La Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa ha dado su visto bueno a un dictamen que propone la emisión de “Disposiciones Especiales para la Promoción y el Otorgamiento de Incentivos Fiscales para el Fomento del Desarrollo de Proyectos Inmobiliarios en Altura”. Esta medida contempla la exención del Impuesto sobre la Renta para nuevos edificios que cuenten con 35 pisos o más.

Durante la sesión del viernes, el director de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS), Luis Rodríguez, destacó que la exención se aplicará por un periodo de 15 años, iniciando desde el primer año de reporte de utilidades. Rodríguez enfatizó la importancia de estos desarrollos, que buscan fomentar tanto la vivienda como espacios para actividades económicas y turísticas.

El dictamen establece que los edificios elegibles deberán medir 35 pisos desde el nivel de la calle, categorizándolos como rascacielos. Según Rodríguez, estos proyectos permitirán una optimización significativa del uso del suelo, ya que, en promedio, una torre de 35 niveles puede albergar 200 unidades habitacionales en una superficie mucho menor que la necesaria para viviendas tradicionales.

Rodríguez también mencionó que la construcción de rascacielos contribuiría a una mayor eficiencia energética, reducción del tráfico y mejora en el acceso a servicios, lo que impactaría positivamente en la calidad de vida urbana. Además, subrayó que este tipo de edificaciones pueden integrar usos mixtos, incluyendo comercio, oficinas y áreas hoteleras.

La diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, planteó la necesidad de incluir un incentivo para la vivienda social en el decreto. Sugirió que, tras tres años de utilidades, los inversionistas deberían comprometerse a desarrollar proyectos habitacionales asequibles. Sin embargo, esta propuesta no contó con el respaldo de los diputados de Nuevas Ideas y fue descartada del proyecto final, lo que genera preocupaciones sobre el impacto de estos desarrollos en el acceso a vivienda para sectores menos favorecidos.

Un alarmante informe de la organización «Acción Ciudadana» señala que, en un periodo de 12 años, el 90% de los casos iniciados por la Fiscalía General de la República (FGR) han quedado sin resolución judicial. La investigación, titulada “Factores que incidieron en su desempeño” y presentada este viernes, abarca desde 2012 hasta 2023.

Según el estudio, de un total de 1,004,433 casos iniciados por la FGR, 577,811 no fueron judicializados.
De los 426,622 casos que sí llegaron a la etapa judicial, solo 88,339 resultaron en sentencias condenatorias, lo que representa un escaso 8.8%.
“Esto genera un promedio de impunidad del 90%”, afirma el reporte.

A pesar de un notable aumento en el presupuesto de la FGR en los últimos años, la organización destaca que esto no ha llevado a un incremento en la judicialización de casos ni a una disminución de los niveles de impunidad. En el periodo más efectivo, entre 2018 y 2019, el porcentaje de casos con condena alcanzó el 13%, mientras que entre 2012 y 2015 fue de solo 6%.

En 2014, la impunidad alcanzó un 94%, cifra que se ha mantenido en un 90% hasta 2023.
El informe también revela que el presupuesto de la FGR ha aumentado en $85 millones entre 2014 y 2023, sin que este incremento haya contribuido a mejorar los índices de resolución de casos. Cada fiscal se enfrenta en promedio a 137 casos, aunque la cifra exacta de fiscales en la FGR no está disponible debido a que los datos son confidenciales.

Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, subrayó que estos resultados presentan “los retos” que deberá enfrentar el nuevo titular de la FGR, quien asumirá el cargo en enero de 2025.
Actualmente, el fiscal general es Rodolfo Delgado, en funciones desde el 1 de mayo de 2021, tras la destitución de Raúl Melara por parte de la Asamblea.

En un paso hacia la consolidación del Estado de Derecho en El Salvador, se concluyó el curso “Sistema anticorrupción: un enfoque internacional”, destinado a jueces de paz, de instrucción y magistrados de cámaras de las zonas central y paracentral del país.

Esta formación se enfocó en capacitar a los magistrados en los mecanismos anticorrupción alineados con los estándares internacionales, resaltando la necesidad de un sistema judicial robusto y comprometido con la integridad.

La corrupción es un fenómeno que erosiona la confianza en las instituciones y limita el ejercicio pleno de los derechos humanos.
Combatirla no sólo es esencial para mejorar la administración de justicia, sino que también es fundamental para el fortalecimiento de la democracia en El Salvador.

Un sistema judicial libre de corrupción es la base para garantizar el respeto a los derechos de todos los ciudadanos y fomentar un entorno donde el estado de derecho prevalezca, propiciando un desarrollo social y económico sostenible.

Con este tipo de iniciativas, El Salvador avanza hacia la construcción de un futuro más transparente y equitativo.

El próximo lunes 23 de septiembre es la fecha límite para que la Asamblea Legislativa elija a 5 magistrados propietarios de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador.

Este proceso es crucial, ya que de la lista de 30 candidatos se seleccionarán siete magistrados propietarios, sin incluir a los suplentes.

El periodo de los actuales magistrados propietarios de la CSJ, electos el 24 de septiembre de 2015, finaliza el 24 de este mes. Entre ellos, destaca Óscar López Jerez, quien busca la reelección.
Además, se contemplan dos magistraturas adicionales para sustituir a Miguel Ángel Flores Durel, fallecido en julio de 2023, y Enrique Portillo Peña, quien renunció en noviembre de 2022.

Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa, ha señalado que la Comisión Política ha emitido un dictamen favorable tras un mes de entrevistas a los 30 candidatos. Sin embargo, hasta el martes, aún no había una decisión final. “Tenemos hasta el lunes 23 para elegir a los siete magistrados que conformarán la próxima CSJ”, enfatizó Castro.

Villatoro, única diputada de oposición en la Comisión Política, ha subrayado la importancia de esta elección para el fortalecimiento de la democracia en el país.
En sus redes sociales, ha compartido información sobre los candidatos, instando a los ciudadanos a revisar sus hojas de vida para asegurar una elección informada y responsable.

A partir del 1 de octubre, al menos 160 abogados de la Procuraduría General de la República (PGR) deberán presentar su renuncia, en un recorte que afecta significativamente a la Unidad de Defensa Pública Penal.

Estos profesionales, quienes actúan como defensores públicos y han estado brindando apoyo a personas capturadas en el marco del régimen de excepción, son parte de un despido más amplio que afectará a un total de 400 trabajadores de la institución.
Según estimaciones internas, alrededor del 40% de los empleados despedidos pertenecen a la mencionada unidad, que cuenta con 19 sedes a nivel nacional.

La memoria de labores de la PGR del periodo 2023-2024 indica que la institución cuenta actualmente con 1,611 servidores públicos, de los cuales 1,517 están bajo la Ley de Salario y 73 son contratados por servicios profesionales.
El informe revela que el 67% de las atenciones de la Unidad de Defensa Pública Penal se dirigió a procesos penales comunes, mientras que el 27.9% se concentró en delitos relacionados con el crimen organizado.

Desde el 27 de marzo de 2022 hasta el 30 de septiembre de 2023, estos defensores han gestionado la defensa técnica de 60,237 personas capturadas, lo que equivale a un promedio de 219 casos por abogado, sin contar otros delitos no relacionados con el régimen de excepción.
Organizaciones de derechos humanos han manifestado su preocupación por las implicaciones de estos despidos en los juicios sumarios programados para iniciar en 2025.

Movimientos relacionados a seguimiento de procesos judiciales enmarcados en el régimen de excepción han externado su preocupación, porque muchos de los cesados son defensores de los casos que les ocupan.
Las organizaciones civiles exigen una revisión de esta situación para garantizar el derecho a una defensa adecuada para los acusados.