En una operación masiva, el presidente Nayib Bukele ordenó este lunes la movilización de 2,000 militares y 500 policías en la colonia 10 de Octubre, ubicada en el distrito de San Marcos, al sur de San Salvador.

La intervención, anunciada a primera hora de la mañana, tiene como objetivo desmantelar un grupo de pandilleros que, según la inteligencia del Estado, se encuentra oculto en la zona.

Bukele comunicó a través de la red social X que se ha establecido un cerco de seguridad alrededor de la comunidad, enfatizando la determinación de las fuerzas de seguridad de erradicar «hasta el último pandillero» presente en el área.

Aunque no especificó la cantidad exacta de pandilleros que se persiguen, el mandatario destacó la importancia de esta operación en el contexto del Plan Control Territorial, una estrategia de seguridad pública que incluye un régimen de excepción.

Desde marzo de 2022, esta política ha permitido el arresto de más de 82,000 presuntos miembros de pandillas, contribuyendo a una notable disminución de los índices de criminalidad en el país. Gracias a estos esfuerzos, El Salvador ha comenzado a ser percibido como uno de los países más seguros de América Latina.

La colonia 10 de Octubre, históricamente considerada un bastión de pandillas, se encuentra ahora bajo un estricto control militar y policial, en un intento por recuperar la seguridad y la tranquilidad para sus residentes. La operación ha generado expectación y tensiones en la comunidad.

La Fundación Gloria Kriete (FGK) continúa su compromiso con el desarrollo social al entregar fondos para 17 proyectos comunitarios a través de su programa «Ayudando a Quienes Ayudan».

Desde su inicio en 2018, este programa ha beneficiado a 113 iniciativas lideradas por 96 organizaciones comunitarias, con una inversión total de $1,138,200. Este año, los fondos destinados a los proyectos alcanzan más de $229,200, de los cuales $200,200 provienen de FGK y $29,000 de aliados.

Los proyectos abarcan diversas áreas, como el acceso al agua potable, la construcción de letrinas ecológicas y la mejora de infraestructura vial, beneficiando a más de 7,500 personas en departamentos como Chalatenango, Santa Ana y La Libertad.

Roberto Kriete, presidente de FGK, destacó la importancia de las organizaciones participantes: “Ustedes son los verdaderos agentes de cambio en las comunidades. Estos fondos son solo un paso más hacia un impacto duradero”.

La directora ejecutiva, Juana Jule, enfatizó que cada proyecto representa una oportunidad de cambio para muchas familias. “Estamos honrados de colaborar con organizaciones locales para extender nuestro alcance, especialmente en áreas rurales de difícil acceso”, dijo.

Este año, se recibieron 63 propuestas, de las cuales solo 17 fueron seleccionadas. Entre los beneficiarios se encuentran asociaciones que trabajan en educación agroecológica, infraestructura hídrica y acceso a servicios sanitarios en centros escolares.

La Fundación Gloria Kriete, establecida en 2004, ha impactado a más de 3.2 millones de salvadoreños en áreas como salud, educación y desarrollo comunitario, buscando empoderar a las comunidades y mejorar su calidad de vida a través de soluciones sostenibles.

El turismo en El Salvador sigue en auge, con cifras positivas y espacios seguros tanto para visitantes nacionales como extranjeros y según la ministra del ramo, Morena Valdez, entre enero y septiembre de este año, más de 8.9 millones de personas han explorado los diversos atractivos turísticos, culturales y naturales del país, incluidos sus espacios protegidos.

Valdez destacó que el turismo interno ha registrado un aumento significativo en los últimos meses, superando los números de años anteriores.

“Hemos recibido más visitantes que en otros años”, afirmó la ministra, quien también subrayó que las playas, el Centro Histórico de San Salvador, los volcanes y los lagos son los destinos más populares.
Además, los parques del Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU) se han consolidado como opciones preferidas.

La funcionaria instó a salvadoreños y turistas internacionales a visitar el sitio web elsalvador.travel, donde pueden encontrar información sobre restaurantes, alojamiento y actividades en los diversos destinos del país.

Valdez atribuyó este aumento de visitantes a las efectivas medidas de seguridad implementadas por el Gobierno del presidente Nayib Bukele, las cuales han permitido disfrutar de entornos seguros y saludables

“Gracias a la seguridad promovida por el Gobierno, pueblos antes poco visitados ahora reciben turistas, lo que ha dinamizado todos los destinos”, enfatizó.

En cuanto a las estadísticas del ISTU, se reporta que en septiembre, 262,612 visitantes disfrutaron de los 15 parques recreativos administrados por la institución.

Los parques más visitados durante este mes fueron el Parque Natural Balboa, que recibió a 94,050 turistas; seguido por el Parque Natural Puerta del Diablo con 45,956; el Parque Natural Cerro Verde con 22,382; el Parque Recreativo Apulo con 21,572 y el Parque Recreativo Amapulapa con 17,974 visitantes.

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, informó que desde la implementación del régimen de excepción el 27 de marzo de 2022, se han registrado 82,963 detenciones en El Salvador, en el marco de la lucha contra las pandillas.

Esta cifra fue presentada a los diputados de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto.

“Estos son resultados de la guerra y del régimen de excepción aprobado por esta Asamblea”, afirmó Villatoro, quien también destacó la incautación de 4,435 armas de fuego, 9,792 vehículos, incluyendo motos y camiones, así como más de 21,000 celulares.

La última actualización oficial sobre las cifras se había realizado el 3 de octubre, cuando el gobierno solicitó la trigésima primera prórroga del régimen, reportando entonces 82,500 arrestos.

Esto implica que en un lapso de 15 días, se realizaron 463 nuevas capturas. El régimen de excepción ha restringido algunas garantías ciudadanas.

Este estado de excepción fue declarado tras un fin de semana violento que dejó más de 85 homicidios, presuntamente planificados por la Mara Salvatrucha.

La medida, que actualmente se ha extendido hasta el 6 de noviembre, podría prolongarse aún más, ya que el gobierno de Nayib Bukele ha indicado su intención de mantenerla hasta la captura del último pandillero.

Los diputados de la comisión de hacienda y especial del presupuesto de la Asamblea Legislativa recibieron este viernes a los miembros del gabinete de seguridad para discutir la asignación propuesta para el 2025.

En la reunión, los ministros de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, y de Defensa, René Merino Monroy, expusieron los lineamientos y necesidades de sus respectivas carteras. Gustavo Villatoro abrió la sesión presentando los logros en materia de seguridad.

Destacó una reducción histórica en la tasa de homicidios, que pasó de 104 por cada 100,000 habitantes en 2015 a 2.4 en 2023, gracias a la implementación del Régimen de Excepción.
“En lo que va del año, tenemos una tasa de 2.1 por cada 100,000 habitantes y esperamos que baje aún más”, afirmó Villatoro, enfatizando el compromiso del gobierno por mantener la seguridad en el país.

Para el año 2025, se ha asignado un presupuesto de $584.98 millones al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, destinado a sostener los niveles de seguridad alcanzados.
A continuación, Merino Monroy, presentó el presupuesto de su ministerio, que asciende a $314,363,162.

Destacó las recientes incautaciones de drogas realizadas por la Fuerza Armada, lo que ha tenido un impacto positivo en la seguridad del país.

Detalló que el 83% de su presupuesto se destinará a salarios y remuneraciones, mientras que el restante se distribuirá en bienes y servicios, gastos financieros, transferencias e inversiones.

Más tarde, la comisión recibió al fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, quien agradeció al Ejecutivo y a la Asamblea por su apoyo en el combate a la impunidad.

Delgado destacó la necesidad de un presupuesto adecuado de $142,315,472 para fortalecer y modernizar la Fiscalía General de la República. Resaltó que, por primera vez, El Salvador contará con su propio centro de intervención en telecomunicaciones, una deuda histórica que se había heredado.

Sin embargo, el fiscal también señaló un déficit presupuestario de $24,872,572 y solicitó una adición de $17,012,691 para cumplir con compromisos relacionados con la construcción de nuevas oficinas centrales.