La Asamblea Legislativa aprobó este martes un decreto que condona los intereses moratorios y los recargos por el impago de los servicios de agua potable y alcantarillado de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA). 

Con 58 votos a favor, el decreto también reprograma planes de pago existentes y exime a los usuarios de pagar saldos de viviendas usurpadas por la delincuencia, en un esfuerzo por aliviar la carga económica de muchas familias. 

La medida entrará en vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial y estará activa hasta el 30 de diciembre de 2024, según el artículo 19 del decreto.

Condonación para viviendas en zonas recuperadas
El «Decreto transitorio para la condonación de intereses e incumplimientos por impago en los servicios de acueducto y alcantarillado», aprobado por la Asamblea, establece un «borrasaldo» total en las cuentas de viviendas ubicadas en zonas consideradas de alto riesgo, que han sido recuperadas bajo el Plan Control Territorial. 

Esto incluye viviendas o servicios que fueron usurpados por delincuentes. Además, los usuarios de estas viviendas estarán exentos del pago por reconexión del servicio de agua potable, siempre y cuando puedan probar la usurpación mediante una denuncia ante la autoridad competente o una declaración jurada ante notario.
La validación de las zonas de alto riesgo se llevará a cabo a través de un sistema de «códigos de no lectura» que la ANDA utilizará para identificar áreas en las que no tenía acceso anteriormente. Esta medida permitirá confirmar la ubicación de los hogares que califican para los beneficios del decreto y facilitará la depuración de cuentas para aquellos usuarios que vivan en territorios recuperados y hayan sido afectados por la delincuencia.
El decreto también contempla a los usuarios morosos de viviendas fuera de las zonas de alto riesgo, quienes podrán saldar sus deudas sin intereses ni recargos. En este caso, la ANDA ofrecerá planes de pago de hasta 12 cuotas mensuales consecutivas. 

Según el artículo 4 del decreto, el pago se realizará con una prima inicial equivalente al 10 % de la deuda. Si los usuarios incumplen con los pagos establecidos en el plan, la ANDA podrá exigir el pago total de la deuda restante.

Reconexión de servicios y adquisición de medidor
Los usuarios que se beneficien del decreto pero cuyas cuentas se encuentren suspendidas o desconectadas deberán pagar el cargo por reconexión y adquirir un nuevo medidor. 

El artículo 6 del decreto establece que, si ANDA no dispone de medidores, el usuario deberá proporcionar uno, cumpliendo con los estándares técnicos y de calidad requeridos por la institución. En este caso, solo se aplicará el costo por la instalación del medidor, sin ningún cargo adicional.

La vicepresidencia de la República dio por iniciada la «Conferencia Internacional sobre Estado y Democracia», un evento que reúne a funcionarios y exfuncionarios de diversos países para analizar la situación política y social del país centroamericano. 

La conferencia, que se lleva a cabo durante dos días, incluye ponencias de altos funcionarios salvadoreños, como ministros y presidentes de instituciones gubernamentales, quienes explicarán los avances y desafíos en el ámbito del Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos en El Salvador.

El vicepresidente Félix Ulloa, organizador del evento, explicó que la conferencia responde a la necesidad de contrarrestar la “información incorrecta y la desinformación interesada” que, según él, ha circulado en el ámbito internacional sobre lo que ocurre en el país. 

En este sentido, Ulloa aseveró que dicha campaña negativa es parte de un esfuerzo del “viejo estatus quo” para desacreditar el actual gobierno.

Ulloa destacó que el propósito de la conferencia es que los titulares de las instituciones salvadoreñas presenten de primera mano lo que se está haciendo en el país, de manera que los asistentes puedan evaluar de forma objetiva el estado de la democracia, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. «Lo que buscamos es un espacio donde se discuta, se evalúe y se valore lo que estamos haciendo», afirmó el vicepresidente.

El vicemandatario también explicó que, a diferencia de otras conferencias académicas, en este evento no se invitó a académicos ni expertos teóricos, quienes, según él, «viven en el mundo ideal de los laboratorios». 

En su lugar, la invitación estuvo dirigida a funcionarios y exfuncionarios que han tenido responsabilidades públicas y experiencia en la toma de decisiones, tanto en El Salvador como en otros países del mundo. 

“Queríamos que los invitados fueran personas con experiencia en la gestión pública y que hayan demostrado solidaridad y responsabilidad en su trabajo”, indicó Ulloa.

En cuanto al enfoque de la conferencia, el vicepresidente aclaró que no se trataba de crear un “coro de alabanza” al gobierno salvadoreño, sino más bien de abrir un espacio de debate plural y de discusión sobre las políticas del gobierno en los últimos seis años. 

“Este es un foro de intercambio de ideas y perspectivas, no un evento para recibir elogios”, puntualizó.

La conferencia comenzó el martes con las intervenciones del propio vicepresidente Ulloa, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, y el secretario de Comercio, Miguel Kattan. 

Durante estos dos días de debates, se espera que los participantes analicen diversos aspectos del gobierno de El Salvador, desde la seguridad hasta la economía, en un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas.

Con esta iniciativa, el gobierno de El Salvador busca posicionarse frente a la comunidad internacional, ofreciendo una visión clara sobre las políticas que han marcado su gestión, al tiempo que fomenta un diálogo constructivo sobre el futuro de la democracia en el país.

El Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) llevó a cabo una jornada académica enfocada en el estudio y análisis de la Observación General 24 (2019) y su relación con la Observación General 10 (2007) del Comité de los Derechos del Niño, en un esfuerzo por actualizar y profundizar el conocimiento en torno a los derechos de la niñez en el contexto de la justicia penal.

La actividad, dirigida a secretarios, colaboradores de la Sala de lo Penal y miembros de equipos multidisciplinarios, tuvo como objetivo analizar las diferencias y las implicaciones de estas observaciones, fundamentales para garantizar la protección de los derechos de los menores en el sistema de justicia. 

La jornada permitió un intercambio enriquecedor de ideas, en el que se discutieron los cambios significativos desde la emisión de la Observación General 10 en 2007, en particular los avances derivados de las normas internacionales y regionales, así como la evolución de la jurisprudencia del Comité.

Uno de los aspectos centrales de la actividad fue el análisis de la Observación General N.º 24 (2019), la cual pone un énfasis particular en los derechos de los niños involucrados en el sistema de justicia juvenil. 

La Observación N.º 24 proporciona directrices clave sobre cómo los sistemas judiciales deben abordar la situación de los niños que son reclutados por grupos armados, así como aquellos involucrados en sistemas de justicia no estatal.

A través de estas orientaciones, se busca asegurar que los menores no sean objeto de violaciones de derechos humanos y reciban un trato adecuado, acorde con su condición de vulnerabilidad.

El CNJ destaca que estas jornadas académicas son parte de un esfuerzo continuo por fortalecer la formación de los operadores de justicia, promoviendo una mayor comprensión de los estándares internacionales en la protección de los derechos de la niñez. 

Con ello, se busca asegurar que el sistema judicial pueda responder de manera más efectiva y humanitaria frente a las situaciones que afectan a los menores en conflicto con la ley.

Este tipo de actividades refuerzan el compromiso del Consejo Nacional de la Judicatura con la protección de los derechos fundamentales de los niños y la mejora constante del sistema de justicia penal, alineándose con los principios establecidos por organismos internacionales y con los estándares nacionales en materia de derechos humanos.

El Ministerio de Economía (Minec) sostuvo que las exportaciones del país se encuentran en un proceso de estabilización, a pesar de seguir registrando una caída interanual en los envíos internacionales.

En una entrevista televisiva la ministra de Economía, María Luisa Hayem, señaló que, a nivel global, el sector textil ha enfrentado un «fenómeno» internacional que ha afectado negativamente la industria en todo el mundo. 

No obstante, destacó que El Salvador está comenzando a estabilizarse, con la incorporación de nuevas empresas del sector textil al país. 

“Estamos viendo que ya El Salvador se está estabilizando; incluso estamos observando la llegada de nuevas empresas textiles», comentó la funcionaria.

Aunque reconoció que el país aún no ha alcanzado los objetivos comerciales establecidos por el gobierno, Hayem destacó que se han logrado «pasos significativos», especialmente en áreas clave como la mejora de la seguridad, lo cual considera fundamental para la atracción de inversión.

Según datos del Banco Central de Reserva (BCR), El Salvador exportó un total de $5,442.5 millones entre enero y octubre de 2024, lo que representa una caída de $103.3 millones (-1.9%) en comparación con los $5,545.8 millones exportados en el mismo período del año anterior.

En cuanto a los destinos principales, las exportaciones hacia Estados Unidos, el mayor socio comercial del país, cayeron en $173.8 millones, cerrando octubre con $1,820.8 millones, lo que representa el 33.5% del total de las exportaciones. También se registraron descensos en los envíos hacia otros países de la región, como Honduras, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y España.

Sin embargo, El Salvador experimentó un aumento en las exportaciones a varios países, entre ellos Guatemala, Nicaragua, México y la República Popular de China, lo que sugiere que el país sigue diversificando sus mercados internacionales.

Perspectivas económicas: crecimiento sostenible en el horizonte

A pesar de la caída en las exportaciones, el Ministerio de Economía mantiene su previsión de un crecimiento económico del 3.5% para el cierre de 2024. La ministra Hayem reiteró que el gobierno busca un crecimiento económico sostenible, el cual podría lograrse si se fomenta una mayor inversión, especialmente en el sector de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipyme). «Para alcanzar un crecimiento económico sostenido, es crucial que la inversión en las mipyme siga creciendo», aseguró la ministra.

Aunque el camino hacia el objetivo económico es desafiante, el gobierno continúa enfocándose en crear las condiciones necesarias para que el sector empresarial y las exportaciones se estabilicen y crezcan en el largo plazo.

El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, anunció que a partir del próximo año se implementará una reforma en el sistema de concesión de las líneas de transporte público de pasajeros. 

Esta modificación, según explicó el funcionario, cambiará la forma en que el Estado entrega permisos a los empresarios del transporte, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio y optimizar los recursos destinados a este sector.

Actualmente, los empresarios reciben una concesión completa, lo que significa que son responsables de comprar las unidades, operarlas y mantenerlas. Sin embargo, con la nueva metodología, el Gobierno asumirá la compra de las unidades, mientras que los empresarios sólo se encargarán de la operación y el mantenimiento de los buses.

El primer paso en este proceso será la compra de 1,500 autobuses chinos de la marca Yutong, que llegarán al país en los últimos meses de 2025. 

Además, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) tiene previsto adquirir otros 2,000 buses más, aunque, según el ministro Rodríguez, estos no necesariamente serán de origen chino. 

“Estamos evaluando la posibilidad de comprar unidades a otros países, como India», indicó.

Con esta reforma, también se introducirá un nuevo esquema de compensación para los empresarios. Actualmente, los transportistas reciben un monto fijo como compensación para evitar el incremento de tarifas, debido al costo de adquirir nuevas unidades. 

Con el cambio, la compensación será ajustada según las utilidades o pérdidas de los empresarios, un sistema similar al que se implementa en Colombia. 

Además, el Gobierno buscará que el subsidio al transporte sea distribuido de manera más equitativa y justa, asegurando que no haya un control deficiente sobre las unidades en circulación.

Uno de los aspectos más destacados de este nuevo sistema es la modernización tecnológica del transporte colectivo. Los nuevos buses contarán con sistemas de recaudo electrónico, cámaras de seguridad, GPS, aire acondicionado y espacios accesibles para personas con discapacidad. 

El sistema GPS permitirá un control más eficiente sobre los tiempos de recorrido, lo que facilitará la planificación de rutas y brindará información valiosa tanto a las autoridades como a los usuarios. Los pasajeros podrán consultar en tiempo real la ubicación de los buses a través de una aplicación móvil que está siendo desarrollada por el MOP con el apoyo del Gobierno de Corea.

En paralelo, el Ministerio de Obras Públicas está trabajando en el rediseño de las paradas de buses, un proceso que ya se encuentra en su etapa final. Este nuevo sistema de monitoreo, que será gestionado desde el plantel La Lechuza del MOP, estará listo para ser operado a finales de 2023, y será completamente equipado con tecnología proveniente de Corea en 2025.

Luis Regalado, vocero de la Mesa Nacional de Transporte, expresó que los empresarios del sector están preparando sus operaciones para adaptarse a los cambios. 

«Estamos listos para recibir las nuevas unidades y adecuarnos a las exigencias del Gobierno», comentó Regalado. Además, subrayó que ya están capacitando a los motoristas de las unidades para asegurar un servicio de calidad y cumplir con los nuevos estándares de operación.