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La ministra de Economía, María Luisa Hayem, presentó un ambicioso proyecto de Ley de Energía Nuclear ante la Asamblea Legislativa, con el objetivo de regular las actividades nucleares en El Salvador.

La propuesta otorga a la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) la autoridad para conceder, suspender o revocar licencias relacionadas con el diseño, construcción y operación de instalaciones nucleares o radiactivas.

La administración del presidente Nayib Bukele tiene la meta de contar con un reactor nuclear para el año 2030, y como parte de este proceso, se planea capacitar a 400 personas en el manejo y regulación de estas tecnologías.

El proyecto también incluye la creación de dos nuevas direcciones bajo la DGEHM: la Dirección de Regulación de Energía Nuclear y la Dirección de Control y Supervisión de Energía Nuclear.

Si se aprueba, la DGEHM será responsable de la emisión de licencias, la imposición de sanciones y el establecimiento de un Registro Nacional de Fuentes de Radiación.
Las solicitudes para realizar actividades nucleares deberán presentarse ante la nueva Dirección de Regulación, que abrirá un plazo de 15 días hábiles para que se presenten oposiciones, seguido de una audiencia en un máximo de 10 días hábiles y una resolución en otros 10 días.

En caso de incidentes nucleares, los operadores serán responsables de compensar a las víctimas y remediar los daños ambientales, mientras que el Estado deberá implementar medidas de protección ante posibles riesgos. Además, se prevé la creación de un Programa Nacional de Inspección y Control, así como un Plan Nacional de Emergencia Nuclear.

Las sanciones por infracciones, que incluyen la negativa a inspecciones o la operación sin licencia, podrían oscilar entre $10,000 y el 10 % del costo total de la instalación nuclear, con la posibilidad de revocación de la licencia. Asimismo, el proyecto establece una responsabilidad civil mínima de $150 millones ante daños nucleares, aunque los derechos de indemnización se extinguirían en un plazo de 10 años.

El pasado julio, la Asamblea Legislativa creó el Organismo para la Implementación del Programa de Energía Nuclear en El Salvador (OIPEN) y derogó una ley de 1961 que permitía la participación de la Universidad de El Salvador en la Comisión de Energía Nuclear.

Desde su establecimiento, el OIPEN ha firmado un acuerdo con la Comisión Nacional de Energía Atómica de Argentina, lo que facilitará la llegada de expertos para capacitar a profesionales salvadoreños.

Además, El Salvador ha ratificado la Convención de Viena sobre Responsabilidad Civil por Daños Nucleares, con el objetivo de garantizar indemnizaciones por accidentes nucleares, incluso transfronterizos.

La energía nuclear para fines pacíficos se refiere al uso de la tecnología nuclear para generar energía de manera segura y sostenible, así como para aplicaciones no bélicas, como la producción de electricidad, la medicina nuclear, la investigación científica y la agricultura.

Este enfoque busca aprovechar la fisión nuclear —el proceso mediante el cual los núcleos de los átomos se dividen para liberar una gran cantidad de energía— con el fin de reducir la dependencia de combustibles fósiles, minimizar el impacto ambiental y proporcionar soluciones innovadoras en diversas áreas, siempre bajo estrictas normas de seguridad y regulación.

El Banco Mundial ha ajustado a la baja su previsión de crecimiento económico para El Salvador, disminuyéndola del 3.2 % al 2.9 % para 2024. Esta modificación se dio a conocer durante la actualización de las perspectivas económicas para América Latina y el Caribe, presentada por William Maloney, economista jefe de la institución, quien también pronosticó un crecimiento del 2.7 % para 2025.

Este es el tercer ajuste que realiza el Banco Mundial en relación con la economía salvadoreña para el próximo año. Inicialmente, en enero, se había proyectado un crecimiento del 2.3 %, que luego fue incrementado a 3.2 % en junio, alineándose con las proyecciones oficiales.
Maloney destacó el potencial de crecimiento en la región, incluyendo a El Salvador, Costa Rica y la República Dominicana, sugiriendo que un enfoque creativo y agresivo para atraer oportunidades de “nearshoring” podría ser clave para el desarrollo económico.

Por su parte, el Banco Central de Reserva (BCR) había estimado en junio que el crecimiento salvadoreño se situaría entre el 3 % y el 3.5 %. Sin embargo, el dinamismo económico del país se ha visto debilitado, especialmente después de reportar un crecimiento del 1.4 % en el segundo trimestre de 2024, la cifra más baja desde la pandemia de COVID-19.

Este crecimiento trimestral también se ha quedado rezagado respecto al 3.01 % del primer trimestre de 2024 y al 4.5 % registrado en el mismo periodo del año anterior. De acuerdo con el BCR, siete de las 19 actividades económicas que componen el PIB experimentaron contracciones en el segundo trimestre.

Uno de los sectores más afectados ha sido la construcción, que sufrió una drástica contracción del 14.5 %, marcando el primer retroceso desde finales de 2021. Este sector había sido un motor clave de la actividad económica en los últimos dos años, con tasas de crecimiento de hasta 20 %.

Asimismo, la industria manufacturera, esencial para las exportaciones, ha acumulado nueve trimestres de contracción, cerrando en -0.49 % en el segundo trimestre.
El pronóstico del Banco Mundial para 2025 también se encuentra por debajo de la tasa del 3.2 % considerada para el presupuesto general de la nación para el próximo año. El ministro de Hacienda, Jerson Posada Molina, enfatizó que el gobierno está siendo “bastante cauteloso” con respecto a estas proyecciones.

La Cámara de Comercio de El Salvador (Camarasal) externó su expectativa ante las complicaciones logísticas en el transporte de mercancías desde Estados Unidos debido a la huelga que se desarrolló la semana pasada en puertos de la Costa Este de ese país y que afectó el suministro en la región.

Néstor Canizález, presidente del Comité de Transporte y Logística, y Karla Méndez, jefa de Asuntos económicos de Camarasal compartieron sus análisis y perspectivas sobre la situación actual.

Méndez destacó que la huelga portuaria, levantada el 3 de octubre temporalmente mientras se negocian los contratos de estibadores, ha generado complicaciones logísticas significativas, lo que impacta directamente en el comercio en Centroamérica.

“La situación portuaria en la región es complicada por diversos factores que impiden la facilitación del comercio en un menor tiempo”, afirmó Canizález.
Mencionó que los puertos que sirven como transbordo para la región, especialmente en México y Panamá, están saturados y han tenido que suspender la recepción de carga debido a la falta de capacidad.

«Todo esto está afectando en mucho más tiempo de tránsito para que el producto esté en nuestro país”, agregó el presidente del Comité de Transporte y Logística.

Ante este escenario, Karla Méndez anunció que el próximo 15 de octubre se llevará a cabo un conversatorio con especialistas en movilidad y logística, donde se compartirán ideas sobre tendencias, desafíos e innovaciones que están transformando el sector.

“Lo que nos interesa es que nuestros socios y la población en general escuchen de primera mano a aquellos que ya están implementando buenas prácticas”, comentó Méndez.

“Es fundamental que mantengan comunicación con sus operadores logísticos y ubiquen rutas alternas para mitigar los efectos de la huelga”, agregó.

En su más reciente informe titulado “El Salvador: disposición a pagar”, el Banco Santander ha calificado la estrategia del gobierno salvadoreño para recomprar bonos con vencimientos entre 2027 y 2052 como una iniciativa ambiciosa que busca asegurar ahorros potenciales a mediano plazo.

El pasado viernes, 4 de octubre, El Salvador anunció otra transacción de recompra, un movimiento que, según Santander, no resulta sorprendente dado el historial de operaciones similares desde 2022.
Sin embargo, la estrategia ha evolucionado, ahora apuntando no solo a los bonos de corto plazo, sino también a emisiones de mayor plazo, ofreciendo primas más altas para adquirir bonos que se cotizan a descuentos significativos.

Santander destacó que esta fase es más “matizada” en comparación con el anuncio inicial realizado a finales de 2022, tras los sólidos resultados fiscales obtenidos el año pasado y este. El gobierno, en su anuncio del presupuesto equilibrado el 30 de septiembre, mencionó que las primeras operaciones de recompra generaron un ahorro de $289 millones, además de reducir una deuda de $350 millones que vence en enero de 2025 a poco más de $90 millones, cantidad que ya se encuentra en reserva.

El presidente Nayib Bukele también mencionó una operación similar para manejar pasivos, enfocándose en los títulos que vencen entre 2027 y 2052. El ministro de Hacienda, Jerson Posada, explicó que estas operaciones tienen como objetivo mejorar el perfil de vencimientos, eliminando picos altos y buscando condiciones más favorables para los pagos futuros.

“Estas acciones han convertido a El Salvador en un país activo y reconocido en los mercados internacionales, con operaciones totalmente voluntarias y transparentes”, afirmó Posada.

Asimismo, el ministro señaló que las medidas implementadas han contribuido a la disminución del Indicador de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI), que ha caído a 540 puntos, comparado con más de 2,000 puntos en 2021.

Esta tendencia indica un aumento en la confianza de los inversionistas internacionales en los bonos salvadoreños.

En cuanto a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Posada aseguró que el diálogo continúa de manera abierta, buscando un acuerdo de financiamiento ampliado de $1,400 millones a tres años. “El objetivo es fortalecer las finanzas públicas a mediano y largo plazo, mejorando la eficiencia del gasto público, incluso sin un acuerdo formal con el FMI”, indicó.

El ministro también desmintió rumores sobre un posible aumento del IVA (Impuesto al Valor Agregado), afirmando que no se tomarán decisiones que perjudiquen a la población.