes organizaciones internacionales. 

El país buscará posiciones en el Comité Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud para el período 2025-2028, en el Consejo de Administración de la Unión Postal Universal (UPU) para el período 2026-2029 y en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el período 2027-2029.

Con respecto a la proyección económica, la Cancillería espera que sus esfuerzos diplomáticos contribuyan a atraer $110 millones en inversión extranjera directa y generar exportaciones de productos salvadoreños por más de $5.5 millones. Las embajadas y consulados serán fundamentales en este proceso, facilitando la promoción de El Salvador en los mercados internacionales.

En cuanto a la expansión de los consulados, la viceministra anunció que se abrirán nuevas representaciones en Ohio, Estados Unidos, y que se están evaluando adquisiciones de locales para las representaciones diplomáticas de El Salvador en otros lugares clave. 

Entre las localidades en estudio se encuentran Long Island (Nueva York), Milán (Italia) y San Pedro Sula (Honduras). Mira explicó que, en algunos casos, el gobierno opta por la compra de inmuebles propios para las representaciones diplomáticas, cuando hay una demanda significativa de los salvadoreños en esas zonas. Sin embargo, aclaró que no en todos los destinos se justifica la adquisición de propiedades debido a la posible devaluación de los inmuebles con el tiempo.

En cuanto a los recursos asignados para el próximo año, el presupuesto de la Cancillería ha experimentado una reducción de $8.4 millones con respecto al año en curso, quedando en $45.4 millones. 

Sin embargo, Mira no hizo comentarios sobre este ajuste presupuestario en su exposición ante los legisladores.

Con esta estrategia, El Salvador busca diversificar sus relaciones diplomáticas y económicas, promoviendo tanto el desarrollo internacional como el bienestar de su diáspora en diversas regiones del mundo.

La Procuraduría General de la República (PGR) enfrenta serias dificultades tanto en su infraestructura tecnológica como en la falta de personal. Así lo reveló la procuradora adjunta, Candy de Acevedo, en su comparecencia ante la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa este viernes. 

Durante la reunión, la funcionaria pidió un refuerzo de $5 millones al presupuesto de la PGR para el año 2025, argumentando la necesidad de contratar más defensores públicos y personal en áreas clave, así como de invertir en el desarrollo tecnológico de la institución.

De Acevedo, quien representó al procurador general René Escobar, explicó que el presupuesto asignado para la PGR en 2025 es de $32.3 millones, a pesar de que el Ministerio de Hacienda notificó un techo presupuestario inicial de $32,411,037.

La procuradora adjunta detalló que la institución enfrenta un déficit de 355 plazas vacantes, de las cuales más de 100 corresponden a defensores públicos en diversas áreas del derecho. 

A este déficit se suman vacantes en los departamentos de psicología, trabajo social y personal administrativo, muchas de ellas causadas por la jubilación de empleados con más de 60 años de edad. 

“Tenemos ese gran déficit y un gran reto, con todas las labores, funciones, el gran mandato constitucional y legal que le corresponde a la Procuraduría General de la República”, afirmó de Acevedo.

Otro de los principales problemas que enfrenta la PGR es la seguridad en el manejo de los datos sensibles que administra. 

La procuradora adjunta denunció que la institución fue víctima de un ataque cibernético en el que se «robaron todos nuestros datos». 

“Fuimos víctimas del saqueo de nuestra información, nos robaron todos nuestros datos. Hemos analizado que tenemos una gran inseguridad en el manejo de esos datos”, expresó. 

Ante este panorama, solicitó que se destinen recursos para modernizar los sistemas tecnológicos y automatizar los procesos en la PGR.

Además, de Acevedo destacó los avances que la institución ha logrado en la atención de casos, particularmente a través de su sistema telefónico. 

“Proveemos más de 960,000 servicios al año y hemos desarrollado un modelo de atención telefónica que empezó con 4,000 casos y ahora atiende 100,000″, señaló. 

Sin embargo, advirtió que este modelo ha enfrentado limitaciones debido a la falta de un presupuesto adecuado. El presupuesto para este programa se redujo de $11 millones a solo $6 millones, lo que ha dificultado su expansión y sostenibilidad.

La Corte de Cuentas de la República lleva 2 meses sin presidente, debido al retraso de la elección por parte de los diputados en la Asamblea Legislativa, y el magistrado Julio Bendek ha asumido las funciones temporalmente.
La Comisión Política de la Asamblea emitió un dictamen favorable para la elección del nuevo presidente el 15 de noviembre, pero a más de dos meses de la salida de la expresidenta Roxana Soriano, quien asumió el cargo de presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE) el 26 de septiembre, aún no se ha concretado la elección.
Sin un anuncio oficial, se ha conocido que Bendek funge como presidente interino de la institución fiscalizadora, de acuerdo a reportes periodísticos.
De acuerdo con la Ley de la Corte de Cuentas, es responsabilidad del presidente de la entidad representar legalmente a la CCR y delegar funciones a los otros magistrados si es necesario.
La elección del nuevo presidente de la Corte de Cuentas es un proceso pendiente, a pesar de que la Asamblea Legislativa recibió 11 postulaciones para el cargo.
Los candidatos presentados incluyen a Carol Beatriz Murcia Carrillo, Julio César Figueroa Grande, Gonzalo Octavio Ayala López, y otros nombres destacados.
El nuevo presidente de la Corte de Cuentas deberá asumir sus funciones hasta agosto de 2026, fecha en la que finalizaría el periodo iniciado por Bendek, Soriano y el segundo magistrado José Rodrigo Flores, elegidos para el periodo 2023-2026.

La Asamblea Legislativa aprobó este martes un decreto que condona los intereses moratorios y los recargos por el impago de los servicios de agua potable y alcantarillado de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA). 

Con 58 votos a favor, el decreto también reprograma planes de pago existentes y exime a los usuarios de pagar saldos de viviendas usurpadas por la delincuencia, en un esfuerzo por aliviar la carga económica de muchas familias. 

La medida entrará en vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial y estará activa hasta el 30 de diciembre de 2024, según el artículo 19 del decreto.

Condonación para viviendas en zonas recuperadas
El «Decreto transitorio para la condonación de intereses e incumplimientos por impago en los servicios de acueducto y alcantarillado», aprobado por la Asamblea, establece un «borrasaldo» total en las cuentas de viviendas ubicadas en zonas consideradas de alto riesgo, que han sido recuperadas bajo el Plan Control Territorial. 

Esto incluye viviendas o servicios que fueron usurpados por delincuentes. Además, los usuarios de estas viviendas estarán exentos del pago por reconexión del servicio de agua potable, siempre y cuando puedan probar la usurpación mediante una denuncia ante la autoridad competente o una declaración jurada ante notario.
La validación de las zonas de alto riesgo se llevará a cabo a través de un sistema de «códigos de no lectura» que la ANDA utilizará para identificar áreas en las que no tenía acceso anteriormente. Esta medida permitirá confirmar la ubicación de los hogares que califican para los beneficios del decreto y facilitará la depuración de cuentas para aquellos usuarios que vivan en territorios recuperados y hayan sido afectados por la delincuencia.
El decreto también contempla a los usuarios morosos de viviendas fuera de las zonas de alto riesgo, quienes podrán saldar sus deudas sin intereses ni recargos. En este caso, la ANDA ofrecerá planes de pago de hasta 12 cuotas mensuales consecutivas. 

Según el artículo 4 del decreto, el pago se realizará con una prima inicial equivalente al 10 % de la deuda. Si los usuarios incumplen con los pagos establecidos en el plan, la ANDA podrá exigir el pago total de la deuda restante.

Reconexión de servicios y adquisición de medidor
Los usuarios que se beneficien del decreto pero cuyas cuentas se encuentren suspendidas o desconectadas deberán pagar el cargo por reconexión y adquirir un nuevo medidor. 

El artículo 6 del decreto establece que, si ANDA no dispone de medidores, el usuario deberá proporcionar uno, cumpliendo con los estándares técnicos y de calidad requeridos por la institución. En este caso, solo se aplicará el costo por la instalación del medidor, sin ningún cargo adicional.