La Asamblea Legislativa se encuentra en proceso de elegir al nuevo Procurador General de la República, quien asumirá el cargo por los próximos tres años. Este puesto, clave en la administración pública, es responsable de velar por los derechos de los ciudadanos, brindando servicios de defensoría pública y promoviendo el acceso a la justicia para todos los salvadoreños.
En este contexto, la Comisión Política de la Asamblea ha realizado entrevistas a los ocho candidatos que han presentado sus credenciales, incluyendo al actual procurador, René Escobar Álvarez, cuya comparecencia fue la más extensa durante las audiencias realizadas el lunes pasado.
El Procurador General tiene como función principal garantizar la defensa legal de los ciudadanos en situación de vulnerabilidad, así como la supervisión de la actuación de los tribunales y otros actores del sistema de justicia.
Además, tiene la responsabilidad de promover la mediación y arbitraje en la resolución de conflictos y de brindar apoyo a las personas privadas de libertad, asegurando el respeto a sus derechos fundamentales.
Los ocho candidatos han propuesto una serie de medidas y reformas para mejorar el funcionamiento de la Procuraduría General de la República (PGR). Entre las iniciativas más destacadas se encuentran la expansión de los centros de mediación, la creación de unidades especializadas para la resolución de conflictos, y el impulso de la digitalización y modernización de la institución.
Propuestas clave de los candidatos

1. Dionisio Ernesto Alonso Sosa: Este abogado propone fortalecer la calidad de los servicios de atención de la PGR, mejorar la articulación con otros actores del sector justicia, y expandir los centros de mediación con el apoyo de universidades, permitiendo que los estudiantes de derecho participen en la práctica jurídica.
2. Cándida Dolores Parada de Acevedo: La actual procuradora adjunta propone la creación de una Unidad de Solución Alterna de Conflictos y una aplicación con Inteligencia Artificial para la gestión de casos, especialmente en lo relativo a las cuotas alimenticias. Además, aboga por una reforma a la ley de mediación y arbitraje, y el fortalecimiento de la asistencia legal a los salvadoreños en el exterior.
3. Juan José Losa Lizama: Este candidato se centra en la propuesta de enseñanza de oficios a estudiantes desde séptimo grado, además de una nivelación salarial que favorezca a las mujeres y la atención psicológica a menores de 15 años en hospitales.
4. Nelson Alexander Yanes Iraheta: Con un enfoque en la niñez y la transformación digital, Yanes Iraheta propone modernizar la PGR mediante la colaboración con empresas tecnológicas como Google, y mejorar la mediación territorial en todo el país.
5. René Escobar Álvarez: El actual procurador destacó sus logros, como la creación del Centro de Atención Virtual (Caval), la línea «Estamos contigo» y la ampliación de los servicios de atención. En su discurso, defendió la necesidad de continuar con los proyectos a largo plazo y destacó su trabajo en la defensa de los derechos de las personas bajo el régimen de excepción.
6. Sara Nohemy García Leonardo: García Leonardo propuso mejorar la atención al usuario y enfocar esfuerzos en la prevención de la violencia intrafamiliar, priorizando el bienestar de las personas y las familias.
7. Sara Yolanda González Alfaro: González Alfaro abogó por simplificar las funciones de la PGR y mejorar la eficiencia de los procesos a través de la digitalización, con el fin de reducir la lentitud en la resolución de los casos.
8. Karina Jeanette Martínez Guevara: La magistrada propuso la estandarización de los procedimientos y una mayor agilidad en la resolución de casos, señalando que la mora judicial es un problema crítico que requiere atención inmediata.
   La elección del nuevo procurador será un proceso crucial para el futuro de la institución, que desempeña un papel fundamental en la protección de los derechos humanos y el acceso a la justicia en El Salvador.
   Con información de diario El Mundo

El Registro Federal de Estados Unidos publicó el 2 de abril de este año una certificación emitida por el secretario de Estado, Marco Rubio, en la que se reconoce que el gobierno de El Salvador está llevando a cabo esfuerzos significativos en varios frentes para combatir la corrupción y la impunidad, así como para fortalecer el Estado de derecho y la transparencia.
Además, se destaca la protección de los defensores de derechos humanos, periodistas, sindicalistas, partidos de oposición, la sociedad civil y la independencia de los medios de comunicación.
En su informe, Rubio también resaltó que el gobierno salvadoreño está implementando políticas que buscan garantizar la independencia de las instituciones judiciales y electorales, así como mejorar la transparencia en el financiamiento de campañas políticas y partidos.
Asimismo, el secretario de Estado destacó la eficacia en la aplicación de leyes relacionadas con la seguridad, haciendo énfasis en la limitación de la participación de las fuerzas armadas en la seguridad pública, siempre respetando el debido proceso legal.
El documento también menciona que El Salvador ha implementado programas para reducir la violencia contra las mujeres y las niñas, así como políticas destinadas a combatir la pobreza y reformas orientadas a fortalecer el sistema educativo.
En cuanto a la cooperación internacional, Rubio subrayó la colaboración del país centroamericano en la lucha contra el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de personas y en la repatriación de migrantes. Además, destacó la cooperación en políticas de inversión.
La certificación, que se enmarca en el cumplimiento de la Sección 7045 (b) (2) (A) de la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado, es un requisito legal para que Estados Unidos continúe brindando apoyo económico a El Salvador.
Esta normativa condiciona el 60 % de los fondos destinados a la ayuda económica a El Salvador, Guatemala y Honduras a la certificación por parte del secretario de Estado y su reporte al Congreso.
Sin embargo, a pesar de los elogios oficiales, diversos organismos no gubernamentales y movimientos sociales han reportado graves violaciones a los derechos humanos en El Salvador, especialmente durante el régimen de excepción.
A pesar de esto, el gobierno de Estados Unidos continuó su relación con El Salvador, aunque suspendió desde enero de 2025 la ayuda canalizada a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID).
A pesar de esta suspensión, hasta el 7 de marzo de 2025, la USAID había comprometido más de 65 millones de dólares en obligaciones con El Salvador, con desembolsos cercanos a los 42 millones de dólares.
La certificación publicada es solo una parte de un proceso más amplio que incluye un Memorándum de Justificación, que también será enviado al Congreso de Estados Unidos, y refleja el interés de la administración estadounidense en monitorear los avances del gobierno salvadoreño en el cumplimiento de ciertos estándares democráticos y de derechos humanos

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, fue invitado por su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, a la Casa Blanca para el 14 de abril de este año.

Bukele compartió en redes sociales una carta enviada por Trump, en la que se confirma una reunión entre ambos mandatarios.

Bukele ya había adelantado esta visita el pasado 28 de marzo, una información que fue difundida por el periodista Nick Sortor. En la misiva, Trump expresa su agradecimiento por el apoyo brindado por el presidente salvadoreño en temas clave como la lucha contra la migración ilegal, y lo califica como «amigo».

El texto destaca el compromiso de Bukele en la lucha contra la inmigración ilegal, subrayando que «durante demasiado tiempo, nuestra frontera sur ha sido una puerta abierta», y que gracias al respaldo de líderes como el presidente de El Salvador, «se han logrado grandes avances en la protección de América contra la actividad fronteriza ilegal».

Asimismo, Trump agradece a Bukele por permitir la llegada de miembros del Tren de Aragua, una peligrosa pandilla venezolana, así como integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13), quienes fueron deportados por las autoridades de Estados Unidos y actualmente se encuentran en prisión en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), en El Salvador.

«Usted ha demostrado un liderazgo genuino y es un modelo para quienes buscan trabajar con Estados Unidos», escribió Trump.

La reunión de alto nivel abordará temas como la migración, la seguridad, así como «otras formas en las que podemos apoyarnos mutuamente», según indicó el presidente Trump en su carta.

La Asamblea Legislativa aprobó una reforma a la Ley Contra el Crimen Organizado que otorga a los tribunales especializados en delitos de crimen organizado la responsabilidad de supervisar el cumplimiento de las penas impuestas.
Esta medida busca regular la autoridad judicial competente para controlar la fase de ejecución de las penas en los casos de delitos relacionados con el crimen organizado.
El cambio específico a la ley establece que los tribunales y cámaras contra el crimen organizado se encargarán de garantizar el estricto cumplimiento de las normas relacionadas con la ejecución de las penas, de acuerdo con las atribuciones que también corresponden a los jueces de vigilancia penitenciaria y de ejecución de la pena, tal como lo establece la Ley Penitenciaria.
La reforma fue incorporada en el artículo 3 de la ley con un nuevo inciso que resalta la responsabilidad de los tribunales especializados en esta materia.
Además, se introdujo un artículo transitorio que especifica que los jueces de vigilancia penitenciaria y de ejecución de la pena que actualmente estén encargados de la supervisión de las penas impuestas por delitos bajo la Ley Contra el Crimen Organizado continuarán con el control hasta su cumplimiento total. Esta disposición busca asegurar que no haya interrupciones en la ejecución de las penas ya en curso.
El dictamen fue emitido por la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia y avalado por mayoría en la plenaria del martes 1 de abril.
La reforma, se explicó, responde a la necesidad de mantener la continuidad en la supervisión de las penas, evitando conflictos de competencia judicial. Asimismo, resalta la importancia de contar con herramientas jurídicas adecuadas para enfrentar los retos del enjuiciamiento de personas vinculadas a estructuras criminales organizadas.
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, explicó en su momento que los jueces especializados tienen la capacidad de manejar los casos relacionados con el crimen organizado de manera más eficiente.

La Asamblea Legislativa aprobó este martes, con 57 votos de la bancada de Nuevas Ideas y sus aliados, el “Informe sobre la cuenta del último presupuesto y estado demostrativo de la situación del Tesoro Público y del patrimonio fiscal de 2024”, un documento que el Ministerio de Hacienda debía presentar conforme al artículo 168 de la Constitución de la República.

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, se pronunció en contra del informe, mientras que los legisladores de Alianza Republicana Nacionalista (Arena) optaron por la abstención.

Según el informe, las 140 instituciones del Estado habían proyectado un total de $17,650.9 millones en ingresos, pero sólo se recaudaron $16,678 millones, lo que representa un cumplimiento del 94.4%. 

En cuanto a los egresos, de los $17,650.9 millones presupuestados, se ejecutaron $15,379.4 millones, equivalente a un 87.1% de lo previsto.

El documento también revela que el Estado, incluyendo al gobierno central, las descentralizadas no empresariales y las empresas públicas, posee activos por un total de $25,056.2 millones, cifra que contempla tanto el patrimonio estatal como los pasivos, es decir, las deudas.

Entre los detalles que se incluyen en el informe, se destacan los siguientes gastos:

• El Gobierno Central destinó $2,695 millones a remuneraciones, ejecutando $2,685 millones. De esta cantidad, $1,718 millones estaban destinados a remuneraciones permanentes, con una ejecución de $1,715 millones.
• El sistema penitenciario ejecutó $165.4 millones, cantidad cercana a la prevista.
• En pasajes y viáticos se gastaron $14.1 millones, por debajo de los $15.1 millones que se habían programado.
• La Corte Suprema de Justicia asignó $38.4 millones a infraestructura, pero solo ejecutó $22.3 millones.
• La Secretaría de Innovación de la Presidencia proyectó $37.2 millones, de los cuales se ejecutaron $14.7 millones.

El artículo 168 de la Constitución establece que el presidente de la República debe presentar, dentro de los dos meses siguientes al cierre de cada año, un informe sobre la labor de la Administración Pública durante el período. 

Además, el ministro de Hacienda tiene la obligación de presentar la cuenta general del último presupuesto y el estado financiero del Tesoro Público y el patrimonio fiscal en los tres meses siguientes al cierre del ejercicio fiscal. 

La Constitución también advierte que el incumplimiento de estas obligaciones provocará la destitución automática del ministro responsable, quien deberá ser reemplazado por el presidente.