Legal
Debate legal en Estados Unidos por contradictorio indulto de Joe Biden a su hijo
Cuando Joe Biden asumió la presidencia de Estados Unidos en 2021, uno de los principios que subrayó en múltiples ocasiones fue su compromiso con la imparcialidad de la justicia. Aseguró que, bajo su mandato, nadie estaría por encima de la ley, incluyendo su propia familia. Sin embargo, al borde de su salida del poder, el presidente rompió con su palabra al conceder un indulto “total e incondicional” a su hijo, Hunter Biden, quien había sido condenado por delitos fiscales y por mentir en un formulario para adquirir un arma.
Esta decisión ha provocado un aluvión de críticas, tanto desde el interior de su propio partido como desde la oposición republicana, que ya había señalado con insistencia los vínculos sospechosos entre el joven Biden y las empresas extranjeras.
El anuncio fue realizado por la Casa Blanca el domingo por la noche, y detalló que Hunter Biden sería perdonado no sólo por los cargos ya establecidos, sino también por cualquier otro presunto delito cometido entre 2014 y 2024. Este amplio perdón ha sido calificado como uno de los más extensos que se hayan otorgado en la historia reciente de Estados Unidos, y deja claro que cualquier futuro proceso judicial relacionado con su vida personal y profesional está cerrado.
Biden justificó su decisión alegando que su hijo fue “señalado únicamente por ser mi hijo”, insinuando que las acusaciones contra él fueron instigadas por intereses políticos para dañar su presidencia.
Este giro de Biden ha dejado perplejos a muchos, especialmente cuando el presidente había afirmado en el pasado que no intervendría en los casos judiciales que involucraran a su familia.
De hecho, en junio de este año, Biden había declarado de manera enfática: “Acato la decisión del jurado. No lo indultaré”.
Sin embargo, la reciente decisión del mandatario ha dado un giro inesperado, lo que alimenta las críticas sobre el uso del indulto como herramienta política, algo que no es nuevo en la historia de la Casa Blanca, pero que hasta ahora no había llegado tan cerca del núcleo familiar del presidente.
Uno de los argumentos más fuertes utilizados por Biden para justificar el perdón fue el de la politización de la justicia. El presidente alegó que la persecución judicial contra su hijo no fue una cuestión de legalidad, sino de “política cruda”.
En su comunicado, Biden señaló que los cargos que enfrentaba Hunter surgieron por presiones de sus oponentes políticos en el Congreso, quienes buscaron usar a su hijo como una herramienta para atacarlo.
Este razonamiento ha sido similar al esgrimido en el pasado por Donald Trump, quien también denunció el uso de la justicia con fines políticos durante su mandato.
Las críticas
Diferentes medios estadounidenses, como Los Angeles Times y The New York Times, y otros importantes de diferentes países, han recogido diferentes reacciones contrarias a la decisión del presidente.
La respuesta republicana no se hizo esperar. Los líderes de la oposición no tardaron en acusar a Biden de hipocresía, argumentando que al indultar a su hijo, el presidente no solo rompió su promesa de no interferir en la justicia, sino que además utilizó el poder presidencial para proteger a su familia de las consecuencias legales. James Comer, presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, fue uno de los primeros en condenar la medida, tachando a Biden de mentiroso y acusando a la Casa Blanca de usar su influencia para evitar que Hunter enfrentara las consecuencias de sus actos.
Dentro del propio partido demócrata también surgieron voces críticas. De acuerdo a la BBC, el gobernador demócrata de Colorado, Jared Polis, expresó su decepción por la decisión de Biden, argumentando que el presidente había puesto los intereses de su familia por encima de los del país.
“Este es un mal precedente”, afirmó Polis, sugiriendo que este tipo de decisiones podrían ser abusadas por futuros presidentes y empañar la reputación de Biden, especialmente cuando se considera su historial de lucha por la justicia y la transparencia.
Hunter Biden, de 54 años, ha sido una figura controvertida en la política estadounidense desde que su nombre comenzó a asociarse con negocios en Ucrania y China, lo que le valió las constantes acusaciones de corrupción por parte de los republicanos.
La situación se complicó aún más cuando, en 2018, se descubrió que Hunter había mentido en un formulario para comprar un arma, lo que le habría valido hasta 25 años de prisión.
Además, su implicación en un caso de evasión fiscal le exponía a una condena de 17 años adicionales.
El indulto de Biden no solo lo exonera de estos cargos, sino que lo protege de cualquier posible acusación futura durante la próxima década.
Este acto de perdón no es el primero en la historia de Estados Unidos, pero sí es uno de los más llamativos debido a la relación directa entre el presidente y el beneficiario del indulto. Bill Clinton perdonó a su medio hermano Roger Clinton, condenado por posesión de cocaína, y Donald Trump concedió un indulto a su consuegro, Charles Kushner, involucrado en un escándalo de fraude y manipulación de testigos.
Sin embargo, el indulto de Biden a su hijo ha sido percibido como una decisión que pone en riesgo la integridad del sistema judicial, ya que subraya la fragilidad de las promesas presidenciales de imparcialidad.
Los expertos en derecho constitucional han señalado que el uso de los indultos presidenciales a familiares cercanos podría sentar un peligroso precedente. Aunque el poder de conceder indultos está otorgado por la Constitución, su uso para beneficiar a miembros directos de la familia presidencial podría normalizar el abuso de esta prerrogativa, creando un sistema de “justicia para algunos”.
Como recordó la historiadora Alexis Coe, la intención de los redactores de la Constitución nunca fue que el indulto se convirtiera en una carta de salida para las familias presidenciales en apuros legales.
En El Salvador también hay indulto
En la ley salvadoreña, el indulto es una facultad del presidente de la República que le permite perdonar parcial o totalmente la pena impuesta a una persona condenada por un delito, eximiéndola de cumplir la sanción penal.
La Ley Especial de Ocursos de Gracia es la que rige esta facultad presidencial, además de las amnistías y la conmutación de penas.
El indulto es un perdón o gracia de la condena que impone una sentencia firme ejecutoriada.
El indulto no puede ser otorgado en ciertos casos, como cuando la persona condenada ha incurrido en delitos de lesa humanidad, genocidio, tortura, desapariciones forzadas o aquellos relacionados con crímenes graves que atentan contra los derechos humanos. Además, la Constitución establece que el indulto debe ser aprobado en los términos y condiciones establecidos por la ley, y su otorgamiento no puede menoscabar el orden público ni las disposiciones constitucionales relacionadas con los derechos fundamentales.
En cuanto al procedimiento, el indulto puede ser solicitado por el condenado o por terceras personas en su nombre, y el Presidente de la República tiene la potestad de concederlo de manera discrecional.
Legal
El Salvador impulsa el desarrollo económico y jurídico en congreso de Derecho Privado, Arbitraje e Inversión
El Primer Congreso Salvadoreño de Derecho Privado, Arbitraje e Inversión reunió a profesionales del sector legal para analizar las tendencias normativas que impactan el desarrollo económico de la región.
La organización profesional Abogados Red coordinó el foro académico con el objetivo de brindar herramientas prácticas ante los cambios del derecho mercantil y corporativo.
Durante la jornada, especialistas locales e internacionales abordaron temas clave para el fortalecimiento del marco regulatorio e impulsaron un espacio de reflexión técnica.
El encuentro buscó promover el intercambio de conocimientos para dinamizar el clima de negocios y la certeza jurídica.
El Poder Judicial respalda el espacio de intercambio jurídico
La Corte Suprema de Justicia participó en la la actividad con la presentación de su presidente, Henry Alexander Mejía, y magistrados de diversas salas. El máximo tribunal apoyó la iniciativa como un mecanismo directo para capacitar de forma continua a los administradores de justicia del país.
En sus palabras de apertura, el titular de la institución judicial llamó a transformar las ponencias en herramientas útiles para el progreso del país. El funcionario destacó la urgencia de fomentar el diálogo entre las dependencias del Estado y los distintos sectores sociales.
Exposiciones magistrales fortalecen la resolución de disputas comerciales
El programa del simposio incluyó la presentación de estudios comparados a cargo de altas autoridades judiciales.
La magistrada de la Sala de lo Civil, Lidia Patricia Castillo Amaya, impartió una ponencia enfocada en las tendencias del recurso de casación civil en Iberoamérica.
Asimismo, representantes de las salas de lo Constitucional, Civil y Penal asistieron al debate técnico para actualizar los criterios jurisprudenciales en materia mercantil y contractual.
Estas ponencias brindaron insumos clave para consolidar un sistema de justicia moderno y dar respuestas oportunas a las demandas del mercado.
Legal
¿Interesado en realizar el examen de notariado? La Corte Suprema le recuerda a los abogados los requisitos para la prueba
La Corte Suprema de Justicia de El Salvador ya promociona el examen de notariado 2026. La evaluación está dirigida a abogados que buscan ejercer la función pública del notariado.
La institución publicó los requisitos que deberán cumplir los profesionales interesados. Además, recordó que los aspirantes deben contar con las condiciones técnicas necesarias para realizar la prueba.
Estos son los requisitos para participar
Para realizar el examen de notariado 2026, los aspirantes deben cumplir varias condiciones establecidas por la Corte Suprema de Justicia.
Entre los requisitos se encuentran los siguientes:
- Ser salvadoreño o centroamericano, según las condiciones establecidas en el artículo 4 de la Ley de Notariado.
- Ser abogado autorizado.
- No estar suspendido ni inhabilitado para ejercer la profesión.
- Poseer la nueva Tarjeta de Identificación de Abogacía.
- Contar con equipo de cómputo con cámara y micrófono.
- Mantener una conexión estable a internet durante toda la evaluación.
- Disponer de una velocidad mínima de internet de 10 megabits por segundo.
- Además, la Corte Suprema recomienda revisar toda la información oficial antes de iniciar el proceso de inscripción.
La prueba se realiza en modalidad virtual
El Examen de Notariado, también conocido como Prueba de Suficiencia para el Ejercicio de la Función Pública del Notariado, evalúa los conocimientos de los abogados que buscan obtener el fiat de notario.
Desde 2021, la evaluación se desarrolla de manera virtual. Asimismo, los aspirantes deben completar previamente un simulacro obligatorio.
La prueba aborda contenidos relacionados con legislación notarial, derecho civil, derecho mercantil y formalidades aplicables a los actos jurídicos.
La nota mínima histórica para aprobar la evaluación se sitúa en 7.0 sobre 10.0.
Los resultados recientes muestran una alta exigencia
Los resultados de las últimas ediciones reflejan un bajo porcentaje de aprobación.
En 2021 aprobó el 1.78 % de los participantes. En 2022, el porcentaje llegó al 7.93 %.
Después, la aprobación alcanzó el 5.67 % en 2023 y el 10.26 % en 2024. En 2025, el resultado volvió a bajar hasta el 5.33 %.
Así, el promedio histórico de aprobación durante la modalidad virtual se mantiene alrededor del 5 % al 6 %.
Más de 7,000 abogados realizaron la prueba en 2025
La edición de 2025 se realizó los días 6 y 7 de diciembre. Según los datos presentados ante la Corte Plena, 9,505 abogados iniciaron el proceso.
Sin embargo, 7,496 profesionales llegaron a la evaluación tras cumplir con el simulacro previo.
De ese grupo, 418 abogados aprobaron la prueba. La cifra representó el 5.33 % de quienes realizaron el examen.
En contraste, 6,971 profesionales no alcanzaron la nota requerida. La calificación promedio general fue de 4.22.
La nota más alta registrada alcanzó 9.0.
La Universidad de El Salvador obtuvo el mayor número de profesionales aprobados. En total, 121 de sus graduados superaron la evaluación de 2025.
Dónde consultar la información oficial
La Corte Suprema de Justicia indicó que los interesados deben consultar la información correspondiente dentro de su Expediente Electrónico Único de Abogados.
También puso a disposición el portal institucional para conocer los detalles del proceso y los requisitos de inscripción.
Los abogados interesados en realizar el examen de notariado 2026 deben verificar directamente la información oficial antes de completar su registro.
Más información: servicios.csj.gob.sv
Legal
El Salvador cierra primer Congreso Internacional de Derecho Sanitario con agenda de regulación y salud
El Salvador concluyó este miércoles el Primer Congreso Internacional de Derecho Sanitario, centrado en innovación, regulación y nuevos desafíos para el sistema de salud.
El encuentro fue organizado por la Superintendencia de Regulación Sanitaria y reunió a expertos nacionales e internacionales.
La actividad abordó temas jurídicos, científicos y tecnológicos relacionados con la regulación sanitaria y el derecho a la salud.
Además, participaron autoridades de la Corte Suprema de Justicia y especialistas en distintas áreas vinculadas con el sector.
Autoridades judiciales destacan el vínculo entre ciencia y justicia
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Henry Alexander Mejía, participó en el congreso.
También asistió el magistrado de la Sala de lo Constitucional, Héctor Nahun Martínez.
Mejía señaló que el encuentro permitió ampliar el diálogo sobre el derecho sanitario y sus nuevos desafíos.
Además, destacó la importancia de acercar a los administradores de justicia a los avances científicos, tecnológicos y regulatorios.
Según el magistrado, la Corte Suprema continuará promoviendo alianzas para responder a las nuevas realidades del sector sanitario.
La inteligencia artificial entra en el debate regulatorio
Durante el congreso, Mejía moderó un panel sobre el uso de software como dispositivo médico.
Expertos analizaron las implicaciones y desafíos que plantea esta tecnología dentro del ámbito sanitario.
La agenda también incluyó temas relacionados con inteligencia artificial y ciberseguridad.
Asimismo, los especialistas abordaron la regulación de medicamentos, alimentos, dispositivos médicos y productos veterinarios.
Estos temas reflejan el alcance que las autoridades buscan dar al derecho sanitario en El Salvador.
La regulación sanitaria busca ampliar su alcance
El superintendente de Regulación Sanitaria, Noé García, planteó la necesidad de consolidar el derecho sanitario como una disciplina.
Según García, esta área involucra tanto a profesionales del derecho como a especialistas del sector salud.
También señaló que las conclusiones del congreso podrían contribuir a futuras reformas sanitarias.
El funcionario explicó que la regulación debe proteger el derecho a la salud de toda la población.
Por ello, planteó ampliar el enfoque más allá de la relación entre médicos y pacientes.
Medicamentos, alimentos y dispositivos forman parte del debate
García señaló que la regulación sanitaria incluye productos y actividades que pueden influir en la salud pública.
Entre ellos mencionó medicamentos, cosméticos, productos higiénicos y dispositivos médicos.
También incluyó alimentos, bebidas, tabaco, alcohol e insumos de uso agropecuario.
Además, destacó la regulación de productos y dispositivos destinados al ámbito veterinario.
“Es necesario que El Salvador redefina qué debemos entender por derecho sanitario, pero también redefinir los principios, porque al derecho sanitario no únicamente le corresponde regular la relación médico – paciente, le corresponde regular el derecho a la salud de la población y el derecho a la salud es la regulación de todos los productos que inciden en la salud, todos los establecimientos, todas las actividades desde medicamentos cosméticos, higiénicos, dispositivos médicos de uso humano, de uso veterinario, alimentos, bebidas, tabaco, alcohol y insumos de uso agropecuario”, dijo García.
El funcionario sostuvo que estos sectores requieren normas para garantizar una protección integral de la salud.
El congreso busca fortalecer el sistema regulatorio
El encuentro reunió a especialistas de distintas áreas para compartir conocimientos y experiencias.
Además, la organización planteó fortalecer capacidades y establecer nuevas alianzas en materia de regulación sanitaria.
La agenda incluyó participación nacional e internacional en temas científicos, jurídicos y tecnológicos.
Según García, uno de los objetivos consiste en definir con mayor precisión el alcance del derecho sanitario.
Las conclusiones del congreso podrían servir como referencia para futuras acciones y propuestas dentro del sistema regulatorio salvadoreño.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) informó que graduados, egresados y estudiantes de Derecho pueden realizar su práctica jurídica en varias instituciones públicas, además de los juzgados y dependencias judiciales.
La medida amplía las opciones para quienes deben completar este requisito académico y profesional antes de ejercer como abogados.
Fiscalía y ministerios están entre las opciones
Entre las instituciones autorizadas figuran la Fiscalía General de la República y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Los aspirantes también pueden realizar su práctica en el Ministerio de Economía y la Defensoría del Consumidor.
Asimismo, la lista incluye a la Superintendencia de Competencia, la Superintendencia de Regulación Sanitaria y el Tribunal de Ética Gubernamental.
La Corte Suprema también contempla otros ministerios e instituciones gubernamentales que cumplan las condiciones establecidas.
La práctica exige al menos seis meses
La práctica jurídica requiere completar 1,024 horas, durante un período mínimo de seis meses.
Además, solo pueden participar estudiantes de universidades que mantienen un convenio vigente con la Corte Suprema de Justicia.
La convocatoria establece distintas exigencias según la situación académica del aspirante.
Los estudiantes deben presentar una constancia que acredite al menos el 70 % de las materias aprobadas. Los egresados deben presentar su carta de egreso.
Los graduados deben entregar una copia certificada por notario del título de Licenciado en Ciencias Jurídicas.
Todos los aspirantes deben presentar fotografía reciente, copia ampliada del documento de identidad y otros documentos requeridos.
La inscripción permanece abierta esta semana
La segunda convocatoria ordinaria de 2026 habilitó la inscripción en línea del 17 al 21 de agosto.
Los aspirantes deben completar el formulario y adjuntar la documentación requerida mediante la plataforma habilitada por la Corte Suprema.
Además, deberán realizar un examen general de conocimientos el 28 de agosto. La prueba será obligatoria y se desarrollará en línea.
Los aspirantes necesitan una nota mínima de 6.00 para aprobar el examen.
La Corte Suprema contempla otras modalidades para acreditar la práctica jurídica. Entre ellas figuran algunas opciones vinculadas con la Procuraduría General de la República y determinadas actividades profesionales.
Los requisitos dependen de cada modalidad y de las normas establecidas para la práctica jurídica en El Salvador.
Legal
España concede libertad condicional por motivos de salud a exmilitar salvadoreño condenado por masacre de jesuitas
La Audiencia Nacional de España concedió libertad condicional por motivos de salud al excoronel salvadoreño Inocente Orlando Montano, condenado por la masacre de seis jesuitas y dos mujeres en 1989.
Montano, de 84 años, cumple una condena por asesinatos cometidos contra sacerdotes españoles durante la ofensiva militar de noviembre de 1989 en San Salvador.
El deterioro de salud sustenta la decisión
La prisión Madrid VII de Estremera propuso en marzo concederle el beneficio penitenciario. El juez José Luis Castro, de la Sección de Vigilancia Penitenciaria, aprobó la medida.
La resolución señala un grave deterioro de salud y un elevado declive cognitivo. Además, menciona delirios y una alta dependencia para realizar actividades cotidianas.
El juez consideró que Montano padece una enfermedad grave e incurable. Por ello, ordenó que continúe bajo tratamiento médico en el centro correspondiente a su domicilio.
La resolución también establece que una enfermedad grave no requiere un estado preagónico para acceder a la libertad condicional.
Montano fue condenado por asesinatos de 1989
La Audiencia Nacional condenó a Montano en 2020 por cinco asesinatos con carácter terrorista. Las víctimas fueron los jesuitas españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno.
Los militares asesinaron a los sacerdotes en noviembre de 1989 dentro del campus de la Universidad Centroamericana de San Salvador.
La justicia española atribuyó la operación al alto mando de las Fuerzas Armadas salvadoreñas. Montano formaba parte de esa estructura como viceministro de Seguridad Pública.
La pena superaba los 133 años
Aunque el tribunal impuso una pena acumulada superior a 133 años, fijó en 30 años el máximo de cumplimiento efectivo.
La sentencia también consideró acreditada la participación de Montano en la estructura militar vinculada con la masacre.
Además, atribuyó a esa operación las muertes del jesuita salvadoreño Joaquín López y de Julia Elba Ramos y su hija Celina Mariceth.
Sin embargo, España no pudo condenarlo por esos tres asesinatos porque Estados Unidos no autorizó su extradición por esos hechos.
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